El caso de los estudiantes golpea a la izquierda
El presidente del PRD, Carlos Navarrete, invitó a Cuauhtémoc Cárdenas a una reunión para analizar la crisis que atraviesa el partido.
La estocada para el partido fue el mal manejo de la crisis que significó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso. El gobernador de Guerrero –también del PRD– debió renunciar.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Postrado y agotado, sin autoridad moral ni credibilidad, hundido en la corrupción, diluido como opción política y a punto de la disolución, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha entrado en una etapa crítica de la que sólo tiene dos salidas: o la reconstrucción o su desaparición de la faz democrática de México.
El diagnóstico es de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dos veces en la última semana ha exigido la renuncia de la actual dirigencia nacional del PRD, que fue electa y tomó posesión el pasado 5 de octubre cuando el ex guerrillero Jesús Zambrano dejó el cargo para que asumiera el ex senador Carlos Navarrete.
La estocada para el PRD fue el pésimo manejo de la crisis que significó para el partido la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres, el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso.
En una carta abierta, el propio Cárdenas se quejó de “años de desviaciones y claudicaciones”, en referencia a las últimas dirigencias partidistas. Con Zambrano, el pragmatismo cedió a los principios doctrinarios y se hicieron alianzas electorales con el derechista PAN sólo para ganar unos pocos gobiernos estatales, incluido Guerrero, con candidatos alejados de lo que se podría esperar de un partido de izquierda. Aún más, Zambrano llevó al PRD a alinearse en los acuerdos nacionales sobre reforma política, laboral, de telecomunicaciones y energética propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, en un acercamiento al PRI jamás visto en los recién cumplidos 25 años de historia del PRD.
La que hasta ahora todavía es la principal fuerza política de izquierda surgió de la ruptura del PRI en 1988, cuando el ala progresista de ese partido fue avasallada por el grupo neoliberal de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, presidentes de México entre 1982 y 1994. La salida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, que nacionalizó el petróleo medio siglo atrás, junto con un importante grupo de priístas, entre los que destaca Porfirio Muñoz Ledo, fue la confirmación del cisma que sólo doce años después habría de terminar con las siete décadas de gobiernos hegemónicos del PRI, pero no por la izquierda cardenista aglutinada en el PRD, partido que se fundaría en 1989, sino por el derechista Partido Acción Nacional, el PAN, y su candidato, el populista Vicente Fox.
Cárdenas fue candidato a la presidencia de la república en 1988, 1994 y 2000, derrotado las tres veces por el PRI. Fue el primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México entre 1997 y 1999, con lo que se inicia el ascenso electoral del PRD que casi lleva a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Después de eso, la izquierda perredista ha ido retrocediendo en las urnas. El propio López Obrador abandonó este año las filas del PRD para crear su propio partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con él, miles de perredistas cambiaron de afiliación.
Actualmente el PRD es gobierno en el Distrito Federal, Morelos y Tabasco; lo era también en Guerrero hasta que el ex priísta Angel Aguirre Rivero renunció por la matanza y desaparición de estudiantes en Iguala. Además, comparte la gobernación en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, mediante la coalición con el derechista PAN y varios partidos menores. Antes gobernó Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala. Excepto el último, todos esos estados los perdió en las urnas entre 2010 y 2012.
Por sí solo, o en otras coaliciones y alianzas, el PRD también encabeza 286 de los 2456 municipios del país, lo que significa que gobierna directamente a poco más de 14,6 millones de mexicanos, es decir, el 13,52 por ciento de la población total del país, de acuerdo con las estadísticas en línea de ese partido. En total, son 2708 funcionarios municipales electos por los que debe responder. José Luis Abarca era uno de ellos, en Iguala.
Luego del ataque contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, en el que la policía municipal bajo las órdenes de Abarca asesinó a seis personas (tres de ellos estudiantes) y llevó a la desaparición forzada de otros 43, la mirada nacional se volcó sobre Guerrero. Por todos lados afloraron historias de narcopolítica, entre ellas informes de inteligencia que se filtraron a la prensa, en que señalaban al menos doce presidentes municipales como “objetivos de interés especial” de agencias de investigación del Estado. Se trataba de ocho alcaldes del PRD y cuatro del PRI.
A los alcaldes perredistas se los vinculaba con los carteles de La Familia michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. Los priístas investigados tendrían nexos similares, además, con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
La crisis interna del PRD se ha nutrido por los medios alineados al gobierno de Enrique Peña Nieto, que han dado un seguimiento inusual a la responsabilidad de los gobiernos perredistas en el caso Ayotzinapa.
El propio Cuauhtémoc Cárdenas ha pagado el precio de una opinión pública volcada contra el PRD, y el pasado 8 de octubre, en una de las primeras marchas por los desaparecidos de Ayotzinapa, fue objeto de una agresión, al recibir empujones y ser blanco de varios objetos que le lanzaron, algunos con líquidos que lo dejaron empapado y sucio. Con él iba el historiador y politólogo bonaerense Adolfo Gilly, nacionalizado mexicano desde 1982, que terminó descalabrado. Cárdenas lamentó que se sancionara al PRD y pidió centrar la responsabilidad en quienes han sido responsables de las decisiones partidistas “que tienen nombres y apellidos”.
El 4 de noviembre, el ex presidente del PRD Jesús Zambrano fue acosado en un acto en la UNAM, a las afueras de la Unidad de Posgrado, donde fue rodeado y seguido por varios jóvenes que le gritaron “traidor” y “asesino”, mientras coreaban consignas por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Zambrano dirigió al PRD entre marzo de 2011 y hasta el 5 de octubre pasado, y en su período fueron postulados los alcaldes perredistas detenidos en Guerrero, José Luis Abarca, en Iguala, y Feliciano Alvarez Mesino, en Cuetzala del Progreso, preso desde el 8 de abril. El PRD de Zambrano también apoyó y postuló al priísta Angel Aguirre Rivero para ganar el gobierno de Guerrero.
Durante su primer década de existencia, el PRD fue dirigido por el grupo cardenista aglutinado en la que fue la Corriente Democrática del PRI, que se opuso a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, a la postre presidente de México entre 1988 y 1994. El primero en presidir el nuevo partido de izquierda fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y mantuvo su ascenso durante las presidencias de los ex priístas Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Los últimos seis años han estado en manos de la vieja izquierda que se disolvió para fundar el PRD. Zambrano fue parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre y fue preso político entre 1974 y 1975.
Apenas pasado el 5 de octubre, Zambrano entregó la dirigencia nacional del PRD a Carlos Navarrete, otro viejo militante del desaparecido Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, donde también se formó Jesús Ortega, predecesor de Zambrano.
Ese es el grupo al que Cuauhtémoc Cárdenas atribuye la debacle del PRD y al que ha exigido un par de veces su renuncia, acusándolo de convertir al partido en una franquicia electoral. Con una convocatoria prácticamente para reinventar su partido, alejado del sistema de cuotas que le ha atomizado. Eso sí, Cárdenas avisó que, de aceptarse su propuesta, él no participará en ningún puesto directivo.
En las próximas semanas podría realizarse un debate público entre Cárdenas y Navarrete que defina el futuro de esta parte de la izquierda.
ARIEL DULITZKY, EXPERTO ARGENTINO EN LAS NACIONES UNIDAS
“No es un hecho aislado”
El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU viajó a México por el crimen de Ayotzinapa. Su grupo lleva asentados 359 casos de desapariciones forzadas pendientes de resolución.
Por Martín Pérez
En la casa de su madre el piso era de tierra. Dormían apiñados en el suelo, sobre cartones. Quienes lo conocieron recuerdan que se desvelaba por los más pobres. Julio César Fuentes Mondragón fue una de las víctimas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En la madrugada del 27 de septiembre se lo devoró un México con resaca, que camina a los tumbos, borracho de violencia. Ariel Dulitzky conversa con Página/12 vía Skype desde su oficina en la Universidad de Texas, donde enseña derecho. El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reconstruye el viaje relámpago que realizó al Distrito Federal para reunirse con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, abogados, ONG de derechos humanos, familiares y compañeros de los chicos desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero.
El especialista argentino afirma que su grupo lleva asentados 359 casos de desapariciones forzadas pendientes de resolución en el país azteca. “Siempre decimos que el número que tenemos registrado es sólo la punta del iceberg y no representa el total de casos existentes en México ni en ningún otro país”, advierte. ¿Cuál es el escenario de México en materia de desapariciones forzadas? El jurista señala que defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas y migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos están entre los sectores identificados como vulnerables en materia de desapariciones. Ejército, marina, policía federal, fuerzas que trabajan con el Instituto Nacional de Migración, policías estatales y municipales son objeto de denuncias.
–El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes nada tenían que ver con hechos delictivos luego de que circularan versiones que los vinculaban con el crimen organizado.
–Hubo observaciones y comentarios de algunas autoridades que dijeron que los estudiantes tendrían relación con Los Rojos, uno de los grupos del crimen organizado que, precisamente, era opositor a Guerreros Unidos, sector acusado de la desaparición forzada de los estudiantes. Lo que es cierto es que el fiscal fue muy claro en la conferencia de prensa que dio hace dos semanas al afirmar que no hay elementos para vincular a los estudiantes con algún grupo criminal.
–¿Cómo evalúa la reunión con Karam y con Miguel Angel Osorio Chong, secretario de la Gobernación de México?
-Hay un esfuerzo por tratar de esclarecer el crimen de Ayotzinapa. Al mismo tiempo, el secretario (se encarga de la búsqueda de los estudiantes) y el procurador (lleva adelante la investigación judicial) no entienden que no es un hecho aislado. Lo sucedido en Iguala es el ejemplo más grave de la incapacidad del Estado mexicano para entender la importancia del problema de la desaparición forzada y enfrentarlo con políticas públicas.
–¿El Estado mexicano puede torcer su legado, investigar, juzgar y condenar a los culpables?
–Este hecho tiene los elementos para transformarse en un punto de inflexión en la historia de México. Hay una movilización social muy fuerte que no se observaba desde la Caravana por la Paz encabezada por el poeta Javier Sicilia cuando asesinaron a su hijo. Que el alcalde esté detenido, el gobernador haya tenido que renunciar, el procurador general, el secretario de Gobernación y el presidente tengan que reunirse con los familiares, y el Congreso haya creado una comisión de investigación muestra un escenario que demanda respuestas de la clase política.
–Las movilizaciones alrededor del mundo muestran que el drama de Iguala trascendió las fronteras.
–La comunidad internacional muestra disposición a trabajar no sólo en este caso, sino mirando al futuro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo de cooperación técnica y está dispuesta a enviar expertos a trabajar con las autoridades mexicanas. Eso debería transformar la tragedia de Iguala en un divisor de aguas. Lamentablemente, no observé ese diagnóstico ni la intención de adoptar políticas estructurales en las autoridades federales mexicanas. En algunas reuniones nos indicaron que las contrariedades fundamentales de desapariciones forzadas correspondían al sexenio anterior y no a la presidencia de Peña Nieto.
–Pensar en mecanismos de control y supervisión del uso de la fuerza por parte de policías y militares parece una utopía.
–Una de nuestras observaciones fue que no existen protocolos a todos los niveles que regulen el uso de la fuerza. Muchas de las comisiones estatales (defensorías del pueblo) carecen de independencia suficiente para supervisar a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no colaboran con las investigaciones. Hay temor de jueces y fiscales de investigar, miedo que se traslada a familiares y testigos para declarar contra esas fuerzas de seguridad y que se comparte con periodistas que temen describir y reportar hechos de violencia. Hemos visto que no solamente es la lógica del ejército en las calles, sino que, en gran parte de los estados, las fuerzas de seguridad dependen de generales retirados. Y aunque manejan lógicas distintas, las policías suelen estar comandadas por ex militares.
–En su visita al DF también se reunió con familiares y compañeros de los normalistas. ¿Cómo fueron esos encuentros?
–Vi unas familias muy dolidas, angustiadas por la situación, pero exigiendo con firmeza que sus hijos aparezcan con vida. No observé ningún sentimiento de odio o revanchismo. En la reunión con los compañeros de los jóvenes percibí un altísimo grado de madurez política: entienden quiénes son los actores con algún tipo de responsabilidad penal o institucional en estos hechos, los escenarios posibles que pueden desencadenarse, saben que la prioridad no es volver a clase, sino que se determine la suerte de esos 43 compañeros y que continuarán en su búsqueda de verdad y justicia hasta las últimas consecuencias.
–¿Qué fue lo que más le impactó de esas reuniones?
–En el encuentro con los padres, cuando les pregunté por las edades y los nombres de sus hijos, ellos remarcaron, a pesar de que todos hablamos de “los 43 estudiantes”, que ellos buscan a 43 hermanos, 43 compañeros, 43 amigos, 43 novios, 43 padres. Esa reunión me ayudó a entender que se trata de personas y no de números u objetos. Esta experiencia fue la más importante de mi viaje.
La larga noche mexicana devolvió el cuerpo de Julio César Fuentes Mondragón torturado, sin ojos, con el rostro arrancado. En junio había cumplido 22 años. “¡Ojalá su sangre sea para bien del pueblo!”, dijo uno de sus familiares en una entrevista con Telesur. “Mínimo tengo donde llorarle, sé dónde está. De todo esto ojalá venga algo bueno”, fue el consuelo que encontró la madre. México tiene las claves del cambio en sus manos.
Carrera solidaria
Cientos de personas corrieron ayer por el céntrico Paseo de la Reforma y llegaron a la Plaza del Zócalo capitalino en apoyo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y presuntamente asesinados hace casi dos meses en el sur de México. La mayoría de los corredores portaban camisetas negras y blancas con el número 043, en alusión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burdos, de Ayotzinapa, desaparecidos en el estado de Guerrero. En algunas pancartas se leía “Ayotzinapa. Crimen de Estado”. Al concluir el recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, los corredores gritaban “No somos todos, faltan 43”. En la carrera participaron integrantes de la sociedad civil y organizaciones sociales. Los 43 estudiantes de la escuela normal rural para maestros desaparecieron el 26 de septiembre en Guerrero. Ese día fueron detenidos por policías municipales en el municipio de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital, y según las investigaciones fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que se presume los asesinó y calcinó. Los pocos restos hallados están siendo analizados en Austria.
24/11/14 Página|12
El presidente del PRD, Carlos Navarrete, invitó a Cuauhtémoc Cárdenas a una reunión para analizar la crisis que atraviesa el partido.
La estocada para el partido fue el mal manejo de la crisis que significó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso. El gobernador de Guerrero –también del PRD– debió renunciar.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Postrado y agotado, sin autoridad moral ni credibilidad, hundido en la corrupción, diluido como opción política y a punto de la disolución, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha entrado en una etapa crítica de la que sólo tiene dos salidas: o la reconstrucción o su desaparición de la faz democrática de México.
El diagnóstico es de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dos veces en la última semana ha exigido la renuncia de la actual dirigencia nacional del PRD, que fue electa y tomó posesión el pasado 5 de octubre cuando el ex guerrillero Jesús Zambrano dejó el cargo para que asumiera el ex senador Carlos Navarrete.
La estocada para el PRD fue el pésimo manejo de la crisis que significó para el partido la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres, el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso.
En una carta abierta, el propio Cárdenas se quejó de “años de desviaciones y claudicaciones”, en referencia a las últimas dirigencias partidistas. Con Zambrano, el pragmatismo cedió a los principios doctrinarios y se hicieron alianzas electorales con el derechista PAN sólo para ganar unos pocos gobiernos estatales, incluido Guerrero, con candidatos alejados de lo que se podría esperar de un partido de izquierda. Aún más, Zambrano llevó al PRD a alinearse en los acuerdos nacionales sobre reforma política, laboral, de telecomunicaciones y energética propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, en un acercamiento al PRI jamás visto en los recién cumplidos 25 años de historia del PRD.
La que hasta ahora todavía es la principal fuerza política de izquierda surgió de la ruptura del PRI en 1988, cuando el ala progresista de ese partido fue avasallada por el grupo neoliberal de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, presidentes de México entre 1982 y 1994. La salida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, que nacionalizó el petróleo medio siglo atrás, junto con un importante grupo de priístas, entre los que destaca Porfirio Muñoz Ledo, fue la confirmación del cisma que sólo doce años después habría de terminar con las siete décadas de gobiernos hegemónicos del PRI, pero no por la izquierda cardenista aglutinada en el PRD, partido que se fundaría en 1989, sino por el derechista Partido Acción Nacional, el PAN, y su candidato, el populista Vicente Fox.
Cárdenas fue candidato a la presidencia de la república en 1988, 1994 y 2000, derrotado las tres veces por el PRI. Fue el primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México entre 1997 y 1999, con lo que se inicia el ascenso electoral del PRD que casi lleva a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Después de eso, la izquierda perredista ha ido retrocediendo en las urnas. El propio López Obrador abandonó este año las filas del PRD para crear su propio partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con él, miles de perredistas cambiaron de afiliación.
Actualmente el PRD es gobierno en el Distrito Federal, Morelos y Tabasco; lo era también en Guerrero hasta que el ex priísta Angel Aguirre Rivero renunció por la matanza y desaparición de estudiantes en Iguala. Además, comparte la gobernación en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, mediante la coalición con el derechista PAN y varios partidos menores. Antes gobernó Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala. Excepto el último, todos esos estados los perdió en las urnas entre 2010 y 2012.
Por sí solo, o en otras coaliciones y alianzas, el PRD también encabeza 286 de los 2456 municipios del país, lo que significa que gobierna directamente a poco más de 14,6 millones de mexicanos, es decir, el 13,52 por ciento de la población total del país, de acuerdo con las estadísticas en línea de ese partido. En total, son 2708 funcionarios municipales electos por los que debe responder. José Luis Abarca era uno de ellos, en Iguala.
Luego del ataque contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, en el que la policía municipal bajo las órdenes de Abarca asesinó a seis personas (tres de ellos estudiantes) y llevó a la desaparición forzada de otros 43, la mirada nacional se volcó sobre Guerrero. Por todos lados afloraron historias de narcopolítica, entre ellas informes de inteligencia que se filtraron a la prensa, en que señalaban al menos doce presidentes municipales como “objetivos de interés especial” de agencias de investigación del Estado. Se trataba de ocho alcaldes del PRD y cuatro del PRI.
A los alcaldes perredistas se los vinculaba con los carteles de La Familia michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. Los priístas investigados tendrían nexos similares, además, con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
La crisis interna del PRD se ha nutrido por los medios alineados al gobierno de Enrique Peña Nieto, que han dado un seguimiento inusual a la responsabilidad de los gobiernos perredistas en el caso Ayotzinapa.
El propio Cuauhtémoc Cárdenas ha pagado el precio de una opinión pública volcada contra el PRD, y el pasado 8 de octubre, en una de las primeras marchas por los desaparecidos de Ayotzinapa, fue objeto de una agresión, al recibir empujones y ser blanco de varios objetos que le lanzaron, algunos con líquidos que lo dejaron empapado y sucio. Con él iba el historiador y politólogo bonaerense Adolfo Gilly, nacionalizado mexicano desde 1982, que terminó descalabrado. Cárdenas lamentó que se sancionara al PRD y pidió centrar la responsabilidad en quienes han sido responsables de las decisiones partidistas “que tienen nombres y apellidos”.
El 4 de noviembre, el ex presidente del PRD Jesús Zambrano fue acosado en un acto en la UNAM, a las afueras de la Unidad de Posgrado, donde fue rodeado y seguido por varios jóvenes que le gritaron “traidor” y “asesino”, mientras coreaban consignas por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Zambrano dirigió al PRD entre marzo de 2011 y hasta el 5 de octubre pasado, y en su período fueron postulados los alcaldes perredistas detenidos en Guerrero, José Luis Abarca, en Iguala, y Feliciano Alvarez Mesino, en Cuetzala del Progreso, preso desde el 8 de abril. El PRD de Zambrano también apoyó y postuló al priísta Angel Aguirre Rivero para ganar el gobierno de Guerrero.
Durante su primer década de existencia, el PRD fue dirigido por el grupo cardenista aglutinado en la que fue la Corriente Democrática del PRI, que se opuso a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, a la postre presidente de México entre 1988 y 1994. El primero en presidir el nuevo partido de izquierda fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y mantuvo su ascenso durante las presidencias de los ex priístas Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Los últimos seis años han estado en manos de la vieja izquierda que se disolvió para fundar el PRD. Zambrano fue parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre y fue preso político entre 1974 y 1975.
Apenas pasado el 5 de octubre, Zambrano entregó la dirigencia nacional del PRD a Carlos Navarrete, otro viejo militante del desaparecido Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, donde también se formó Jesús Ortega, predecesor de Zambrano.
Ese es el grupo al que Cuauhtémoc Cárdenas atribuye la debacle del PRD y al que ha exigido un par de veces su renuncia, acusándolo de convertir al partido en una franquicia electoral. Con una convocatoria prácticamente para reinventar su partido, alejado del sistema de cuotas que le ha atomizado. Eso sí, Cárdenas avisó que, de aceptarse su propuesta, él no participará en ningún puesto directivo.
En las próximas semanas podría realizarse un debate público entre Cárdenas y Navarrete que defina el futuro de esta parte de la izquierda.
ARIEL DULITZKY, EXPERTO ARGENTINO EN LAS NACIONES UNIDAS
“No es un hecho aislado”
El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU viajó a México por el crimen de Ayotzinapa. Su grupo lleva asentados 359 casos de desapariciones forzadas pendientes de resolución.
Por Martín Pérez
En la casa de su madre el piso era de tierra. Dormían apiñados en el suelo, sobre cartones. Quienes lo conocieron recuerdan que se desvelaba por los más pobres. Julio César Fuentes Mondragón fue una de las víctimas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En la madrugada del 27 de septiembre se lo devoró un México con resaca, que camina a los tumbos, borracho de violencia. Ariel Dulitzky conversa con Página/12 vía Skype desde su oficina en la Universidad de Texas, donde enseña derecho. El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reconstruye el viaje relámpago que realizó al Distrito Federal para reunirse con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, abogados, ONG de derechos humanos, familiares y compañeros de los chicos desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero.
El especialista argentino afirma que su grupo lleva asentados 359 casos de desapariciones forzadas pendientes de resolución en el país azteca. “Siempre decimos que el número que tenemos registrado es sólo la punta del iceberg y no representa el total de casos existentes en México ni en ningún otro país”, advierte. ¿Cuál es el escenario de México en materia de desapariciones forzadas? El jurista señala que defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas y migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos están entre los sectores identificados como vulnerables en materia de desapariciones. Ejército, marina, policía federal, fuerzas que trabajan con el Instituto Nacional de Migración, policías estatales y municipales son objeto de denuncias.
–El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes nada tenían que ver con hechos delictivos luego de que circularan versiones que los vinculaban con el crimen organizado.
–Hubo observaciones y comentarios de algunas autoridades que dijeron que los estudiantes tendrían relación con Los Rojos, uno de los grupos del crimen organizado que, precisamente, era opositor a Guerreros Unidos, sector acusado de la desaparición forzada de los estudiantes. Lo que es cierto es que el fiscal fue muy claro en la conferencia de prensa que dio hace dos semanas al afirmar que no hay elementos para vincular a los estudiantes con algún grupo criminal.
–¿Cómo evalúa la reunión con Karam y con Miguel Angel Osorio Chong, secretario de la Gobernación de México?
-Hay un esfuerzo por tratar de esclarecer el crimen de Ayotzinapa. Al mismo tiempo, el secretario (se encarga de la búsqueda de los estudiantes) y el procurador (lleva adelante la investigación judicial) no entienden que no es un hecho aislado. Lo sucedido en Iguala es el ejemplo más grave de la incapacidad del Estado mexicano para entender la importancia del problema de la desaparición forzada y enfrentarlo con políticas públicas.
–¿El Estado mexicano puede torcer su legado, investigar, juzgar y condenar a los culpables?
–Este hecho tiene los elementos para transformarse en un punto de inflexión en la historia de México. Hay una movilización social muy fuerte que no se observaba desde la Caravana por la Paz encabezada por el poeta Javier Sicilia cuando asesinaron a su hijo. Que el alcalde esté detenido, el gobernador haya tenido que renunciar, el procurador general, el secretario de Gobernación y el presidente tengan que reunirse con los familiares, y el Congreso haya creado una comisión de investigación muestra un escenario que demanda respuestas de la clase política.
–Las movilizaciones alrededor del mundo muestran que el drama de Iguala trascendió las fronteras.
–La comunidad internacional muestra disposición a trabajar no sólo en este caso, sino mirando al futuro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo de cooperación técnica y está dispuesta a enviar expertos a trabajar con las autoridades mexicanas. Eso debería transformar la tragedia de Iguala en un divisor de aguas. Lamentablemente, no observé ese diagnóstico ni la intención de adoptar políticas estructurales en las autoridades federales mexicanas. En algunas reuniones nos indicaron que las contrariedades fundamentales de desapariciones forzadas correspondían al sexenio anterior y no a la presidencia de Peña Nieto.
–Pensar en mecanismos de control y supervisión del uso de la fuerza por parte de policías y militares parece una utopía.
–Una de nuestras observaciones fue que no existen protocolos a todos los niveles que regulen el uso de la fuerza. Muchas de las comisiones estatales (defensorías del pueblo) carecen de independencia suficiente para supervisar a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no colaboran con las investigaciones. Hay temor de jueces y fiscales de investigar, miedo que se traslada a familiares y testigos para declarar contra esas fuerzas de seguridad y que se comparte con periodistas que temen describir y reportar hechos de violencia. Hemos visto que no solamente es la lógica del ejército en las calles, sino que, en gran parte de los estados, las fuerzas de seguridad dependen de generales retirados. Y aunque manejan lógicas distintas, las policías suelen estar comandadas por ex militares.
–En su visita al DF también se reunió con familiares y compañeros de los normalistas. ¿Cómo fueron esos encuentros?
–Vi unas familias muy dolidas, angustiadas por la situación, pero exigiendo con firmeza que sus hijos aparezcan con vida. No observé ningún sentimiento de odio o revanchismo. En la reunión con los compañeros de los jóvenes percibí un altísimo grado de madurez política: entienden quiénes son los actores con algún tipo de responsabilidad penal o institucional en estos hechos, los escenarios posibles que pueden desencadenarse, saben que la prioridad no es volver a clase, sino que se determine la suerte de esos 43 compañeros y que continuarán en su búsqueda de verdad y justicia hasta las últimas consecuencias.
–¿Qué fue lo que más le impactó de esas reuniones?
–En el encuentro con los padres, cuando les pregunté por las edades y los nombres de sus hijos, ellos remarcaron, a pesar de que todos hablamos de “los 43 estudiantes”, que ellos buscan a 43 hermanos, 43 compañeros, 43 amigos, 43 novios, 43 padres. Esa reunión me ayudó a entender que se trata de personas y no de números u objetos. Esta experiencia fue la más importante de mi viaje.
La larga noche mexicana devolvió el cuerpo de Julio César Fuentes Mondragón torturado, sin ojos, con el rostro arrancado. En junio había cumplido 22 años. “¡Ojalá su sangre sea para bien del pueblo!”, dijo uno de sus familiares en una entrevista con Telesur. “Mínimo tengo donde llorarle, sé dónde está. De todo esto ojalá venga algo bueno”, fue el consuelo que encontró la madre. México tiene las claves del cambio en sus manos.
Carrera solidaria
Cientos de personas corrieron ayer por el céntrico Paseo de la Reforma y llegaron a la Plaza del Zócalo capitalino en apoyo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y presuntamente asesinados hace casi dos meses en el sur de México. La mayoría de los corredores portaban camisetas negras y blancas con el número 043, en alusión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burdos, de Ayotzinapa, desaparecidos en el estado de Guerrero. En algunas pancartas se leía “Ayotzinapa. Crimen de Estado”. Al concluir el recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, los corredores gritaban “No somos todos, faltan 43”. En la carrera participaron integrantes de la sociedad civil y organizaciones sociales. Los 43 estudiantes de la escuela normal rural para maestros desaparecieron el 26 de septiembre en Guerrero. Ese día fueron detenidos por policías municipales en el municipio de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital, y según las investigaciones fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que se presume los asesinó y calcinó. Los pocos restos hallados están siendo analizados en Austria.
24/11/14 Página|12
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