Enero fue un mes complicado para los trabajadores estatales y aquellos que se desempeñan en el Espacio para la Memoria que funciona en donde tuvo lugar el mayor centro clandestino de tortura de la última dictadura cívico-militar no lo vivieron de manera diferente. De repente, los convenios forjados con diferentes carteras del Ejecutivo nacional que nutrían el funcionamiento del Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se diluyeron de un día para el otro. Luego, 12 trabajadores del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur encontraron sus nombres en la primera lista de despedidos que, de manera informal, presentó el Ministerio de Cultura. El mismo hallazgo experimentaron 17 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, pero en la cartera de Justicia. La alarma comenzó a sonar enseguida y despertó a casi todos los trabajadores estatales que desempeñan tareas en la ex ESMA: temen que el “plan económico de desguace y desplazamiento” –como lo definen– continúe y provoque un “vaciamiento” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se hacen carne a diario en ese predio ganado al olvido.
En esto coinciden desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que organizó dos cortes parciales de tránsito sobre la avenida del Libertador en lo que va de 2016 y desde el directorio de organismos de derechos humanos del espacio, que rechazó públicamente no solo los despidos que sucedieron en ese predio sino en todos los ámbitos de gobierno y reconocieron el “miedo a que den vuelta todo”.
“Ni ñoquis ni vagos, trabajadores del Estado”, advierte un cartel de ATE desde la puerta de ingreso principal al Espacio para la Memoria que reconvirtió en vida la carga de tortura, desapariciones y asesinatos que la última dictadura había instalado en la ex ESMA. “Entendemos que la situación de despidos generalizada en todo el Estado se enmarca dentro de un plan económico que tiene su brazo ejecutor en el Ministerio de Modernización y que busca desguazar, desplazar hasta achicar al máximo”, explicó De los Santos. El miércoles pasado, estatales del predio cortaron la Avenida del Libertador y el jueves se sumaron a la movilización que el gremio organizó hacia el Ministerio de Modernización. “La señal de alarma suena más fuerte en áreas sensibles como la de las políticas de memoria, verdad y justicia en las que el achique del Estado anuló políticas importantes como el acompañamiento de los juicios. Lo que sucede en el espacio es una muestra más”, concluyó.
Desde los organismos de derechos humanos consideraron “aberrante” la situación. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ha sido una demanda planteada por el movimiento de derechos humanos a todos los gobiernos constitucionales, que se ha consolidado a lo largo de los años gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad civil, del Estado y de instituciones internacionales y regionales”, postularon en un comunicado que consensuaron el viernes y en el que entendieron que el desarrollo de los juicios contra los genocidas, el acompañamiento psicosocial a las víctimas del terrorismo de Estado, la búsqueda y desclasificación de archivos, la creación de Espacios de Memoria y preservación de Sitios en todo el país, la educación en memoria y en derechos humanos, en tanto “políticas que han fortalecido la construcción democrática de Argentina y la han convertido en un ejemplo para el mundo”, fue “posible también por el compromiso de miles de trabajadores que hoy temen por su continuidad laboral y son descalificados por el solo hecho de ser trabajadores estatales”. En ese sentido, exigieron “sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y “respetar a los trabajadores que las sustentan con su compromiso cotidiano”.
De los 13 espacios que funcionan en la ex ESMA –la Casa de la Militancia, la Casa por la Identidad, el Canal Encuentro y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, entre varios otros–, ya tres han sufrido recortes en sus plantas de empleados o en los recursos que los mantienen activos: el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. También han sido despedidos hombres y mujeres que mantenían la limpieza del lugar, personal de maestranza y administrativo. En total, los despidos llegan a 100.
“El Gobierno de (Mauricio Macri) juega con la ambigüedad”, postuló Daniel Tarnopolsky, representante de la organización Buena Memoria en el directorio del espacio. “El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj dejó en claro que las políticas de memoria, verdad y justicia iban a sostenerse, pero con su palabra coexisten las aberraciones de (el secretario de Cultura porteño, Darío) Lopérfido y la negativa del ministro de Salud (Jorge Lemus) a llamar a un hospital Laura Bonaparte. Así que no sabemos hasta dónde van a avanzar para tirar todo lo hecho por la borda y uno siempre está con mucho miedo de que den vuelta todo”, remarcó. “Es aberrante el vaciamiento. Están desarmando estructuras completas en todo tipo de instituciones, quieren borrar de un plumazo 12 años de políticas”, sostuvo Tarnopolsky. “Lo peor que nosotros no tenemos herramientas jurídicas para evitar que esto siga”, confesó, más allá de las reuniones y pedidos realizados a diferentes funcionarios, como Avruj y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Por eso, celebró “el accionar de algunos sindicatos” que “comenzaron a movilizarse y a los que acompañaremos”.
ECuNHi
El Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, fue la primera presencia de organismos de derechos humanos en la ex ESMA. Si bien no depende directamente del Estado, todo lo que sucedía allí adentro tenía que ver con diferentes áreas del ámbito público. Las actividades pedagógicas, como las visitas de los colegios, los seminarios, los cursos y las capacitaciones; las artísticas, como los ciclos de cine, teatro, danza y exposiciones de artes visuales; la administración del espacio, la limpieza e incluso la comunicación dependían de convenios que la dirección del Ecunhi había logrado con diferentes ministerios, como los de Cultura, De- sarrollo Social, Educación y Trabajo. “No contamos con el apoyo de esta nueva gestión. Los convenios se cayeron y nos encontramos en una situación más que compleja”, explicó la directora pedagógica del sitio, Verónica Parodi.
Desde que empezó el año, las personas que hacían funcionar el Ecunhi no cobran. Son 35 trabajadores administrativos –en ese grupo están incluidos los de producción, prensa, recepción, administración e incluso mantenimiento– y otro tanto quienes se desempeñaban como talleristas que perdieron los ingresos con los que contaban por su desempeño en el espacio de las Madres. Para muchos de ellos, era su único ingreso. “Cuando (el secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj recorrió el espacio aseguró que todas las instituciones iban a seguir funcionando, pero acá estamos”, apuntó Parodi. Entienden que los convenios con el ECuNHi se “cayeron” ya que los fondos no están. Los trabajadores cuentan con las carpetas que describen a cada uno de los proyectos listas para ser presentadas ante las áreas que los mantenían activos, pero no encuentran puertas abiertas. “No hay nuevo interés en recibirnos, ni en que todo siga como estaba. Lo vemos no solo por los convenios del Ecunhi, sino por los despidos que están sucediendo en otros sitios. Avanzan con un cinismo y desparpajo muy doloroso”, amplió Parodi, quien, en ese marco, añadió: “Las Madres de Plaza de Mayo ya lo dejaron claro: se sienten en la vereda de enfrente de este gobierno, nosotros también lo estamos”. Pese a la falta de pago, los trabajadores del Ecunhi no abandonaron el lugar. “Vamos a mantenerlo vivo militando nuestra permanencia aquí. trataremos de sostener las actividades”, aseguró su directora pedagógica.
Museo Malvinas
Entre las 494 personas despedidas la semana pasada por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, hubo 12 trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas que funciona en la ex ESMA. Se enteraron, como la mayoría de los nuevos desempleados, porque encontraron sus nombres en la lista que tenían los encargados de seguridad en la entrada del ministerio. “Es el 25 por ciento de la planta total del museo”, que hasta entonces contaba con 54 empleados contó Julieta Mayor, delegada de la ATE.
Para Mayor, que los despidos hayan llegado al museo “con lo que significa esa asignatura en la historia del país tiene que ver con una postura política clara respecto del tema”. Los que continúan en sus puestos aún no saben a quién responder ya que la cartera cultural aún no designó a un director para la institución. Los 12 despedidos son personas con las que el Estado formalizó su vínculo laboral durante 2015 y se desempeñaban en las áreas de Museología, Multimedia, Educación, Investigación, Informática, Administración y Primeros Auxilios. El museo abrió sus puertas a mediados de 2014 y, desde entonces, recibió más de 700 mil visitas. “Acá todos trabajamos. Si el objetivo del gobierno es deshacerse de ñoquis, tiene maneras rápidas y fehacientes de verificar quién trabaja y quién no. Lo que buscan en realidad es desguazar el Estado”, sostuvo Mayor.
Secretaría
En el Ministerio de Justicia también fueron despedidas más de 400 personas. De ellas, unas 50 se desempeñaban en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos: 17 cumplían funciones en la ex ESMA. Eran trabajadores de la Dirección de Gestión de la Información del Archivo de la Memoria, de la recepción de la nueva oficina de la Secretaría, que se instaló en la ex ESMA el año pasado, de limpieza y mantenimiento del Sitio de la Memoria que funciona en lo que fue el casino de oficiales del predio. “Han despedido personal que se necesita para mantener en funcionamiento las instituciones del espacio”, aseguró Romina Chiesa, delegada de ATE en la secretaría.
Además del recorte ya aplicado, los trabajadores están alerta por “lo que se viene en marzo”. “El otro día (por el martes pasado, el jefe de gabinete, Marcos) Peña habló de un proceso de organización que implica lisa y llanamente el achicamiento del Estado. Ni (los ex presidentes Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem, (Fernando) De la Rúa o (Néstor) Kirchner se han desecho de empleados estatales como lo está haciendo (Mauricio) Macri. Esto es despido masivo: 25 mil despidos para marzo que se suman a los que ya sucedieron. Es una política de reducción del Estado que impacta directamente en el vaciamiento de políticas públicas”, puntualizó Chiesa.
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que aún se desempeñan en las diferentes instituciones que funcionan en el Espacio para la Memoria no se encuentra tranquila: a muchos de ellos les renovaron contrato bajo el artículo 9 del anexo de la Ley 25.164 –la ley marco de regulación del empleo público–, pero sólo por tres meses. Los contratos vencen el 31 de marzo. El vínculo entre ese dato y la confesión de Peña no permite vislumbrar un buen horizonte.
Las cooperativas
Un grupo de cooperativistas que se desempeñan en la puesta en valor de los edificios de la ex ESMA también participaron de la jornada de protesta de la semana pasada. El “parche” que la administración macrista puso a la inminente suspensión de sus tareas en el predio –son 130 cooperativas que nuclean a 1400 hombres y mujeres– consistió en un contrato provisorio por tres meses que también vence el 31 de marzo. “Nos prometieron que en estos días funcionarios de Desarrollo Social iban a venir a hablarnos de nuestra situación. Nosotros exigimos seguir trabajando”, apuntó Graciela, una cooperativista. Hasta el mediodía, que salió con la bandera que los identifica a la calle, había estado descargando bolsas de arena en la puerta de uno de los edificios a refaccionar. Néstor, un compañero suyo, completa la idea: “También queremos que nos respondan por un aumento en el pago que le pedimos hace mucho a la administración anterior. Cobramos 2600 pesos por dos jornadas de trabajo a la semana. No podemos quedarnos sin trabajo”.
