DIPUTADOS APROBABA ANOCHE UNA NUEVA MORATORIA PREVISIONAL, QUE ELEVARA LA COBERTURA CASI AL CIENTO POR CIENTO Otra oportunidad para medio millón de abuelos

YA ES LEY!

Por Sebastián Premici

La Cámara de Diputados estaba por convertir en ley, al cierre de esta edición, la nueva moratoria previsional para que más de 500.000 personas accedan a un haber jubilatorio. Tanto el Frente para la Victoria (FpV) como las distintas fuerzas de la oposición, UCR, PRO, Unen y Frente Renovador, entre las principales, expresaron su respaldo para aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió antes en el Senado. Sin embargo, la UCR, Unen, el Frente Renovador y el PRO cuestionaron algunos artículos en la votación en particular. “La ley promovida por el Poder Ejecutivo implica el acceso del ciento por ciento de los adultos mayores al derecho de la jubilación. El sistema previsional argentino es, lejos, el mejor de América latina, porque tenemos la mejor mínima, la mejor media, el mejor sistema de movilidad y la mayor cobertura”, sostuvo Juan Carlos Díaz Roig, miembro informante del oficialismo.

La moratoria se pagará en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50 por ciento. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30 por ciento del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria (ver aparte).

El diputado nacional Martín Lousteau (Suma+Unen) manifestó que si bien la ley de moratoria tiene un fin “loable”, el sistema previsional “es 150 veces más generoso con aquel que no hizo sus aportes que con quien hizo sus aportes regularmente”. “El sistema tarde o temprano tendrá inconvenientes de solvencia y otra vez vamos a defraudar a los jubilados”, auguró el ex ministro de Economía.

Sus palabras poseen el eco del debate por la movilidad jubilatoria, cuando los dirigentes opositores auguraban que la fórmula elegida no tardaría mucho en arrojar un número negativo para los adultos mayores. En cinco años, la movilidad acumuló un incremento superior a la inflación medida por las consultoras privadas y mayor que el índice de salarios de los trabajadores privados (ver aparte).

“El tema de la cobertura previsional de los adultos mayores es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Creo que sólo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y por la inclusión toma este tipo de iniciativas, que no sólo están inspiradas en cuestiones de equidad, sino que se hacen con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía”, esbozó Carlos Heller (Nuevo Encuentro-FpV).

En la década del ’90, cuatro de cada diez abuelos quedaron excluidos del sistema de la seguridad social como consecuencia de las políticas neoliberales, cuyo resultado fueron una disparada del desempleo y la precarización laboral. A los dos años de la asunción de Néstor Kirchner se lanzó la primera moratoria jubilatoria que permitió incorporar a 2,8 millones de adultos mayores. Ese plan había establecido como fecha límite para regularizar la deuda previsional el año 1993. Pero como entre el período 1993-2003 se registraron los mayores índices de desi-gualdad social, esta segunda etapa de la moratoria amplió la fecha de corte a 2003.

“Vemos con beneplácito este proyecto por la inclusión. Pero son parches a la ley, que desde su sanción viene siendo modificada constantemente. Estoy de acuerdo con un sistema de reparto, pero creo que es necesario reformar el sistema previsional que actualmente no incluye a todos los que debería, sobre todo en un contexto económico debilitado”, aseveró Mirta Tundis (FR).

La prioridad en esta moratoria la tendrán los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que el sistema prevé un exhaustivo control para determinar que aquellos que accedan a este beneficio no tengan realmente la capacidad contributiva para regularizar su situación de otra manera. Los potenciales beneficiarios deberán completar una declaración jurada ante la AFIP.

Desde la Anses aseguraron que el trámite será sencillo y que los potenciales jubilados no necesitarán contar con un gestor. El nuevo plan apuntará especialmente a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30 por ciento más pobre de la población.

Esta distinción que realiza el proyecto, con el objetivo de llegar a los deciles más vulnerables de la población, fue interpretada por la oposición como “un acto discrecional del Ejecutivo”. “No estamos de acuerdo con la discrecionalidad que se les da a los funcionarios para determinar quién puede participar de la moratoria y quién no, porque ella puede dar lugar a que los potenciales beneficiarios sean manipulados al amparo de estas atribuciones”, manifestó el macrista Federico Sturzenegger.

El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con la crítica esbozada por el ex presidente del Banco Ciudad y adelantó su aprobación en general pero cuestionó el artículo que especifica que sólo podrán acceder a la moratoria aquellos que no tengan los recursos suficientes como para afrontar el pago completo de una deuda previsional.

“Se beneficiará a los tres deciles más pobres de la sociedad. En 2003, tenía derecho jubilatorio un 23 por ciento de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6, pero todavía falta mucho”, había advertido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al momento de anunciar el lanzamiento de la nueva moratoria.

El Partido Obrero también adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque con rechazos en la votación en particular. Por un lado, coincidió con el PRO y otras fuerzas opositoras en rechazar la atribución que tendrá el Poder Ejecutivo para determinar quién puede ingresar a la moratoria o no.

Esta distinción se agregó para llegar a los sectores más vulnerables y para corregir errores de las otras moratorias, que habían permitido el ingreso de muchas personas con altos recursos, tal cual explicó Diego Bossio, titular de la Anses, en sus distintas visitas al Congreso.

La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados –por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido– accedieran al beneficio. Ahora será posible tramitar la propia jubilación además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo. “Todos los sistemas previsionales encuentran una opción: la de favorecer privilegios sectoriales o la de favorecer la inclusión social. El Gobierno se inclinó por la segunda”, concluyó Díaz Roig.

spremici@pagina12.com.ar

PD LEONARO FABRE, EL SEUDO DIRIGENTE SINDICAL DE LA ANSSES QUE OPINARA?

ESTARA BIEN ESTARA MAL?

OPINA QUE CHAU KICILOFF?

GB

Pregunta

Después de ver los piquetes del Partido Obrero, en Autopistas, microcentro y Puentes de acceso a la Capital Federal.
¡Para cuando el paro nacional convocado por Altamira?
Y...un militante juvenil obrerista de este espacio, cuando tenga 50 o 60 años, deseará ocupar el lugar de su jefe, vestido prolijamente de traje, en A Dos Voces, por TN?
O en serio creerá que, en pocos años se producirá una revolución socialista trotskysta liderada por ellos?
SÍ?
Alguien me lo podría aclarar?
Gracias
GB

The Beatles - A Day In The Life (2009 Remastered - HD)

buen jueves.

GB

El espejo Trizado.

Lilita, militante de la jihad republicana, amenaza con exterminar al jefe de Gabinete. Uno de los represetantes del aparato represivo del estado, que Lanatta dice, lo amenaza con silenciarlo.
Mientras vocifera vengador contra Grandinetti (actor), Florencia de la V (actriz), Estela Carlotto (Abuela de Plaza de Mayo), Hebe de Bonafini (Madre de Plaza de Mayo).

Lilita, llora en su escenario preferido, A dos voces, que le dicen, chancha, gorda...pero afirma que la gente la ama, pero no la va a votar para presidenta.
Por ese motivo, quiere que lo sea Macri.

Binner, el socialista, cree en la mano invisible del mercado.
Igual que el fundador de su partido, Juan B. Justo o Alfredo Palacios, el diputado de los 1.400 votos.
Mientras el peronismo ese símil del falanjo-nipón-nazi-falangismo, según otro socialista, Américo Ghioldi, gobernaba o gobierna.

El PTS, el PO, el MST, la CCC, el PCR, marcharon contra la 225 junto a los campesinos de la Sociedad Rural, CONINAGRO y CARBAP.
Ayer, hoy y mañana, día del paro, se movilizaron y movilizan al ladito de Barrionuevo, Moyano y las patronales.
Los Fondos Buitres, mientras tanto elogian al Paro.

En plena negociación con el capitalismo prebendario y financiero internacional, Fabre, dirigente gremial de un gremio de un organismo público, la ANSSES, cartelea la ciudad afirmando CHAU KICILOFF!



Se miran al espejo y les devuelve mil imágenes. Un rompecabaezas de ilusiones, palabras heterogéneas, heteróclitas, heteroglosas.
Trizas sus caras, se rearman a puro rejuntamiento.
Y en Show Match, Massa, Insaurralde y Tinelli, son la niña bonita que busca pareja.

Final de juego?, no todavía, aún falta la ola naranja de Scioli, que espera no terminar como Holanda en todos los mundiales.

Y el gobierno?
No hay nada que hacerle, tozudo, gobierna.
GB

POR DISPAROS DURANTE EL DESALOJO DE LA SALA ALBERDI Tres metropolitanos procesados

Tres oficiales de la Policía Metropolitana fueron procesados con prisión preventiva por el intento de homicidio de tres personas en marzo del año pasado, cuando la fuerza reprimió una manifestación por el cierre de la Sala Alberdi, del Centro Cultural San Martín. La jueza de instrucción Wilma López consideró que, en caso de continuar en libertad, los policías podrían entorpecer la investigación o fugarse, por lo que les dictó prisión preventiva, para que sigan detenidos.

Los policías Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa fueron procesados por tres tentativas de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial y por haber abusado de sus funciones, lo que constituye incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El 12 de marzo de 2013, por la noche, la Policía Metropolitana reprimió el campamento que estudiantes y organizaciones sociales estaban haciendo en el Centro Cultural San Martín para reclamar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cierre de la Sala Alberdi. La Justicia determinó que de las escopetas de los tres policías procesados partieron las balas que hirieron a Germán Darío de los Santos y Esteban Ruffa, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a Mario Ciro Fumaroni, de una biblioteca popular.

“Los nombrados fueron quienes dispararon contra los tres manifestantes en la intersección de Corrientes y Paraná utilizando las armas provistas por la institución, aunque con postas de plomo, provocando las lesiones constatadas en autos”, sostuvo la jueza López en el procesamiento. Los policías apuntaron “contra el cuerpo de los manifestantes” y realizaron una “deliberada sustitución de los cartuchos”. Todo lo acreditado, continúa la resolución, “amerita sostener que no hay duda de que se representaron el resultado de muerte de las víctimas, y lo aceptaron y se conformaron como posible, resultando evidente el aspecto subjetivo del tipo analizado”.

LA JUEZA ORDENO INVESTIGAR POR QUE LA POLICIA PORTEÑA NO DESALOJO EN VILLA LUGANO UN SECTOR DONDE HABRIA NARCOS Las dudas por la actuación de la Metropolitana

Por Carlos Rodríguez

Los vecinos del barrio Papa Francisco que permanecen sobre la avenida Cruz resistiéndose, todavía, a ser desalojados, denunciaron ayer a Página/12 que reciben presiones, de parte de la Policía Metropolitana, que los amenaza con “nuevos operativos represivos” para sacarlos por la fuerza del lugar. Pero ése no fue el único cuestionamiento recibido por la fuerza que creó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y por los fiscales de la Ciudad. En un comunicado difundido ayer, la jueza María Gabriela López Iñíguez pidió explicaciones –en duros términos– sobre las razones por las cuales “no se ha desalojado aún” un “pequeño predio”, separado del terreno donde estaban las 4500 personas expulsadas. En ese “pequeño predio”, según la denuncia presentada por el gobierno porteño ante el fiscal Carlos Rolero, se encontraría –dijo la jueza– el sector “más problemático”, dado que estarían asentados allí “los focos delincuenciales” vinculados con la “tenencia ilegal de armas y al comercio de drogas”. López Iñíguez consideró que la omisión cometida en el allanamiento por ella ordenado “resulta inexplicable” y que la “gravedad institucional” del hecho merece que se abra una investigación.

En otro párrafo de su declaración de ayer, la jueza señaló que “ni los integrantes del equipo fiscal ni el señor fiscal general de la Ciudad (Martín Ocampo) se han comunicado con la suscripta a fin de explicar las omisiones señaladas”. El sábado, a pesar de las críticas por la violencia que tuvo el operativo, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, había reivindicado lo hecho afirmando que era “un paso adelante haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público, de un espacio que es de todos”.

Ese mismo sábado trascendió que durante el violento desalojo no se había encontrado ningún elemento que indicara la presencia de un grupo “mafioso” como el que definió Vidal. Ahora la jueza denunció que el sector donde estarían “los focos delincuenciales” permanecieron intocables durante el operativo de la Policía Metropolitana, con el apoyo logístico de la Gendarmería Nacional.

Por esas razones, la jueza expresó que “a primera hora de la mañana” había “tomado conocimiento de modo indirecto, a través de un escrito de la Dirección General de Asuntos Penales de la Ciudad” que se solicitaba una “ampliación de la orden de desalojo” del sábado. Luego de hacer “intensas indagaciones”, la doctora López Iñíguez tomó conocimiento de que “al parecer no se ha procedido al cumplimiento de la orden judicial de desalojo en los términos en la que fue dictada por mí el viernes próximo pasado cuando todos los informes recibidos por esta magistrada” el fin de semana “daban cuenta de que el desalojo había sido total”.

Luego insistió en que el operativo se hizo “sin incidentes ni padeciendo grandes obstáculos climáticos” y “gracias a la colaboración eficaz de la Gendarmería Nacional bajo la coordinación del señor secretario de Seguridad”. Por lo tanto, agregó, “nada impedía la ejecución completa de la orden. Y en su caso, de haber habido dudas sobre los alcances de la misma, el camino correcto era el de elevar la consulta a la jueza que había firmado la misma, cosa que no ocurrió”.

Precisó que “no se ha desalojado aún el pequeño predio que se extiende a modo de pasillo entre la línea imaginaria que delinea el paredón de la Policía Federal Argentina perpendicular a la avenida Fernández de la Cruz, y la calle Escalada, encerrado por un lado por el borde de la manzana 30 de la Villa 20 y por el otro por el otro paredón del predio que ocupa aún la PFA”. Puntualizó que “esta omisión resulta inexplicable no sólo porque estaba perfectamente descripto en la orden de allanamiento que el mismo debía extenderse entre las calles Pola y Escalada y no hasta ‘una línea imaginaria’ trazable a la altura de lo que sería la calle Corvalán, que jamás integró la orden de allanamiento”.

La jueza hizo notar que “justamente el sector que no se liberó es el mismo que el fiscal Carlos Rolero denunció en la causa como el más problemático, señalándolo como el sector denominado ‘de los paraguayos’, y en donde, según los dichos de vecinos del asentamiento, radicarían los focos delincuenciales vinculados con la tenencia ilegal de armas y el comercio de estupefacientes”.

En el comunicado, la magistrada sostuvo que los fiscales de la Ciudad no se han comunicado con ella “a fin de explicar las omisiones señaladas” y que “tampoco se ha elevado al juzgado, pese al tiempo transcurrido, y los reclamos telefónicos efectuados, el acta de la Policía Metropolitana dando cuenta del procedimiento. Sólo cuenta este tribunal con el oficio dictado por Gendarmería Nacional informando la entrega del predio”.

Concluyó que “ante la gravedad institucional evidente que tienen estos hechos, especialmente porque ellos no encuentran explicación alguna ni correlato con las órdenes impartidas, es que esta magistrada resuelve, sin perjuicio de lo que procesalmente corresponda a este respecto, iniciar una indagación de los hechos, a efectos de determinar las razones por las cuales las autoridades a quienes se les expidió dicha orden decidieron dar por concluido de este modo el procedimiento”.

Legisladores de la oposición, consultados por Página/12, coincidieron en señalar que la declaración de la jueza tiene por objetivo “tomar distancia de lo que dijo el gobierno porteño respecto de una presunta mafia que no aparece, porque no existe, o porque la Policía Metropolitana hizo la vista gorda a la hora de intervenir”. Por su parte, la diputada Victoria Claudia Neira, del Frente para la Victoria, criticó a la Metropolitana por la violencia del operativo.

“Lo que la gestión de Macri presentó como una fuerza modelo, de proximidad, de abordaje territorial, no está sucediendo; por el contrario, lo que vemos a diario es una fuerza torpe que se comporta como un elefante en un bazar en cada intervención.” Los diputados porteños opositores tratan de sacar, para este viernes, una sesión especial para analizar el operativo y la situación de las familias desalojadas.

ECONOMIA › EL BANCO CENTRAL LE RETIRO AL NEW YORK MELLON LA LICENCIA PARA OPERAR EN EL PAIS COMO ASESOR Y GESTOR FINANCIERO En el exterior no paga, acá no gestiona ni asesora

Por Tomás Lukin

El Bank of New York Mellon (BoNY) perdió su autorización para tener representantes legales en el país habilitados a asesorar y realizar gestiones para clientes radicados en Argentina. La decisión del Banco Central representa una nueva medida política para presionar a la entidad a canalizar los fondos depositados por Argentina a sus acreedores. A diferencia de las crecientes demandas presentadas en Londres, Nueva York y Bruselas por grandes fondos de inversión que tienen bonos del canje, la revocatoria implementada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias no tiene implicancias directas sobre el rol del BoNY como agente fiduciario de la deuda externa. El anuncio realizado ayer por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, obligará al banco a cerrar su pequeña oficina de asesoramiento en el microcentro porteño que no registraba operaciones desde fines de 2012. No afecta las cuentas que tiene el BoNY en el Banco Central, donde se encuentra retenida una suma equivalente a 539 millones de dólares del pago del vencimiento de títulos con legislación extranjera. Son los dólares, euros y yenes depositados por Argentina a fin de junio bloqueados por una orden del juez norteamericano Thomas Griesa para que los fondos buitre cobren la sentencia a su favor.

Las entidades extranjeras pueden solicitar al Banco Central una licencia para operar en el país siempre y cuando cumplan con distintos requerimientos, fundamentalmente las exigencias de aportes de capital. Los bancos que no desean abrir una sucursal en Buenos Aires pero quieren tener presencia física tienen la posibilidad de designar representantes –asesores/gestores– aun careciendo de la autorización para funcionar como entidades financieras. La entidad no tiene permitido tomar depósitos o realizar operaciones cambiarias, pero sus representantes se ocupan de “asesorar y gestionar garantías y/o financiaciones con intervención de la entidad representada como avalista, prestamista o agente en relación con la emisión y colocación de deuda en mercados institucionalizados del exterior”.

El organismo que conduce Juan Carlos Fábrega revocó la autorización que tenía el BoNY para ofrecer esos servicios. Aunque, reconocen desde el equipo económico, suma presión política a las presentaciones judiciales contra ese banco realizadas en tribunales ingleses y estadounidenses por fondos de inversión como Fintech Advisory, Quantum o Hayman Capital (que encabezan los financistas David Martínez Guzmán, George Soros y Kyle Bass, respectivamente), la decisión no tiene ninguna incidencia legal sobre el rol del banco como agente fiduciario. Desde la autoridad monetaria explicaron que tampoco constituye un paso necesario para desplazar al BoNY de su rol de pagador de los vencimientos como impulsa la ley de Pago Soberano de la Deuda Externa.

Pero la decisión no fue caprichosa. La resolución 437 de la Superintendencia de Entidades Financieras firmada el lunes por los directivos del BCRA sirve como fundamento para la decisión. El texto difundido ayer reza que, según informó la entidad neoyoquina al BCRA, su oficina no registra operaciones de gestión de garantías o financiaciones activas en favor de residentes del país desde comienzos de 2013. Se trata del único banco extranjero sin autorización a operar en el país que no registró actividades. Como causal para la revocatoria de la autorización, el BCRA indicó que en las presentaciones obligatorias realizadas por las representantes legales afirmaron que su función está limitada a organizar y participar de eventos con ejecutivos del banco en América latina. Por lo tanto, el BCRA determinó que el rol de las representantes no cumple con el objetivo operacional contemplado en la regulación vigente. Hasta el lunes, la representación del BoNY para actuar en el país en nombre de esa entidad estaba a cargo de María de la Cruz Solares y Mariela Verónica García Sturzenegger.

Las representaciones de las entidades extranjeras no autorizadas para operar en el país representan una rémora del pasado reciente que nunca terminó de desarticularse. Históricamente, la función de esas oficinas fue la de promover la fuga de capitales de individuos de altos ingresos y empresas hacia colocaciones en el exterior. A lo largo de los últimos años se impusieron mayores exigencias y restricciones para limitar esos abusos, como el requerimiento establecido en 2011 para designar un representante suplente. Distintas entidades se fueron de Buenos Aires, pero concentraron sus operaciones de asesoramiento en las locaciones que poseen en Montevideo, San Pablo o desde sus sucursales en Miami.

Con la revocatoria del permiso que tenía el BoNY, los bancos extranjeros no autorizados a operar en el país que cuentan con representantes para asesorar a sus clientes en Argentina son los holandeses ING Bank y Rabobank, Commerzbank de Alemania, los galos Crédit Agricole y Natixis, el Discount Bank de Israel, los británicos Lloyds y Standard Chartered y las entidades estadounidenses UPS y Wells Fargo.