Al asumir en diciembre de 2015 Macri tomó decisiones como estas:
- dictó los inconstitucionales decretos 133/2015, 160/2015, 349/2016, 361/2016, 640/2016, 1126/2016, 487/2018, etc., que bajaron las retenciones a la soja y minería, desfinanciando al Tesoro;
- inició un raid de toma de deuda en dólares para pagarle a losholdouts miles de millones —a pesar de que el entonces ministro Prat Gay había sostenido que la deuda era mucho menor— y, peor aún, para transformar los dólares en pesos y usarlos en gastos corrientes, deprimiendo su valor, afectando la competitividad de la industria, alentando las transferencias al exterior, el gasto en turismo y en importaciones superfluas y, fundamentalmente, produciendo una enorme renta financiera para inversiones especulativas a tasa alta en pesos con un cuasi seguro de cambio;
- liberó a los fondos especulativos de todo encaje y control;
- eliminó la obvia obligación de los exportadores de liquidar en la plaza local los dólares que reciben por las ventas al exterior; y,
- dolarizó el precio de la energía y las tarifas, abrió la economía a la importación destruyendo el salario, las pymes, el empleo y, por ello, el mercado interno.
Solo cabía preguntarse cuándo sería el default. Fue en agosto de 2019. El FMI acompañó a Cambiemos hasta la puerta, pero no quiso entrar al cementerio.
Puede discutirse si el impago del Fondo Sojero no fue un default, pero no estamos para sutilezas. Lo indiscutible es que fue en 2019 y no antes porque el FMI estiró la agonía con el préstamo más grande de la historia, que Macri y el mejor equipo con los Messis de las finanzas y la intelligentzia local, se fumaron en poco más de un año. Si esto es lo mejor que la derecha liberal puede ofrecer en la Argentina, es fácil explicar por qué el Peronismo, aun sin Perón, habiendo pasado experiencias como la de Menem y sin las muchas mejoras que le debemos al pueblo, sigue siendo la mejor opción.
La imputación de Macri, Carrió, Lacunza y Pichetto a Alberto Fernández de ser el responsable del default es una mezcla de cinismo, estupidez y autocontradicción. Si la palabra (breve y leve, ante el horror de la gestión) de un precandidato es más poderosa que la del Presidente de la Nación que gozó del trato privilegiado del Presidente de los Estados Unidos, del FMI y el aporte de 50.000 millones de dólares en un año, es por dos razones. La primera es porque Macri degradó a tal punto su autoridad que su palabra no vale nada. Pero la fundamental es porque Cambiemos en cuatro años dejó indefenso al Tesoro ante cualquier crisis y, para peor, no deja de tomar medidas para aumentar el caos y la iniquidad.
Son el peor gobierno desde 1810. Pero no todo es necedad liberal y torpeza. No hay que descartar mala fe y venalidad. La gestión y los cambios de control del mercado de la energía mayorista y distribución en CABA y Gran Buenos Aires, las operaciones de deuda y fuga de capitales, las decisiones vinculadas al valor boca de pozo del gas o las transferencias a favor de las aceiteras y mineras al bajar las retenciones sin facultades, son actos de gobierno con incidencia en la crisis que generan responsabilidad política y merecen un estudio desde el derecho penal.
El DNU 596/2019 emitido el jueves pasado pospone parcialmente el pago de la deuda en dólares y pesos de corto plazo, instrumentada en LETES, LECAPS y otros títulos. Las justificaciones que expone el decreto estremecen:
- la sequía, y
- la reversión de los “flujos internacionales de capitales” por “medidas exógenas” que “ocasionaron una imprevista devaluación del tipo de cambio”.
El objetivo es aún más sorprendente. El decreto dice que es para proteger a los más vulnerables y despejar el acceso al financiamiento (sic), pero las autoridades aclararon: la pretensión es tener más dólares para mantener el tipo de cambio en la paridad de $ 60 por cada dólar. Para que no sea un barrilete, dijo Lacunza. Pasado en limpio, el Estado no paga las LETES en dólares para que el BCRA siga vendiendo reservas a un precio que, por lo visto, todos los que compran juzgan barato. ¿Cuánto puede durar este esquema con un solo vendedor, el BCRA, quemando centenares de millones por día?
El DNU no parece cuestionable desde lo formal. Declarar un default parcial supone una urgencia. El Congreso debe tratarlo. Mientras no lo haga, tienen vigencia sus normas. Si ambas cámaras lo rechazan, pierde validez, pero se mantienen los efectos que haya producido en ese interín. Es muy improbable que las cámaras lo traten, al menos en estos meses. Históricamente, el Congreso ha tratado muy pocos DNUs. Mantienen vigencia sin respaldo parlamentario. A veces terminan siendo convalidados en masa en alguna ley de presupuesto.
Socialmente, el DNU tiene efectos graves. La clase media y el pequeño ahorrista en dólares no lo tomó con calma y prefieren dormir sobre sus billetes a sentarse a ver si ocurre lo que los analistas aseguran que jamás ocurrirá. El tiempo dirá si el decreto azuzó el riesgo de liquidez de los bancos.
Probablemente haya planteos judiciales de los tenedores institucionales o empresas cuyas inversiones en LETES, etc. hayan quedado atrapadas en el corralón de Lacunza. ¿Comenzarán las excepciones y decisiones judiciales? Supongamos una pyme que pudiera argumentar que tenía calzados esos fondos para atender sueldos, proveedores, fisco, bancos, etc. No sería improbable que la misma Administración o un juez admitieran excepciones, en tanto el PEN no demostrara que la “emergencia” lo impide. La Corte Suprema admite desde hace casi un siglo restricciones importantes al derecho de propiedad en el marco de las situaciones de emergencia. Existe mucha jurisprudencia para estudiar. En cualquier caso, si algo no trae el DNU es tranquilidad y certezas.
Lacunza anunció un proyecto de ley, aparentemente, para que el Congreso autorice al Ejecutivo a renegociar la deuda de mediano y largo plazo usando las cláusulas de emisión de esos títulos que, según dicen los medios, requieren el consenso del 75 % del capital para lograr quitas o esperas. Una suerte de concurso preventivo. Seguramente incluirá alguna autorización a las provincias a hacer lo mismo con su deuda en títulos para facilitar la sanción. No habiendo visto el proyecto, solo cabe conjeturar que su tratamiento por el Congreso antes del 10 de diciembre requiere de una situación política muy diferente a la actual. Anunciar una reprogramación con tanta anticipación anula el mercado de bonos.
A la Argentina le faltan dólares. Se llama “restricción externa”. Se dice que en los últimos 45 años hubo 19 crisis por la restricción externa. Una cada 27 meses. ¿Es razonable que el BCRA los venda solo para evitar el barrilete? Obviamente, el problema es que el dólar empuja la inflación. Pero no sólo quemar reservas y subir la tasa a más del 80 % es el modo de combatir la inflación. Hay otras medidas.
Para que los economistas hagan un análisis serio habría que tener algunos datos como, por ejemplo, cuántos son los fondos especulativos que están esperando que venzan sus inversiones en pesos para correr al dólar. Quiénes son los dueños de esos fondos y cuál la vinculación y el nivel de compromisos de Macri y su gente con ellos. Cuál es volumen la cosecha no exportada. Y cuál es el monto de la cosecha vendida pero cuyos dólares aún no fueron liquidados. Se habla de más de 10.000 millones de dólares de cosecha no vendida y de unos 7.000 millones de dólares de lo vendido no liquidado. No me consta que sean cifras reales; pero si fueran ciertas, son significativas.
Los proveedores de dólares deberían ser los exportadores. Pero con el dólar contenido primero en $ 45 y ahora en $ 60, es obvio que las aceiteras y los productores con espaldas no van a vender el cereal ni liquidar los dólares a la espera de una mayor devaluación. Con el agravante de que si el exportador ya vendió la mercadería es porque antes le dio los pesos al chacarero, que salió a comprar dólares: inyecta pesos pero no trae los dólares. Frente a esto, ¿qué hace el gobierno? ¿Por qué no los incentiva a que vendan y los obliga a liquidar? Macri prefiere defaultear —posponer el pago— de su propia deuda a hacer algo absolutamente razonable como imponer retenciones ante una fuerte devaluación o exigir la liquidación de las divisas en un plazo razonable.
No son medidas chavistas ni de Ho Chi Minh.
Las retenciones se aplicaron siempre cuando hubo devaluaciones. Desde Krieger Vasena hasta Duhalde. Permitirían que los exportadores no especulen con una mayor devaluación y además traerían alivio fiscal.
La obligación de liquidar las divisas de las exportaciones en un plazo razonable estuvo casi siempre vigente, con naturales ajustes, desde 1964 cuando el 10 de abril Arturo Illia dictó el decreto 2581. Solo no rigió entre 1991, cuando Menem-Cavallo lo dejaron sin efecto, y diciembre de 2001 cuando De la Rúa lo reimpuso. Macri lo derogó en noviembre de 2017, pero antes ya había fijado plazos absurdos, de hasta diez años, para la liquidación de los dólares.
Dicho simplemente, en nuestro país, el exportador de cereales, minerales, hidrocarburos, etc. puede no traer nunca a la Argentina los dólares producidos por la venta. Solo Menem y Macri tuvieron esta política desde 1964. Así nos fue en las dos oportunidades. Ante la emergencia, Macri prefiere no pagar a los ahorristas a exigirle a las mineras, aceiteras y petroleras que traigan los dólares. Sólo para ellos hay libertad y dólares. Del mismo modo, nunca exigió que aquellos que se beneficiaron con el blanqueo trajeran el dinero fugado ilegalmente. Los que evadieron y blanquearon, hoy son nuevamente grandes ganadores.
Antes de llegar a estas medidas Macri emitió un decreto que rebaja el IVA a algunos alimentos básicos. Bien adoptada, no sería una mala medida. También podría instrumentarse mediante la devolución del IVA contenido en el precio de los productos básicos solo para el sector más vulnerable o darles un bono para la compra, etc. Adoptada a las apuradas, sin estudiar los efectos ni consensuarla con los operadores, puede transformarse en el modo de ocultar el aumento del precio para las grandes empresas productoras y comercializadoras y un dolor de cabeza para los monotributistas. El decreto es claramente inconstitucional porque el Presidente no puede bajar impuestos sin una delegación expresa del Congreso. Tienen razón las provincias desde el punto de vista jurídico. También en quejarse porque baja la recaudación de impuestos coparticipables y, por ello, sus ingresos. Llevaron sus quejas a la Corte, pero es difícil que disponga una cautelar por dinero a un gobierno nacional que tambalea ante el default. Algo similar puede decirse del DNU 566 que fijó por 90 días un valor especial para el precio interno del petróleo y las naftas. Las provincias que cobran regalías pueden quejarse por la falta de consenso, pero no creo que, más allá del mérito y oportunidad, pueda negarse al Gobierno de la Nación facultades para sancionar una ley que establezca precios máximos por un plazo de 90 días en un bien esencial y estratégico como el petróleo. Si la discusión es entonces de mérito y oportunidad, el lugar del debate no es en la Corte, sino en el Congreso, donde las cámaras pueden dejarlo sin efecto.
Para terminar con el recuento de normas, el viernes se difundió la Comunicación A 6768 del BCRA por la cual se impide que los bancos distribuyan dividendos sin previa autorización, seguramente con la intención de evitar el giro de dólares a las casas matrices.
En todo este tembladeral, el candidato Alberto Fernández intenta ser firme y prudente. No desentenderse de la situación pero tampoco resultar corresponsable. Tiene razón. No debe cogobernar: es inconstitucional. Si no gobierna ni cogobierna, ¿por qué debería hacerse cargo la oposición de una situación que no solo no creó sino que criticó? Si algún reproche cupiera, sería para algunos legisladores que, con el argumento de la gobernabilidad, facilitaron con quorum o votos algunas de las medidas de Macri que produjeron esta situación horrible. Pero los mismos que hoy reclaman que la oposición pague los platos rotos de Macri o avale medidas ajenas, son los que calificaban a esos mismos legisladores de “racionales” o “democráticos”. ¿Se equivocó Fernández al decir que el dólar a 60 estaba bien y eso es incompatible con exigir que no quemen reservas o que no causaran una crisis para ensayar el absurdo discurso presidencial del lunes 12/8? No. El problema no es que el dólar a 60 no fuera adecuado cuando fue dicho, ratificando lo que habían expresado las autoridades del mismo Gobierno. Sino cuáles son las medidas que el gobierno adopta o no adopta para mantenerlo a ese valor sin vaciar las reservas. Las herramientas y las decisiones las tiene y adopta el gobernante. Las frases de Lacunza sobre la virtud de la prudencia en un hombre de estado son muy simpáticas. Quedan bien en un Platón, no en boca de un ministro que a los cinco días declaró el impago de la deuda de corto plazo. No está para sermonear ni dar consejos a nadie.
La visión de que Fernández y Macri deben ser buenos amigos y que la falta de empatía es la causa de la crisis, es tan ridícula que no alcanza a ser una falacia. El discurso liberal, como en los ’90, ensalza a sus elegidos mientras dura la fiesta. Cuando viene la obvia crisis, se corren, y culpan a “la política”. En 2001 el relato fue ocultar que esos efectos reconocían causas en las políticas de desguace del Estado, la privatización de YPF, la deuda, la desindustrialización o medidas como la que señalé de eliminación de reglas para los capitales, sino en las limitaciones personales de De la Rúa, la pérdida de compostura de Cavallo o la falta de definición del peronismo: “la política”.
Ese relato vuelve. Pero la política bien entendida es la defensa de buena fe de intereses de sectores sociales y millones de personas, y proyectos de sociedad. No un chat de amigos. El desastre actual ocurre por las medidas que desde 2015 adoptó Macri, alentado por todo el sistema social, político y comunicacional de la derecha. Hasta el Mercado, que en algún punto quedó atrapado en el corral macrista, lo sabe. Es la deuda, la baja de las retenciones, la bicicleta, el copamiento por grupos vinculados al Ejecutivo de sectores estratégicos con enorme rentabilidad y, al final, la fuga. No la falta de cordialidad en una charla de Whatsapp.
