Con la nueva Ley de semillas los productores van a tener que comprarlas siembra a siembra"

Entrevista con la licenciada en Ciencia Política e investigadora Carla Poth, a partir de su artículo Reconstruyendo la institucionalidad del modelo biotecnológico agrario: un enfoque sobre la Conabia, que aparece en el libro El agro como negocio (Editorial Biblios). http://www.sienteamerica.com/media/cache/b0/9c/b09cfc375c2a2cefcab4b5bcc5746b94.jpg Por Juan Ciucci APU: En principio, quisiera que nos presente cómo se organiza el marco regulatorio para el uso de semillas transgénicas Carla Poth: Un poco para adentrarse de lo que es el proceso de cómo se construyó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), es importante primero plantear que se da en una época y en un momento histórico, principios de la década del ´90, en el cual el Estado empieza a reconfigurar gran parte de las instituciones agrarias de las que históricamente habían regulado el agro en Argentina. Entre gran parte de esas modificaciones está el cambio en la estructura del INASE, la desarticulación de las juntas de granos y de carnes y además -obviamente- en el marco de una política de desregulación de la economía agraria que junto con el elemento macro económico de liberar los mercados a nivel internacional, permitió reconfigurar la estructura del agro. En el marco de todo eso la experimentación que se venía realizando de las semillas transgénicas y las necesidades de empezar a crear marcos que regularan este tipo de tecnología, generó la conformación de la Conabia. El Secretario de Agricultura de ese momento vio la necesidad de llamar fundamentalmente a técnicos. Uno podría pensar que tiene que ver con una perspectiva que ya se venía construyendo en el marco de las regulaciones, que era la necesidad de que las decisiones políticas estuvieran fuertemente asesoradas por un carácter técnico. Pero particularmente cuando uno observa cómo se viene dando el proceso de reconfiguración de estructura agraria (la investigación científica y particularmente la tecnocientífica empieza a unificarse cada vez más con la producción agraria), uno empieza a entender cómo el conocimiento técnico empieza a tener tanta importancia en estos procesos regulatorios. Incluso está planteado por el mismo Secretario de Agricultura, que considera para el armado de la regulación a gente que ya venía investigando en el INTA cuestiones de biotecnología, gente que se encontraba estudiando ingeniería agronómica o biología molecular particularmente en la Facultad de Agronomía. Se accede mucho al pedido de los técnicos agronómicos y se asienta mucho en el apoyo que le brindan diversas organizaciones que hasta ese momento se consideraban técnicas, que hasta ese momento se autodenominaban como asociaciones u organizaciones técnicas. En el año 1991 se gesta la Conabia a partir de la resolución 124 y se empiezan a discutir los marcos regulatorios, todavía no había un marco constituido para liberar semillas transgénicas. En todo este entramado quienes quedan afuera son los que ellos consideran las asociaciones más gremiales, porque en muchos casos todavía no veían la necesidad de esta reconversión productiva, no estaban atados a este proyecto. Uno también podría vislumbrar cuando escucha a quienes estuvieron en el armado de la Conabia, la necesidad de hacer hincapié en la cuestión de lo técnico y la necesidad de que las gremiales no tuvieran capacidad de presión en el marco de estas instituciones. La realidad es que el marco regulatorio termina de conformarse en el año´93 y es lo que permite que en 1996 se libere la semilla de soja transgénica, que es la primera semilla transgénica que se planta en Argentina. APU: ¿Todo este empuje tiene que ver con las necesidades de las empresas? CP: Sí, en realidad, uno puede ver que las empresas ya venían investigando sobre cuestiones biotecnológicas en muchos lugares del mundo, particularmente Europa; que es fundamentalmente importadora de granos. A las empresas se les hizo muy difícil empezar con los procesos de liberación de la semilla transgénica. Sin embargo EEUU y Argentina son los dos primeros países en el mundo en permitir la producción de semilla transgénica. Ya se venía investigando desde fines de la década de los ´70 este tipo de tecnologías. Empresas que venían produciendo agroquímicos desde la segunda guerra mundial, empezaron a ver la veta de cómo articular dos mercados que hasta ese momento se encontraban disociados: por un lado teníamos el mercado de la semilla y por el otro el mercado de los agrotóxicos. Con la semilla transgénica estos dos mercados se transforman en uno. La misma empresa tiene la capacidad de vender ambos productos. Las empresas son las primeras que empiezan a presionar y hay una anécdota que cuenta uno de los pioneros en investigación biotecnológica en Argentina, de los primeros en investigar en el país. Es la anécdota en el caso de Azul, donde se empezó a experimentar con una bacteria en vacas para la producción de leche y que se realizó sin ningún tipo de control por parte del Estado. Fue tan impactante la repercusión que tuvo este caso por las consecuencias que podía generar a nivel de la salud y del ambiente. Como fue repudiado por la comunidad científica a nivel internacional, las empresas de alguna manera se plantearon no volver a hacer ese tipo de experimentaciones que implican grandes costos, sin ningún tipo de regulación. A partir de ese momento está el planteo de que se generen estos marcos regulatorios para poder tener legitimidad en las investigaciones que se estuvieran realizando a nivel privado. APU: En ese marco regulatorio, en su artículo marca distintas etapas desde 1993 hasta ahora. CP: Sí, pude hacerlo a partir de ir recopilando información de las diferentes resoluciones, marcar hitos históricos a través de diferentes bibliografías sobre la temática y también ayudándome mucho de las entrevistas. La realidad es que se pueden vislumbrar tres momentos que están íntimamente relacionados, cómo la Conabia se ancla en la lógica del Estado pero también cómo se va moviendo a lo largo de los diferentes conflictos sociales. Hay un primer momento que es el de la conformación de la Comisión que dura muy poco tiempo, hasta el´97 y tiene que ver con lo que ellos llamarían el momento más armónico del proceso, donde no se visualizan conflictos sociales fuertes, ni en Argentina ni en el exterior. Eso les permite armar marcos regulatorios de manera efectiva, rápida y ya empezar con las primeras experimentaciones de manera bien rápida. De hecho, en menos de dos años la Conabia logra liberar cuatro semillas transgénicas. Pero esto dura muy poco, cuando ocurre un hito muy grande que es la moratoria de facto de la Unión Europea, que es nuestro principal importador de semilla transgénica de soja. Al imprimir una moratoria lo que hace es negar la entrada de semilla transgénica y ahí Argentina pierde un mercado de exportación y la Comisión tiene que revisar la manera en que está liberando lo transgénico. También empieza el conflicto de la semilla transgénica en Brasil, que entró ilegalmente y que generó un fuerte conflicto social que repercutió en los conflictos con Argentina. Pensemos que en ese momento, Greenpeace, era uno de los principales luchadores contra la semilla transgénica en Brasil, arranca con una fuerte campaña en Argentina. Esto tiene un efecto rebote en varios sectores sociales, particularmente en sectores que estaban siendo corridos territorialmente por las plantaciones de soja, como los movimientos campesinos indígenas. Todo este proceso asociado, por un lado, al corrimiento de la frontera agrícola y por el otro, la cuestión del consumo de lo transgénico empezó a generar cimbronazos al interior de la Comisión. Ésta fue generando como ciertos resguardos para que el proceso de liberación de semillas transgénicas, más allá de que seguía siendo una decisión política asociada a un proyecto político por parte del Estado argentino, siguiera quedando resguardado en el marco de la lógica de lo técnico y lo científico. Seguía teniendo esa justificación, que la ciencia y la técnica están avalando este proyecto político. El último período es quizás el período de más cimbronazos luego de la crisis del 2001, donde además se intentaron discutir dos proyectos de bioseguridad que nunca llegaron a buen término. Es un período donde hay un proceso de readaptación absoluta de la Comisión hasta el 2010, de hecho, ahí la Conabia empieza a discutir nuevas regulaciones para aligerar los mecanismos de aprobación, donde empieza a revestirse de diversos órganos externos que son los que aparentemente generarían las políticas de bioseguridad mientras que la Comisión se sigue resguardando en su lógica del conocimiento científico. Eso es importante. Cuando uno problematiza esa línea histórica, lo que uno puede ver es cómo el discurso científico del cual se reviste esta Comisión es el que aparentemente estaría legitimando un proyecto político asociado a la expansión del agronegocio. A partir de ahí creando un lenguaje donde quedan por fuera las mediciones de un montón de cosas asociadas al riesgo, particularmente cuestiones económicas de los pequeños y medianos productores, a la salud que son cuestiones que vemos en Argentina hoy y además construyendo esta lógica del consenso. Frente a un lenguaje científico que hablan todos estos sujetos, mucha gente que no maneja este lenguaje queda fuera de las decisiones políticas. Son justamente los que por ignorancia del lenguaje científico no pueden discutir frente a la Conabia o los que manejan ese lenguaje pero están apolitizados. Por ejemplo Andrés Carrasco, un biólogo molecular que habla con los mismos términos de muchos de los que están en la Comisión pero por revestir un carácter político en su discurso, no puede ir a discutir en el marco de la misma. De alguna manera uno ve como el discurso político se encuentra revestido de la inmunidad que le podría brindar el lenguaje científico. APU: En ese marco se está hablando la posibilidad de modificar la Ley de semillas. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? CP: El intento de modificar la Ley de semillas es inminente, ya esto se intentó discutir a mediados del año pasado, que se filtró un proyecto que en realidad se estaba discutiendo de manera secreta en el Ministerio de Agricultura. Esta Ley lo que intentaría adscribir es a los derechos de productores internacionales más restrictivos, que no permiten el uso propio de la semilla. Esto significa que los agricultores -con la Ley de semillas actual que se aprobó en el año´73 y se ratificó en el´91- pueden usar la semilla que obtienen de sus campos para producir en su campo. No la pueden comercializar, no la pueden vender pero sí la pueden usar para una futura cosecha. Con la nueva Ley de semillas los productores no van a tener más esta posibilidad, no van a poder usar más la semilla que obtienen de su campo para volver a plantarla; sino que van a tener que comprar siembra a siembra la semilla que necesitan para poder producir. La realidad es que hasta hoy, en el campo argentino, ya se venía produciendo con este uso propio, además existían las famosas bolsas blancas que eran permitidas en base a esta legislación, restringirían lo que sería la doble protección de la semilla. Por un lado, aplicar los derechos de obtentor, por otro lado generar marcos de propiedad intelectual donde la semilla es propiedad de las empresas. Lo que esta Ley va a hacer es obligar a los productores a tener que comprar la semilla, lo cual, va a implicar aumentos en los costos de la producción al mismo tiempo que lesiona claramente los derechos de muchos agricultores que al día de hoy ni siquiera están comprando semillas, sino que generan y mejoran sus propias semillas. El año pasado se frenó el proyecto más que nada por rupturas internas dentro del gobierno oficialista, entre lo que serían las bases y la lógica que se estaba planteando desde el Gobierno Nacional y se tiró para atrás el proyecto. Obviamente que esto no quiere decir que el proyecto se haya frenado. Monsanto el año pasado cerró acuerdos con el Gobierno no sólo para instalar la planta que se está intentando instalar en Malvinas Argentinas (Córdoba), sino también tiempo para poder patentar esta nueva semilla de la soja “RR2 Intacta”. Está amenazando que si esto no ocurría a través del cambio de la Ley de semillas, Monsanto se iba de la Argentina. Es más que evidente que en términos políticos el Gobierno sigue apostando a este modelo de agronegocio. Más allá de muchas de las consecuencias que hoy se están mostrando y denunciando abiertamente en Argentina y que van a volver a apostar a reformular la Ley de semillas en estos marcos más restrictivos. Lo cual va a ser terrible para muchísimos de los productores que hoy están con bajos y escasos márgenes de rinde en los campos argentinos, que van a quedar excluidos de la lógica de producción agraria porque no van a tener cómo sostener los aumentos en los costos de producción. Si bien a nosotros siempre nos llega la imagen de los grandes productores y las grandes hectáreas, es verdad que este modelo ha generado la resistencia de un sector agropecuario que sigue subsistiendo en los márgenes, y que así terminarán vendiendo sus campos y pasarán a ser mano de obra más barata para el sistema de las grandes urbes. Carla Poth: Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de trabajo son la conformación de las instituciones estatales en lo que respecta al modelo agrario en el marco nacional y global, el rol del conocimiento científico en la nueva etapa de acumulación del capitalismo actual y el rol de América Latina y Argentina en el modelo de desarrollo extractivo vigente.