EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION EN LA CAUSA QUE INVOLUCRA A JUAN JOSE GOMEZ CENTURION La hipótesis de una guerra entre bandos

Por Raúl Kollmann

El diálogo se estableció con un hombre clave del juzgado federal de Ariel Lijo, que investiga las escuchas sobre contrabando de textiles, “porquerías que venden en el Once” y cocaína que involucran al desplazado titular de la Aduana.

–¿Le hicieron una cama a Juan José Gómez Centurión? –preguntó este periodista.

–Nadie que esté hablando por teléfono o en vivo con Oldemar Barreiro Laborda puede alegar que le hicieron una cama. Basta poner el nombre en Google para que vea los antecedentes– contestaron desde Comodoro Py.

La búsqueda no es muy complicada: Barreiro Laborda, también involucrado en los audios con los que el Gobierno acompañó su denuncia, tuvo un causa por defraudación del Banco Boston por 70 millones de dólares, detención por pertenecer a una banda de ladrones de autos, quiebras, cheques sin fondos, fue socio de la Policía Federal en Lo Jack, tuvo una representación escandalosa de Diego Armando Maradona y centenares de causas judiciales. Ex jueces como Mariano Bergés y Héctor Yrimia lo recuerdan perfectamente porque en su momento ordenaron su captura y embargos siderales por estafas y fraude.

–Gómez Centurión dice que sí hablaba con Barreiro Laborde, pero que lo usaba como informante.

–Ah, entonces tendrá que venir a Comodoro Py a explicar por qué un alto miembro del Poder Ejecutivo, como es el titular de Aduana, recurre a ese tipo de personas.

Más allá de las palabras mismas, está claro que en la Justicia federal el expediente se está investigando no como una causa en la que hay un lado bueno y un lado malo, sino como una guerra entre dos bandos, ninguno bueno. De un lado, gente vinculada a ex servicios de inteligencia, incluyendo a Jaime Stiuso, imputado por contrabando. Del otro, la gente como Barriero Laborda, a quien desde el juzgado describieron como peón.

Llamadas

Según dicen en Comodoro Py, el acento no está puesto en verificar si las grabaciones están editadas o no. Por ahora, las pruebas que pidió el fiscal Guillermo Marijuán y a las que le dio curso Lijo están orientadas a verificar si hay evidencias de que el contenido, es decir lo que se menciona en las grabaciones, es verosímil o no. Por eso el magistrado pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del Design, el shopping de Recoleta donde se habrían encontrado Gómez Centurión y Barreiro Laborda. También el juez ordenó verificar qué cargo y ubicación tienen en la Aduana los mencionados en las grabaciones.

Quienes hicieron un primer estudio sobre los audios afirman que son conversaciones en que el celular se puso en speaker, es decir se escucha el diálogo a través del parlante del aparato, y se grabaron con otro celular o grabador. Un dato llamativo es que en una entrevista Barreiro Laborda admite la existencia de las conversaciones, aunque dice que están editadas. En diálogo con Perfil, Cuqui, como le dicen a Barreiro Laborde, afirmó: “Me editaron y me sacaron de contexto. Me pusieron micrófonos en mi casa de San Isidro, violaron mi domicilio, fue una rata de AFI (Agencia Federal de Inteligencia). El micrófono estaba abajo de la cómoda al lado de donde tomo café. La cama la hizo (Silvia) Majdalani. Yo desconfío de algún chofer mío, que seguro quebraron”.

En principio, en la escucha –ilegal– se habla de latas (o sea containers) a 135.000 dólares cada una, que es el pago por pasar ese container, con productos textiles, sin revisar o cambiándoles la posición arancelaria para que no paguen tasa o para que entren dentro de las importaciones autorizadas. Habría una tarifa de 100 mil dólares cuando el contenido no son textiles sino “porquerías del Once, todo por dos pesos” y hay algunas referencias a tráfico de cocaína.

Los audios le llegaron en forma anónima a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo la denuncia tras consultar a Mauricio Macri. Minutos más tarde, Gómez Centurión fue eyectado de la Aduana, una movida que resulta curiosa: no le dieron ningún crédito al funcionario, no esperaron ninguna explicación, lo que indica que en el Gobierno ya había algún rumor sobre movimientos extraños en la Aduana. La idea de que se trata de una administración que despide al que es acusado de corrupción naufraga cuando se verifica lo que ocurrió con Gómez Centurión en el distrito porteño.

Antecedentes

En los últimos días, algunos periodistas pretendieron presentar a Gómez Centurión como una especie de adalid anticorrupción. Les cae muy bien que sea militar, condecorado en Malvinas, aunque el problema es que fue simpatizante del movimiento carapintada que, con Mohamed Seineldin a la cabeza, se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

Lo cierto es que Gómez Centurión estuvo a cargo de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) y fue reiteradamente denunciado por la organización La Alameda, liderada por el legislador Gustavo Vera. Entre otros casos, La Alameda mencionó ayer, con la firma del presidente de la Comisión de Trata de la Legislatura, Lucas Schaerer, que denunció el boliche Stavros en el que la semana pasada se detectaron casos de trata; también otros dos boliches, New Port y Le Click, en el que se produjo después una violación. La Alameda recuerda también que denunció ante la AGC de Gómez Centurión 170 talleres textiles clandestinos, incluyendo el de Flores en el que murieron los dos chiquitos, Rodrigo y Rolando. “Mauricio Macri no puede desayunarse ahora con que Gómez Centurión es un corrupto”, concluyó el comunicado.

Salidas

Los rumores de que las escuchas tienen verosimilitud se agigantan con las decisiones que tomó el gobierno de Macri. No sólo despidieron a Gómez Centurión sino que ayer mismo fue despachado otro hombre que estaba en un puesto clave, Pablo Allievi, subdirector general de Control Aduanero. Los otros tres funcionarios separados de sus cargos fueron Edgardo Paolucci, director de Fiscalización Operativa Aduanera; el coordinador y supervisor Carlos Linsalata; y Gustavo Mariezcurrena, a cargo de la Oficina de Fiscalización.

Fama

Gómez Centurión se hizo famoso en estos meses porque, según sostienen los empresarios importadores, cortó numerosos circuitos de corrupción vinculados con ex servicios de inteligencia. Quienes conocen la ex SIDE coinciden en que la cúpula de los espías tuvo una verdadera obsesión con la Aduana y Jaime Stiuso terminó denunciado por el ex titular de la AFI Oscar Parrilli por la importación de toneladas de material de inteligencia que en verdad era material quirúrgico, médico o juegos electrónicos. El delito por el que se lo imputó fue el de contrabando.

El diario La Nación recordó esta semana que Gómez Centurión cerró algunos depósitos fiscales que tenían fama de irregulares, entre ellos uno cuyo co-titular fue el fallecido funcionario de la Aduana Damián Sierra. En su momento, Stiuso salió de la Argentina por vía terrestre acompañado de Sierra, pocos días después de la muerte de Alberto Nisman.

Hoy en día están los que sostienen que la escudería integrada por Stiuso, Darío Richarte y el aparato radical que estuvo en la SIDE fue víctima de la ofensiva de Gómez Centurión y que las escuchas fueron la devolución. Es más, se sostiene que Stiuso es asesor del titular de la ex SIDE, Gustavo Arribas. En este bando estaría también el presidente de Boca, Daniel Angelici.

Por otro lado, están los que apuntan a Majdalani, la número dos de la AFI, que no sintoniza con el bando anterior pero que está sostenida por el amigo del alma de Macri Nicky Caputo. Hoy se cumplen 25 años del secuestro del Presidente y Caputo fue la persona que estaba en el auto, con el chofer de Macri, en el momento en que se pagaron los seis millones de dólares de rescate. La estrategia de los ex espías sería echarle la culpa a Majdalani para desplazarla cuanto antes de una AFI dominada por los ex radicales y ex espías.

Por último, está el bando de Gómez Centurión, con Barreiro Laborda y otros personajes, a quienes se intentó presentar como protagonistas de un mani pulite, pero que vienen con antecedentes que dicen lo contrario.

Al menos hasta ahora, en Comodoro Py dicen que en el caso no parece haber ángeles. “Es un batalla entre ex. Ex espías, ex procesados, estafadores, contrabandistas, coimeros. Todos en guerra por el botín millonario de la Aduana”, concluyen.

raulkollmann@hotmail.com

DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES REALIZAN HOY UNA HUELGA NACIONAL EN RECLAMO DE MEJORAS SALARIALES Un paro por la reapertura de la paritaria

Por Laura Vales

En reclamo de la reapertura de la negociación salarial, los docentes realizan hoy un paro nacional de 24 horas. La huelga afectará a escuelas públicas y privadas de todos los niveles, así como a las universidades, y fue precedida de un fuerte cruce con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que insistió en que el Gobierno no reabrirá la paritaria porque considera que el aumento dado a los docentes “fue significativo”. El funcionario aseguró también que hubo “una caída de la inflación”.

Los gremios piden un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los sueldos por el tarifazo y la suba de los precios. Su piso salarial quedó en 8500 pesos; si bien hay una mayoría de provincias que lo superan, no sucede lo mismo en las de menores recursos. El pedido de una recomposición es, de todas maneras, generalizado, ya que incluso en los distritos donde se llegó a los mejores acuerdos paritarios, como en la provincia de Buenos Aires, donde fue del orden del 34,6 por ciento, la mejora ya quedó empatada con la inflación y todavía faltan siete meses hasta la próxima paritaria anual. Los acuerdos que se firmaron incluyeron precisamente ante esta posibilidad una cláusula de reapertura.

Los dirigentes denuncian además el incumplimiento de puntos de la paritaria de febrero. Se trata de incumplimientos que se están dando en el marco del ajuste macrista, y que muestran una fuerte desinversión en educación. Entre ellos, algunos implican despidos, como la falta de continuidad de los programas socioeducativos (el plan Fines, de terminalidad de la escuela primaria y secundaria, las orquestas infantiles), otro es la interrupción del plan de formación docente, que se inició el año pasado con el objetivo de capacitar de manera gratuita a un millón de maestros en el lapso de tres años. Otros son producto de la extendida subejecución de los presupuestos destinados a la educación.

“Desde Ctera pedimos la reapertura de la paritaria y la necesidad imperiosa de que se cumplan los acuerdos paritarios que se firmaron en el mes de febrero. Si no, va a recrudecer el conflicto. Es necesario que el Gobierno tome consciencia de que hasta ahora todas las medidas que se tomaron han ido en favor de los sectores económicos concentrados y no de los trabajadores. Estamos exigiendo que haya medidas que protejan la educación pública”, sostuvo Sonia Alesso, la titular de Ctera, en la conferencia de prensa con la que los gremios ratificaron el paro.

Participarán de la medida de fuerza los siguientes sindicatos docentes nacionales: la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de la Educación Argentina (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET), y, por los universitarios, la Conadu, la Conadu Histórica y Fedun. Hoy, a las 14.30, convocan a una movilización al Palacio Sarmiento, sede de Educación.

Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu, agregó que “en el país estamos sufriendo la duplicación de la inflación con respecto al año anterior”, por lo que “para fin de año habremos perdido salario y poder adquisitivo”. El dirigente acusó al gobierno nacional de estar “subejecutando un conjunto de partidas, especialmente aquellas que tienen que ver con la posibilidad de incluir en la vida universitaria a los sectores más postergados. Es decir, hay una decisión política sobre qué partidas recortar y contra eso nos manifestamos también”.

Desde el Sadop, Mario Almirón responsabilizó al ministro de Educación por la huelga, “por no ceder en nada su posición de no negociar”.

Al defender la decisión de reabrir la paritaria, Bullrich argumentó que en el acuerdo firmado este año “se fijó una cláusula de aumento automático para los meses de junio, septiembre y enero próximos porque atamos el monto del salario mínimo docente al salario mínimo, vital y móvil”.

Sin embargo, el ministro aludió de esta manera sólo al piso salarial, es decir al sueldo inicial de los maestros (8500 pesos), que está por debajo de la Canasta Básica Total elaborada por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que la calcula en 11.680 pesos para una familia tipo del Gran Buenos Aires –o en 10.570 pesos para la mayor parte del interior del país–, ingresos por debajo de los cuales un hogar es considerado pobre.

El paro de hoy es parte de un plan de lucha que continuará, del 31 de agosto al 2 de septiembre, con la Marcha Federal convocada por las dos CTA y los gremios combativos de la CGT. El viernes 2 de septiembre, como cierre de esta marcha, la Ctera participará de la movilización a la Plaza de Mayo, con paros docentes a nivel provincial, mientras que el Sadop y la UDA ya convocaron a paros nacionales.

IDEN INVESTIGAR LA COMPLICIDAD DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE CON ETCHECOLATZ Un represor que también sería estafador

La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata pidió que se investigue si médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) falsearon datos sobre el peso de Miguel Etchecolatz para facilitar su estrategia con vistas a obtener el arresto domiciliario. Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira remarcaron la “diferencia notable” entre los 67 kilos que el Cuerpo Médico Forense (CMF) registró en abril y los supuestos 73 kilos que el SPB apuntó el 25 de julio, cuando el represor comenzó en teoría una huelga de hambre que -según los mismos médicos- le hizo bajar ocho kilos en 18 días. El tribunal que con votos de Germán Castelli y Jorge Michelle le concedió el 22 de julio el arresto domiciliario y rechazó curiosamente el pedido para que se convocara al Cuerpo Médico Forense antes de dictaminar. El CELS, por su parte, calificó de “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 1, destacó que los jueces no analizaron “los riesgos que pueden derivarse” de la detención hogareña y que “mientras Jorge Julio López permanezca desaparecido y el Estado no determine la verdad de lo que le ocurrió, la prisión en una unidad penitenciaria de Etchecolatz es imprescindible”. Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el tema al afirmar que la familia de López debe “entender” que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel “la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.

La denuncia de los fiscales la recibió el viernes el juez federal Ernesto Kreplac. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos” por los médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, advirtieron. La situación “cobra especial interés toda vez que (el peso) resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”, agregaron. El dato clave, que antes habían advertido los organismos de derechos humanos y había adelantado Página/12, es un informe de abril del CMF, según el cual Etchecolatz pesaba 67 kilos. Tres meses después, cuando la domiciliaria concedida por Castelli y Michelle no se concretó y el policía informó que iniciaba una huelga de hambre, los médicos del SPB apuntaron 73 kilos. “Se consignó, a partir de allí, una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto, donde se consigna que pesaba 65 kilos”, se permitieron dudar. “La gravedad de lo advertido” es aún mayor si se considera que para dictaminar ante cada pedido de la defensa de Etchecolatz jueces y fiscales debieron basar su opinión “en tales informes del SPB, confiando en la buena fe de lo consignado”, agregaron, y recordaron que el TOF1 rechazó el pedido para que volviera a dictaminar el CMF antes de concederle el beneficio al ex hombre de confianza de Ramón Camps.

El CELS destacó en un comunicado que “los poderes judicial y ejecutivo deben garantizar que los arrestos domiciliarios sean concedidos por razones fundadas”. “Decisiones arbitrarias de este tipo y su aval por el poder Ejecutivo representan mensajes negativos para el avance del proceso de verdad y justicia”, afirmó. El organismo recordó que Etchecolatz acumula cinco condenas desde 2004, que es investigado por la desaparición de López, que tuvo “actitudes provocadoras” relacionadas con esa desaparición y que en 2006 se le revocó el arresto domiciliario por la tenencia de un arma de fuego. Y destacó que “lo que está en cuestión no es el derecho reconocido por la ley a acceder a la prisión domiciliaria sino que no se hayan analizado con seriedad todos los elementos del caso”.

El secretario de derechos humanos tomó distancia de la discusión sobre los arrestos domiciliario al afirmar que “es prerrogativa del juez” y el Estado “no puede apelar”. Sobre Etchecolatz, dijo conocer “la preocupación de la familia” de López pero pidió “entender” que la domiciliaria “no significa una eximición de la pena sino que la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.

EL PAIS › OPINION Barbarie y civilización Por Fernando D´addario

Este país ya no es lo que era: se ve y se lee a los hijos de la “barbarie populista” mostrando números, confrontando modelos políticos y económicos con los libros en la mano; le hablan a la gente de “transferencia de recursos a los sectores más concentrados”; mientras tanto, los liberales modernos, supuestos herederos de la razón ilustrada, dependen cada vez más de la manipulación mediática de las masas para sostener sus decisiones. ¿Quiénes son, hoy, los custodios de la civilización occidental y cristiana?

La apuesta a una “felicidad” siempre diferida –en espejo con una infelicidad cotidiana que se adjudica a la “pesada herencia”–; las apelaciones abstractas a un “amor universal” presuntamente desideologizado, el voluntarismo bobo del “¡sí, se puede!” hubiesen horrorizado a los teóricos de la escuela económica que reivindican. Ahora los atildados seguidores de Adam Smith (¡que Dios no lo condene por los desatinos de sus falsos apologistas!) reniegan de los postulados científicos del liberalismo y se encomiendan a promesas demagógicas (¡pobreza cero!) imposibles de sustentar con números duros; detectaron, evidentemente, una anomalía en el genoma humano: la gente quiere ser feliz, y hasta es capaz de sacrificar su felicidad para conseguirlo. Como contrapartida, la chusma populista se olvidó de cómo había que hacer para manejar a las masas y ahora se quema las pestañas para presentar prolijos informes sobre la redistribución regresiva del ingreso. Pretenden convencer con la Razón pero solo seducen a los ya convencidos. Es lo peor que le puede pasar a un populista que se precie.

El combo neo conservador criollo, en cambio, elude las incomodidades de esa Razón valiéndose de dos estrategias: puertas adentro se protegen con la insustancialidad tranquilizadora del “management zen” y el “tao de los líderes”; puertas afuera inducen al resentimiento punitivo de parte de la sociedad. El sujeto político que producen es una Doña Rosa sin alpargatas ni libros. Activan en ella las pulsiones más básicas, exacerban sus miedos latentes, potencian los prejuicios que brotan de la ignorancia política. Una receta que antes se les endilgaba a los totalitarismos de cualquier signo y que los liberales cultivados condenaban en nombre de la civilización y el progreso.

No se sabe aún si estos cambios de roles obedecen a un lapsus en el devenir del materialismo dialéctico, si responden a una mutación genética de alcance imprevisible o si, en definitiva, son el fruto podrido de un pragmatismo de entrecasa. Lo cierto es que, al lado de estos vendedores de humo amarillo, los populistas que te compraban la voluntad por un choripán terminan pareciendo constitucionalistas noruegos.

Página 12 dixit

|  ECONOMIA › CUATRO ESPECIALISTAS PROYECTAN CRECIENTES DIFICULTADES EN EL MERCADO LABORAL El despido disciplinador Por Federico Kucher El crecimiento del desempleo se concentró en los centros industriales, un reflejo de la menor actividad pero también de la necesidad de la política económica de mantener bajo control al movimiento obrero, coincidieron varios especialistas consultados por Página/12.

|  ECONOMIA › UNA MULTITUD SE CONGREGÓ EN PLAZA DE MAYO PARA RECIBIR LAS PERAS Y MANZANAS QUE REGALARON LOS PRODUCTORES EN PROTESTA POR LA BAJA RENTABILIDAD La peregrinación de la manzana La Plaza de Mayo registró escenas que no se veían desde la década del 90, con productores que denuncian una grave crisis y una multitud que se congregó para recibir tres peras o tres manzanas. Había vecinos del conurbano que esperaron más de dos horas.

|  ECONOMIA › LA UIA NO HARÁ DEMANDA COLECTIVA POR EL GAS, PERO ACOMPAÑARÁ A QUIENES LO HAGAN Se prende, pero no calienta Por Cristian Carrillo Tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la central fabril informó que analiza presentarse como amicus curiae de la Corte, aportando datos de las dificultades para la industria por el aumento, pero sin hacer presentación colectiva. La audiencia pública, el 16 de septiembre.

|  EL PAIS › DIRIGENTES DEL PERONISMO Y LA CGT CUESTIONARON LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE “Para Macri, el trabajador es un costo” El Presidente había pedido que los trabajadores “no pongan palos en la rueda”. Desde la CGT consideraron que esos dichos no fueron casualidad el mismo día en que se reunificaba la central obrera. También respondieron Scioli y Larroque.

EL JUEZ FERNANDO POVIÑA LE NEGO EL ARRESTO DOMICILIARIO A UN REPRESOR Un torturador tucumano que seguirá en la cárcel

 Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

El ex jefe de interrogadores durante el Operativo Independencia en Tucumán, el represor Roberto Edgardo Gordillo, pidió el pasado 10 de agosto el beneficio del arresto domiciliario, por considerarse una “persona vulnerable y de una excelente conducta en su lugar de detención”. El juez federal Fernando Poviña le denegó el reclamo

El abogado de Gordillo alegó que su defendido “posee 72 años de edad, con lo cual se encuentra enteramente comprendido dentro del supuesto, por los fines del cumplimiento de la prisión bajo la modalidad domiciliaria”. Dijo que estar en prisión resulta “sumamente perjudicial para su estado de salud, tanto física, como psíquica”.

Gordillo había sido detenido en 2014 en Capital Federal por orden del juez federal Daniel Bejas por haber sido partícipe de interrogatorios en centros clandestinos de detención durante 1976 en plena dictadura cívico-militar en Tucumán. También está acusado de haber violado mujeres detenidas en una comisaría y haber abusado de un menor de edad. El juez ordenó que el torturador quedará alojado en el Instituto Penal Federal de la localidad santiagueña de Colonia Pinto en calidad de procesado hasta tanto su causa sea elevada a juicio oral y público.

La tarea de Gordillo en los lugares de tormentos fue considerada por los jerarcas genocidas como “de gran efectividad”. En el expediente consta una nota que de felicitaciones de sus superiores que fue agregada como prueba en la que se señala que Gordillo, que era jefe de interrogadores, “realizó su tarea con gran capacidad y eficiencia”, que tenía “gran corrección y seriedad” y poseía “grandes conocimientos y experiencia en la especialidad”. “Su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente. Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”, lo alabaron sus superiores.

El ex jefe de interrogadores está procesado como coautor penalmente responsable de tormento agravado, asociación ilícita, torturas seguida de muerte y homicidio calificado en contra de 27 personas.

El fiscal federal Patricio Rovira le pidió al juez Bejas agregar un delito más contra del represor Gordillo antes de que la causa sea elevada a juicio oral: el de “violencia sexual acreditada en autos en la comisión de los delitos de abuso y violación” de mujeres detenidas en la comisaría de la localidad de Villa Quinteros y también el abuso y violación en contra de un menor de edad. El juez Poviña (que se encontraba subrogando el juzgado de Bejas) entendió que Gordillo debía seguir en la cárcel.

El pedido de domiciliaria de Gordillo se da en el mismo momento en que se discute la posición del gobierno, permeable a los intereses de los acusados de delitos de lesa humanidad. El represor Miguel Etchecolatz, por ejemplo, consiguió el beneficio por parte del Tribunal Oral, pero el juez de federal Ernesto Kreplac se lo negó y por lo tanto seguirá en la cárcel hasta que se revierta ese fallo.

EL DIPUTADO MARTINEZ AMPLIARA SU DENUNCIA POR LOS PANAMA PAPERS Más pistas apuntan hacia Macri

Por Martín Granovsky

Poco antes del mediodía la Justicia dispondrá de nuevas pistas que llevan al presidente Mauricio Macri. Del empresario Mauricio Macri modelo ‘98, tal como publicó el domingo Página/12 en exclusiva, se conocieron importantes decisiones sobre el armado de empresas en Bahamas y Brasil, donde luego hubo actividad real en el terreno comercial y financiero. El diputado nacional por Neuquén Darío Martínez anunció que se presentará ante el fiscal Federico Delgado para aportar nuevos indicios sobre empresas y movimientos de dinero en la causa ya elevada al juez Sebastián Casanello.

A comienzos de junio el diputado del Frente para la Victoria reveló que la offshore Fleg perteneciente a Macri participó de la creación de la empresa brasileña Owners do Brasil, que significa “dueños de Brasil”.

Según la información que adelantó Página/12 y que hoy pasará a formar parte del expediente luego de la visita de Martínez al fiscal, hay tres sociedades más que funcionaron dentro de la misma constelación en Brasil y tuvieron a Owners como accionista. Son Itron do Brasil, Martex do Sul y Mega Consultoría.

En 1998, Socma Americana, una de las empresas del grupo Sociedades Macri, colocó un total de 8,4 millones de dólares al cambio de la época como capital para tres empresas. Una era, justamente, Itron do Brasil. Otra era la firma Partech-Unnisa. La tercera, que es distinta de la anterior, Partech.

Martínez detectó que las cifras son muy parecidas al gasto en acciones entre Fleg y Owners y hoy trasladará su sospecha al fiscal Delgado.

“No lo podemos afirmar pero todo hace suponer que esos montos son parte del dinero de procedencia desconocida que Fleg ingresó a Brasil”, sostuvo Martínez, y lo planteará en la denuncia. Por eso insistirá en que la Justicia brasileña levante el secreto bancario.

Martínez, del Frente para la Victoria, denunció penalmente a Macri el 6 de abril. Acababa de conocerse la existencia de dos firmas offshore, es decir fuera de la jurisdicción fiscal argentina, que lo tenían en su directorio. Una era Kagemusha y la otra, armada en Panamá y radicada en Bahamas, Fleg Trading Ltd. La difusión de los datos surgió por las primeras investigaciones del consorcio de periodistas que conformó lo que pasó a llamarse Panama Papers, un enorme flujo informativo sobre sociedades pertenecientes a políticos, funcionarios, ex funcionarios, empresarios y deportistas en todo el mundo.

Respaldado en los Panama Papers, Martínez dijo que “está clara, comprobada y admitida la participación de Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos”.

Macri en todo momento minimizó la gravedad de la información y se presentó a sí mismo como un cándido seguidor de su padre. El 4 de abril dijo al diario La voz del interior que Fleg Trading fue “una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estoy puesto como director”. Agregó: “La empresa es de mi padre”. Y abundó: “En el año 1998 éramos un tanto más jóvenes todos”. Nacido el 8 de febrero de 1959, Mauricio tenía ya 39 años, los mismos que tiene hoy Marcos Peña, nada menos que jefe de Gabinete de Ministros.

El 5 de mayo Martínez le dio al fiscal documentos sobre Fleg que demostraban su existencia en Brasil.

Otro de los pedidos a los que recurrirá Martínez para colaborar con Delgado es que se libre un exhorto a Brasil para que la Justicia de los vecinos envíe “toda la información societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de las firmas Socma SA, Socma Americana, Martex do Sul, Mega Consultoría, Partech-Unnisa, Partech e Itron do Brasil.

Socma Americana, Fleg, Owners do Brasil y otras empresas tuvieron participación en negocios de administración de tarjetas, servicios financieros, telecomunicaciones, consultoría en tecnología de la información, soporte técnico y logística bancaria.

Para esos fines se asociaron con gigantes del mercado brasileño como Andrade Gutiérrez, la segunda empresa de Brasil en esos rubros detrás de Odebrecht.

martin.granovsky@gmail.com