EL JUICIO POLITICO AL JUEZ SUSPENDIDO PEDRO HOOFT “Es vital que avance la destitución”

El juicio político al suspendido juez de Mar del Plata Pedro Federico Hooft entró en su recta final. Durante la última audiencia hubo tres testimonios en apoyo al cuestionado magistrado, pero también recibió más pronunciamientos a favor de su destitución, presentados por abogados y abogadas de las Jornadas Nacionales de Causas de Lesa Humanidad. “La destitución de Hooft es decisiva para avanzar en su juzgamiento posterior como partícipe en la comisión de delitos de lesa humanidad, por lo que toda disposición en contrario sólo servirá para alimentar la impunidad de quienes, dentro del Poder Judicial, fueron cómplices y facilitadores del genocidio cometido en Argentina en la historia reciente”, indicó ese agrupamiento en un comunicado.

Los abogados y abogadas, más de 150, reunidos en estas jornadas, consideraron que “es vital para la consolidación de la democracia que el jury que se lleva a cabo en La Plata avance en el proceso de destitución de Hooft, un juez que en su accionar durante la dictadura cívico-militar no sólo se dedicó a rechazar en forma sistemática hábeas corpus sino que, además, realizaba ‘visitas’ periódicas a los centros clandestinos y comisarías de Mar del Plata, donde permanecían secuestrados y torturados cientos de compañeros y compañeras militantes populares, muchos de los cuales fueron desaparecidos o asesinados”.

El pronunciamiento surgió de las jornadas realizadas el 4 y 5 de abril en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que fueron declaradas de interés institucional por el Ministerio Público Fiscal, y lo firmaron Julia Aignasse, Pablo Llonto, Eduardo Tavani, Elizabeth Gómez Alcorta, Liliana Mazea, Carlos Slepoy, Mirta Mántaras y Alan Iud, entre muchos otros.

Hooft está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en una causa que le inició el fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Ese juicio está a la espera de una resolución del jury para poder avanzar.

Según se informó desde el tribunal a cargo del juicio político, que preside el ministro de la Suprema Corte bonaerense Juan Carlos Hitters, el 23 de abril serán los alegatos de las partes y el lunes 28 el tribunal dará su veredicto en la causa. El juez marplatense comenzó a ser juzgado el 17 de marzo y durante las audiencias prestaron declaración el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Mario Portela, el sobreviviente de la represión Carlos Bozzi, y María Eva Centeno, quien prestó testimonio sobre el secuestro y la muerte de su papá, Norberto Centeno. En la denominada Noche de las Corbatas fueron secuestrados los abogados Tomás Fresneda, Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci y Carlos Bozzi.

En la audiencia de ayer Irene María Cecilia Hooft, hija del suspendido juez marplatense, aseguró que su padre “ha sido un juez con aciertos y errores como todo ser humano, pero siempre inculcó diversos valores con sensibilidad humana en nuestra vida”. Irene Hooft recordó que “en el ’93 yo trabajaba en Tribunales y estudiaba Derecho y se promueve un jury contra mi papá, por el caso de (Jorge) Candeloro, y recuerdo que su familia llamó a mi papá diciendo que ella no tenía nada que ver con el juicio”. Marta García de Candeloro había declarado que cuando estuvo ilegalmente encerrada en la comisaría 4ª de Mar del Plata, Hooft recorrió los calabozos y no atendió su pedido de auxilio.

Irene Hooft sólo fue interrogada por la defensa del juez, a cargo de Héctor Granillo Fernández, ya que la querella se negó a realizarle preguntas referidas al caso por considerar que “es hija del imputado y no tendría que estar declarando”, según dijo el abogado Luis Alén.

Luego habló la testigo Lidia Lupo Schweizer, madrina de dos de los hijos de Hooft, y sostuvo que “hay cosas que no pudimos hacer, en dictadura nadie pudo hacer todo lo que quiso, Pedro es incorruptible”. Finalmente, Liliana Elvira Pérez, ex consejera del Colegio de Abogados de Mar del Plata, contó que “según las actas del consejo directivo durante estos hechos (de la Noche de las Corbatas) surge que el único juez que había defendido las causas contra la dictadura había sido Hooft”.

PAGINA 12

EL PAIS › EL SENADOR SANTILLI REFLOTO EL POSIBLE ACUERDO DEL MACRISMO Y UNEN “¿Por qué no una alianza?”

Por Werner Pertot

El senador PRO Diego Santilli ratificó la posibilidad de una alianza entre el macrismo y Unen y, en particular, se refirió a Elisa Carrió. “Si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no una alianza?”, sonrió Santilli. En la mesa chica del PRO señalaron que sus palabras van en el camino que marca la estrategia de alianzas del jefe de Gobierno, aunque el Colorado “jugó un poco demasiado sobre la línea”. Desde la Coalición Cívica prefirieron no contestar a las declaraciones del senador macrista, aunque Carrió ya dijo que estaría dispuesta a sumar al PRO a un frente que impida que alguna de las expresiones del peronismo triunfe en 2015.

Desde el surgimiento de Sergio Massa como opción presidencial para el peronismo disidente en las elecciones del año pasado, la estrategia de alianzas del PRO viró. Macri había intentado ocupar ese lugar de referente del peronismo opositor: de allí sus alianzas con Francisco de Narváez y Felipe Solá en 2009 o con Jesús Cariglino en 2011. Pero con la llegada de Massa, los armadores del PRO ven difícil un acuerdo con los peronistas. Allí surgió el discurso de la “tercera vía” que plantea hoy Macri para diferenciarse del Frente Renovador. Por otra parte, la recomendación del ministro de Gobierno porteño, Emilio Monzó –el principal armador nacional de Macri–, es avanzar en un acuerdo con sectores del radicalismo.

Dentro de esa estrategia se inscriben las declaraciones de ayer de Santilli, quien cuando le preguntaron en una entrevista radial por un acuerdo con Carrió respondió: “Si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no una alianza? Lo importante es terminar con la frustración de 30 años de quienes nos gobernaron”. El senador PRO no descartó un acuerdo con Carrió “si se construye una plataforma hacia los temas que pueden ser políticas de Estado”. Como ejemplo, puso la asignación universal que “lo plantearon ellos y debió ser política de Estado”. “No puede ser que estemos como estamos y tiene que ver con la fragmentación que hay”, interpretó.

Desde la Coalición Cívica, eligieron un estudiado silencio ante las declaraciones de Santilli: nadie salió a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. “Carrió ya dijo lo que tenía que decir”, aclaró un allegado de Lilita. ¿Qué había dicho la líder de la CC-ARI? Afirmó que ve bien a “mucha gente del PRO” y que Macri podría ser “una alternativa al PJ”, por lo que se lo podría sumar “a una alianza para que no se pierdan los votos no peronistas”. Aclaró, de todas formas, que ella hizo denuncias contra el todavía procesado jefe de Gobierno.

Sus declaraciones trajeron ruido al frente que se presenta el 22 de abril. “Carrió da la sensación de querer seducir al electorado de Mauricio Macri”, señaló el dirigente de Libres del Sur, Humberto Tumini, quien advirtió que “Unen y el PRO son fuerzas distintas que ante determinadas cuestiones pueden tener las mismas posturas”. Otros referentes del espacio, como Hermes Binner o Julio Cobos, descartaron un acuerdo con el PRO.

En la conducción del PRO señalaron que las declaraciones de Santilli no se alejan de los contactos informales que tienen por estos días. “Con Carrió y con Binner no hay conversaciones; con el resto, sí. Pero nada formal aún”, dicen y esperan a después del acto del 22. Dentro de la UCR, el PRO tiene varios dirigentes que podrían apoyar un acuerdo: Oscar Aguad es casi un embajador del PRO en el radicalismo. “Esas frases es todo lo que tenemos con Carrió. Pero no son menores sus expresiones a favor de un frente amplio”, dicen. Macri, en tanto, camina la línea delgada de mostrarse abierto a un acuerdo, pero no quedar atrapado en la interna de Unen.

PAGINA 12

EL PAIS › FINALIZO LA INDAGATORIA A ENRIQUE MATHOV POR LA REPRESION DE 2001 Contradicciones y evasivas

 Por Ailín Bullentini

En su tercera jornada de indagatoria, el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, esquivó con numerosos “no recuerdo” y “me remito a lo dicho anteriormente” las preguntas de las partes que intervienen en el juicio que se le sigue a él y a otra docena de ex funcionarios policiales por cinco muertes y más de un centenar de lesiones ocurridas durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001. “La fiscalía y la querella intentan mal acusarme, igual que quienes instruyeron esta causa”, acusó a la representación del Ministerio Público Fiscal, Mauricio Viera, y a la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes interrogaron, entre constantes interrupciones de las defensas, al ex funcionario imputado por homicidio culposo y lesiones. “Armaron un corralito para proteger a Mathov de las consultas, lo que por momentos transformó al debate en un proceso tedioso”, evaluaron desde el CELS. Las estrategias de la fiscalía y de la acusación coincidieron en remarcar varias contradicciones entre la versión actual de los hechos que ofreció el ex secretario ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6 y sus anteriores declaraciones.

Mathov inauguró la jornada con lo que definió como el “cierre” de su exposición respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa. “No está probado que hayan disparado los policías”, advirtió entre ratificaciones de lo ya dicho durante las audiencias anteriores respecto del objeto en juicio: cinco muertes –de las más de 30 que se produjeron en todo el país en aquellos días producto, en su mayoría, de la represión estatal– y más de un centenar de heridos; todos por impactos de bala. Con la misma firmeza que cerró su exposición, “nadie ordenó desalojar la Plaza de Mayo”, comunicó al presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, y al resto de los jueces del cuerpo, Javier Anzoátegui –que sigue alzando su disidencia respecto de sus colegas–, Rodrigo Giménez Uriburu y el magistrado suplente Adrián Martín, que aceptaría preguntas de las partes.

La seguridad de Mathov durante la etapa de las consultas fue decreciendo, si no tal vez por su actitud, seguro por la de su abogado defensor Jorge Valerga Aráoz –comparte la tarea (y el nombre completo) con su padre–. El joven letrado no perdió oportunidad de interponerse entre las preguntas de las partes acusadoras y las respuestas de su cliente para expresar quejas, oposiciones y reclamos, sobrepasando incluso la autoridad del tribunal. En algunos casos contó con la compañía de otros abogados defensores, que vieron luz en ese tren de embrumar la situación y se subieron. El último planteo realizado en bloque al tribunal versó sobre la lectura de pasajes de declaraciones anteriores que Mathov realizó a lo largo de doce años de expediente, actitud desarrollada tanto por Viera como por Rodrigo Borda, del CELS, para señalar contradicciones entre la versión actual y las viejas del acusado. En diálogo con este diario, desde el CELS descalificaron la estrategia defensiva: “No hicieron más que construirle un corralito para impedir que respondiera las preguntas, lo que por momentos transformó el debate en un proceso tedioso al imprimirle una dinámica perniciosa, hubo momentos en que era complicado seguir”, evaluó Borda.

Ante el señalamiento de las contradicciones entre la estrategia del acusado durante la instrucción de la causa y la que desarrolló frente al tribunal en la etapa oral, Mathov respondió con evasivas: “Me remito a lo que dije en las anteriores jornadas”; “No lo recuerdo”.

La conformación o no del Comité de Crisis aquel 19 de diciembre de 2001 fue un punto en el que tanto la fiscalía como el CELS insistieron al momento de indagar a Mathov, quien en un primer lugar se atuvo a lo que dijo la semana pasada –que no había existido tal cosa– y luego abrió la canilla de agravios, sin profundizar en la cuestión. Las partes acusatorias señalaron una contradicción entre esta última versión del ex secretario de Seguridad, que apunta a deslindarse de todo rol preponderante en el ordenamiento de la represión de aquel 20 de diciembre, y lo que dijo en varias oportunidades a lo largo del expediente, incluso lo que declaró el ex ministro del Interior Ramón Mestre, en su indagatoria de principios de la década pasada: que el Comité de Crisis funcionó.

¿Por qué insistir en este punto? Ese organismo, que se congrega vía Consejo de Seguridad, tiene un rol operativo, es decir que puede dar órdenes. Más aún en el marco de un estado de sitio como el que actuaba en aquellos días de diciembre.

Borda, además, señaló diferencias entre los dichos pasados de Mathov y los actuales en otros dos puntos: las órdenes impartidas a los jefes máximos de las fuerzas de seguridad. Frente al TOF Número 6, Mathov negó haber hablado con otro jefe que no hubiera sido Rubén Santos, a cargo de la Policía Federal, cuando en sus primeros descargos frente a la Justicia había mencionado “diálogos con los jefes”. Ayer, además, insistió en que él no dio ninguna orden: “Sólo transmití lo que dijo Mestre”. Por último, la querella señaló un cruce de llamados entre una de las líneas telefónicas que en la causa figura a nombre de Mathov y la SIDE. “No recuerdo haber llamado o que me haya llamado nadie de la SIDE”, cerró, sin dar más detalles.

PAGINA 12

EL PAIS › LA FISCALIA APELO EL FALLO QUE SOBRESEYO A TODOS LOS ACUSADOS POR LOS SOBORNOS EN EL SENADO Una sentencia “arbitraria e infundada”

 Por Irina Hauser

La fiscal Sabrina Namer acusó al tribunal oral que absolvió a todos los imputados del caso de los sobornos en el Senado de haber sido parcial, arbitrario y de haber realizado el juicio con una “decisión tomada” de antemano. Así lo planteó en la apelación que presentó ayer ante la Cámara de Casación Penal, donde reclamó que se revierta la sentencia. En el escrito sostuvo que los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 sistemáticamente hicieron lugar a pruebas de las defensas que apuntaban a decir que no hubo coimas para aprobar la reforma laboral y a la vez “ignoraron deliberadamente todo lo que pudiera llevar a probar el hecho”, como los cruces de llamados telefónicos de los implicados, entre otras evidencias.

El TOF3 había anunciado su decisión justo antes de las fiestas, el 23 de diciembre del año pasado. La absolución masiva se rumoreaba con anticipación, pero lo que más sorprendió fueron los términos del tribunal, que en una síntesis de sus fundamentos afirmaba que las coimas a senadores con el fin de que votaran la flexibilización laboral –como reclamaba el Fondo Monetario– “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuya confesión fue base de la investigación y de la acusación fiscal, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”. Al juez Daniel Rafecas, el instructor, lo acusaron de haber encaminado la causa en la dirección que quería, de intimidar a testigos y vulnerar el derecho de defensa. Lo denunciaron. También cuestionaron al fiscal Federico Delgado y a otros siete jueces que intervinieron en algún momento. El mensaje fue recibido dentro y fuera de Tribunales como una advertencia dirigida a quienes quieren investigar casos de corrupción.

Los fundamentos íntegros del TOF3 fueron difundidos el 31 de marzo y ocupan casi 2700 páginas. Tal como preanunciaron el día del veredicto, los jueces del tribunal (Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Ramírez) introdujeron una comparación con la causa AMIA –que dos de ellos anularon diez años atrás– y sugirieron que a Pontaquarto le había pagado la SIDE, como a Carlos Telleldín en el caso del ataque terrorista, donde se descubrió que había recibido 400 mil dólares. Una de las diferencias con aquel tema, que señala la fiscal Namer en su apelación, es que un pago a Pontaquarto es una conjetura de ellos, de la que nadie ofreció prueba ni una explicación de para qué. Otra, que en el caso de los sobornos “no declararon la nulidad de la instrucción”, “ni del requerimiento de elevación a juicio, tampoco el alegato” de la fiscalía. “Pero usaron otro recurso que los llevó a los mismos efectos: su sana crítica”, y para eso, entiende Namer, “no valoraron ninguna prueba” de las que llevaban a los sobornos. Incluso, señala, buscaron hacer eje en inconsistencias o contradicciones de Pontaquarto para derivar en la existencia de “conspiraciones ridículas”.

En su alegato, Namer había pedido penas de seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo; un año y medio de prisión para el arrepentido Pontaquarto y la absolución del ex senador Ricardo Branda y del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique. Ayer señaló que la sentencia del TOF3 había sido “la crónica de una absolución anunciada”, “absolutamente arbitraria e infundada” y volvió a pedir condenas para todos los mismos que ya había considerado culpables.

El tribunal oral, al anunciar su decisión, descalificó los hechos que incluso la Cámara Federal había dado por probados. Afirmó, en tono lapidario: “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía, para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar cinco millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE; no es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”. Como es conocido, ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. Cantarero por padecer Alzheimer, el radical se suicidó.

La presentación de la fiscal asegura que el tribunal sólo admitió las pruebas que abonaban la teoría de las defensas: que el soborno no se podía probar o que ni siquiera había existido. Cuestiona que haya descartado “todas las pruebas de la presencia de los imputados en el domicilio de Cantarero la noche en la que, según el relato de Pontaquarto, se pagó el soborno” y que haya omitido evidencias sobre la reunión en la Rosada. Enumera: que se dejaron de lado “23 elementos de prueba –documentales y testimoniales– de la injerencia que tuvo el Fondo Monetario Internacional en la sanción de la ley; 11 elementos de prueba de la importancia que revestía la ley para el gobierno de De la Rúa; y 12 declaraciones de testigos que manifestaron que el proyecto de reforma laboral no había sufrido modificaciones sustanciales” al ser sancionado.

Buena parte de la presentación repasa qué hizo el TOF3 con las pruebas y objeta su empecinamiento en destruir los dichos de Pontaquarto y los testigos. Dice que tiene una visión “sesgada y peculiar” de los registros telefónicos utilizados para cotejar el relato de Pontaquarto y que confirmaban la presencia de los imputados en los lugares y horarios por él indicados. Para el tribunal, carecían de certeza y ni siquiera eran “evidencia indiciaria”. Sin embargo, dice la fiscal, “los valoró” “sacando conclusiones asertivas a favor de la inexistencia de los hechos”.

En igual sentido, el TOF3 –dice Namer– atacó los testimonios que daban crédito o transmitían algún conocimiento de la existencia de sobornos, para descalificarlos. Por ejemplo, al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y Antonio Cafiero los trató de manipuladores y les endilgó un uso político del tema; pero consideraron que a los periodistas que escribieron sobre los hechos los engañaron en su buena fe, fueron víctimas de operaciones políticas. Aludían a Joaquín Morales Solá, quien escribió que tres senadores y un diputado le confirmaron la existencia de sobornos; y a Fernanda Villosio, quien escribió sobre la base del relato de Cantarero, quien había relatado el cobro para votar la ley laboral pero –dijo el tribunal– nunca lo confesó en Tribunales.

Otra prueba clave, “dirimentes”, omitida, según la fiscalía, fue la realización de un careo entre un perito y el ex director de Finanzas de la SIDE, Juan José Gallea. Según Namer, hubiera permitido aclarar el origen de una planilla con movimientos contables de los que surgía la salida de los cinco millones de pesos con los que se habrían pagado los sobornos. En rigor, había dos versiones de la misma planilla, sobre el mismo dinero. A eso añadió que no se analizó lo atípico del ingreso de ese monto ni las actas secretas, con fechas discordantes, que justificaban su salida. Recordó que los jueces rechazaron la declaración como testigo, clave, de Silvana Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, quien en la instrucción había dicho bajo juramento que vio el dinero para el pago de las coimas.

“El tribunal oral pretendió crear ante la opinión pública una falsa imagen de rigurosidad y fundamentación mediante una resolución de una extensión absolutamente desmesurada, innecesaria y sólo explicable en la decisión de encubrir bajo el tamiz de la acumulación de fojas una arbitrariedad manifiesta”, sostuvo Namer. “Desde el primer día (los jueces), vieron en este juicio una megaconfabulación entre el Poder Ejecutivo (gobernaba Néstor Kirchner cuando Pontaquarto confesó, en 2003) y el Poder Judicial para traer a juicio a los imputados.” “Pareciera que todo el mundo se orquestó” para acusarlos, ironizó, y dijo que –sin embargo– el tribunal no dice ni cuál era el propósito ni qué ganaba el ex secretario parlamentario con semejante supuesta mentira.

PAGINA 12

POLÍTICA • Jueves 17 de Abril de 2014 | 09:54 Sileoni rechazó las críticas contra el Plan Fines

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, rechazó hoy categóricamente las duras críticas que distintos sectores formularon contra el llamado Plan FinEs 2, destinado a jóvenes para que completen sus estudios, y negó que se trate de un "sistema exprés" o "esté pensado para enmascarar estadísticas".

Sileoni admitió que "algún" profesor de todos los inscriptos para dictar esos cursos "puede que no tenga título", pero aseguró que lo mismo ocurre "en las escuelas secundarias porque a veces nos faltan docentes".

"¿Puede haber algún docente que no tenga el título? Sí, puede haber, como hay en las escuelas secundarias porque a veces nos faltan docentes, pero no hay un aliento de salir a buscar docentes que no tengan título", replicó por radio Continental, al tiempo que advirtió que "no se puede decir graciosamente que hace 40 años el sistema educativo argentino se degrada".

TIEMPO ARGENTINO

◄ Por Yésica De Santo La provincia de Buenos Aires "exporta" su modelo sanitario

Nota del sitio Tiempo Argentino. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, ha establecido múltiples convenios con la Argentina. Sin embargo, en los últimos años, los intercambios se multiplicaron, y los trabajos y estrategias llevados a cabo por el país en materia sanitaria no han pasado desapercibidos ante el organismo. En este marco, el próximo martes, el ministro bonaerense Alejandro Collia se reunirá con la directora de la OPS, Carissa Etienne en Washington para exponer algunas de las principales experiencias sanitarias públicas llevadas a cabo por la cartera con la idea de replicarlas en otros países de la región, y se establecerá una agenda de trabajo conjunto, que incluirá la renovación de un convenio.

Algunas de las políticas sanitarias que más llamaron la atención y que serán analizadas para el resto de la región son el control de inocuidad de los alimentos, la producción pública de medicamentos, la formación y capacitación de recursos humanos, esto es, el plan de enfermería "Eva Perón", y la formación para residentes para hospitales, plan "El médico que el país necesita".

También se han destacado la atención primaria en territorio que consta de la experiencia piloto en el Conurbano que incluyó recorridas casa a casa y relevamiento sociosanitario, así como las experiencias realizadas en la atención en red del hospital de alta complejidad El Cruce– Néstor Kirchner, y la estrategia del "hospital donante" para incrementar el número de trasplantes en la provincia.

"El hecho de que podamos presentar tantos resultados positivos ante la OPS es una expresión más de que pudimos desarrollar todas las acciones con la seriedad y el contenido que necesitan. Nuestro crecimiento nos permite tener intercambios con organismos mundiales y esperamos que lo que nos puedan aportar también sea fructífero para la salud de la provincia", aseguró el ministro Alejandro Collia en diálogo con Tiempo Argentino.

Durante la reunión de prensa, el ministro también aclaró que los sistemas de salud suelen tener dos grandes problemáticas: los recursos humanos y la producción de medicamentos. "El sistema de salud de la provincia es uno de los más importantes de Latinoamérica, principalmente en la formación de recursos humanos."

El plan provincial de enfermería Eva Perón puesto en marcha en 2009 hizo frente al déficit histórico de enfermería. Desde su inicio se formaron 4342 enfermeros y enfermeras en 42 centros de capacitación que funcionan en hospitales provinciales.
Con respecto a la producción pública de medicamentos, el titular de la cartera sanitaria bonaerense destacó que "nuestro desarrollo reduce los costos sanitarios de 5 a 6 veces.

Producimos 150 millones de comprimidos anuales de remedios esenciales vinculados a hipertensión arterial o diabetes, dos de las cuatro enfermedades que provocan el 82% de las muertes en el país", junto a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón.

El Instituto Biológico Tomás Perón produce 6 de los 10 medicamentos más importantes que demandan los 78 hospitales públicos de la provincia. Entre los medicamentos producidos se encuentran, el paracetamol 500, Ibuprofeno 400, y el diclofenac 50 miligramos.

El Ministerio de Salud también presentará ante la OPS el plan de prevención y promoción de la salud basado en la comunicación interpersonal, puerta a puerta que aún está en desarrollo en 24 municipios y ocho regiones sanitarias. "Detectamos los problemas y luego se regresa con la vacuna o bien con el turno para que se hagan los controles, volvemos con la solución", explicó Collia.
Las experiencias en el hospital de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela también llamaron la atención de las autoridades sanitarias internacionales. Al respecto, Collia aseguró que "al formar parte de una red de derivación de la que forman parte otros ocho hospitales de la región del Conurbano, el trabajo es mucho más organizado y se ha convertido en un centro de referencia nacional en lo asistencial, de investigación y docencia." 


Cómo es la estrategia de cooperación con el país
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), mantiene una estrategia de cooperación con el gobierno nacional, reflejada en el documento Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Argentina 2012-2016. 
La cooperación que se realiza incluye aspectos financieros (créditos, donaciones) y aspectos relacionados con la cooperación técnica no financiera (recepción de técnicos y consultores de organismos internacionales, financiamiento para la realización de seminarios o la participación de expertos en encuentros internacionales).

En los últimos años la Argentina ha participado en proyectos de cooperación técnica entre países apoyados por la OPS en los siguientes temas: fortalecimiento de la vigilancia integrada de enfermedades transmitidas por alimentos, atención primaria de salud mental, enfermedades transmitidas por vectores, procesos editoriales en ciencias de la salud, reducción de inequidades en el Chaco sudamericano, seguridad vial, intercambio de experiencias entre Tierra del Fuego y Nunavut (Canadá), entre otros. 
La Argentina también llevó adelante, junto con Brasil y Uruguay, un TCC para potenciar la prevención y atención al VIH en sus zonas de frontera, apenas separadas por un puente, un caudal de agua o una calle, pero conectadas en el ámbito de la salud, la educación y el trabajo.


Producción pública de remedios
La producción pública de medicamentos posibilita la soberanía, accesibilidad, universalización, y la generación de puestos de trabajo. En 2013 se produjeron más de 80 millones de comprimidos para la diabetes y antiinflamatorios, entre otros. El mismo año, se logró un récord en la producción de medicamentos con la fabricación de más de 80 millones de comprimidos de remedios destinados principalmente a los programas sanitarios. El Instituto Biológico Tomás Perón del Ministerio de Salud de la Provincia produce medicamentos, vacunas y sueros para la prevención de enfermedades transmisibles. Cuenta con una planta de producción de medicamentos genéricos en La Plata y abastece a hospitales y programas de la provincia.

En los últimos dos años el Instituto Tomás Perón produjo casi 3 millones de vacunas (2.975.000 dosis); además, es el único productor de la vacuna antirrábica humana en la provincia y el que más produce en todo el país. Las vacunas producidas son la BCG, PPD tuberculina, antirrábicas de uso humano y veterinario y la doble adulto (difteria y tétanos).

"Hospital donante": un plan exitoso

La iniciativa de "Hospital donante" incorpora la donación de órganos y tejidos a los objetivos institucionales e involucra la capacitación especial de los profesionales de la salud para que los servicios de terapia intensiva y emergentología sean generadores de donantes de órganos. Además, implementa acciones de capacitación y comunicación de los médicos y garantiza las etapas del proceso de donación en el hospital.

En la provincia, la cantidad de donantes reales aumentó en un 59 por ciento entre 2004 y 2013 y pasaron de ser 139 a 222 donantes anuales. Además, se incrementó la cantidad de órganos procurados, se pasó de 377 en 2004 a 641 en 2013.

Entre 2007 y 2013 se realizaron 5594 trasplantes a pacientes de la Provincia. En ese mismo período se pasó de 9,13 donantes por millón de habitantes a 14,2 donantes por millón. En la actualidad, de los 11 mil pacientes que hay en lista de espera para trasplante en todo el país, 4697 (un 42%) son de la Provincia. Del total de pacientes en espera, la mayoría necesita un trasplante renal, de córneas o hepático, en ese orden.

TIEMPO ARGENTINO.

POLÍTICA • Jueves 17 de Abril de 2014 | 09:24 El personal doméstico tendrá cobertura de ART: "Es un logro"

 El apoderado de la Unión Personal de Auxiliar de Casas Particulares, Carlos Brasesco, destacó hoy como "un logro" el decreto que reglamentó la ley que regula el trabajo en casas particulares, y subrayó que "se concretó la normativa que ampara y cubre los derechos" de las trabajadoras.

"Hoy las trabajadoras domésticas tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador", remarcó Brasesco, quien precisó que "tienen derecho por día de estudio, maternidad, obra social y cobertura de ART".

Explicó que "los puntos ya estaban fijados en una ley aplicada en abril del año pasado", y añadió que "ahora lo que se ha hecho es reglamentar algunos de ellos, como la bancarización de los sueldos con obligatoriedad para aquellos que trabajen 32 horas o más; y la cobertura de riesgos de trabajo por medio de la ART (aseguradora de riesgos del trabajo)".

Sobre la bancarización del personal doméstico, el gremialista indicó a FM Latina que "ahora va a ser obligatorio para aquellos que trabajen 32 horas o más, y optativo cuando sea por menor cantidad de horas".

En cuanto al costo de esta novedad, precisó que será gratuita tanto para el empleado como para el empleador, "como cualquier persona que tiene cuenta sueldo y trabaja en situación de dependencia".

Sin embargo, respecto de la cobertura a través de una ART, Brasesco puntualizó que "el decreto establece que resta efectuar una reglamentación por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en coordinación con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para los aportes que se efectúen".

"Todavía no está plenamente operativo hasta en tanto se concrete ésto. No puedo dar una estimación, el decreto no lo dice, pero estimamos que no se va a extender en el tiempo mucho. Es lógico que en un corto plazo estén dictadas estas normativas", aclaró el dirigente gremial.

De todos modos, subrayó que "la ART no es opcional, es obligatoria", y en cuanto al costo de la misma, indicó que "lo va a fijar la SRT en base a la cobertura integral que el seguro de riesgos va a dar".

Con todo, Brasesco afirmó que la reglamentación de la ley "es un logro y significa cerrar la redondez del círculo", y puso de relieve que "se concreta la normativa que ampara y cubre los derechos y obligaciones" de las empleadas domésticas.

Advirtió que a partir de ahora "el empleador va a tener que responder si el trabajador no está cubierto", y consideró que "ya no hay justificación para no tener en blanco al personal doméstico".

Brasesco sostuvo que "se calcula que un millón de trabajadoras domesticas, un 65 por ciento, esta en la informalidad, es decir, en negro".

TIEMPO ARGENTINO