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martes, 24 de octubre de 2017

EL PAÍS 24 de octubre de 2017 · Actualizado hace 1 hora Por el retroceso en materia de derechos laborales y sindicales Denuncian al Gobierno ante la CIDH

Imagen: CIDH

Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “persecución” y el “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue hecho en el marco de la 165° audiencia que ese organismo lleva a cabo en Uruguay y el gobierno argentino fue citado para hacer su descargo.

"Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos", sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien fue uno de los representantes de gremios argentinos que testimonió acerca de las amenazas que recibió tanto él como sus familiares durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal. También llevó sus cuestionamientos la asociación que nuclea a los abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios laborales y “hacen que cierren las pymes”.

A través de un comunicado, Suteba indicó que durante la audiencia iniciada a las 9.45 los gremios docentes expusieron sobre "la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas".

Además de la "persecución" y las amenazas contra Baradel y otros dirigentes, los gremios indicaron que estas situaciones se dan en un contexto de "aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora".

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano.

El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que esos cuestionamientos de parte del titular del Poder Ejecutivo apuntan a “eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos”.

Según el dirigente, lo que la administración de Cambiemos persigue es avanzar “con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”.

Luego de la audiencia sobre la situación de retrocesos en los derechos laborales y sindicales puesta sobre la mesa por veinte organizaciones gremiales y abogados del ámbito laboral, trece organismos de derechos humanos, analizaron los discursos regresivos del Gobierno sobre el terrorismo de Estado, el fallo del 2x1 de la Corte y el debilitamiento de las políticas públicas en los procesos de juzgamiento de los crímenes.

EL PAÍS 24 de octubre de 2017 · Actualizado hace 1 hora Exclusivo: el juez Gustavo Lleral habló con Página/12 “No declaró ningún testigo E"

Por Sebastián Premici

Imagen: Télam

Desde Esquel

El juez Gustavo Lleral desmintió la existencia de una declaración del llamado testigo E, como así también que haya habido llamado alguno que aportara información clave para realizar el rastrillaje que finalizó con el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado. “No declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje”, explicó en diálogo con Página/12 y Agencia Cadena del Sur el magistrado, quien reasumió la investigación por la desaparición forzada del joven, delegada hasta hace unas horas en la fiscal Silvina Avila.

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La decisión de Lleral de retormar el expediente 8232, en el que se investigan los hechos que desembocaron en la muerte de Santiago Maldonado marca un nuevo rumbo. En la cédula de notificación, el magistrado sostuvo que el expediente había sido delegado “sin razón alguna”.

Lleral explicó a este diario que en las declaraciones tomadas a los integrantes de la Pu Lof por el ex juez de la causa, Guido Otranto, “no fueron repreguntadas debidamente”. No hubo voluntad de hacerlo. Ni Otranto ni la fiscal Avila fueron muy adeptos de creer en los testimonios de la comunidad.

“Se comprende todo el contexto. Estamos ante un hecho grave. Tenemos que investigar hechos, la existencia de esos hechos, quiénes los cometieron y ver si esas acciones fueron un delito”, aseveró el magistrado.

El contexto de la muerte de Santiago Maldonado es la represión del 1º de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof sin orden judicial y con un pedido explícito de Pablo Escola, a cargo del operativo, de “apresar manifestantes”, tal cual quedó claro en varias declaraciones testimoniales de los uniformados.

La última imagen con vida de Santiago Maldonado fue tomada por la propia Gendarmería, a las 11.32, huyendo de los disparos de esa fuerza. A las 11.33 se inició la cacería dentro del predio y 11.40 se lo ve al gendarme Emmanuel Echazú saliendo de la costa del río, con su rostro lastimado y la escopeta en la mano.

El testimonio de Matías Santana sigue siendo clave. Él graficó el último lugar donde lo ven con vida a Santiago, explicó que primero intentó meterse en el río y luego volvió a la orilla, y cuando lo hizo, vio que detrás estaban los gendarmes disparando y tirando piedras. De hecho, el chofer de la Ford Ranger OLW 237, Martín Ahumada, se bajó de su vehículo y gritó “¡quédate quieto!”, según sostuvo en su testimonial.

Desde el primer momento, el Gobierno nacional sembró pistas falsas, como la del “puestero de Epuyen”, introducida por Gonzalo Cané, secretario Coordinador de los Poderes Judiciales o la supuesta declaración del testigo E o el llamado misterioso que habría aportados datos claves. Lleral desmintió las versiones difundidas por algunos medios hegemónicos y avaladas por el Gobierno. “No declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente”, aseveró Lleral de manera contundente.

La resolución del rastrillaje se tomó, según precisó Lleral, en base a la recomendación de un prefecto. Esta decisión quedó plasmada en la resolución del magistrado firmada el 13 de octubre.

Página/12 le preguntó al juez si las pistas falsas introducidas por el Gobierno, como así también las versiones sobre el testigo E, no entorpecieron la investigación. Lleral respondió: “En el habeas corpus tomé la decisión de que todo organismo del Estado, incluido el Ministerio de Seguridad, sólo debía informarme a mí y no que el juez tuviera que informarles a ellos. Por eso dispuse que la Gendarmería no fuera parte de este expediente.”

Si bien el apartamiento de la Gendarmería en la causa del habeas corpus había sido informado a las partes el 13 de octubre, en el momento en que Echazú realizó su presentación espontánea, dicha fuerza volvió a tener acceso al expediente. “No hay que asustarse”, sostuvo Lleral , quien en varias oportunidades le manifestó a los integrantes de la Pu Lof que en este caso se juega mucho más que una carrera judicial.