A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 21 de julio de 2014
domingo, 20 de julio de 2014
Por Hernan Dearriba Entre chinos y rusos
La Argentina, ese país aislado del mundo, recibió en menos de diez días al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su par chino, Xi Jinping, y participó de la primera cumbre entre mandatarios de los BRICS y el bloque regional de la Unasur.
A esta altura, la cantilena del aislamiento debería estar completamente superada. Sin embargo, es un argumento con el que todavía se sienten cómodos algunos sectores, tal vez porque no consideran que China o Rusia formen parte de "su" mundo. Este país ya no es lo que solía ser. Hay una manifiesta añoranza a aquellos años de las relaciones carnales en los que éramos el alumno más aplicado de las políticas que se dictaban en Washington.
Para no ir muy lejos, el economista mendocino Claudio Loser –ex director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional en la compleja segunda mitad de la década de los 90– reconoció que la última solicitada que publicaron en algunos medios argentinos los lobistas de la American Task Force Argentina (ATFA) tiene la impronta de su autoría intelectual.
En el texto, los representantes de los fondos buitre advirtieron que si la Argentina no hace frente a la sentencia del juez Thomas Griesa, corre riesgos de quedar aislada del mundo. A esta altura se hace difícil seguir el razonamiento: ¿El país está aislado ahora o va a estar así en el caso de no pagar a los buitres?
Los mismos lobistas que intentan –hasta ahora con poco éxito- torcer la opinión mayoritaria de los argentinos sobre los buitres recurrieron a un artículo del economista republicano Bernard Weinstein (casualmente financiado por el NML Elliot), quien pronosticó que en caso de no pagar, las inversiones previstas por empresas internacionales en el yacimiento de Vaca Muerta no se concretarán.
Los argumentos que utilizan esos grupos de presión son tan endebles que la realidad los destruye en apenas horas. ¿Cuántas veces van a anunciar la llegada del lobo?
La comitiva que acompañó al presidente chino llevó adelante una intensa rueda de negocios, que se suman a las inversiones previstas en los acuerdos firmados por ambos países, por más de 7000 millones de dólares. O los chinos se han vuelto locos, o el abismo no está a la vuelta de la esquina.
El acuerdo incluyó una renovación del crédito "swap" por 11 mil millones de dólares. Se trata de un crédito puente del que podrá disponer el Banco Central de la República Argentina para hacer frente a movimientos especulativos o mejorar la balanza comercial con China que el año pasado fue ampliamente deficitaria para el país.
Ese instrumento financiero está ampliamente arraigado en el mundo y los bancos centrales de países considerados "serios" lo suscriben habitualmente. Incluso los BRICS anunciaron en su cumbre de la semana pasada en Fortaleza la creación de un fondo contingente por 100 mil millones de dólares para asistir a sus miembros frente a movidas especulativas del tipo de cambio.
Sin embargo, para economistas referentes del masismo como Carlos Melconián, el acuerdo financiero con China es "una absoluta fantasía", una nueva versión de un cuento chino. Su colega Aldo Pignanelli postuló en sintonía que, como el acuerdo es en yuanes, no tiene trascendencia porque la moneda china no tiene peso en los mercados internacionales.
La economía argentina atraviesa por una nueva fase de su cíclica restricción externa, que implica una carencia de divisas para desarrollar su proceso de sustitución de importaciones. Si el problema es de financiamiento externo, cuando se abre una ventanilla hay que celebrarlo.
Mientras los chinos deciden invertir en un país sin destino, la atención estará esta semana puesta en el martes, para cuando el juez Griesa llamó a una reunion en su juzgado neoyorkino a banqueros y abogados de las partes para ver cómo desarma esa maraña legal que construyó a partir de un fallo incumplible.
Los rumores consignan que los letrados de los buitres podrían respaldar el planteo argentino para que el magistrado reponga la medida cautelar que permita cobrar a los bonistas que aceptaron el canje. Ese paraguas permitiría avanzar en la negociación que pilotea a 6000 dólares la hora el "Special Master" Daniel Pollack.
La disputa con los buitres fue la única cuestión que sobrevivió a los 30 días de fiebre mundialista. Cerrado el capítulo de la Selección, lentamente la política recupera su protagonismo en la agenda y los primeros escarceos de cara a las primarias empiezan a ganar terreno.
Mauricio Macri acumuló una importante cantidad de buenas noticias esta semana, aunque es difícil decir cuál fue la mejor. La Cámara de Apelaciones lo dejó por ahora al margen del juicio oral en la causa de las escuchas ilegales, aunque sigue procesado. Tuvo mejor suerte que el vicepresidente Amado Boudou, quien apareció una vez más cuestionado por la justicia, en este caso por la presunta inscripción irregular de un auto de su propiedad.
En el caso de Macri, según el fallo de la Cámara, el gobierno porteño estaría plagado de obsecuentes que espiaban al ex cuñado del jefe de Gobierno sin que el mismísimo líder del PRO lo supiera. Es, cuanto menos extraño.
Después de años de críticas, finalmente Franco Macri pronosticó que su hijo será presidente. Hasta ahí todo bien para el jefe del PRO. El problema es que vaticinó que los principales colaboradores de su hijo serán los integrantes de La Campora porque Mauricio construirá un país para todos. Es cierto que la política es el arte de lo imposible, pero esa alquimia que imagina Franco Macri parece algo más que imposible.
Mientras transita ese camino, entre beneficios judiciales y elogios paternos, el jefe del PRO estudia todas las variantes posibles de cara a 2015. Tiene en la mira al radicalismo como socio necesario y hasta estudia posibles cambios en la ley electoral de la Ciudad para mejorar sus chances.
Macri no encontró críticas a los acuerdos de la Casa Rosada con el estado y empresarios chinos. Por el contrario, hubo foto, llaves de la Ciudad y camiseta de Boca para Jinping. No sorprende, Franco Macri hace años que representa los intereses chinos en la región y allí también coincidieron padre e hijo.
La oposición aparece más apurada por definir sus internas. El del Frente Unen es el caso más claro. Los socialistas no ahorran esfuerzos en ventilar sus diferencias. Mientras Hermes Binner intenta construir una proto fórmula presidencial junto a Margarita Stolbizer, Rubén Giustiniani le cuestiona su conducción verticalista del socialismo santafesino.
Mientras unos y otras hacen su juego, la Argentina protagonizó la triste ceremonia en recuerdo de las víctimas del atentado a la AMIA. Veinte años de impunidad en los que la justicia no sólo no supo ofrecer la reparación de la verdad, sino que hasta en algunos casos es juzgada por el delito de encubrimiento.
Como nunca antes las diferencias entre los mismos deudos y puertas adentro de las entidades de la comunidad judía se plasmaron en la concreción de actos separados, con pedidos de renuncia para el fiscal Alberto Nisman unos y con críticas para el gobierno nacional otros.
Dos décadas son demasiados años para convivir con el horror, especialmente para una democracia que lucha todos los días en su intento por reparar las consecuencias del terrorismo de Estado.
Por Rodolfo Yanzón Las eternas trampas de la derecha
Nueva Mayoría es la alianza política que llevó a Michelle Bachelet a su segundo mandato en Chile. Está conformada por los partidos que integraron la Concertación (Socialista y Democracia Cristiana) –que gobernó hasta que la derecha pudo imponer su candidato Sebastián Piñera– además de otros partidos, como el Comunista (PC), que decidieron integrar esa nueva alianza con el objetivo de propiciar cambios drásticos en rubros como la educación, los sistemas tributario y de pensiones y, sobre todo, en la Constitución Política heredada de la dictadura, que estableció el sistema binominal, que otorga a la derecha al menos el 50% de los cargos y, de esa forma, asegura la supervivencia del modelo pinochetista.
A meses de haber asumido su segundo mandato, Michelle Bachelet se enfrenta a una pesada realidad, como el aumento de la desigualdad aunque muchos insisten en la fortaleza de la economía chilena. El 50% de los trabajadores gana menos de 500 dólares mientras que las 4500 familias más ricas tienen un ingreso mayor a 40 mil dólares mensuales. El 5% de las familias más pobres recibe 257 veces menos que el 5% más rico. La pobreza alcanza al 14,5% de la población. Las estadísticas dicen que el ingreso per cápita es de 22.600 dólares cuando el 50% gana menos de 500, lo que hace de Chile uno de los países con mayor desigualdad de la región. Todo se acentuó durante los últimos 20 años de gobiernos constitucionales.
Mientras tanto, las condiciones de empleo fueron precarizándose ante leyes que quitaron a los trabajadores todo poder de negociación; sólo unos pocos tienen derecho a huelga y negocian por empresas en lugar de hacerlo por rama, lo que permite a los empresarios aumentar sus márgenes de ganancia. Esas leyes fueron sancionadas por la dictadura y continúan vigentes. Durante el gobierno de Salvador Allende la sindicalización ascendía al 33,5% y actualmente es del 14 por ciento. El sistema de jubilaciones heredado de la dictadura genera injusticias similares para los trabajadores, mientras que los fondos de pensiones siguen siendo administrados por 20 corporaciones que los utilizan para financiar sus inversiones. Se trata de diez bancos y diez holdings que reciben el dinero a bajo costo para dar crédito a los trabajadores, que terminan financiando a los grupos económicos. De allí la resistencia a cambiar el sistema de "capitalización individual" en el que la jubilación se presenta como un ahorro personal y no como una previsión solidaria.
En ese contexto, el oficialismo ha trabajado en una reforma tributaria con el argumento de beneficiar a pequeñas y medianas empresas, y aumentar la recaudación. Con miras a esa reforma, arribó a acuerdos con la derecha, hoy en la oposición, para lograr su aprobación en el Senado. La reforma cuenta con la aprobación del presidente de la Asociación de Bancos, lo que para varios legisladores significa que pierden los sectores más vulnerables. El diario El Mercurio –propiedad de Agustín Edwards, una de las patas civiles de la dictadura– dice que es una reforma que genera incertidumbre y paraliza la inversión. La ex candidata presidencial por la Alianza de derecha, Evelyn Matthei, fue crítica con el acuerdo, pero afirmó que debía evitarse un mal mayor porque el proyecto inicial del gobierno "era horroroso" e iba a causar una debacle en la economía. Atizó el fantasma de la pérdida de empleos y del temor a aventar inversiones. Por otra parte, la diputada del PC, Camila Vallejo, criticó el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero poniendo énfasis en el deterioro que significaba en el interior de Nueva Mayoría. Según Vallejo, el acuerdo se realizó sin que el PC fuera oído. "Nos enteramos por la prensa", dijo, y atisbó a que el gobierno persiste en los viejos mecanismos de negociación política, en los que, para obtener consenso y votos de la derecha, la Concertación dejaba de lado principios y aspiraciones. La derecha termina contaminando todo el espectro político por imperio de la constitución pinochetista. También el presidente del PC, Guillermo Teillier, se mostró disconforme con el acuerdo del que, dijo, no tenían noticias, y alertó sobre el deterioro en las relaciones políticas. "El consenso a la antigua desnaturaliza cualquier proyecto", afirmó.
Otro punto en el que la derecha y el gobierno coinciden es en la aplicación de la ley "antiterrorista" heredada del pinochetismo. El Ministerio del Interior pidió su aplicación en una causa criminal iniciada por una bomba puesta en el metro, lo que fue celebrado por legisladores derechistas. Por esa misma ley han sido sometidos a juicio y encarcelados varios dirigentes mapuches en las distintas administraciones.
Mientras tanto, El Mercurio se mostró disconforme con el proyecto oficialista sobre educación, apelando a la libertad de los padres a disponer de la instrucción de sus hijos y del modo en que se paga a los docentes. Para ello vuelcan sus críticas sobre el comunismo y su visión acerca de cómo deben generar acuerdos. "No hay que dejar entrar al monstruo totalitario… ahora les queda entregarle las habitaciones más íntimas: la vida y la educación", dijo, aunque agregó que este proyecto significaba el comienzo de las aspiraciones izquierdistas. "Acuerdos disolventes" llaman a las eventuales negociaciones con el oficialismo en este rubro.
En Chile, los medios que fueron cómplices de la dictadura, ocultando sus crímenes y celebrando los mayores beneficios para la élite, hoy se refugian en las fuerzas de derecha que, por imperio de la Constitución de Pinochet, mantienen al menos la mitad del gobierno e imponen sus condiciones, manifestando su desacuerdo con las negociaciones en temas que les son sensibles. Por otro lado, quienes se sumaron a Nueva Mayoría con la esperanza de dar vuelta algunas páginas del pasado autoritario ven con preocupación que el trabajoso tejido político obtenido se resquebraje para insistir en reclamar de la derecha lo que la derecha, por esencia e interés, desestima. Y parecerse a la derecha es a lo que la derecha aspira. La Argentina debería tomar nota.
Por Daniel Cecchini La falsa autopsia del apoderado de Graiver
El lugar era grande, con una mesada donde había un cadáver; estaba lleno de gente. Lleno de tipos con uniforme, de la Policía, de la Marina, del Ejército y otros. El ambiente parecía dominado por la exaltación. Los tipos se acercaban al cadáver y lo insultaban, le gritaban, lo puteaban: ‘¡Judío de mierda!’, ‘¡Judío hijo de puta!’. Era algo dantesco. Pasaron unos minutos y vi bajar a alguien por la escalera… ¡Era Camps! Se paró, miró a los presentes, que hicieron un inmediato silencio, y en tono de arenga militar, casi gritando, dijo algo así: ‘Ustedes, señores, están aquí para algo importantísimo. Este individuo –creo que ahí llenó también su boca con insultos de todo tipo– es un delincuente montonero… de los Graiver. Acá tiene que quedar claro que se murió por muerte natural, que no le hicimos nada. Se murió solo’.”
El testimonio pertenece al médico Alejandro Olenchuk, quien luego de 37 años de silencio relató lo ocurrido el 4 de abril de 1977 en la morgue policial ubicada en el subsuelo del edificio de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata. El cadáver al que se refiere Olenchuk era el de Jorge Rubinstein, de 51 años, apoderado del Grupo Graiver, asesinado ese mismo día durante una sesión de torturas en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco. Allí, en ese momento, también estaban detenidos-desaparecidos Lidia Papaleo e Isidoro, Juan y Eva Graiver, entre otros integrantes del grupo empresarial que poco antes había sido despojado de Papel Prensa por los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con los máximos jefes de la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976.
La presencia en el lugar del jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps, para dar en persona, a una “junta médica” de ocho integrantes, la orden directa de falsificar la autopsia de Jorge Rubinstein revela no sólo la importancia que la dictadura daba a la operación relacionada con los familiares y socios de David Graiver, a quienes había secuestrado pero necesitaba vivos para someterlos a un “consejo de guerra” que validara el despojo de todas sus propiedades, sino que también pone en evidencia una puja intestina entre los dictadores, con Camps –apoyado por el gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito– de un lado y Jorge Rafael Videla del otro.
Testimonio de un médico. El relato del médico Alejandro Olenchuk fue obtenido por el también médico e investigador Ricardo Martínez en el marco de sus indagaciones sobre la participación de los médicos de la morgue de la Bonaerense en el encubrimiento del genocidio cometido por la última dictadura. El resultado de este trabajo –anticipado por Miradas al Sur en su edición del 23 de marzo de este año– quedó reunido en el libro La marca de la infamia, de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y el propio Martínez.
Olenchuk, por entonces jefe de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios de La Plata, fue involuntario testigo de los hechos, ya que concurrió a la morgue policial por orden del ministro de Salud de la provincia en esa etapa de la dictadura, Joseba Kelmendi de Ustarán, sin saber para qué se lo convocaba. También –gracias a la intervención de un forense policial, cuyas motivaciones aún hoy desconoce– pudo evitar su participación en la falsa autopsia.
En su relato, Olenchuk recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió el 4 de abril de 1977. “Ese día no me puedo olvidar cuando el telefonista del hospital, un hombre alto y grande, me vino a buscar para decirme que el ministro quería hablar conmigo y que debía ir al Ministerio –cuenta–. Pensé muchas cosas y también de las peores, pero sin llegar a tranquilizarme me dije que si me quería echar no me llamaría el ministro, y si querían detenerme tampoco. Las dos veces que me echaron no me avisó nadie. La única precaución que se me ocurrió fue avisarle a otro de los jefes médicos del hospital. ‘Mire doctor, le dije, me llama el ministro para hablar conmigo, quiero que usted sepa’. El hombre entendió mi intención de inmediato”.
Una vez en el Ministerio, en la antesala del despacho del ministro, Olenchuk se encontró con otro médico, el entonces director del Policlínico General San Martín nombrado por la dictadura, Ramón Posadas, que también había sido citado. “Eso me tranquilizó, ya que a Posadas lo tenía como una persona alejada de cuestiones políticas (…). La verdad es que al saber que éramos dos, algo me tranquilizó”, explica. Una vez dentro del despacho, el ministro De Ustarán fue deliberadamente impreciso sobre el propósito de la citación. “Nos dijo: ‘Necesitamos que ustedes representen al Ministerio en una actividad en la Jefatura de Policía’”, recuerda. Y agrega: “Yendo para allá, me doy cuenta de que no llevaba guardapolvo, me pareció que si iba vestido con guardapolvo estaba, no sé, como más protegido. Así que paré en el Instituto Médico (n. de la r.: se refiere al Instituto Médico Platense, ubicado a menos de cien metros de la Jefatura), agarré uno de un médico amigo y me lo puse”.
En el hall de la Jefatura, Olenchuk no supo hacia dónde dirigirse, hasta que se encontró con otro médico. Se trataba del policía médico Jorge Antonio Bergés, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad. “Ni bien entro, se me cruza un médico que me reconoció, uno de Quimes. El apellido era Bergés –dice–. Me conoció al instante porque había sido alumno mío, y con mucha amabilidad me atendió… y cuando le dije que me habían citado, enseguida me guió al lugar (…). Me señaló la puerta y entré solo. Bergés por entonces no era como ahora, ahí se movía como pez en el agua. Conocía todo. El lugar era un piso inferior o en un subsuelo, porque tuve que bajar una escalera. Cuando bajo llego a uno sala grande… lo que vi no me lo olvidaré jamás.”
Lo que el médico Alejandro Olenchuk vio y escuchó en la morgue es lo que se reproduce al principio de esta nota. La “junta” para cumplir con la misión ordenada por el genocida Ramón Camps estaba conformada por ocho médicos, dos civiles (Olenchuk y Posadas) y cinco policías médicos y un médico militar a quienes Olenchuk no conocía. La investigación de Adelina Dematti de Alaye, Ricardo Martínez y Karen Wittenstein pudo identificarlos de la siguiente manera: J. C. Rebollo (subcomisario), R.O. Calafell (subcomisario), R. Canestri (oficial principal), Eduardo Sotés (subcomisario), O. Raffo (jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín) y el teniente primero médico del Regimiento 7 de Infantería Ricardo Nicolás Lederer.
Después de la arenga, Camps se fue por donde había llegado. Olenchuk no sabía qué hacer. “Camps se retira y no sé cuánto pasó para que uno de los presentes, alguien que yo no conocía, se dirige a mí y me dice: ‘¿La autopsia la va a hacer usted, doctor?’ –recuerda–. Cuando escuché eso me quedé mudo, sin saber qué decir. Qué podía decir… En eso, un médico medio bajo y creo que de bigotes se apresura a cualquier respuesta mía. ‘Disculpe, doctor –dijo–, pero me parece que la autopsia la debo realizar yo porque soy médico forense de la Policía’. Yo tomé esas palabras como una salvación. Creo que ese médico me conocía, creo haberlo visto por el Policlínico… creo que también tenía una hija que era médica. Mi respuesta fue instantánea: ‘Sí, por supuesto, doctor’… Y me fui (…). Yo quería irme de allí”.
El certificado de defunción de “NN o Jorge Rubinstein” (así se lo identifica en el Libro Morgue), firmado por uno de los médicos participantes de la falsa autopsia, Eduardo Sotés, consigna como causa de muerte “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología. No se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. El informe está acompañado de once fotografías y en varias de ellas se aclara: “No se observan signos de violencia externa”. En otras palabras: Jorge Rubinstein, asesinado en la sala de torturas del centro clandestino de detención Puesto Vasco, había dejado de existir por causas meramente naturales, ni más ni menos que lo que había ordenado Camps. Y no se culpe a nadie.
Secuestros y tensiones intestinas. A principios de marzo de 1977, el genocida Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo finalmente dar la orden a sus grupos de tareas para que pusieran en marcha la “Operación Amigo”, cuyo objetivo era el secuestro de los integrantes del Grupo Graiver. Al frente de la tarea puso a su hombre de mayor confianza, el comisario Miguel Etchecolatz.
El 14 de marzo fueron secuestradas la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y dos de las secretarias ejecutivas del grupo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Tres días después, el 17 de marzo, corrieron la misma suerte Isidoro (hermano de David), Juan y Eva Graiver (sus padres) y el apoderado del Grupo empresario, Jorge Rubinstein, cuyo estado de salud era delicado y estaba reponiéndose de un presunto accidente automovilístico del que se sospecha que fue un atentado. Días más tarde fueron secuestrados Rafael Ianover, quien había sido el principal testaferro de David Graiver en Papel Prensa, y otros familiares e integrantes del Grupo.
Para Camps se trataba de una operación largamente demorada. Tenía en la mira a los Graiver, por “judíos y montoneros”, desde poco después de instalado el golpe de Estado, pero hasta entonces habían estado fuera de su alcance por precisas órdenes del dictador Jorge Rafael Videla. Los dictadores los necesitaban libres pero presionados para darle visos de legalidad a una de sus operaciones más importantes: que los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe explicaron que se trataba de una necesidad estratégica de la dictadura, para contar con la complicidad comunicacional y propagandística de los tres diarios más importantes de la Argentina. En noviembre de 1976, los familiares del malogrado David Graiver y el testaferro Rafael Ianover se habían visto obligados, bajo amenazas de muerte, a traspasar sus acciones a los dueños de los tres diarios durante una reunión realizada por la noche, en las oficinas que el diario La Nación tenía en el edificio de Florida 1. Aunque la empresa estaba valuada en alrededor de 15 millones de dólares, la transacción se hizo por 996.000 dólares, de los cuales la viuda de Graiver sólo recibió 7.000 en ese momento. No recibiría más.
Conseguidas las firmas para el traspaso, faltaban aún algunos aspectos legales que prolongaron la operación de apropiación hasta principios de marzo de 1977. Recién entonces, el dictador Videla, a través del general Guillermo Suárez Mason, le dio luz verde a Camps para que secuestrara a los Graiver. Pero los necesitaba vivos –aunque quebrados por las detenciones ilegales y las torturas– para someterlos a un consejo de guerra, instruido por el general Bartolomé Gallino, que los encontrara culpables del delito de “subversión económica” para así poder expropiar, a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa), el resto de las empresas del Grupo.
Una vez secuestrados, los integrantes del Grupo Graiver fueron confinados en Puesto Vasco y, más tarde, en el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a constantes torturas. Mientras esto ocurría, los dueños y los representantes legales de los tres diarios que se habían apropiado de Papel Prensa se reunían con Gallino para “darle letra” para los interrogatorios.
Pero en Puesto Vasco, Jorge Rubinstein “se les quedó” a los torturadores. La noticia de su muerte fue un duro golpe para Camps, que vio peligrar su posición en el Ejército y en el andamiaje represivo de la dictadura. No quería que Videla –contrariado por ese “exceso”– ordenara su desplazamiento. En ese contexto, la falsa autopsia de Rubinstein ordenada por Camps y perpetrada en la morgue de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue una maniobra tendiente a ocultar una muerte más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura sino también un intento del jefe de la Bonaerense de armarse un escudo protector por haber contrariado las órdenes de sus superiores.
Ahora, el testimonio del médico Alejandro Olenchuk sobre la autopsia de Rubinstein arroja nueva luz sobre los hechos. Seguramente, su contenido llegará al conocimiento del titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, donde la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa parece dormir el sueño de los (in)justos.
Berni pidió un debate por la despenalización de "todas" las drogas
Sergio Berni, el secretario de Seguridad nacional, se mostró hoy a favor de buscar "nuevos paradigmas" para combatir el narcotráfico. Al respecto, puntualizó que cree "absolutamente" en despenalizar el consumo de "todas" las drogas. En ese marco, abogó por debatir nuevas formas de "regularización" donde "los Estados puedan ser parte".
Teniente coronel y médico del Ejército, Berni se preguntó "por qué unas sí y otras no, si los efectos psicoactivos son exactamente iguales".
En diálogo con Nacional Rock, el funcionario aseguró que se deben dar "nuevos paradigmas" en la lucha contra el narcotráfico, por lo que destacó la necesidad de "discutir una nueva forma de regular no solamente el consumo sino la cadena de producción y la comercialización de las drogas".
"Creo que hay que discutirlo y pensar una nueva manera donde los estados puedan ser parte de la regularización del consumo de drogas", concluyó.
Por Ari Lijalad Quiénes son los tres jueces que condenaron a Víctor Hugo
Los jueces que condenaron a Víctor Hugo Morales a indemnizar a Cablevisión son los mismos que aprobaron una reestructuración irregular de las deudas de esa empresa como paso indispensable para el avance de su fusión con Multicanal, uno de los grandes proyectos empresariales del Grupo Clarín, según consignó Tiempo Argentino.
Se trata de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, un fuero donde el Grupo Clarín tiene especial interés e incidencia. Su presidente es Pablo Heredia y la integran los jueces Juan José Dieuzeide y Gerardo Vassallo. Esos jueces condenaron a Víctor Hugo, a ATC y a Eduardo Metzger a indemizar a Cablevisión en 842.000 pesos más intereses (cifra que al día de hoy ronda los 3 millones de pesos) por haber difundido imágenes del partido que Boca le ganó 2 a 1 al Real Madrid con goles de Martín Palermo cuando ganó su segunda Copa Intercontinental.
Fue el 28 de noviembre de 2000. Víctor Hugo conducía "Desayuno", producido por Metzger y emitido por ATC. La trasmisión del partido era exclusiva de Cablevisión, que le pagó a Boca, presidido entonces por Mauricio Macri, 1.068.687 dólares. Cablevisión había acordado con ATC la emisión en diferido del partido por 370.000 pesos más IVA, pero Cablevisión se reservaba la comercialización de la publicidad por un valor estimado de 470.000 pesos. Según consta en la causa, ATC rescindió ese acuerdo. El día antes del partido, Víctor Hugo anticipó que se podría ver por ATC: "Vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la que Macri vendió los derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido". Así, con un televisor detrás del periodista, se podían ver las imagenes del partido, e incluso los goles y algunos pasajes del juego a media pantalla o pantalla completa. El argumento de Víctor Hugo fue que prevalecía el derecho de millones de personas a estar informados sobre el partido, que era monopolizado por una empresa y accesible sólo a sus abonados. Para Cablevisión, las imágenes eran de su propiedad intelectual y se acusaba a ATC, Metzger y Víctor Hugo de lucro cesante.
ATC y Metzger fueron condenados en primera instancia y apelaron. Víctor Hugo fue sobreseído pero el fallo fue apelado por el Grupo Clarín, que insistió en extenderle la condena y obligarlo a pagar la indemnización. Finalmente, los jueces Heredia, Dieuzeide y Vassallo rechazaron las apelaciones de ATC y Metzger pero aceptaron la de Cablevisión, es decir, condenar también a Víctor Hugo.
Pero no es la primera vez que esos jueces son funcionales a los intereses del Grupo Clarín: son responsables de uno de los fallos judiciales más beneficiosos para el multimedios, que convalidó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) irregular vinculado a la reestructuración de las deudas en dólares de Cablevisión y a la fusión de Multicanal y Cablevisión.
EL “APE DE CABLEVISIÓN”. La cronología de los favores judiciales para aprobar ese acuerdo, que empezó antes de que Clarín comprara Cablevisión pero se resolvió con al empresa ya en manos del Grupo comandado por Héctor Magnetto, fue la siguiente:
–Cablevisión estaba en cesación de pagos desde febrero de 2002 ya que, al igual que muchas empresas, tenía deudas en dólares pero facturaba en pesos, y con la implosión de la convertibilidad a finales de 2001 se le dificultaron los pagos. Inició una negociación con sus acreedores para reestructurar su deuda y el 3 de marzo de 2004 informó a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habían llegado a un APE, conocido como "APE de Cablevisión". Sin embargo, omitió información –luego reclamada por esas entidades– mientras, a su vez, desplegó una campaña de prensa que daba por hecho y exitoso el acuerdo. El título en Clarín fue "Cablevisión acordó cómo sale de su default". El de La Nación, "CableVisión logró renegociar su deuda".
Semanas después, el 14 de mayo, Cablevisión presentó a la justicia el "APE de Cablevisión" y pidió su homologación judicial, para lo que tenía que cumplir con las mayorías legales que exige el artículo 45 de la ley de Concursos y Quiebras, algo que tanto la empresa como la prensa daban por hecho. La ley exigía que aceptaran la reestructuración "la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías (de acreedores), que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría". El 5 de julio de 2005 el juez Miguel Bargalló, a cargo del Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Comercial N°11, homologó el "APE de Cablevisión" y convalidó que estas mayorías estaban dadas. En octubre de 2005 Cablevisión anunció la reestructuración del 98,8% de su deuda, canjeando un monto de 754.618.951 dólares. Pero la misma empresa reconoció años más tarde en un prospecto de emisión de acciones que el canje de su deuda estaba acordado antes de su aprobación judicial, sin importar su aprobación o no.
Entre que Cablevisión presentó el APE en 2004 y la resolución judicial a finales de 2005, Clarín adquirió una participación minoritaria en Cablevisión. El 26 de septiembre de 2006, completó la adquisición del 60% de la empresa. A su vez, Cablevisión compró el 98,5% de Multicanal y el 100% de Holding Teledigital, y Multicanal adquirió el 100% de Prima. Se trataba de una gran reorganización corporativa que multiplicó su facturación. En 2006, el Grupo Clarín facturó en el rubro "TV por cable y acceso a Internet" 438 millones de pesos. En 2007, la cifra trepó a $ 1218 millones: un aumento del 178 por ciento. En sus ventas en general creció en el mismo período un 74,6 por ciento.
–Siguiendo el "APE de Cablevisión", los acreedores Javier Vendramín, Luis Alvarez Poli Petrúngaro y Rodrigo Patrón Costas apelaron la sentencia del juez Bargalló respecto a la reestructuración de deuda de Cablevisión, por lo que el caso llegó a la cámara integrada por Heredia, Dieuzeide y Vassallo. Entonces, la Fiscal General ante esta Cámara era Alejandra Gils Carbó. El 27 de abril de 2007, Gils Carbó firmó un dictamen de 79 páginas rechazando la homologación del APE y solicitando a la Cámara que lo declarara inválido. En sus fundamentos, incorporaba nuevas evidencias y solicitaba que se "declare la nulidad absoluta de un acuerdo preventivo extrajudicial realizado en fraude a normas de orden público, que protegen el interés de la Nación y de la ciudadanía". En el dictamen de Gils Carbó relata: "Cablevisión sostuvo ante el juez que había obtenido conformidades equivalentes al 74,6% del capital y el 55,5% de la cantidad de acreedores. Sin embargo, simultáneamente, solicitó al juez que excluyera de la base computable al fondo de inversión Huff, quien detentaba una tenencia del 30% de las obligaciones negociables, a quien atribuyó maniobras extorsivas. Esa petición jamás fue resuelta porque al realizarse la asamblea de obligacionistas del 17 de noviembre de 2004, Cablevisión anunció que se habían alcanzado mayorías del 99,955% del capital computable y un 91,667% de los acreedores alcanzados por el APE, sin insistir en el pedido de exclusión". Y sentencia: "La reseña precedente, revela un hecho que tiene, en el caso, relevancia esencial para juzgar la cuestión planteada: Cablevisión no tenía las mayorías legales cuando presentó el APE al juez". El dictamen agrega: "Cablevisión mintió a la Bolsa y a la CNV sobre la existencia de las mayorías legales. Sólo esto basta para considerar fraudulento el acuerdo debido a la relevancia que tiene esa información en el mercado de valores para la formación de los precios".
El dictamen de Gils Carbó muestra que se inció y homologó un acuerdo para reestructurar las deudas de Cablevisión sin que las mayorías legales para ese acuerdo existieran. Eso fue acompañado por una operación de prensa que afirmaba la existencia de esa mayoría. En La Nación, por ejemplo, se afirmaba que "la propuesta de reestructuración había obtenido una adhesión casi unánime de los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de bonistas".
En el dictamen Gils Carbó demuestra que el fondo Fintech había adquirido el control del 50% de Cablevisión violando dos leyes paradigmáticas para Clarín. Una era la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, la 22.285 entonces vigente, que prohibía la participación extranjera en medios de radiodifusión. La segunda era la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, más conocida como Ley Clarín, ya que había constituído otro salvataje para sus deudas. Esa ley, sancionada el 18 de julio de 2003, limitaba al 30% la participación accionaria de empresas extranjeras en medios de comunicación a no ser que esa mayor participación fuera previa a la sanción de la ley. Así, los acreedores no podía quedarse, por ejemplo, con la mayoría accionaria de Clarín u otra empresa al ejecutarle sus deudas y eso le abría al Grupo comandado por Magnetto un nuevo escenario para reestructurar sus compromisos. A su vez, impedía que Fintech, un fondo radicado en el paraíso fiscal Delaware, comprara el 50% de Cablevisión, ya que lo hizo después de sancionada la Ley Clarín, que se volvía en contra de su propio mentor. Para Gils Carbó, "la transferencia accionaria del control de Cablevisión a Fintech Media LLC es nula de nulidad absoluta". Por ende, no podían contarse sus acciones para celebrar el APE. En consecuencia, el "APE de Cablevisión" era nulo.
La resolución del "APE de Cablevisión" no era una cuestión menor. Era un requisito indispensable para un proyecto central del Grupo Clarín: la fusión de Cablevisión y Multicanal. Parte del análisis de esa posible fusión, el vinculado a la concentración económica que podía perjudicar la posibilidad de competencia, quedó en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que analizó el caso y emitió un dictamen de mayoría que aconsejaba aprobar la fusión el 7 de diciembre de 2007. Era el último día hábil de la presidencia de Néstor Kirchner. Lo extraño del caso es que la mayoría la constituyeron los dos vocales de la CNDC, Diego Póvolo y Humberto Guardia Mendonça. En el fallo, pese a que producto de la fusión el Grupo Clarín pasaba a concentrar el 55% del mercado de cable y el 32,5% del de proveedores de internet, el dictamen de mayoría concluyó que esto no infringía el artículo 7 de la Ley 25.156 –Ley de Defensa de la Competencia– que prohibe "las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general". El presidente de la CNDC, José Sbatella, se opuso a la aprobación pero quedó en minoría. Tiempo después, el mismo Kirchner le reconocería que tenía razón en oponerse a la fusión.
Restaban las posiciones del ex-COMFER, que dictaminó en contra de la fusión, así como de la CNV y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que nunca resolvieron el caso. Por lo tanto, la fusión nunca se pudo completar de forma legal, aunque las empresas operaran en forma conjunta hasta hoy. A su vez, el Grupo Clarín había tenido que presentar en la CNDC un "Compromiso irrevocable" en que comprometía a pautas de conducta respecto a límites de valor del abono básico del cable, una tarifa social, inversiones y prestación gratuita del servicio a lugares como escuelas y geriátricos. También le tenía que proporcionar la señal de fútbol a empresas competidoras, como por ejemplo Telecentro. El objetivo de ese "Compromiso irrevocable" era tener un fallo favorable de la CNDC. Después de que lo consiguió, lo incumplió sistemáticamente. En consecuencia, en marzo de 2010 la resolución 113/10 del Ministerio de Economía consideró incumplido el Compromiso y declaró que cese de la autorización de concentración económica. A los pocos días, Clarín recibió un nuevo favor judicial: los jueces Ricardo Guarinoni, Alfredo Gusman y Santiago Kiernan, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, suspendieron el efecto de la resolución.
La justicia argentina no fue la única que intervino en el caso. Cablevisión buscó que el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York también aprobara el "APE de Cablevisión" y sus efectos en Estados Unidos. El 9 de noviembre de 2004 logró una medida cautelar por seis meses, que obtuvo sucesivas prórrogas hasta, por lo menos, el 14 de diciembre de 2007.
Retomando, el dictamen de Gils Carbó sobre el "APE de Cablevisión" concluía: "lo cierto es que el acuerdo fue celebrado con abuso y fraude. Opino que los jueces no deben homologarlo”. Apenas lo presentó, Gils Carbó recibió siete pedidos de enjuiciamiento y una denuncia penal de parte del Grupo Clarin. Y, a pesar de lo que demostraba el dictamen de la fiscal, el 31 de marzo de 2008 los jueces Heredia, Dieuzeide y Vassallo convalidaron el "APE de Cablevisión", y el considerando 39 de su fallo lo dedicaron a denostar a Gils Carbó en términos similares a la denuncia penal en su contra iniciada por Clarín.
Las fechas, una vez más, son relevantes: el APE sobre las deudas de Cablevisión tuvo fallo a favor luego de que la CNDC aprobara la fusión de Cablevisión con Multicanal, a pesar de que era una condición indispensable para esta operación y que ni el ex COMFER, la CNC y la CNV se hubieran pronunciado. En síntesis, el Grupo Clarín daba por descontado el fallo favorable de los jueces en la reestructuración de la deuda de Cablevisión, aunque en un prospecto de emisión de acciones sostenía que esa homologación judicial no importaba.
El fallo fue apelado por Gils Carbó y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo desestimó el 25 de agosto de 2009 con la firma de sus siete integrantes utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. El "280" es, en la jerga judicial, planchar el expediente. Así, los jueces Heredia, Dieuzeide y Vassallo desestimaron el dictamen de Gils Carbó y convalidaron una operación de reestructuración de deuda de Cablevisión viciada de nulidad, que incluyó la entrega de información parcial a la Bolsa de Valores y la CNV, ausencia de las mayorías legales para el acuerdo, desconocimiento de los verdaderos titulares de las acciones y violaciones a, por lo menos, dos leyes vinculadas a la radiodifusión y a la protección de bienes culturales.
Estos jueces...
Los mismos jueces que convalidaron esa operación en favor del Grupo Clarín son los que condenaron a Víctor Hugo, un periodista, a que indemnice a Cablevisión, una empresa que, según los estados contables que publica, facturó en concepto de cable e internet 9749 millones de pesos en 2013.
El fallo de estos jueces coincide con los últimos movimientos en la demanda que Magnetto le inició a Víctor Hugo, en la cual el empresario presentó 300 fojas sobre supuestas calumnias e injurias y le reclama una indemnización de dos millones de pesos. Ese ataque a la libertad de expresión de un periodista por parte de un empresario mediático no fue repudiado ni por la Academia Nacional de Periodismo ni por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). En el caso de la Sociedad Intermericana de Prensa (SIP), invirtió la carga de la prueba. En su informe 2013 sobre Argentina mencionó el episodio, pero sólo para marcar que Magnetto fue insultado cuando iba a la mediación con Víctor Hugo.
Los jueces Heredia, Dieuzeide y Vassallo no sólo tienen vínculos con Clarín. Heredia, el presidente de la Cámara, fue secretario letrado de Adolfo Vázquez, ministro de la Corte Suprema de la mayoría automática menemista y amigo personal de Carlos Menem, que renunció en 2004 ante la inminencia de un juicio político.
A principios de junio, los tres firmaron una carta de apoyo al fiscal José María Campagnoli, suspendido por mal desempeño, que afronta un jury de enjuiciamiento y que acumula denuncias por violencia institucional, violencia de género y misoginia. Esta carta también la firmó el juez Bargalló, el primero que homologó la reestructuración de la deuda de Cablevisión.
El juez Vassallo, además, fue miembro del área de Justicia de la Mesa de Diálogo Argentino, una inciativa impulsada por Eduardo Duhalde durante su presidencia junto con la Conferencia Episcopal Argentina.
Por Aldo Ferrer Exportaciones e inversión privada son los factores de la demanda agregada capaces de estimular la economía
En esta instancia de alta inflación y escasez de divisas, las herramientas tradicionales de expansión de gasto público no funcionan. Más bien creo que tiene que ser una aproximación indirecta a través de expectativas transmitiendo señales claras en torno a que se mantendrá un tipo de cambio competitivo, solvencia fiscal y posición firme respecto de la demanda de los fondos buitre.
Esta situación no es comparable a otros momentos donde la caída de la economía no tenía piso, como en el '83 o en el año 2001. Acá tenemos un Estado con muchos recursos, un nivel de reservas todavía apreciable, un buen nivel de exportaciones, un nivel de ocupación relativamente alto; es decir, no es una situación que acumule tendencias declinantes hasta llegar a una recesión profunda. Por eso, en esta situación es necesario trabajar en generar expectativas de que la casa está en orden, tanto en el campo fiscal como en el campo de las divisas, y así, tratar de estimular las exportaciones y la inversión privada, que son hoy los elementos de la demanda agregada que pueden estimular la economía, porque hoy el gasto público se enfrenta a la falta de divisas y a la inflación.
Hay que mantener la calma, resolver con firmeza los desequilibrios que se acumularon, pero donde ninguno es terminal ni inmanejable, y en la medida en que se consiga un fortalecimiento del balance de pagos se dará así lugar a la generación de señales claras que permitirán un proceso de reactivación que le dará de vuelta al gobierno los instrumentos adicionales a través del gasto público para mantener la actividad con una reorientación del gasto hacia sus objetivos prioritarios.
Considero que ayudan las líneas de crédito para las pymes, y todo lo que hay en el campo del estímulo a ciencia y la tecnología; en definitiva se trata de mejorar la calidad del gasto, donde es un problema la gran masa de subsidios, sobre todo en el sector energético, que generó tensión presupuestaria y transfirió ingresos a sectores que no los necesitan. Asimismo, está pendiente mejorar la situación fiscal, donde la estructura impositiva sigue siendo regresiva con un significativo aumento de la presión fiscal. Está también pendiente la creación de un gran banco de fomento. Cuando fui ministro creamos el Banco de Desarrollo que el neoliberalismo se llevó puesto, lo que fue de alguna forma suplantado por el ANSES, pero esto es muy diferente al establecimiento de una banca de desarrollo con estrategias de largo plazo.
Creo que es importante la negociación con los fondos buitre, pero pensar que eso implica que se debe resolver la escasez de divisas vía más deuda externa es insensato, ya lo vivimos, hay que resolver antes los problemas estructurales que generan la escasez de divisas –sobre todo en el desarrollo industrial–, fortalecer la macroeconomía. Tampoco creo que esto se resuelva con devaluaciones masivas de vez en cuando, porque es un subibaja, pero sí es necesario atender a mantener un tipo de cambio competitivo. Hay que tener en cuenta que el principal instrumento de la política neoliberal para derribar la soberanía de un país es apreciar el tipo de cambio para fomentar el endeudamiento, y cuando eso sucede, el país está de rodillas a los especuladores. Eso ya lo vivimos, no lo podemos vivir otra vez.
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