Unidad contra los narcos

Dramática advertencia de los obispos sobre el avance del narcotráfico. El gobierno y la oposición se pasan facturas. ¿Es posible acordar políticas mínimas contra el delito organizado? Por Reynaldo Sietecase Los principales referentes de la oposición fueron convocados a la Casa de Gobierno, a instancias de la presidenta de la Nación, para una reunión destinada a coordinar políticas públicas para enfrentar el narcotráfico. Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, conversaron durante una hora con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el de Justicia, Julio Alak. En el encuentro acordaron conformar una comisión de expertos de todas las fuerzas políticas para que analice propuestas legislativas que faciliten la lucha contra el crimen organizado. Entre otras iniciativas se habló de crear fiscalías especiales dedicadas a la investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos. Además, el gobierno puso a consideración de los opositores la creación de un organismo de élite, una suerte de DEA argentina armada con participación de las provincias, e integrada por profesionales altamente capacitados e incuestionables para operar en la represión de las bandas que operan en todo el territorio nacional. La información precedente es falsa. Tan falsa como indispensable. Pero ¿es posible un encuentro de esta naturaleza? Sin mínimos consensos y una acción coordinada de las fuerzas democráticas, cualquier política destinada a combatir a los narcos está destinada al fracaso. El atentado contra la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, marcó un hito en esa pelea que las bandas mantienen con las instituciones. El mensaje fue claro: “Podemos con un gobernador, podemos con cualquiera”. Los destinatarios: funcionarios y policías honestos, fiscales y jueces eficientes, ciudadanos decididos a dar testimonio, la sociedad en general. Fue el hecho mafioso más grave desde el retorno de la democracia. Las escenas de los últimos meses son contundentes y remiten a otras geografías del continente. Una ciudad como Rosario, de enorme crecimiento económico en los últimos años, bate el récord de homicidios (215 casos en lo que va del año, la mayoría menores de 24 años). Asesinatos por encargo, ataques a concesionarias de autos de alta gama, guerras por el territorio de venta, niños reclutados para el delito, barras bravas comprando decenas de propiedades, inmensas sumas de dinero abonadas en efectivo, policías venales entregando información que compromete la vida de sus compañeros honestos, operativos antidroga truchos y complicidades en todos los niveles. El fin de semana pasado, la jerarquía de la Iglesia Católica hizo público un documento en donde expresa su preocupación por el avance del tráfico de drogas. Los obispos aseguraron que se llegó a una “situación de desborde” y advirtieron, en forma dramática, que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. El documento asegura que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”. En la afirmación más política del informe, critican la acefalía en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, vacante desde marzo pasado, y la falta de radarización en las zonas de frontera. Difícil no coincidir con el relevamiento de los religiosos. Los curas villeros, los maestros, los militantes sociales son testigos del tsunami que arrastra a chicos cada vez más chicos al consumo de paco y a las filas del menudeo narco en cada uno de los barrios más pobres del país. El resto del paisaje se completa con la corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad. Los casos de Santa Fe y Córdoba así lo demuestran. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo coincidir con los obispos pero calificó el documento como tardío, “el problema del narcotráfico viene desde hace muchos años”. Luego aseguró, sin dar muchas precisiones, que durante 2013 detuvieron a “5.700 narcotraficantes”. El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. Según los especialistas, esto apenas es el comienzo. Pero plantear que los problemas se limitan a esas dos provincias, curiosamente no oficialistas, es un error o una estupidez. El conurbano bonaerense y los asentamientos precarios de la Capital Federal son escenario de situaciones parecidas. Hay villas, como la 1.11.14 o Zavaleta, que están controladas por los delincuentes. En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones. Muchas operaciones inmobiliarias se relacionan con el lavado de dinero. En Argentina casi no hay detenidos por ese delito y su represión le corresponde al gobierno nacional, así como la inexplicable laxitud de las fronteras. Buenos Aires se convirtió en un paraíso para los narcos con problemas en sus países de origen. El enemigo está en las calles. Tiene poder y dinero ilimitado. Capacidad para corromper a quienes deben combatirlo. Sus principales víctimas son adolescentes. No se trata de un problema que corresponde a un gobierno determinado. Los narcos no discriminan. Más allá de las responsabilidades puntuales y los errores cometidos por cada administración en particular, la dirigencia política debe dejar de lado las mezquindades electorales y aceptar este desafío en conjunto. Si no pueden acordar presupuestos mínimos que garanticen eficacia en la lucha contra el narcotráfico, es que no pueden acordar nada. Y, en ese caso, alguna vez deberán rendir cuentas por haber faltado a un compromiso ético indelegable. Fuente: Diario Z