Por Sebastián Premici
La sojización del país, impulsada por productores y empresas agropecuarias, y no regulada por los estados provinciales ni el nacional, salvo cuando este último intentó aplicar la resolución 125 para desincentivar su siembra a favor de otros cultivos, resultó funcional a la posición dominante de Monsanto, que se extiende a todas partes del mundo. Esta empresa posee a nivel mundial más de 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en más de 150 millones de hectáreas en todo el planeta. En Estados Unidos, el 93 por ciento de la soja transgénica pertenece a esta multinacional, que tiene su sede central en el estado de Delaware, el paraíso fiscal estadounidense.
La mayoría de los “competidores” dentro del mercado mundial son licenciatarios de la tecnología de Monsanto. En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente, que actualmente alcanza al 50 por ciento de la producción total de granos del país. A medida que Monsanto extendió su hegemonía en la agricultura mundial, también buscó imponer sus propias reglas de juego. No sólo creó una soja que rinde mejor asociada a un glifosato de su marca, cuestionado en el mundo y la Argentina por sus efectos en la salud humana, sino que ha intentado imponer reglas comerciales abusivas, bajo el concepto de regalías extendidas.
En 2006, la empresa inició un litigio en Europa para intentar cobrar regalías por la producción de harina de soja de la Argentina, cuya patente sólo se había concretado en Europa y no en la Argentina. Monsanto quería cobrar entre 15 y 18 dólares la tonelada de regalías por la harina producida en el país, a pesar de no contar con una patente para ello. La multinacional logró frenar en Europa cuatro contenedores con la harina de soja cuestionada, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resolvió que la compañía no podía prohibir la comercialización de ese producto en aquel continente. “Una patente europea es sólo efectiva cuando el producto protegido es utilizado con la misma función con la que está registrado. Esta función ya no puede ejercerse cuando la secuencia de ADN se encuentra en estado residual en la harina de soja, que es una materia inerte obtenida tras varias operaciones de transformación”, sostenía el fallo del tribunal de la UE.
La denuncia que realizarán esta semana la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, y probablemente se sume la Federación Agraria, también cuestiona la legitimidad de la compañía para imponer sus propias reglas de juego. Pero, sobre todo, su objetivo político es llamar la atención de los reguladores argentinos para que en la nueva ley de semillas, en proceso de elaboración, no queden resquicios que avalen una posición dominante de Monsanto y se defiendan los derechos de los agricultores y las empresas locales multiplicadoras de semillas, para evitar que la renta del sector quede en manos de unas pocas multinacionales.
01/09/14 Página|12
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 1 de septiembre de 2014
Productores de soja denunciarán a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
Télam
Las necrológicas de La Nación Por Eric y Alfredo Calcagno
Una de las secciones del diario La Nación con poco margen para la mentira es la de necrológicas. Hasta es probable que algún dinosaurio político la consulte todos los días para confirmar que está vivo. Pero deben diferenciarse las informaciones individuales acerca de los fallecimientos pasados con las que vaticinan muertes futuras.
Aquí el diario reincide en su táctica habitual: “Se dice que”, “fuentes bien informadas”, “alguien cercano a la Casa de Gobierno”; todo matizado con el abuso de condicionales. Así se configura más que información, la expresión de deseos de los periodistas involucrados, que a su vez difunden la línea editorial.
La muerte de movimientos históricos. Dentro de esta tendencia existen dos casos dignos de destacarse. El primero es la profecía fracasada de Claudio Escribano, entonces secretario de Redacción de La Nación, quien tal vez contagiado por la tradición de golpes militares y de mercado, afirmó, poco tiempo después de la asunción del mando de Néstor Kirchner, que su Presidencia terminaría en menos de un año. Se equivocó.
Ahora reincide un colega suyo, quien en su nota del domingo pasado (Joaquín Morales Solá, La Nación, 24/08/2014) enuncia dos profecías: la primera es la destrucción de todo lo realizado desde 2003; y la segunda, el comienzo de una nueva etapa por quienes después tomen el gobierno. Afirma categórico: “Nada habrá quedado después de Cristina Kirchner. Los próximos tendrán que empezar de nuevo”. Es decir, habrá tierra arrasada y gobernará otra vez el establishment; el proyecto nacional está muerto y se restablecerá el neoliberalismo.
Profecías como éstas se han repetido, y cuando se pretendieron realizarlas, han sido trágicas en la historia argentina. Después del golpe de Estado de 1956, se derogó la Constitución Nacional de 1949 por el bando militar del 27 de abril de 1956. Días antes, el 5 de marzo de 1956, se había dictado el decreto-ley 4161, que prohibía en todo el territorio de la Nación “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”. Después vino la brutal represión de los gobiernos cívico-militares.
El establishment creía que así borraba de la historia argentina al peronismo y que sobre ese campo devastado vendría la restauración oligárquica. Tuvieron éxito durante algún tiempo, pero al final se derrumbó el neoliberalismo y resurgió el peronismo, que nunca había muerto. Los movimientos históricos no se suprimen por decreto, ni por golpes de Estado, ni por la violencia.
En qué consiste la “tierra arrasada”. ¿En qué se basa La Nación para afirmar que “nada habrá quedado después de Cristina Kirchner”? Esta frase sostiene que se destruirá todo lo conseguido, en especial con respecto al crecimiento y –sobre todo– a la inclusión social. Para fundamentarlo, se basa en algunas cifras que marcan un estancamiento a principios de 2014, como si esto borrara los 10 años del mayor crecimiento económico de la Argentina, esta vez con inclusión social. Pero al final prevalecen los hechos: por desgracia para el arco opositor, no pueden negarse las cifras objetivas. Veamos.
El ciclo neoliberal argentino duró un cuarto de siglo (1976-2002). El Producto Bruto Interno anual por habitante (PBI) era de 8000 dólares internacionales en 1976, y se redujo a 7200 dólares en 2002; es decir, que los argentinos tenían 800 dólares menos por habitante que 26 años atrás. Esta fue la época del oro del neoliberalismo. En cambio, en 2013 el PBI era de 13.500 dólares: en 10 años, casi se duplicó. Para borrar lo obtenido y volver a la nada, como vaticina La Nación, cada argentino debería rebajar su ingreso anual por habitante de 13.500 dólares a 7.200 dólares. Es una tarea imposible, aun cuando para cumplirla llamaran a los fondos buitre, a De la Rúa y Cavallo, o se actualizaran con los aspirantes a sucesores, que ahora están apareciendo.
Los progresos realizados en la “década ganada” muestran una diferencia abismal entre los principales indicadores económicos y sociales entre 2002 y 2012/13: la inversión bruta interna pasó del 11 al 21%; las exportaciones, de 25.000 millones de dólares a 84.000 millones; la desocupación, de 21,5 a 7,3%; la participación de los asalariados en el ingreso, de 34 a 49%; la cobertura de la seguridad social, de 65 a 95%; la inversión estatal global, de 1,1 al 4,3 del PBI. Sólo quienes niegan la realidad, pueden afirmar que no existió la década ganada.
Pero para valorar la profecía periodística es útil enumerar algunas de las consecuencias físicas de la “tierra arrasada” que promete el principal vocero del establishment.
1. Caída de la ocupación y de los salarios, como consecuencia de los programas de ajuste neoliberales, en especial la reducción drástica del gasto público y la supresión de los Convenios Colectivos de Trabajo (la mejor forma de bajar salarios es crear desempleo). Pérdida de las conquistas que llevaron a la inclusión social de gran parte de los excluidos (Asignación por Hijo y planes sociales).
2. Retorno de la hegemonía del sector financiero por sobre el productivo, con la desindustrialización que generaría la revaluación del peso y la apertura de las importaciones (era más barato importar que producir, como se comprobó en la década de 1990). Fuerte endeudamiento externo y auge de la especulación financiera.
3. Destrucción del sistema jubilatorio estatal y vuelta al negocio financiero. Además sería fácil “desjubilar” a los 2,4 millones que se jubilaron sin aportes aumentándole desmesuradamente los reintegros mensuales por los aportes no pagados.
4. Renuncia a la soberanía nacional: vuelta al predominio de Estados Unidos (tal vez, generalizar el “sentarse con Griesa y hacer lo que él quiera”) y ejecutar la política económica que decida el Fondo Monetario Internacional (FMI). Reprivatización de las empresas recuperadas para el Estado argentino.
Para entender lo que intentan, es necesario tener en claro que no tratan de proponer un poskirchnerismo, sino de reimplantar el prekirchnerismo. Uno de sus dramas es que no tienen programa económico propio. En lo cotidiano, lo único que se les ocurre ahora es oponerse a todo lo que haga el Gobierno. Y si debieran plantear medidas concretas para el futuro, sólo tienen las del FMI.
Integrantes nativos del establishment. Existe además otro hecho: en el interior de la Argentina existen grupos que integran el establishment como socios menores. Estos grupos históricamente han tenido la particularidad de unirse a los miembros extranjeros del establishment para conseguir ventajas, en particular, compartir el gobierno y los negocios. Basta con citar a los argentinos que tripulaban la flota anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado, la alianza con Brasil para derrocar a Rosas, los gobiernos de la oligarquía instalados por los británicos, la confabulación con Braden en 1945, el actual apoyo a los fondos buitre. La antítesis de esos lamentables antecedentes la ofrece Japón: nunca en su larga historia, “ningún japonés pensó por un momento en apoyar a una potencia extranjera contra los intereses de sus propios ciudadanos” (Edwin Reischauer, El Japón, Historia de una Nación, Fondo de Cultura Económica, pág. 122).
Para finalizar, tenemos dos malas noticias para el establishment y sus voceros.
La primera se refiere al peronismo al que dieron por muerto varias veces. La relectura del decreto 4161/56 resulta patética: cómo pudo creerse que un movimiento histórico se eliminaba por decreto, y cómo casi 60 años después vuelve a imaginarse lo mismo. No han entendido ni aprendido nada.
La segunda, es que no han advertido que éste es un país muy diferente al de hace una década. Ha llegado a niveles jamás conseguidos de inclusión social, duplicó su Producto Interno Bruto, reanudó el proceso de industrialización, se desendeudó y está en vías del autoabastecimiento energético. Frente a esta realidad insistir con el planteo neoliberal –como hacen varios precandidatos presidenciales de la oposición– significa algo parecido a proponer la restauración del feudalismo en pleno renacimiento.
Infonews
Aquí el diario reincide en su táctica habitual: “Se dice que”, “fuentes bien informadas”, “alguien cercano a la Casa de Gobierno”; todo matizado con el abuso de condicionales. Así se configura más que información, la expresión de deseos de los periodistas involucrados, que a su vez difunden la línea editorial.
La muerte de movimientos históricos. Dentro de esta tendencia existen dos casos dignos de destacarse. El primero es la profecía fracasada de Claudio Escribano, entonces secretario de Redacción de La Nación, quien tal vez contagiado por la tradición de golpes militares y de mercado, afirmó, poco tiempo después de la asunción del mando de Néstor Kirchner, que su Presidencia terminaría en menos de un año. Se equivocó.
Ahora reincide un colega suyo, quien en su nota del domingo pasado (Joaquín Morales Solá, La Nación, 24/08/2014) enuncia dos profecías: la primera es la destrucción de todo lo realizado desde 2003; y la segunda, el comienzo de una nueva etapa por quienes después tomen el gobierno. Afirma categórico: “Nada habrá quedado después de Cristina Kirchner. Los próximos tendrán que empezar de nuevo”. Es decir, habrá tierra arrasada y gobernará otra vez el establishment; el proyecto nacional está muerto y se restablecerá el neoliberalismo.
Profecías como éstas se han repetido, y cuando se pretendieron realizarlas, han sido trágicas en la historia argentina. Después del golpe de Estado de 1956, se derogó la Constitución Nacional de 1949 por el bando militar del 27 de abril de 1956. Días antes, el 5 de marzo de 1956, se había dictado el decreto-ley 4161, que prohibía en todo el territorio de la Nación “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”. Después vino la brutal represión de los gobiernos cívico-militares.
El establishment creía que así borraba de la historia argentina al peronismo y que sobre ese campo devastado vendría la restauración oligárquica. Tuvieron éxito durante algún tiempo, pero al final se derrumbó el neoliberalismo y resurgió el peronismo, que nunca había muerto. Los movimientos históricos no se suprimen por decreto, ni por golpes de Estado, ni por la violencia.
En qué consiste la “tierra arrasada”. ¿En qué se basa La Nación para afirmar que “nada habrá quedado después de Cristina Kirchner”? Esta frase sostiene que se destruirá todo lo conseguido, en especial con respecto al crecimiento y –sobre todo– a la inclusión social. Para fundamentarlo, se basa en algunas cifras que marcan un estancamiento a principios de 2014, como si esto borrara los 10 años del mayor crecimiento económico de la Argentina, esta vez con inclusión social. Pero al final prevalecen los hechos: por desgracia para el arco opositor, no pueden negarse las cifras objetivas. Veamos.
El ciclo neoliberal argentino duró un cuarto de siglo (1976-2002). El Producto Bruto Interno anual por habitante (PBI) era de 8000 dólares internacionales en 1976, y se redujo a 7200 dólares en 2002; es decir, que los argentinos tenían 800 dólares menos por habitante que 26 años atrás. Esta fue la época del oro del neoliberalismo. En cambio, en 2013 el PBI era de 13.500 dólares: en 10 años, casi se duplicó. Para borrar lo obtenido y volver a la nada, como vaticina La Nación, cada argentino debería rebajar su ingreso anual por habitante de 13.500 dólares a 7.200 dólares. Es una tarea imposible, aun cuando para cumplirla llamaran a los fondos buitre, a De la Rúa y Cavallo, o se actualizaran con los aspirantes a sucesores, que ahora están apareciendo.
Los progresos realizados en la “década ganada” muestran una diferencia abismal entre los principales indicadores económicos y sociales entre 2002 y 2012/13: la inversión bruta interna pasó del 11 al 21%; las exportaciones, de 25.000 millones de dólares a 84.000 millones; la desocupación, de 21,5 a 7,3%; la participación de los asalariados en el ingreso, de 34 a 49%; la cobertura de la seguridad social, de 65 a 95%; la inversión estatal global, de 1,1 al 4,3 del PBI. Sólo quienes niegan la realidad, pueden afirmar que no existió la década ganada.
Pero para valorar la profecía periodística es útil enumerar algunas de las consecuencias físicas de la “tierra arrasada” que promete el principal vocero del establishment.
1. Caída de la ocupación y de los salarios, como consecuencia de los programas de ajuste neoliberales, en especial la reducción drástica del gasto público y la supresión de los Convenios Colectivos de Trabajo (la mejor forma de bajar salarios es crear desempleo). Pérdida de las conquistas que llevaron a la inclusión social de gran parte de los excluidos (Asignación por Hijo y planes sociales).
2. Retorno de la hegemonía del sector financiero por sobre el productivo, con la desindustrialización que generaría la revaluación del peso y la apertura de las importaciones (era más barato importar que producir, como se comprobó en la década de 1990). Fuerte endeudamiento externo y auge de la especulación financiera.
3. Destrucción del sistema jubilatorio estatal y vuelta al negocio financiero. Además sería fácil “desjubilar” a los 2,4 millones que se jubilaron sin aportes aumentándole desmesuradamente los reintegros mensuales por los aportes no pagados.
4. Renuncia a la soberanía nacional: vuelta al predominio de Estados Unidos (tal vez, generalizar el “sentarse con Griesa y hacer lo que él quiera”) y ejecutar la política económica que decida el Fondo Monetario Internacional (FMI). Reprivatización de las empresas recuperadas para el Estado argentino.
Para entender lo que intentan, es necesario tener en claro que no tratan de proponer un poskirchnerismo, sino de reimplantar el prekirchnerismo. Uno de sus dramas es que no tienen programa económico propio. En lo cotidiano, lo único que se les ocurre ahora es oponerse a todo lo que haga el Gobierno. Y si debieran plantear medidas concretas para el futuro, sólo tienen las del FMI.
Integrantes nativos del establishment. Existe además otro hecho: en el interior de la Argentina existen grupos que integran el establishment como socios menores. Estos grupos históricamente han tenido la particularidad de unirse a los miembros extranjeros del establishment para conseguir ventajas, en particular, compartir el gobierno y los negocios. Basta con citar a los argentinos que tripulaban la flota anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado, la alianza con Brasil para derrocar a Rosas, los gobiernos de la oligarquía instalados por los británicos, la confabulación con Braden en 1945, el actual apoyo a los fondos buitre. La antítesis de esos lamentables antecedentes la ofrece Japón: nunca en su larga historia, “ningún japonés pensó por un momento en apoyar a una potencia extranjera contra los intereses de sus propios ciudadanos” (Edwin Reischauer, El Japón, Historia de una Nación, Fondo de Cultura Económica, pág. 122).
Para finalizar, tenemos dos malas noticias para el establishment y sus voceros.
La primera se refiere al peronismo al que dieron por muerto varias veces. La relectura del decreto 4161/56 resulta patética: cómo pudo creerse que un movimiento histórico se eliminaba por decreto, y cómo casi 60 años después vuelve a imaginarse lo mismo. No han entendido ni aprendido nada.
La segunda, es que no han advertido que éste es un país muy diferente al de hace una década. Ha llegado a niveles jamás conseguidos de inclusión social, duplicó su Producto Interno Bruto, reanudó el proceso de industrialización, se desendeudó y está en vías del autoabastecimiento energético. Frente a esta realidad insistir con el planteo neoliberal –como hacen varios precandidatos presidenciales de la oposición– significa algo parecido a proponer la restauración del feudalismo en pleno renacimiento.
Infonews
domingo, 31 de agosto de 2014
de sí
para sí, clava el clavo milenario.
hunde la madera bajo soles de oriente.
sobre la arena jerusalem.
el niño por si acaso.
arroja la primer piedra.
y él, dulce la mirada lo hace suyo.
son sus niños y niñas dice.
su rebaño.
reza.
el romano ruge y persigue.
los niños ríen y corren.
el imperio ciega.
mas piedras.
y el águila tuerce el vuelo.
ayer, dos mil años ayer.
hoy, el fuego tuerce.
ramallah, hebrón, gaza.
fronteras de papel, tizas.
cometas en la playa.
de sí para sí el niño ríe.
GB
hunde la madera bajo soles de oriente.
sobre la arena jerusalem.
el niño por si acaso.
arroja la primer piedra.
y él, dulce la mirada lo hace suyo.
son sus niños y niñas dice.
su rebaño.
reza.
el romano ruge y persigue.
los niños ríen y corren.
el imperio ciega.
mas piedras.
y el águila tuerce el vuelo.
ayer, dos mil años ayer.
hoy, el fuego tuerce.
ramallah, hebrón, gaza.
fronteras de papel, tizas.
cometas en la playa.
de sí para sí el niño ríe.
GB
"Goodbye Yellow Brick Road" - Elton John [Subtítulos en español].
Para terminar el domingo...suavecito.
GB
EL RECHAZO A LA EXTORSION DE LOS BUITRES DESATO UN DEBATE MUNDIAL Fallas del sistema a la vista Por Raúl Dellatorre
Tanto la resistencia argentina al chantaje y la extorsión desatada por grupos financieros depredadores, ya caracterizados mundialmente como fondos buitre, como la oposición y rechazo a las arbitrarias resoluciones de la Justicia norteamericana, permitieron generar un debate internacional de una magnitud y una celeridad mucho mayores de lo que se hubiera esperado. Sin embargo, ni el pronunciamiento de una de las organizaciones bancarias de mayor peso internacional (ICMA) proponiendo nuevas pautas para la reestructuración de deudas soberanas, ni la iniciativa del Grupo de los 77 más China de llevar a las Naciones Unidas una propuesta de convención internacional respecto de las reglas que deberían regir para tal tipo de situaciones, le garantizarán a la Argentina librarse, en lo inmediato, del acecho de los buitres y los tribunales que le son funcionales. Pero aun así, la repercusión internacional del caso puso en discusión el planteo de reformas al sistema financiero internacional que hasta aquí se habían ido postergando, pese a la gravedad y las consecuencias de la crisis financiera de 2008.
El ICMA, asociación internacional de mercados de capitales, nuclea a bancos e inversores de más de 50 países. El G-77 es un conjunto de países que actualmente supera el número de 130, cuyo rasgo de identidad está dado por ser naciones emergentes o “en desarrollo”. Ambos conglomerados coincidieron esta semana en pronunciamientos que buscan evitar que una muy estrecha minoría de acreedores pueda frustrar o burlar el acuerdo de una amplia mayoría con el país deudor para reestructurar los compromisos del último. Haciendo eje en el problema argentino, se formula una solución general y permanente. El problema no es nuevo, pero la actitud del gobierno argentino lo puso en boca de todos.
En septiembre de 2008, cuando el ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto, asumió la presidencia de la Asamblea General de la ONU, nombró una “comisión de expertos” para analizar las reformas necesarias al sistema monetario y financiero internacional. Dicha comisión, que encabezó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, propuso un año después “diez medidas de acción directa” como parte de “un programa de reformas sistémicas imprescindible para una pronta recuperación mundial”. El octavo punto proponía, textualmente, crear “mecanismos para el manejo de la reestructuración de la deuda soberana y de las quiebras transfronterizas; entre otros, la armonización de las legislaciones nacionales en relación con las controversias sobre inversiones transfronterizas relativas al comercio de servicios financieros”. Ni ésta ni las demás propuestas formuladas por esa “comisión de expertos” mereció ni siquiera un intento de implementación.
“Ese era un documento interesante, porque abordaba dos problemas, el de las deudas soberanas y los mecanismos de arbitraje, que con la globalización primero y con la crisis después, fueron haciendo evidente las fallas del sistema financiero mundial”, subrayó Jorge Marchini, economista e investigador del Ciges (Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social), al ser consultado por Página/12 sobre la propuesta de la Comisión Stiglitz. “La crisis financiera de 2008 fue una oportunidad para reformular un sistema que ya era endeble, pero se diluyó –recordó–; ya entonces se veía que existía una desproporción entre el poder del acreedor y el del deudor: los primeros eran los que fijaban las reglas.”
La “novedad” que trajo el conflicto de Argentina con los fondos buitre es haber puesto en debate cuestiones que no se habían podido revisar ni aun frente a la crisis financiera mundial, sostuvo Marchini. “Hoy vuelve a discutirse sobre la soberanía jurídica, o las condiciones diferenciales que se deben contemplar hacia un Estado respecto de un privado; son todos temas que habían sido barridos por la globalización. Ya el hecho de que se esté cuestionando la subordinación al fallo de un tribunal de Nueva York, hasta por parte de una asociación internacional de banqueros, es de por si un cambio importante.”
En cuanto a la presentación argentina ante la ONU, acompañada por el G-77, para la elaboración de una Convención internacional sobre reestructuración de deudas soberanas, en opinión del especialista en derecho internacional Eduardo Barcesat “es una decisión magnífica, una decisión política correcta que cuestiona la hegemonía estadounidense en el plano jurisdiccional, una iniciativa que se debe apoyar”. Pero advirtió que no se puede esperar una aprobación rápida de la cuestión. “Puede que se vote una declaración a favor, pero la aprobación y ratificación por cada país de una nueva Convención lleva tiempo, como mínimo dos años”, señaló.
En cambio, Barcesat consideró que en esta disputa “se sigue vacilando en terreno propio: me refiero al proyecto de pago soberano que fue enviado al Congreso, porque es un paso adelante pero pequeño, debió ir más adelante”. En su opinión, el paso adelante está dado por la declaración de interés público de la deuda y su forma de pago, en el marco de la soberanía nacional. “Pero que después la misma ley le dé un carácter negocial con los acreedores a la definición de la jurisdicción es un claroscuro. La garantía de pago dada por el lugar de pago, que es acá, no se lesiona estableciendo que cualquier controversia también se resuelve acá: decir que el compromiso está bajo jurisdicción argentina hubiera sido un acto de soberanía sin perder la garantía para el acreedor de que va a cobrar.”
En diversos ámbitos regionales también se discute la situación argentina y la necesidad de replantear la arquitectura financiera mundial, desde una perspectiva más autónoma. La Secretaría de Unasur también cuenta con un proyecto de creación de un tribunal de cooperación y resolución de conflictos. Hasta ahora, las propuestas han sufrido inexplicables demoras en su tratamiento. La emergencia planteada por la disputa argentina con los fondos buitre no sólo reaviva discusiones, sino también, con gran probabilidad, tomas de posición.
El ICMA, asociación internacional de mercados de capitales, nuclea a bancos e inversores de más de 50 países. El G-77 es un conjunto de países que actualmente supera el número de 130, cuyo rasgo de identidad está dado por ser naciones emergentes o “en desarrollo”. Ambos conglomerados coincidieron esta semana en pronunciamientos que buscan evitar que una muy estrecha minoría de acreedores pueda frustrar o burlar el acuerdo de una amplia mayoría con el país deudor para reestructurar los compromisos del último. Haciendo eje en el problema argentino, se formula una solución general y permanente. El problema no es nuevo, pero la actitud del gobierno argentino lo puso en boca de todos.
En septiembre de 2008, cuando el ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto, asumió la presidencia de la Asamblea General de la ONU, nombró una “comisión de expertos” para analizar las reformas necesarias al sistema monetario y financiero internacional. Dicha comisión, que encabezó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, propuso un año después “diez medidas de acción directa” como parte de “un programa de reformas sistémicas imprescindible para una pronta recuperación mundial”. El octavo punto proponía, textualmente, crear “mecanismos para el manejo de la reestructuración de la deuda soberana y de las quiebras transfronterizas; entre otros, la armonización de las legislaciones nacionales en relación con las controversias sobre inversiones transfronterizas relativas al comercio de servicios financieros”. Ni ésta ni las demás propuestas formuladas por esa “comisión de expertos” mereció ni siquiera un intento de implementación.
“Ese era un documento interesante, porque abordaba dos problemas, el de las deudas soberanas y los mecanismos de arbitraje, que con la globalización primero y con la crisis después, fueron haciendo evidente las fallas del sistema financiero mundial”, subrayó Jorge Marchini, economista e investigador del Ciges (Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social), al ser consultado por Página/12 sobre la propuesta de la Comisión Stiglitz. “La crisis financiera de 2008 fue una oportunidad para reformular un sistema que ya era endeble, pero se diluyó –recordó–; ya entonces se veía que existía una desproporción entre el poder del acreedor y el del deudor: los primeros eran los que fijaban las reglas.”
La “novedad” que trajo el conflicto de Argentina con los fondos buitre es haber puesto en debate cuestiones que no se habían podido revisar ni aun frente a la crisis financiera mundial, sostuvo Marchini. “Hoy vuelve a discutirse sobre la soberanía jurídica, o las condiciones diferenciales que se deben contemplar hacia un Estado respecto de un privado; son todos temas que habían sido barridos por la globalización. Ya el hecho de que se esté cuestionando la subordinación al fallo de un tribunal de Nueva York, hasta por parte de una asociación internacional de banqueros, es de por si un cambio importante.”
En cuanto a la presentación argentina ante la ONU, acompañada por el G-77, para la elaboración de una Convención internacional sobre reestructuración de deudas soberanas, en opinión del especialista en derecho internacional Eduardo Barcesat “es una decisión magnífica, una decisión política correcta que cuestiona la hegemonía estadounidense en el plano jurisdiccional, una iniciativa que se debe apoyar”. Pero advirtió que no se puede esperar una aprobación rápida de la cuestión. “Puede que se vote una declaración a favor, pero la aprobación y ratificación por cada país de una nueva Convención lleva tiempo, como mínimo dos años”, señaló.
En cambio, Barcesat consideró que en esta disputa “se sigue vacilando en terreno propio: me refiero al proyecto de pago soberano que fue enviado al Congreso, porque es un paso adelante pero pequeño, debió ir más adelante”. En su opinión, el paso adelante está dado por la declaración de interés público de la deuda y su forma de pago, en el marco de la soberanía nacional. “Pero que después la misma ley le dé un carácter negocial con los acreedores a la definición de la jurisdicción es un claroscuro. La garantía de pago dada por el lugar de pago, que es acá, no se lesiona estableciendo que cualquier controversia también se resuelve acá: decir que el compromiso está bajo jurisdicción argentina hubiera sido un acto de soberanía sin perder la garantía para el acreedor de que va a cobrar.”
En diversos ámbitos regionales también se discute la situación argentina y la necesidad de replantear la arquitectura financiera mundial, desde una perspectiva más autónoma. La Secretaría de Unasur también cuenta con un proyecto de creación de un tribunal de cooperación y resolución de conflictos. Hasta ahora, las propuestas han sufrido inexplicables demoras en su tratamiento. La emergencia planteada por la disputa argentina con los fondos buitre no sólo reaviva discusiones, sino también, con gran probabilidad, tomas de posición.
31/08/14 Página|12
Odzala Que el diario La Nación pase a llamarse Odzala, como el parque nacional.
Que el diario La Nación pase a llamarse Odzala, como el parque nacional.
El Senador Nacional Aníbal Fernández responde a la columna publicada el sábado 30 de agosto de 2014 en el diario de la familia Mitre, desmiente sus afirmaciones y propone renombrar el centenario matutino, tribuna de doctrina.
El Senador Nacional Aníbal Fernández responde a la columna publicada el sábado 30 de agosto de 2014 en el diario de la familia Mitre, desmiente sus afirmaciones y propone renombrar el centenario matutino, tribuna de doctrina.
De un diario centenario seguramente, uno espera otra cosa. Jamás esperaría una crítica de peluquería de Recoleta.
El eje central de la nota es que Argentina, vive bajo un gobierno autoritario, donde se hizo
añicos la división de poderes, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa.
¿En la Argentina no hay división de poderes? ¿El Poder Judicial no es independiente? ¿El Diario La Nación lo dirá porque hace once años que no cumple con sus obligaciones fiscales gracias a una medida cautelar insólita? ¿Lo dirá porque hace un lustro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un recurso, con resultado adverso cantado, que los abruma?
Cualquier joven abogado (no incluyo en esto a Sergio Massa, su candidato), sabe que el recurso extraordinario no procede frente a la revocación de una medida cautelar que les permitía eximirse del pago de obligaciones fiscales, sin ley alguna que lo ampare ¿Lo dirá por odio nomás porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de los canjes de deuda y rechazó el exequatur de su amigo Horacio Liendo en la causa Claren Corporation? ¿O lo tal vez sigue con la sangre en el ojo por la ley de medios audiovisuales?
¿No hay libertad de prensa? ¿Qué gobierno hizo tanto por ella? ¿Qué gobierno de la región eliminó el delito de calumnias e injurias sabiendo que son realizadas por ellos mismos y por algunos medios de prensa, entenados de La Nación? ¿Qué gobierno sancionó una ley antimonopólica como la ley de medios audiovisuales? Qué gobierno impulso la digitalización de la televisión abierta y gratuita?
Señores, en Argentina hay división de poderes e independencia del Poder Judicial y se manifiesta diariamente en decisiones tomadas en cualquier instancia y fuero, sin depender de las mañas de nadie.
Señores, en Argentina hay libertad. Tanta libertad incluyendo libertad de prensa como no se ha visto en ningún país del mundo porque, solo en un país que reina la libertad, se puede exhibir un gesto golpista químicamente puro y arrojar tanta basura ideológica en un diario, sin temor a represalias. Y lo festejo…
¿Nos debería asombrar las diatribas del Diario La Nación? No, para nada. Es más, en honor a tanta dedicación para agraviar por más de un siglo, es que deseo que en la próxima asamblea de accionistas del diario centenario, se proponga el cambio de su nombre. Debería llamarse Diario La Odzala, en honor al Parque Nacional Odzala, en la República del Congo, reconocido como la mayor concentración de gorilas del mundo.
añicos la división de poderes, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa.
¿En la Argentina no hay división de poderes? ¿El Poder Judicial no es independiente? ¿El Diario La Nación lo dirá porque hace once años que no cumple con sus obligaciones fiscales gracias a una medida cautelar insólita? ¿Lo dirá porque hace un lustro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un recurso, con resultado adverso cantado, que los abruma?
Cualquier joven abogado (no incluyo en esto a Sergio Massa, su candidato), sabe que el recurso extraordinario no procede frente a la revocación de una medida cautelar que les permitía eximirse del pago de obligaciones fiscales, sin ley alguna que lo ampare ¿Lo dirá por odio nomás porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de los canjes de deuda y rechazó el exequatur de su amigo Horacio Liendo en la causa Claren Corporation? ¿O lo tal vez sigue con la sangre en el ojo por la ley de medios audiovisuales?
¿No hay libertad de prensa? ¿Qué gobierno hizo tanto por ella? ¿Qué gobierno de la región eliminó el delito de calumnias e injurias sabiendo que son realizadas por ellos mismos y por algunos medios de prensa, entenados de La Nación? ¿Qué gobierno sancionó una ley antimonopólica como la ley de medios audiovisuales? Qué gobierno impulso la digitalización de la televisión abierta y gratuita?
Señores, en Argentina hay división de poderes e independencia del Poder Judicial y se manifiesta diariamente en decisiones tomadas en cualquier instancia y fuero, sin depender de las mañas de nadie.
Señores, en Argentina hay libertad. Tanta libertad incluyendo libertad de prensa como no se ha visto en ningún país del mundo porque, solo en un país que reina la libertad, se puede exhibir un gesto golpista químicamente puro y arrojar tanta basura ideológica en un diario, sin temor a represalias. Y lo festejo…
¿Nos debería asombrar las diatribas del Diario La Nación? No, para nada. Es más, en honor a tanta dedicación para agraviar por más de un siglo, es que deseo que en la próxima asamblea de accionistas del diario centenario, se proponga el cambio de su nombre. Debería llamarse Diario La Odzala, en honor al Parque Nacional Odzala, en la República del Congo, reconocido como la mayor concentración de gorilas del mundo.
Télam
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