lunes, 6 de noviembre de 2017

El juez Lleral desmintió nuevas versiones periodísticas "No está cerrada la causa de muerte de Santiago"

El juez que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado descartó que haya solicitado el cambio de carátula y confirmó que para determinar la causa de muerte del joven necesita el informe pericial completo. "Se habla mucho del caso y, muchas veces, sin saber", apuntó el magistrado.
Imagen: Télam
El juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, volvió a desmentir versiones periodísticas al sostener que "no está cerrada la causa de la muerte" del joven de 28 años y reiteró el pedido de "paciencia" hasta que se tenga el informe pericial completo de la autopsia realizada sobre el cuerpo. "Lamentablemente se habla mucho del caso y, muchas veces, sin saber", apuntó el magistrado de la causa, que también negó que la fiscal Silvina Ávila haya solicitado un cambio de carátula.   
Lleral, en diálogo con radio La Red, lamentó las versiones periodísticas puestas a circular que ya dan por cerrado que Santiago murió por ahogo y señaló que él no puede "adelantar ni confirmar esos rumores". "No está cerrada la causa de la muerte porque está pendiente de conclusión con los resultados de la autopsia", explicó el magistrado e insistió: "Hay que ser paciente, los hechos tienen que verificarse". 
El magistrado, ante la consulta del periodista Luis Novaresio, señaló que como juez "no puede tener una hipótesis preferida" y señaló: "Ya tenemos un plafón de prueba que es la muerte de Santiago Andrés Maldonado. A partir de ahí, todas las hipótesis están abiertas".
"Hay que probar los hechos", insistió el juez explicando lo obvio y recordó que tras la realización de la autopsia el viernes 20 de octubre había que esperar dos semanas para la realización de los estudios complementarios. "Estamos en término", señaló. En ese tono, Lleral indicó que los estudios complementarios comenzarán a llegar esta semana al cuerpo médico forense de la Corte y deberán ser estudiados por todos los peritos, por lo que consideró que "el informe pericial completo estará esta semana o la próxima". 
El magistrado también desmintió otra versión periodística respecto de un supuesto pedido de la fiscal Silvina Ávila para modificar la carátula de la causa, que hasta el momento tramita como "desaparición forzada". "No hay ningún pedido concreto de cambio carátula", afirmó Lleral y agregó: "Tampoco la carátula de un expediente modifica los hechos".
"Me llama la atención la falta de sensibilidad social, me preocupa la utilización de este suceso lamentable para la familia", lamentó el magistrado y consideró que "uno no puede ser cerrado a estas situaciones que se viven socialmente: preguntémonos qué nos pasa". En ese sentido, Lleral consideró que en la vertiginosidad informativa "todos utilizan los temas y este caso no se escapa". 
Por otra parte, el juez también se refirió al pedido de la fiscal Ávila de tomar declaración al denominado "Testigo E", un integrante de la comunidad mapuche, cuya declaración bajo reserva de identidad fue presentada ante la CIDH por la ONG Naturaleza de Derechos, pero que tras el hallazgo del cuerpo el diario Clarín difundió la versión de que se trataba de un integrante de la comunidad mapuche quien había llamado al juzgado para informar sobre la presencia del cuerpo de Santiago en el río Chubut.
Esa versión fue desmentida por Lleral, quien ahora confirmó que hizo lugar al pedido de la fiscal para que el testigo puede declarar en el marco de la investigación judicial e incorporar su testimonio al expediente. "He pedido la averiguación de datos de una persona y verificaremos si es el testigo del que todos hablan", indicó. 
En tanto, el juez confirmó que mantiene "el diálogo con la comunidad" del Pu Lof de Cushamen, en Esquel, y resaltó que la conflictividad con los poderes del Estado "viene desde hace años y no es estrictamente por este caso".

Un nuevo “Operativo Aprender”, con el rechazo de los gremios docentes Otra ronda de pruebas estandarizadas

Un nuevo “Operativo Aprender”, con el rechazo de los gremios docentes
Otra ronda de pruebas estandarizadas
Mañana serán evaluados en todo el país los alumnos de 6to. grado de la escuela primaria y de 5° o 6° de la secundaria. Desde los gremios docentes rechazaron nuevamente la uniformidad de las evaluaciones, que no contemplan los contextos socioeconómicos de cada región del país. Además, afirmaron que los resultados del Aprender 2016 se usaron “para denostar a la escuela pública” y para “atacar a los docentes y a sus organizaciones sindicales”.
El Ministerio de Educación de la Nación evaluará mañana en todas las provincias del país a los estudiantes de 6º año del nivel primario en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y a los estudiantes de 5º o 6º año de los secundarios, según cada sistema jurisdiccional, en Lengua y Matemática. Como novedad a esta nueva edición del "Operativo Aprender", se sumará una muestra de alumnos que cursan 4º grado del primario, sólo de algunas escuelas de las 24 jurisdicciones, a quienes se les tomará una prueba de producción escrita.
Las evaluaciones se harán nuevamente con el rechazo de los sindicatos docentes, que cuestionan la estandarización de las evaluaciones y el uso de sus resultados. Desde el gremio nacional Ctera rechazaron “la concepción de evaluación educativa sobre la que se instrumentan estos operativos”, además de “los modos de implementación” de los mismos. “La docencia no rechaza ni se opone a 'la evaluación' porque, de hecho, ésta forma parte de nuestro trabajo cotidiano en las aulas”, aclararon y agregaron que rechazan los “mecanismos de pruebas estandarizadas”.
En la misma línea, el gremio bonaerense Suteba afirmó que el Operativo Aprender cambia evaluación por “control y medición” a través de “pruebas estandarizadas armadas por organismos externos”, en las que los docentes cumplen el rol de “meros ejecutores”.
Ctera señaló también que las conclusiones de las evaluaciones de 2016 fueron presentadas en conferencia de prensa por el presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, el mismo día en el que comenzaba la Marcha Federal Educativa para reclamar la apertura de la Paritaria Nacional Docente. Desde el gremio denunciaron que fue “toda una operación montada para seguir desprestigiando a la Educación Pública” y recordaron que en ese acto el mandatario dijo su criticada frase sobre quienes tienen que “caer en la escuela pública”. “Utilizó los datos de esta prueba no sólo para denostar a la escuela pública, sino también para atacar a los docentes y a sus organizaciones sindicales en pleno conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la paritaria docente”, añadieron.
El gremio remarcó que cuando se presentaron los resultados se hizo hincapié en las diferencias entre escuelas públicas y privadas, pero no se incluyó un análisis basado en el índice socioecónomico de la población ni en la disponibilidad de recursos en las escuelas pertenecientes a uno u otro sector. “Cuando se analizan los datos concretos teniendo en cuenta solamente la variable socioeconómica, la brecha de resultados entre escuelas estatales y privadas se reduce entre un 7 por ciento y un 15 por ciento según la materia. Si se contemplara, además, la disponibilidad de recursos en las escuelas, es muy probable que desaparecieran las diferencias. Es decir, pesa más la condición socioeconómica y la disponibilidad de recursos que el hecho de pertenecer a la escuela púbica o a la privada”, señaló Ctera.
También el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reiteró su rechazo a la estandarización de la evaluación docente. María Lazzaro, secretaria general de SADOP, afirmó que su gremio “no está en contra de las evaluaciones”, sino que reclama que se cumpla el último acuerdo paritario  que estableció la Autoevaluación institucional y participativa. “La prueba no contempla las problemáticas sociales, los contextos o la realidad de cada escuela”, agregó la dirigente.
“Al estandarizar la evaluación se instaura una escenificación de los resultados, presentado mediáticamente en términos generales, sin profundizar ni resolver los problemas centrales de la educación ni su calidad”, señaló el sindicato en un comunicado, en el que denuncia que con los resultados se busca trasladar la culpa a los docentes mientras “el Estado se desliga de la responsabilidad de acompañar y mejorar los programas socioeducativos y dispositivos institucionales”.
Al respecto, Ctera insistió en que las pruebas “permiten elaborar rankings de escuelas, ciudades, países”, mientras “dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo”.

Daniel Viglietti - Me matan si no trabajo

viernes, 3 de noviembre de 2017

APU


Derechos Humanos
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POR MARIANO MARTÍN.-
miércoles 1 de Noviembre de 2017

Punto por punto, el proyecto de reforma laboral que quiere Macri

• LOS CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO QUE IMPULSA CAMBIEMOS PARA EL SEGUNDO TRAMO DE GESTIÓN
En 145 artículos, la iniciativa modifica aspectos sustanciales de la ley de Contrato de Trabajo, las indemnizaciones por despido, los juicios laborales y los mecanismos de formación profesional.
Mariano Martín
MARIANO MARTÍN

El proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno incluye, además del prometido capítulo sobre blanqueo, una amplia gama de beneficios empresarios para la contratación y el despido de personal, así como una consecuente reducción de prerrogativas judiciales para los trabajadores y hasta la redefinición del concepto de "trabajo", que a diferencia de la normativa vigente, pone en igualdad de condiciones al empleador con el asalariado. También establece la creación de nuevas modalidades laborales y una ampliación de las licencias. A continuación los aspectos neurálgicos de la iniciativa.

BLANQUEO

El borrador establece un período de un año para el blanqueo; con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores.

A los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.

Impulsa una reducción generalizada de aportes patronales excepto los destinados a las obras sociales sindicales bajo un mecanismo escalonado: en 2018 no se pagarán cargas por los primeros $2.300 y en el segundo, por igual monto más inflación; al año siguiente el mínimo no imponible será de $4.600 más la variación del costo de vida; en 2020, de $ 6.900 con ajuste; en 2021 de $ 9.200 con el adicional, y en 2022 llegará a 11.500 pesos en bruto (10 mil de neto) más la suba de la canasta de ese año. En adelante la única variación será por inflación.

Reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual, hasta llegar al nuevo piso en 2022. En sentido inverso subirá las del sector pyme y otros beneficiarios de 17 a 19% medio punto por año hasta 2022.

TRABAJO

Introduce una modificación sustancial al concepto de "trabajo". A las definiciones previstas en la ley de Contrato de Trabajo le suma: "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Se trata de una igualación, por primera vez, de roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario.

Facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento y ponerlo a salvo de juicios. La iniciativa bloqueará las demandas "por solidaridad" contra las empresas de una actividad principal con contratistas de los siguientes rubros: limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática "que se efectúen en el establecimiento de explotación".

Limita el concepto de "irrenunciabilidad", que establece que serán nulos los acuerdos con pérdida de derechos. Según el texto propuesto, implícitamente se podrá renunciar a contratos individuales superadores de los colectivos. Es decir, si un asalariado convino con su jefe un aumento por encima del promedio tras aceptar un cargo con mayor responsabilidad, de sancionarse la ley podrá resignarlo.

Flexibiliza el criterio de "ius variandi" que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. Hasta ahora le permite, en esos casos, optar por ser indemnizado o accionar judicialmente contra su patrón con la posibilidad de obtener la reposición de sus condiciones previas. Ahora sólo podrá ser indemnizado y en todo caso ajustarse a lo previsto por el convenio colectivo, con más trabas para ir a un juicio.

Consagra modalidades de trabajo a tiempo parcial que dejarán de computar el tiempo de tarea por jornada para hacerlo por semana. Habilitará la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de eficientizar los tiempos de trabajo.

Extenderá licencias por paternidad a 15 días para los hombres; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Por examen podrán tomarse licencias de dos días con un máximo de 10 días totales por año. Y permitirá una licencia de 30 días corridos por año sin goce de sueldo.

INDEMNIZACIONES

Significativa reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares. Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.

La posibilidad de iniciar demandas, que hoy prescribe a los dos años, caerá al año.

Los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya rige en la construcción.

OTROS

Creación de la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores" despegados de las modalidades habituales de contratación. Se pensó para talleres o unidades de contratistas asociados a las grandes constructoras. En estos casos se aplicará normativa específica y no la ley de Contrato de Trabajo

Nuevas políticas de formación. Creación de Consejos Sectoriales y de un sistema de prácticas formativas por un máximo de un año, extensible por seis meses más. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más.

Prohíbe la fijación de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Se trata de una práctica extendida en el gobierno anterior como método para mejorar los sueldos de bolsillo sin impactar de lleno en el costo laboral, con afectación para el fisco, pero que de hecho creció exponencialmente en la actual gestión. Por caso, las negociaciones con los gremios aeronáuticos se definieron el año pasado con la fijación de un insólito período de once meses de pagos no remunerativos para convertirlos recién a remunerativos en el último mes de vigencia del acuerdo.

Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales y también de las prepagas, para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras. Según el proyecto los dictámenes de la agencia tendrán "carácter vinculante", lo que asimila el sistema al de las ART con que el gobierno de Carlos Menem intentó poner freno a la litigiosidad asociada a los accidentes de trabajo. En este punto no se espera oposición alguna de los involucrados. La Agnet, según el texto del borrador, tendrá como facultades "producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización y exclusión de tecnologías sanitarias", "tomar intervención con carácter previo de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general del Programa Médico Obligatorio, la canasta de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación pertinente", y también "impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de tecnologías de salud". Promete ser una institución con integración plural, de académicos, especialistas, asesores de sindicatos y prepagas, y de negociación constante entre todas las corporaciones involucradas en los sistemas de salud.

#JusticiaPorSantiagoMaldonado
Sergio Maldonado fue el principal orador de una nueva marcha para pedir "justicia" por su hermano. Hubo manifestaciones masivas en todo el país. "Queremos saber quiénes son los responsables de su muerte y de encubrir su desaparición", aseguró. (Leer nota)

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