CHOQUE ENTRE CAMIONEROS Y EL MUNICIPIO DE QUILMES Moyano “tira” muertos

“Ellos están buscando, y lo digo: si tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, dos, tres muertos, porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo y su dignidad”, aseguró ayer el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, apuntando a la intendencia de Quilmes, que propuso municipalizar a los trabajadores en medio de un conflicto con la empresa de recolección de basura Covelia. “(Que) un conflicto que Camioneros tiene con la empresa contratante quiera trasladarlo al municipio y amenazar con generar una situación de violencia tal, con muertos, está fuera de toda situación política razonable”, contestó el jefe comunal, Francisco “Barba” Gutiérrez.

“Que se la banque, a todos los punteros de Quilmes, a La Cámpora y a este señor (por Gutiérrez), que se la banque”, lanzó Moyano a modo de advertencia a los que considera sus rivales políticos. El Concejo Deliberante de Quilmes estuvo cercado por los seguidores moyanistas ante la decisión de municipalizar a los 400 trabajadores de la empresa Covelia, que finaliza su contrato de concesión esta semana. El intendente apuntó que “el municipio entiende y está abierto a incorporar a la planta municipal a los compañeros trabajadores que quieran continuar trabajando como choferes, recolectores o en otras tareas”, y le contestó con gravedad al dirigente camionero que “no puede ser que diga que, si no quedan encuadrados los trabajadores en su sindicato, habrá muertos”.

El sindicato de los Moyano se caracteriza por tener una política agresiva hacia las otras ramas del sindicalismo en las que trabajadores manejan un camión. Cada vez que quieren el traspaso de afiliados de otro gremio al suyo bloquean con los camiones el ingreso y egreso en las puertas de las empresas. Así fue como sucedió con el gremio de Empleados de Comercio y de Tintoreros, entre otros, que fueron abandonando la CGT que conduce Hugo Moyano por la política hostil hacia sus pares.

Existen también denuncias en las que se vincula al dirigente con la empresa Covelia, que recolecta la basura en varios distritos del conurbano bonaerense. El convenio firmado entre la empresa y la intendencia finaliza estos días y por ello Gutiérrez decidió municipalizar el servicio.

“Se hace el revolucionario y el zurdito nacional y popular, si es un dirigente del movimiento obrero no se puede permitir bajarles el sueldo a los trabajadores”, insistió el mayor de los hijos de Hugo Moyano luego de apuntar que, “si tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, dos, tres muertos”. A esa altura Moyano y sus seguidores ya habían amenazado con quemar camiones municipales en caso de que el servicio de Covelia fuera suspendido y desde hace dos días no se cumple con la recolección de residuos, además de que la empresa anunciara que no realizaría más el trabajo a pesar de que su contrato finaliza el lunes.

“Acá nadie deja a nadie en la calle. Mucho menos pretendemos que los trabajadores ganen la mitad. Si cambia el encuadramiento, pasan a ser planta del municipio. Corresponde al sindicato municipal y esperemos que lo entienda Moyano”, explicó Gutiérrez, que propuso además que “si hay alguna cuestión de diferencia que se dirima en la comisión arbitral de la CGT”.

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FISCALES DENUNCIARON AL ARZOBISPO DE BAHIA BLANCA POR FINANCIAR A UN EX CAPELLAN Un prófugo con ayuda del arzobispado

 Por Diego Martínez

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca denunció ayer por encubrimiento al arzobispo local Guillermo José Garlatti por financiar al ex capellán Aldo Omar Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani presentaron la denuncia tras corroborar en el propio Arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para el cura imputado por delitos de lesa humanidad a pesar de que tenía pedido de captura nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo. Vara fue detenido el lunes por Interpol en Ciudad del Este y, pese a su manifiesta voluntad de burlar la ley, un juez de garantías de Paraguay le concedió el arresto domiciliario hasta que se concrete su extradición. El ex capellán del Ejército seguirá cobijado por la Iglesia Católica, que lo aloja en una parroquia de Ciudad del Este.

El sociólogo Fortunato Mallimaci denunció ayer a primera hora en el programa radial Frente a Cano que “un apoderado (de Vara) retiraba todos los meses un cheque por la jubilación del ex capellán, que era entregado por la curia bahiense”. “Hay que preguntarle al obispo quién es ese apoderado, de dónde provenía ese dinero, si era por capellán, por jubilación o por docente”, propuso. A partir del dato, los fiscales se apersonaron en el arzobispado que conduce Garlatti. El administrador de la arquidiócesis, Bruno Cuchetti, les explicó entonces que la Iglesia Católica tiene su propio sistema de jubilación y admitió que era cierto el dato del cheque mensual para el prófugo por medio de un apoderado. “El contador (por Cuchetti) se enojó con la inesperada visita y al despedir a los fiscales se recluyó en las oficinas del primer piso junto al obispo auxiliar Pedro María Laxague”, informó FM de la Calle.

Con el dato corroborado, Nebbia y Palazzani fueron a la fiscalía de Antonio Castaño para denunciar a Garlatti y pedir que se lo indague por encubrimiento. El Código Penal pena con prisión de seis meses a tres años a quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”. Los fiscales destacaron en la denuncia que el Arzobispado bahiense, entre otros, fue notificado por oficio del juzgado para que informara sobre el paradero de Vara, y pese a que todos los meses le hacía llegar un cheque no aportó ningún dato para facilitar la búsqueda. Agregaron que el oficio incluía los delitos de lesa humanidad por los que se lo acusa y que tanto la imputación como la fuga y la recompensa eran datos públicos que Garlatti no podía ignorar. Entre otros cargos, se lo investiga por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de tres personas por lo menos y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.

El arzobispo, por medio de su canciller Emma Rosa Vila, también aseguró desconocer el paradero de Vara en noviembre último, en respuesta a un pedido de ayuda de Hijos Bahía Blanca, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red por la Identidad local. Teniendo en cuenta que los cheques para el prófugo no salían del chanchito de Garlatti, sino de una caja administrada por la Iglesia Católica, la imputación por encubrimiento, ahora en manos del fiscal Castaño, podría alcanzar a instancias superiores de la jerarquía eclesiástica.

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EL PAIS › CARTA DE REPUDIO A LAS DECLARACIONES DE MATHOV “Los muertos los puso el pueblo”

Por Ailín Bullentini

Las familiares de las víctimas de la represión que el gobierno de la Alianza desplegó el 20 de diciembre de 2001 repudiaron las declaraciones del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, quien al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 afirmó que el ex presidente Fernando de la Rúa fue “el más perjudicado” por esas muertes. “Podemos soportar que mienta, que les eche la culpa a otros, pero no que compare a las víctimas con uno de los principales responsables de sus asesinatos. Los muertos los puso el pueblo”, sostuvo María Arena, una de las autoras de la carta pública en repudio a los dichos del funcionario. La muerte de su marido, Gastón Riva, es una de las cinco que se analizan en el juicio y por las que debe responder Mathov, el único funcionario del Poder Ejecutivo investigado, junto a una docena de ex policías. Hoy habrá una nueva audiencia en el debate oral.

Aunque quisieron, los familiares de los cinco asesinados en el transcurso del 20 de diciembre de 2001 no pudieron presenciar la indagatoria de Mathov. Al ser testigos en la causa, el TOF no les permitió siquiera ingresar en la sala de público del SUM, en el subsuelo de Comodoro Py, en donde se lleva a cabo el juicio. “Es difícil no poder estar, pero en estos días nos dimos cuenta de que no hubiese sido nada fácil escucharlo tampoco”, reconoció Arena, quien como el resto de sus compañeras de lucha –Marta, mamá de Carlos “Petete” Almirón; la hermana de Diego Lamagna, Karina; la madre y la hermana de Gustavo Benedetto, Marta Márquez, la esposa de Alberto– siguió “por los diarios” la versión de que Mathov desplegó en cuatro audiencias consecutivas.

“Soportamos pacientemente las dilaciones, las chicanas, el tiempo transcurrido, la falta de autocrítica de parte de quienes condujeron el país en esos días. Fuimos tolerantes ante las distintas instancias. Respetamos los tiempos de la Justicia. Esperamos 12 años para que empezara el juicio a los responsables políticos y materiales de esos hechos. Sin embargo, Enrique Mathov, uno de los acusados por su responsabilidad como funcionario, tuvo la impunidad de decir: ‘El más perjudicado de los muertos fue Fernando de la Rúa’”, apuntaron en la carta en la que repudiaron tales dichos para que “no vuelva a hacer este tipo de declaraciones que lastiman la memoria de las víctimas” y los ofenden. Mathov pronunció esas palabras el miércoles de la semana pasada, cuando sostuvo que “lo que menos le convenía al gobierno eran las muertes”.

Los familiares concluyeron: “El cinismo del ex secretario de Seguridad demuestra el desprecio por el dolor que nos ocasionó. No merecemos sus palabras, que defienden a quien tuvo en sus manos la posibilidad de evitar las muertes, pero por su inoperancia e incapacidad provocó que 38 argentinos perdieran su vida y cientos resultaran heridos”.

En diálogo con Página/12, Arena resaltó los motivos del texto: “Es importante que podamos decir esto. Es una manera de demostrarle que estamos al tanto de lo que pasa, más allá de que no podamos estar presentes. Estamos fuertes y atentos”. Lo demuestran en el documento en el que, a diferencia de Mathov, afirman que De la Rúa no es igual a sus muertos: “El ex presidente está vivo, continúa con su vida normalmente y hasta puede elegir no hacerse cargo de sus actos. Esto dista enormemente de una persona asesinada”, apuntaron.

PUTIN LE HIZO UNA ADVERTENCIA A OCCIDENTE Reacción a las sanciones

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió ayer que las nuevas sanciones estadounidenses y europeas podrían afectar a las empresas energéticas occidentales en Rusia y desmintió también la presencia de fuerzas rusas en el Este de Ucrania. El mandatario ruso dijo que espera la próxima liberación de los observadores de la OSCE (la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), retenidos por militantes prorrusos en Ucrania.

“Si esto sigue, tendremos que pensar por supuesto cómo las sociedades extranjeras trabajan en la Federación rusa, en especial en sectores claves de la economía rusa como la energía”, agregó Putin. Aseguró que no hay “ni formadores rusos ni unidades especiales, ni tropas” rusas en Ucrania.

“Espero que ese conflicto sea resuelto y que podrán salir libremente del territorio”, añadió Putin.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, expresó también ayer su rechazo a las nuevas sanciones occidentales contra Rusia por la crisis en Ucrania, afirmando que éstas van contra “todo sentido común”. “Rechazamos las sanciones en cualquier manifestación, en particular aquellas sanciones que fueron adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de todo sentido común respecto de los sucesos en Ucrania”, dijo Lavrov en La Habana, en una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, la primera actividad de su gira latinoamericana, que comenzó en Cuba y que lo llevará después a Nicaragua, Chile y Perú.

Página12

EL MUNDO › IRAN A ELECCIONES A TRAVES DEL MOVIMIENTO BOLIVARIANO POR LA NUEVA COLOMBIA Las FARC ya tienen su partido político

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron ayer que, de acordarse la paz con el gobierno colombiano, participarán en política de manera legal a través del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC), el brazo político de la guerrilla, aún clandestino. “Aquí está el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, dispuesto a, si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes”, señalaron en un comunicado los negociadores de las FARC que, desde hace más de un año, participan en La Habana en el diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La delegación manifestó que el objetivo de este nuevo partido sería “proseguir la lucha por la democracia, la reconciliación y la justicia social”, según el texto.

“El Movimiento Bolivariano está listo para continuar su avance, por la Nueva Colombia, ojalá en un nuevo escenario signado por la paz; pero en todo caso ondeando el amarillo, azul y rojo de la emancipación, levantando ahora su voz por la Constituyente que rehaga el país”, añadieron las FARC en su declaración. El MBNC es considerado el brazo político de la guerrilla y fue fundado el 29 de abril de 2000 en la zona colombiana del Caguán, donde se desarrolló el anterior intento de diálogo de paz.

El año pasado, Iván Márquez, número dos de las FARC y jefe de los negociadores del grupo, indicó que la guerrilla impulsa partidos y movimientos políticos, entre ellos el MBNC y el Partido Comunista Clandestino. Las FARC y el gobierno colombiano negocian desde fines de 2012 en La Habana un acuerdo para poner fin al conflicto interno armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo. Las delegaciones llegaron a acuerdos preliminares en reforma rural y participación política, dos de los seis puntos de la agenda convenida.

En la actualidad, la mesa de diálogo debate la erradicación de los cultivos ilícitos y quedan pendientes los puntos del desarme, reparación de las víctimas del conflicto y el modo de darle legalidad y vigencia a un eventual acuerdo de paz final. La delegación oficial, que encabeza el ex vicepresidente Humberto de la Calle, se abstuvo de hacer declaraciones sobre el MBNC.

Las FARC condicionaron la continuidad de los diálogos de paz a que el gobierno colombiano acepte una comisión de la verdad y se descarte la cárcel para sus dirigentes. El negociador rebelde Andrés París advirtió que el proceso de paz quedará suspendido si el gobierno colombiano se niega a conformar una comisión que investigue el origen del conflicto.

“Si no hay avance en esta comisión, ahí paran los diálogos”, expresó.

París aseguró además que se pretende mostrar a esa organización como la responsable de las víctimas que ha dejado un conflicto armado, que a su juicio surgió como respuesta a la “violencia estatal”.

Según el dirigente rebelde, “se prepara una base mediática para mostrarnos en el punto de víctimas como los responsables de los muertos y desaparecidos a lo largo de la guerra que por años ha afectado a Colombia”. París señaló que Santos intenta convertir la mesa de negociación de La Habana en un “tribunal de Nuremberg para juzgar guerrilleros”.

Consideró por ello que es necesario que aflore la verdad sobre preguntas como “quién inició el conflicto y quién tiene la mayor responsabilidad” en la guerra que ha vivido Colombia por más de cinco décadas. Las FARC descartaron de nuevo firmar un acuerdo de paz que signifique la prisión para sus comandantes. “No van a encontrar a las FARC suscribiendo el fin del conflicto y viendo a sus dirigentes en la cárcel”, sostuvo París.

En octubre pasado, durante las primeras conversaciones, hubo consenso en crear, siempre que se alcance la paz, unas condiciones especiales en una fase de transición para el caso de nuevos movimientos que se constituyan en partidos políticos. El acuerdo alcanzado establece que “se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición”. Esa comisión está pensada para facilitar “la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos” con propuestas para crear un Estatuto de la Oposición, según el documento.

En su momento, las partes anunciaron que el acuerdo sobre participación política “profundiza y robustece” la democracia colombiana “ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación de política ciudadana”, con el objeto de promover el pluralismo, la inclusión política y la transparencia en los procesos electorales. En el caso de llegarse a un acuerdo definitivo de paz, esta resolución contempla cambios institucionales “para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos”.

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EL MUNDO › EL PREMIER MANUEL VALLS CONSIGUIO QUE SU MAYORIA PARLAMENTARIA VOTARA UN PLAN DE AJUSTE DE 50 MIL MILLONES DE EUROS Un tijeretazo histórico del gasto público de Francia

Por Eduardo Febbro

Desde París

Una medalla más en la solapa liberal del Partido Socialista. El primer ministro francés, Manuel Valls, consiguió que, pese a las divisiones, su mayoría en Asamblea Nacional votara un plan de rigor de economías de 50 mil millones de euros llamado “plan de estabilidad presupuestaria”, cuyo principal objetivo consiste en cumplir con las exigencias de la Comisión Europea y llevar el déficit público al 3 por ciento del PIB de aquí a 2015. Sin sobresaltos ni sorpresas, los parlamentarios del Frente de Izquierda y los ecologistas votaron en contra. Sin embargo, la mayoría de Valls salió herida de esta experiencia: 41 socialistas se abstuvieron. Se trata de uno de los mayores tijeretazos al gasto público francés de la historia, cuya implementación ha fracturado al Partido Socialista sin que esto haya puesto en peligro la adopción de un voto que, de todas formas, no fue más que una búsqueda teatral de legitimidad. Se trataba simplemente de un voto consultivo, es decir, no vinculante, que le sirvió al jefe del Ejecutivo para escenificar la gravedad de la crisis y la necesidad del ajuste, infundir miedo a los ciudadanos y desplegar el ya ultra desgastado argumento según el cual es esto o el infierno.

Valls habló como si los Jinetes del Apocalipsis estuviesen acechando el recinto parlamentario. El primer ministro dijo que el voto condicionaba al mismo tiempo “la legitimidad del gobierno, su capacidad para gobernar y, sobre todo, la credibilidad de Francia”. El gobierno obtuvo entonces la bendición parlamentaria para ahorrarse 50 mil millones de euros, de los cuales 18 mil provienen de los gastos del Estado y sus agencias, 11 mil millones de las colectividades locales, 10 mil millones del seguro médico y 11 mil millones del sistema de protección social. En suma, casi la mitad será extraída de los subsidios familiares, el congelamiento de la jubilación y otros beneficios sociales. De aquí a 2017, más de 6 millones de empleados públicos y 15 millones de jubilados se verán afectados por estas medidas. El oficialismo ha sido muy preciso cuando se trató de cifrar y modelizar los sectores que serían castigados, pero fue mucho más ambiguo a la hora de explicar cómo piensa crear puestos de trabajo con el regalo de 30 mil millones de euros que les hizo a las empresas al decidir la reducción de los impuestos y las cargas patronales que pagan.

Mucho lirismo dramático, casi clima de fin del mundo y hasta una incursión más en el terreno de la tomadura de pelo a su mayoría y sus electores cuando dijo que, en junio próximo, el presidente François Hollande le exigiría a Bruselas otra política monetaria. Esa fue, precisamente, una de las piedras angulares de la campaña electoral que condujo a Hollande a la presidencia de la república en 2012. Pero, como casi todas las promesas, se esparcieron en el cambio climático y nadie supo más de ellas. La plataforma electoral quedó como un papel picado. Si Hollande cumplió en algo, lo hizo por el margen más mínimo, muchas veces modificando a tal punto las promesas hasta vaciarlas de todo contenido.

Devastados por la derrota en las elecciones municipales de abril, muchos parlamentarios socialistas se opusieron a las intenciones del gobierno sin llegar a modificar el rumbo, pese a la presión que ejercieron. Un día antes del voto en la Asamblea, Valls se comprometió ante los diputados socialistas rebeldes a compensar los recortes con medidas dirigidas a mantener el poder adquisitivo de los jubilados y los funcionarios con ingresos bajos. El primer ministro tiene una receta en cada mano: la dura y la suave. La dura para los ajustes, la suave para apaciguar a los socialistas espantados por el costo social del “plan de estabilidad presupuestaria”. En una carta remitida a los 291 representantes del PS en la Asamblea, Valls se comprometió a responder a las reivindicaciones de los diputados amotinados. Esto no implica que se cambie el monto del ajuste, desde luego. El compromiso se basa en que las jubilaciones de menos de 1200 euros no serían congeladas y que se mantendría vigente el plan “anti-pobreza” aprobado por su predecesor, Jean-Marc Ayrault. La intervención de Valls anestesió parte de la revuelta socialista.

Sin embargo, los resultados del voto en la Asamblea demuestran que la mayoría socialista se estrechó considerablemente: 41 diputados se abstuvieron. Ello indica la persistencia de un divorcio entre el presidente y una mayoría que ve desfilar las medidas liberales dictadas por los imperios de Berlín y Bruselas como si fuese la derecha la que gobierna. La izquierda está, de hecho, descompuesta, desarticulada, arruinada, viajando en dos navíos opuestos: la eficacia económica y la justicia social. François Hollande no ha sido el presidente de la síntesis. La fractura sobrepasó los rangos comunistas, o los del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélénchon, para internarse en el corazón mismo de la identidad política del PS. Los socialistas gobernantes se convirtieron en les enfants de l’austerité, hijos modernos y predilectos del gran Zeus-Mercado. Son obedientes soldados del discurso que consiste en decir que el problema del desempleo está en el elevado costo de la mano de obra, alumnos aplicados de la competitividad en nombre de la cual se desarman los Estados históricos y ejemplares como el de Francia.

efebbro@pagina12.com.ar

10:33 › MAS AUTOS Y AUTOPARTES HACIA BRASIL Con la confianza de equilibrar la balanza en el sector automotor

Además, Rozenblum adelantó que "la semana que viene ya se van a sentar representantes de los dos países para buscar mecanismos en conjunto, mecanismos que por mi parte creo que existen y se van a poder desarrollar".

"La reunión fue muy buena -agregó-, de gran respeto entre las partes y sobre todo, los integrantes del sector privado tuvimos la sensación de que lo primordial es que se trabajará en forma integrada. No era un problema de un país, sino un problema conjunto de la región", afirmó el presidente de AFAC, en diálogo con Télam.

En el mismo sentido, el empresario destacó la posibilidad del aumento del comercio intra y extra zona, y el aprovechamiento de las oportunidades que da América Latina en el contexto internacional.

Por último, Rozenblum remarcó la importancia de la actividad en su característica de "efecto multiplicador", y consideró que son "variables" que se tienen en cuenta a la hora de establecer las medidas que se tomarán a futuro.

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