El objetivo de mínima del gobierno nacional es terminar el mandato de cuatro años en diciembre de 2019, meta que en las tres décadas de la democracia argentina sólo alcanzaron presidentes de origen peronista. En encuentros de dirigentes y funcionarios dirigidos a homogeneizar posiciones, el tercer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo Lopetegui, explica que durante un siglo sólo hubo dos formas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y dos programas contrapuestos. El cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar consiste en cumplir mediante el voto el programa histórico de las botas, según las crudas palabras de Lopetegui. Para Luis Alberto Romero, quien en la primera reunión de Macrì con intelectuales le planteó su cuestionamiento a los juicios por crímenes de lesa humanidad, “el hecho mismo de haberse mantenido el gobierno en pie, es un pequeño milagro. Concluir normalmente el período de cuatro años será en sí mismo un logro”. Aunque la formación profesional de Lopetegui es la de contador público, el ex CEO de LAN tiene debilidad por las ciencias políticas. A su manera, alude al empate hegemómico entre las opuestas alianzas agroexportadora-financiera e industrial-laboral descripto en las obras de Guillermo O’Donnell y Juan Carlos Portantiero para las décadas que sucedieron al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Uno de los indicadores empíricos de esta lid es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los gobiernos electos y a mermar en los periodos militares. Como lo expresó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en 1977 “la miseria planificada de millones” se imponía “congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas”. Cuando Macrì sostiene que los trabajadores ponen palos en la rueda de los patrones, o sus ministros Alfonso De Prat-Gay y Francisco Cabrera instan a reducir el costo del empleo expresan la misma concepción de entonces. Haber conseguido el mismo resultado con la aprobación de las víctimas en las urnas es un triunfo de las técnicas de marketing electoral por sobre la militancia política; mantenerlo a pesar de las condiciones materiales, que no podían sentirse durante la campaña electoral en la que Macrì enmascaró sus propósitos, pero que son inocultables ahora, requeriría de un prodigio mayor.
Construcciones discursivas
Con pocos días de diferencia, seis columnistas partidarios del actual gobierno dijeron que CFK intenta que Maurizio Macrì no termine su mandato. Son los mismos que desde hace meses claman, sin el menor intento de camuflar de información su propuesta, que Cristina debe ir presa. Ahora vinculan una hipótesis con la otra: la conspiración, como le llaman, sería la única alternativa de la ex presidente para eludir su de otro modo inexorable destino carcelario, postulado que ocupó el título principal en la portada de un diario de circulación nacional el viernes, como si se tratara de una noticia. Dos de estos operadores mantienen relaciones de dependencia laboral a través de sus compañeras sentimentales con la vicepresidente Gabriela Michetti y uno fue destinatario del eufórico mensaje de un fiscal que se jacta de haber puesto a la ex presidente al borde de la detención. Estos datos personales, que serían significativos si se tratara de reflexionar sobre la degradación del periodismo político en periodismo de guerra (según la definición que le costó a Julio Blanck la despromoción a mero columnista sin responsabilidades en la edición del diario Clarín) sólo se mencionan aquí como constatación del origen oficial de ese libreto, que todos replican sin mayores variantes. En este punto no hay diferencias internas en la Alianza Cambiemos: tanto los tecnócratas de la jefatura de gabinete como los políticos, repiten que el kirchnerismo procura que Macrì deje el cargo de mala manera antes de tiempo. Podría argüirse en la misma dirección pero en sentido contrario: el acoso judicial y mediático al kirchnerismo como el principal argumento para conseguir la tolerancia social ante los efectos deletéreos de la política económica en aplicación desde diciembre, que constituye el verdadero riesgo para la estabilidad del gobierno. De ser así, el operativo es exitoso: una parte de quienes padecen las consecuencias de esa política, por ahora adscriben a la explicación oficial sobre la herencia recibida y cuando no pueden describir en qué consistiría recaen en el machacón “Se robaron todo”.
Se trata de construcciones discursivas con débil asidero en la realidad. Hasta ahora ningún juez o fiscal han encontrado nada que involucre a Cristina en alguna infracción a la ley penal. Esto se aprecia en las contorsiones intelectuales a las que recurren para mantener su nombre en la agenda del delito nuestro de cada día y a la creación pretoriana de normas procesales, como la instrucción de tramos de una causa por la Cámara de Apelaciones, que recién la delegó en un juez de primera instancia cuando no obtuvo la prueba que buscaba. Con la lógica incontaminada de los niños y de los orates la heroína radical Elisa Carrió extendió la enésima denuncia a los cinco ex jefes de gabinete del kirchnerismo, lo cual sugiere que Carrió ha vuelto a poner el dedo en un enchufe. ¿Cómo podría imputarse a la ex presidente por la distribución de obras públicas, salteando a los jefes de gabinete en quienes de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución recae “la administración general del país”? Si la responsabilidad penal no llega hasta ellos, sería más difícil remontarla hasta el Poder Ejecutivo, que según el artículo 99 sólo tiene la responsabilidad política de la administración. Y si el hurgueteo tribunalicio rozara a Sergio Massa y Alberto Fernández dinamitaría la gobernabilidad sui generis que el gobierno ha adquirido con las distintas vertientes opoficialistas. El objetivo oficial no parece ser la detención de la ex presidente, que tendría previsibles repercusiones nacionales e internacionales, sino el hostigamiento permanente con el propósito de erosionar su liderazgo popular (cosa que no está ocurriendo) y su influjo sobre la dirigencia partidaria (que sí sucede). Pero la intrusión de Carrió amenaza con desordenar las piezas de este mecanismo de relojería. La justicia argentina puede quemar más que el fuego, y con la misma indiscriminación. Jugar con ella como está haciendo el gobierno puede brasileñizar la agenda política, algo que a nadie le conviene menos que a quienes ejercen el poder, sobre todo cuando su jefe lleva el apellido emblemático de los negocios dudosos con el Estado.
Para la atribución de intenciones desestabilizadoras a Cristina los voceros oficiales y oficiosos citan pronunciamientos de terceros, de lengua suelta y nula responsabilidad, como si respondieran a órdenes de la ex presidente. El juez de Mar del Plata Alfredo López afirmó que así como existió “un plan sistemático de saqueo del Estado” ahora existía un “plan sistemático de desestabilización” conducido por Cristina. En una entrevista radial citó como prueba “las declaraciones de Esteche, Moreno, D’Elía y Bonafini incitando a la rebelión y derrocar al gobierno. No sé si hay algún fiscal investigando esos delitos. ¿Usted escuchó a Cristina desautorizar a esos militantes de su espacio político?”. A su juicio esos son “datos objetivos”. López, quien asiste a todas las ceremonias navales en Mar del Plata, es un juez federal con competencia en lo civil y comercial, subrogó durante unos días al juez penal Santiago Inchausti. Su desconocimiento del derecho penal y procesal penal es vasto: hasta ignora que las causas con autores desconocidos, o NN, deben ser instruidas por el fiscal. Proviene de Santa Cruz y su acceso a la magistratura fue promovido durante la presidencia de Fernando De la Rúa por el ex senador Pedro Molina, cuyo asesor era Gustavo Modesto Demarchi, el ex fiscal federal que hoy está detenido y bajo proceso por los crímenes cometidos por la versión marplatense de la Triple A. Para eludir el procesamiento, Demarchi huyó a Colombia, donde fue detenido y extraditado. López ordenó a la fiscal Laura Mazzaferri que pidiera informes de inteligencia sobre las organizaciones sociales que protestaron contra Macrì el 12 de agosto. La fiscal le respondió que eso estaba prohibido por la ley de Inteligencia, cuando aún ni se había establecido qué ocurrió, con la ministra federal de Seguridad Patricia Bullrich aduciendo que se habían arrojado piedras contra el vehículo presidencial y el jefe bonaerense de Policía, Pablo Bressi negándolo. López le pidió al fiscal general Daniel Adler que sustituyera a Mazzaferri, a quien acusó de entorpecer la investigación. Adler respondió que no tenía facultades para hacerlo y el juez lo denunció también a él. El tercer denunciado fue el fiscal Nicolás Czizik, por no haber comunicado a López la declaración que tomó a la ex concejal Débora Marrero, señalada por el diario Clarín como una de las organizadoras del mal rato que pasó Macrì. El argumento de López es que esos fiscales pertenecen a la organización Justicia Legítima, como si fuera una banda delictiva. Adler es, oh casualidad, el fiscal del juicio contra Demarchi. López convocó a una marcha en su apoyo, que organizaron un hijo de Demarchi y los hijos del juez Pedro Hooft, a la que asistieron decenas de personas, entre ellas uno de los abogados defensores de Demarchi. “El hombre perdió la hélice, hace años era un gorila tranquilo pero algo le pasó por la cabeza y enloqueció. No para de decir pavadas”, lo describe un funcionario judicial marplatense que no intervino en la disputa pero conoce de cerca a todos sus protagonistas.
La supuesta conspiración conducida por CFK es una ficción insostenible, pero no obstante revela los temores instalados en el imaginario oficial. En cualquier caso, es ostensible la polarización entre el actual y el anterior gobierno y más específicamente entre sus titulares, Macrì y CFK, que coinciden en un punto: la disputa cultural entre dos concepciones de la sociedad y del poder. Esto no es nuevo para el kirchnerismo, que ya planteó la cuestión en esos términos hace casi una década, pero sí para quienes entonces se le oponían y hoy gobiernan. Para lograrlo sumaron fuerzas en una alianza que se hubiera disuelto de no lograr su objetivo pero que se consolidó en el poder, dado el entusiasmo que siempre despierta acudir en auxilio de la victoria. Todo lo contrario sucede con quienes fueron derrotados. Hoy el fomento a la dispersión del voto peronista es la mejor estrategia electoral del gobierno. La idea del cambio o la batalla cultural sobrevuela todas las definiciones oficiales, no sólo en las reuniones reservadas en las que se analiza la estrategia y se intenta homogeneizar las posiciones en los distintos niveles del gobierno sino también en las manifestaciones públicas de los principales funcionarios, el propio presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, como en la difusión por vía de voceros oficiosos. Acostumbrados a no ver más allá de las combinaciones entre dirigentes y las configuraciones legislativas, entienden que están ganando esa batalla porque el Frente Renovador de Massa cogobierna la provincia de Buenos Aires; varios gobernadores, el jefe del bloque de senadores justicialistas Miguel Pichetto y el ex protegido de Cristina Diego Bossio, cada vez más parecido a José Mayans pero sin su ingenio, se hacen cargo de asegurar la gobernabilidad. Este es el eufemismo con que justifican votos indefendibles, como el que autorizó el astronómico endeudamiento externo mucho más allá de lo debido a los fondos buitre, la liquidación del sistema previsional o el pase para los turbios nuevos jefes de la Inteligencia estatal. En cambio parecen ignorar la fuerte contestación social que consiguió parar el tarifazo energético y esta semana se desplegará por todo el país con la Marcha Federal, mientras la convocatoria de apoyo a Macrì en el Obelisco no llegó a 200 personas. Tampoco es aconsejable ignorar la forma en que la movilización social interactúa con el sistema político. Ayer y el viernes, tuvo lugar la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo, cosa que el gobierno desdeña como parte de la presunta desestabilización kirchnerista. El miércoles representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Federación de Recicladores, Vía Campesina, Movimiento Evita y Movimiento Independientes de Jubilados y Pensionados expusieron en el Senado ante 28 legisladores de distintos bloques (Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna, Fernando Solanas, Jaime Linares, José Mayans, Ruperto Godoy, Juan Manuel Irrazábal, Omar Perotti, Graciela De La Rosa, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Andrés Guzmán, Federico Masso, Graciela Cousinet, Alcira Argumedo, Daniela Castro, Jorge Barreto, Victoria Donda, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Frana y Juan Manuel Pedrini) sobre la situación de los trabajadores que están fuera de la estructura laboral formal. Así como la audiencia con representantes de las centrales sindicales fue el prolegómeno de la ley de Emergencia Laboral que Macrì vetó, este encuentro podría derivar en leyes de Emergencia Social y de Salario Social Complementario, que permita que todos los trabajadores alcancen al Salario Mínimo Vital y Móvil; en la creación de un comité de crisis que extienda los programas Argentina Trabaja a 2,5 millones de beneficiarios y de un registro para los trabajadores informales de la economía popular. La presencia de Cristina obliga aún a quienes reniegan de su conducción, como el inspirador de este encuentro, Emilio Pérsico, a no perder sintonía con el malestar que brota desde las entrañas de la sociedad.
