EL ARBOL

Tronco que conduce,
madera que viste finales,
ramas como flechas al sol,
hojas finitas, perennes,
sombra del andar,
lluvia de frutos, insectos almibarados,
pájaros acurrucados en su canto.
Grito lento de la centuria, historia
de próceres caídos, dormidos,
pena de muerte del silenciado,
Jesús en su cruz, romanos en su calendario
cencerbero, astillas en sus pies, manos,
dolor de un peregrino.
Arbol, bosque, predador de la planicie,
errante pampeano, caballo del atardecer,
fantasma de la noche, luna del ojo animal.
Cobijo cierto de la pluma corriendo
palabras para el amanecer.
Casa, escalera, trinchera, mangrullo
del hombre de ayer, de la hembra
solitaria, del niño aprendiz de brujo.
Lanza de la tierra hacia la nube de paso.
GB

Indio Solari en el Hipódromo de Gualeguaychú (12/04/2014) - Recital comp...

Indio Solari en el Hipódromo de Gualeguaychú (12/04/2014) - Recital comp...

Legislar los piquetes: ¿qué dice el proyecto?

El oficialismo ha presentado un proyecto de Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas. Un debate que recién empieza, con un proyecto con varios puntos polémicos. ¿Se puede legislar la protesta social?

En los fundamentos del proyecto firmado por diputados del FpV (que lleva las firmas de Juan Manuel Pedrini, su autor, y otros diputados como Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti y Gustavo Campos) hace mención al conflicto de intereses presente en toda manifestación. Por un lado “la libertad de expresión, reunión, el uso del espacio público, y el derecho a peticionar a las autoridades” y por el otro “el derecho a circular libremente”.

En ese marco, hace mención al mensaje de la Presidenta de la Nación al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo, cuando dijo: “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar”. Algo que generó críticas, aún dentro del kirchnerismo (ver nota).

“En efecto -aclaran- de lo que se trata es que ambos derechos sean garantizados: por un lado el de circular o transitar libremente, y por el otro, el derecho a manifestarse públicamente mediante la protesta social”. El fundamento sería que “no es más legítimo el derecho a protestar que el derecho a circular libremente, y viceversa”.

Sostiene que esta regulación espera que “el reclamo se lleve adelante a través de canales institucionales, brindando así herramientas que mejoren el diálogo entre los funcionarios políticos y la ciudadanía”. Busca así “visibilizar sus demandas y que estas sean recogidas por el Estado”.

Asimismo, se distancia de otras propuestas al respecto. “Contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos. Hay que tener presente que las consecuencias más graves se han producido, no por hechos propios de los manifestantes, sino por la violencia institucional ejercida contra estos. Como integrantes de este proyecto iniciado en 2003, no podemos dejar de pensar que la democracia sólo se fortalece promoviendo más y mejor democracia y que el camino hacia ello es la ampliación de los derechos, y no su restricción”.

Luego remarca que las limitaciones al uso de la fuerza pública “representan la continuación de una clara decisión política tomada por el Presidente Néstor Kirchner y continuada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: la no represión de la protesta social”.

Manifestaciones públicas: “legítimas” e “ilegítimas”

Sin dudas uno de los puntos que más críticas ha despertado el proyecto de ley es la división de las manifestaciones públicas entre “legítimas” e “ilegítimas”. Las “legítimas” son aquellas que “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública”; no bloquea “totalmente” la circulación de personas y vehículos; permite el paso de grupos especialmente vulnerables (niños, ancianos, discapacitados); que los manifestantes no cometan delitos previstos en el Código Penal y sea notificada con 48 horas de antelación (lugar, tiempo estimado, objeto de la manifestación, manifestante delegado). “Cuando esos elementos no se encuentran reunidos, se considera que la manifestación es ilegítima”. “Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada  por las fuerzas de seguridad coin el objeto de garantizar esos derechos”.

Mediación obligatoria

“Una manifestación no podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad”. El mediador civil es el encargado de “pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de terceros  que eventualmente genera la manifestación. Asimismo, debe identificar las demandas para su canalización al área que corresponda”. Al mismo tiempo “queda facultado para recibir denuncias relacionadas con incumplimientos de las fuerzas de seguridad a las normas legales y reglamentarias, y deberá promover la urgente resolución de estas irregularidades”.

“La mediación no puede extenderse por más de dos horas. Excedido esteplazo, se entiende que la manifestación es ilegítima. Igual efecto tendrá la negativa expresa de los manifestantes a participar de la mediación”. El mediador debe informar dentro de las 48 horas “el resultado de sus gestiones ante autoridades competentes  para satisfacer sus demandas y, en su caso, notificar fecha, lugar y modalidad de reunión con dichas autoridades”.

Sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas

El proyecto plantea una serie de regulaciones al accionar de fuerzas de seguridad ante las protestas, estableciendo por ley la prohibición de portar armas de fuego “por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes” y subordinando “la actuación de las fuerzas de seguridad a disposiciones previstas en la Constitución, tratados internacionales y esta ley”, garantizando que el uso de la fuerza pública sea “limitado a su mínima expresión”. “Son principios del uso de la fuerza pública en manifestaciones: legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso”.

En ese sentido, establece que el personal de seguridad deberá estar adecuadamente identificado, mediante uniformes y placas personales. “Igual exigencia rige para los vehículos oficiales, especialmente para los utilizados para el traslado de detenidos”. Agrega que “ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”, y que “las armas que no sean de fuego, podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente pero nunca como medio para dispersar una manifestación”.

Sobre la difusión de las manifestaciones públicas

En este sentido, el proyecto aclara que “el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas, cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos, ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales”.

Elogio del FINES: ¿ejército de analfabetos?

Un alumno del programa educativo le responde a la especialista Romina de Luca, que en una entrevista cuestionó la intervención estatal.

Por Lucas Isaías Bazterrica*

El pasado 14 de abril se publicó en Infobae una nota sobre el programa “Fines 2” de la periodista Claudia Peiró en la que entrevista a la Doctora en Historia y docente de la UBA Romina de Luca. En ella aseguran que el “objetivo del Fines es generar un ejército de analfabetos funcionales al gobierno con título secundario”, entre otras afirmaciones y conclusiones estigmatizadoras y excluyentes.

Leer esta nota me generó rechazo porque siento que, una vez más, se nos excluye por ser “negros”, por no tener educación, por no tener trabajo,  por no tener casa, por no tener “cultura”, por tener DirecTV o un televisor, por tener dos o más hijos. Y no se dan cuenta que somos la parte de la sociedad que tuvo que generar sus propios mecanismos de resistencia ante un Estado que no solo no nos defendía, sino que nos excluía, generando un país de privilegiados y olvidados.
En la década menemista, nosotros que hoy somos jóvenes, empezamos a crecer en una cultura diferente, donde los viejos buscaban trabajo y no encontraban.

Empezamos a manejar el término changa, reducir el consumo y olvidarnos de algunas cosas. Buscamos los métodos de continuar viviendo dignamente en este sistema, con la venta de vidrio, diario y cartón. Recuerdo a mi vieja pelando cables, buscando cobre, con la presión de la hipoteca que nos termina tirando en la periferia de mi ciudad, La Plata.

Sin resentimiento, y con esfuerzo tratamos de continuar. Encontrando la contención que el estado ya no daba, en el barrio, la familia y la cumbia. Miles de personas éramos excluidas del sistema educativo y dejábamos nuestros estudios. La falta de trabajo y  la desigualdad crecía: unos pocos se hacían cada vez más ricos mientras unos muchos cada vez teníamos menos. Todo parecía ser una política de Estado.

Del 2001 al 2003 no recuerdo haber tenido un año entero de clases. Los maestros pasaban sus días en las calles reclamando por sus salarios. Íbamos a las instituciones para que nos digan hoy no hay clases, así durante tres años.

Un mundo de ong’s que acogían a un montón de pibes y pibas que ya no íbamos a la escuela. Los espacios de contención del Estado en vez se cumplir su objetivo lo único que hacían era profundizar la exclusión.

En el 2003 llega un proyecto político diferente que proponía gobernar para 40 millones y no unos pocos. Obviamente, tantas veces engañados, tantas veces olvidados, no existía motivo para creer que estas propuestas fueran concretadas.  Podría hacer un paralelismo entre las políticas que hoy nos incluyen y antes nos excluían, pero no voy a detenerme en esto. Solo en el año 2005 veo en Crónica TV que Néstor Kirchner proponía una nueva ley de Peón Rural, algo que por cierto mi papa pidió por años, pero producto de la burocracia sindical nunca se había podido concretar. Mi viejo falleció en el 2003, no pudo ver la ley de Peón Rural, pero lo que me demostraba en ese momento es que muchos peones rurales como él y mi vieja iban a ser beneficiados. La ley se concreta en el 2011. Seguramente la burocracia sindical fue la que detuvo ley durante varios años.

Dentro de este proyecto se enmarca el Plan Fines, un plan que viene a proponer una mayor igualdad dando la oportunidad de estudiar a los que, en los tiempos establecidos, no pudimos porque había un estado que nos tiraba a la calle. Ahora estamos en las mismas condiciones, que aquellos que sí pudieron.
El Fines se dicta en “comedores barriales, unidades básicas o casas compañeras de La Cámpora”, como afirma la nota, y también en clubes, facultades y escuelas.  Se dicta en los barrios porque es ahí donde vivimos.

El Fines propone una educación que se construye entre todos, en la que todos aportamos, que se adecua a cada contexto y a la heterogeneidad de realidades.
Cuando leo la nota de Infobae pienso que, seguramente a mí  como a muchos jóvenes, me hubiese encantado tener la oportunidad de estudiar y formarnos en la UBA como lo hizo la Doctora en historia, pero en ese momento las políticas de inclusión no existían, y podía aquél que tenía para comer, vestirse, viajar, comprar útiles y sustentar los gastos.

Hoy, con mis compañeros del Fines debatimos, discutimos los contenidos, nos preguntamos qué carrera vamos a seguir.

Qué diría mi compañera que no está del todo de acuerdo con este proyecto y hace un esfuerzo muy grande por cumplir y estudiar si leyera que usted dice que mañana será una analfabeta funcional al gobierno.

Nosotros somos nuestros propios héroes al ingresar a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social  y romper con esas mentiras hegemónicas que instalan que estudiar en la Universidad es solo para unos pocos.

Quien más nos apoya es la Decana de esta unidad académica, Florencia Saintout, que en su discurso de asunción a su segundo mandato ubicó a la Facultad como espacio de los históricos excluidos: “esta es la Facultad de los negros, de los pobres, de los putos y las putas…”.

El Fines es para nosotros el ingreso a un sistema educativo, donde no se nos impone nada, sino que respetan lo que sabemos y nos enseñan a institucionalizarlo. Es un programa que nos invita a seguir estudiando y prepararnos para que, nunca más, personas como ustedes, que forman parte de una sociedad que solo se encarga de estigmatizar, nos haga creer que no podemos pensar ni muchos menos formarnos.

Para finalizar la invito a discutir nuestras realidades, nuestras historias, nuestras necesidades, nuestras conquistas. Y le propongo que la devolución al pueblo, como egresada de Universidad pública, sea con aportes constructivos e inclusivos.

* Estudiante de Fines 2 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

EN EL ESTE DE UCRANIA, LA MUJER CAYO A MANOS DE LOS SEPARATISTAS El caso simbólico de Irma Krat

Por Kim Sengupta *

Desde Sloviansk

Irma Krat fue acusada de torturar y de pertenecer a un grupo extremista. Entró con ropa más bien improbable para una prisión: una capa elegante y zapatos rojo vivo, una figura pequeña sostenida por los brazos por dos hombres corpulentos con pasamontañas. Uno de ellos le quitó el echarpe a cuadros blanco y negro del rostro, dejando a Irma Krat parpadeando a la luz del sol, con la mirada momentáneamente perdida. Pero la joven, cuya detención por los separatistas en el este de Ucrania se ha convertido en una causa célebre, hizo un esfuerzo por ganar compostura, afirmando su inocencia. Los cargos contra ella van desde participar en la tortura de un periodista, a pertenecer a un grupo de extrema derecha hasta tener un carnet de prensa vencido.

Krat es uno de muchos. Los grupos pro Moscú, que se apoderaron de las instituciones del Estado en una franja de ciudades y pueblos de la región, son responsables de que el número de detenidos sea cada vez mayor.

Vyacheslav Ponomariov, el alcalde recién instalado de Sloviansk, no dudó en confirmarlo el fin de semana, declarando: “Hemos capturado a algunos espías, infiltrados. En este momento, los estamos interrogando: están detenidos, en cautiverio”. Unos pocos prisioneros fueron liberados tras la presión de grupos de derechos humanos. Amigos de Krat están pidiendo ayuda a las organizaciones internacionales.

Uno de ellos, Oleg Veremeenko, un abogado de Kiev, dijo: “Estaba loca por ir allí (al este). Pero no pude convencerla de que no fuera”. El es parte de un grupo que golpea las puertas para conseguir su libertad. Pero Krat es considerada un activo valioso por sus captores, sobre todo en la guerra de propaganda. La mujer, de 29 años, es periodista y activista; no sólo una activista, sino una de las pocas mujeres que sirven con los grupos de milicias en el Maidan, el centro de la protesta en Kiev que derrocó al gobierno de Viktor Yanukovich.

Se afirma que estaba vinculada con los Patriotas de Ucrania, ultranacionalistas considerados compañeros del Sector de Derecha, atacados casi siempre como nazis en esta área. Krat llegó al este desde Kiev al principio del fin de semana de Pascua, subiendo mensajes en Facebook desde la ciudad de Kramatorsk, donde las tropas ucranianas, enviadas en una misión antiterrorista para volver a tomar edificios gubernamentales incautados por los manifestantes, se refugiaron en el aeropuerto después de que les incautaran sus propios vehículos blindados.

El domingo llegó a Sloviansk; era un mal lugar para estar en el momento equivocado. La ciudad se convirtió en un bastión formidable para el movimiento militante, su comisaría ocupada por algunos de los combatientes mejor entrenados entre los separatistas; muchos de ellos ex soldados y oficiales de policía. Por otra parte, apenas unas horas antes, se había producido un ataque contra un puesto de control, con el Sector de Derecha acusado de tres asesinatos.

La tensión era mucha después, con milicianos acusando a los periodistas extranjeros de ser espías. Krat fue rápidamente arrestada. Su página de Facebook la muestra con hombres con brazaletes que parecían la Wolfsangel, un emblema favorito de la extrema derecha. En cualquier caso, ella había sido líder de la organización de las 100 Mujeres, que protegía los campamentos de protesta en el Maidan.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

› EMPRESARIOS DEL ESTABLISHMENT PRESENTARON UN DOCUMENTO CONJUNTO Con ansias de protagonismo

Por Sebastián Premici

Los representantes del establishment reunidos en el Foro de Convergencia Empresaria difundieron ayer un nuevo documento de 21 puntos titulado “Bases para la formulación de políticas de Estado”. En el texto reclaman que el Estado no intervenga en la economía, una reforma tributaria que elimine impuestos “distorsivos”, como las retenciones a las exportaciones, y reglas de juego “claras”. “Este documento no da detalles de las medidas. Proponemos que nuestros equipos técnicos trabajen con los equipos técnicos de los partidos políticos y así se definan las propuestas. Necesitamos pactos, como el de México o el de la Moncloa”, sostuvo Miguel Blanco, presidente de IDEA, durante la conferencia de prensa, donde se llamó a los partidos políticos y al Gobierno a adherir a las recomendaciones.

El establishment apuesta a recuperar la influencia que perdió en los últimos años. Por eso ofrecen sus bases a todos los partidos. “Es lo que proponemos. Si hubiera una adhesión por parte de los partidos políticos, las inversiones comenzarían a fluir, con ese solo gesto se daría un mensaje que generaría el impacto necesario”, remarcó Blanco, quien también aseguró que le acercarán el documento al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El foro está integrado, entre otros, por la Asociación Empresaria Argentina, Amcham, la Asociación de Bancos de Argentina, la Bolsa de Comercio, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y la Mesa de Enlace.

Los empresarios del establish-ment anhelan influir nuevamente en las decisiones de política económica, y con ese objetivo comenzaron a juntarse desde fines del año pasado.

El documento reivindica “la división de poderes y la independencia de jueces y fiscales, la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública; la estabilidad y formalidad de las reglas de juego, garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas, y una reforma tributaria y fiscal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos”, entre otros puntos generales y abarcativos. A último momento agregaron un nuevo ítem (o política de Estado), el de-sarrollo de una “política criminal integral”.

Página/12 preguntó si no creen que los grupos económicos son formadores de precios y contribuyen a generar inflación. “Como en todo, hay quienes aprovechan las oportunidades y se hacen los vivos. Pero eso no es lo importante”, desestimó Blanco. Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, continuó con la respuesta: “Las empresas no forman precios. En Argentina, las condiciones económicas hicieron que falte el trigo y eso impulsó los precios de los alimentos”. En otras épocas, y con otros socios, el federado solía hablar de los efectos de la concentración económica.

Ahora, los integrantes del foro buscarán reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos para presentar sus “propuestas” y seguir sumando cámaras empresarias. Cuando una periodista consultó por qué no estaba la cúpula completa de UIA entre los firmantes –pregunta dirigida a Rattazzi–, el presidente de Fiat y vice de la UIA ya se había bajado del estrado.

El autor intelectual de las distintas proclamas de este foro es Santiago Kovadloff, quien a su vez integra la Academia de Ciencias Morales y Políticas. La semana pasada, Kovadloff se pronunció en contra del proceso judicial que enfrenta Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, investigado por su participación en la desaparición de dos trabajadores del diario. El filósofo no asistió a la conferencia de prensa y de esa manera eludió hablar del rol de los sectores económicos en los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Página/12 les preguntó a los empresarios en la conferencia de prensa qué pensaban de la comisión bicameral para investigar la responsabilidad de los grupos económicos con los crímenes de lesa humanidad. “No hablamos del tema, pero estamos dispuestos a colaborar con el Congreso”, respondió Blanco.

spremici@pagina12.com.ar