memoria identidad y resistencia

domingo, 30 de marzo de 2014

Regulación del comercio de granos: Soberanía económica y política

POR LUCIA FERNANDEZ

Durante los primeros meses del año hemos sido testigos de las maniobras especulativas del sector agroexportador, particularmente de granos, que mediante la retención de producción y divisas extorsionan al gobierno nacional con el objetivo de torcer el rumbo económico del país.

El complejo oleaginoso representa el principal ingreso de dólares a la economía argentina (participa del 36,9% de las exportaciones). Pero solamente cinco empresas, cuatro de ellas de capital extranjero (Cargill, Bunge, Dreyfus y Toepfer), concentraron cerca de la mitad (47,8%) de las exportaciones de granos, subproductos y aceites en 2013.

A estos exportadores el gobierno les solicitó acelerar el ritmo de sus liquidaciones (que en el primer mes del año habían sido un 20% menos que en 2013). En febrero liquidaron unos 2.000 millones de dólares, llegando a 3.000 en el bimestre (28% más que hace un año). Es decir, que los dólares estaban en su poder pero no los liquidaban especulando con un mayor tipo de cambio, aun después de la devaluación que llevó el valor del dólar a $8.

El poder de estos sectores radica en la concentración que ejercen sobre todos los eslabones de la cadena de comercialización de los granos.

Si bien la producción primaria involucra alrededor de 73 mil productores, solo el 6% explican el 54% de la producción. En la etapa industrial (el 75% de la producción primaria de soja se destina a la industrialización) también existe una alta concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias.

Los mayores perjudicados en este negocio son los pequeños productores, que le venden los granos a las exportadoras o a los productores de aceites y harinas a un precio mucho menor al internacional. Con la diferencia que hacen las grandes cerealeras entre la compra al productor y la venta al exterior, se quedan con alrededor de 700 millones de dólares anuales de ganancia.

Su posición dominante les permite retener producción a la espera de mejores precios, afectando fuertemente el abastecimiento y los precios internos. A fines del 2013 los productores de soja y derivados retenían entre 5 y 7 millones de toneladas. En términos fiscales significó una baja de ingresos de 1.000 millones de dólares.

El manejo de la divisa es un instrumento de soberanía económica. El dólar es la moneda en que se comercializan la mayoría de los bienes y servicios a nivel mundial. Si no ingresan dólares por el comercio exterior debemos utilizar las reservas internacionales o contraer deuda externa.

Frente a esto desde el Banco Central se han emitido una serie de medidas para disminuir el porcentaje de depósitos en dólares que pueden tener los bancos y aumentar el anclaje bancario en la misma moneda. Sin embargo no puede obviarse la regulación del sector que representa el principal ingreso de dólares al país (se estima que este año ingresaran cerca de 30.000 millones del sector agrícola).

Recientemente se creó el registro de granos en la AFIP que permitirá conocer todas las existencias de granos. A su vez, mucho se ha dicho en los últimos meses sobre la creación de una junta nacional de granos, u organismo similar, que permita que el Estado intervenga de manera directa en la comercialización.

El ministro de agricultura esbozó esta idea en una entrevista reciente: “en el caso que esto suceda, en términos que se instale permanentemente - (la conducta de los exportadores) - , se puede regular, intervenir en el mercado, a partir de la generación de instituciones y normativas. El Estado puede ser comprador, por ejemplo cuando se habla de una Junta Nacional de Granos (…)”. Las declaraciones sonaron más a una advertencia que al lanzamiento de una medida de gobierno.

Pero estos sectores no se rigen por pedidos o advertencias, ni siquiera por criterios estrictamente económicos. Lo que los motoriza son intereses políticos. Este gobierno ha hecho de las retenciones a las exportaciones agropecuarias uno de sus pilares fundamentales. Eso es inaceptable para estas empresas y es, precisamente, lo que combaten.

Por lo tanto la respuesta también debe ser política, no se trata de elaborar decretos con equipos técnicos a puertas cerradas. Esto hizo el inepto de Martín Lousteau (actualmente columnista de La Nación) con la resolución 125. De política ni una palabra. Así nos fue.

Así les fue también a los técnicos desarrollistas de Frondizi y Frigerio. Devaluaron para atraer capitales extranjeros y “mejorar la competitividad” de las exportaciones para que aumente la producción, pero al sector exportador más que aumentar las exportaciones le interesaba sacarse de encima a Frondizi. La tecnocracia nunca podrá remplazar a la política cuando se trata de enfrentar a la rosca oligárquica.

Lo que se impone actualmente es avanzar en la construcción de la legitimidad política para crear, mediante una ley, un organismo que permita no sólo la participación preponderante del Estado en el comercio de granos, sino que tenga como columna vertebral a los productores y trabajadores argentinos expoliados por las exportadoras transnacionales.

En los últimos años ha ganado terreno la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que nuclea a más de 160 productores. A su vez los sectores que se oponen a la conducción de Buzzi en la Federación Agraria (Agrupación Grito de Alcorta, Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, etc.) reclaman la creación de un organismo con estas características.

Ese debe ser el punto de apoyo del gobierno nacional para encarar esta tarea y ampliar la convocatoria a la sociedad en su conjunto mediante la realización de Audiencias Públicas en todos los puntos del país, para terminar en una votación del Congreso en la que veamos a favor de quién vota cada uno. Solamente este proceso, profundamente democrático, dará la legitimidad política necesaria para sostener una medida que ataca a uno de los sectores más poderosos de la economía argentina.

Fuentes:

http://www.infobae.com/2013/12/31/1534275-la-soja-finalizo-el-ano-mayor-cosecha-y-exportaciones-aunque-los-precios-cerraron-baja

http://www.lapoliticaonline.com/nota/73806/

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/itemlist/tag/Junta%20Nacional%20de%20Granos.html”

Complejo Oleaginoso” Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional Octubre 2011

Peron Economia Producion y Trabajo

Regulación del comercio de granos: Soberanía económica y política

POR LUCIA FERNANDEZ

Durante los primeros meses del año hemos sido testigos de las maniobras especulativas del sector agroexportador, particularmente de granos, que mediante la retención de producción y divisas extorsionan al gobierno nacional con el objetivo de torcer el rumbo económico del país.

El poder de estos sectores radica en la concentración que ejercen sobre todos los eslabones de la cadena de comercialización de los granos.

Fuentes:

http://www.infobae.com/2013/12/31/1534275-la-soja-finalizo-el-ano-mayor-cosecha-y-exportaciones-aunque-los-precios-cerraron-baja

http://www.lapoliticaonline.com/nota/73806/

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/itemlist/tag/Junta%20Nacional%20de%20Granos.html”

EL PAIS › INVESTIGARAN OTRAS COMPLICIDADES CON LA DICTADURA La hora de los civiles

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la creación de una comisión para investigar a los actores económicos que “promovieron y/o facilitaron” delitos de lesa humanidad durante la dictadura o que apoyaron “la ejecución del plan criminal”. La iniciativa había sido presentada en octubre por el legislador Pedro Pesatti, del Frente para la Victoria, a partir del trabajo del jurista Juan Pablo Bohoslavsky y el periodista Horacio Verbitsky en el libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. La Comisión Especial Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, tal su nombre completo, funcionará con amplias facultades durante todo el período de sesiones de 2014. “Es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que tiene como objetivo específico investigar la complicidad económica durante un gobierno autoritario”, destacó Bohoslavsky. “Nuestra máxima aspiración es que la investigación tenga incidencia luego en la Justicia, pero aun si eso no fuera posible es importante que la gente conozca cuál fue el comportamiento de los actores económicos frente a la dictadura”, destacó Pesatti.

En los procesos por los crímenes de la dictadura, que ya tienen más de 500 condenados, “han quedado fuera del radar los actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron delitos de sangre”, explica en sus fundamentos el proyecto aprobado. No se investigaron todavía “las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal” y que, en muchos casos, son “actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, mientras sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos”, agrega.

El proyecto se aprobó el viernes y deberá volver a tratarse en la misma Legislatura (Río Negro no tiene dos cámaras) dentro de quince días para su sanción definitiva. La comisión tendrá “amplias facultades”, entre otras la de acceder a documentación y expedientes administrativos y judiciales, requerir declaraciones de personas y también informes a organismos públicos y privados. Si bien todavía no se conformó, Pesatti anticipó que la integrarán los legisladores Susana Diéguez, Silvia Horne y César Miguel, que a su vez son sobrevivientes de la dictadura. Los “asesores, investigadores o expertos” que la integrarán surgirán en principio de convenios con las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro, aunque no descartó que también se recurra a otros ámbitos académicos.

“El libro Cuentas pendientes... de algún modo permitió tener argumentos más fuertes frente a una presunción que todos teníamos, o en algunos casos directamente evidencias, sobre el rol de grupos civiles, eclesiásticos y económicos que formaron parte de la dictadura”, explicó Pesatti. “Incluso habría que analizar bien la cuestión del cómplice. ¿Quién fue cómplice de quién? Tal vez con una investigación completa, que seguro se replicará en otras provincias, encontremos que los verdaderos instigadores y responsables fueron del campo civil, ya sean grupos económicos que se beneficiaron y que aportaron sus mejores hombres al equipo de (el ministro de Economía José) Martínez de Hoz, y que los cómplices fueron en todo caso los militares”, sugirió el legislador, que hasta 2007 era profesor de letras de la Universidad Nacional del Comahue.

Bohoslavsky destacó que Río Negro es pionera a nivel internacional al crear una comisión que investigue exclusivamente a los actores económicos. “Hay otras que han trabajado el tema, como la de Sudáfrica, pero de manera marginal, no porque formara parte de su agenda ni porque estuviera en su mandato inicial”, explicó. También resaltó la importancia de que la investigación de la complicidad económica se realice en distintos niveles. “Es posible y deseable esta descentralización de la sociedad civil impulsando una agenda de investigación. Es posible que municipios, provincias, universidades o sindicatos investiguen dentro de sus ámbitos de trabajo, aplicación o interés, ya que entonces habrá un proceso colectivo de construcción del conocimiento y un debate sobre qué hacer con esa información una vez consolidada”, se esperanzó.

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EL PAIS › OPINION ¿Sudáfrica o Argentina?

Por Daniel Feierstein *

Revertir los procesos de hegemonía lleva tiempo. La necesidad ética y política de enfrentar la impunidad se construyó con enorme trabajo, en un proceso iniciado a fines de la dictadura y que persiste hasta hoy. Pero cada vez más se identifican intentos –ya no sólo de los perpetradores y sus cómplices– por revertir ese logro. Aparecen por flancos diversos y apuntan siempre en la misma dirección: la Justicia no sería el mejor remedio para enfrentar el genocidio. Su última estela fue el reportaje al investigador francés Philippe Joseph Salazar, aparecido en La Nación el día previo al 38 aniversario del golpe de 1976. Pero se articula con numerosas declaraciones en ámbitos periodísticos, académicos y políticos de los últimos años. Tomaré el reportaje de Salazar apenas como ejemplo de esta tendencia.

Es difícil juzgar la experiencia política de otro país y tampoco es mi intención. Pero ya que el investigador francés que vive en Sudáfrica se permite juzgar el caso argentino sin mucho rigor, contrastaré sus afirmaciones sobre Sudáfrica con alguna información pública. Dice Salazar que “hoy llama la atención para cualquiera que vaya a Sudáfrica lo feliz que es la gente allá. Es la felicidad de vivir juntos. No quieren más hablar del pasado”. Resulta difícil imaginar cómo se concilia dicha felicidad con la tasa de homicidios anual de 31,8 cada 100 mil habitantes, no sólo de las más altas del mundo, sino también dentro del propio continente africano, cuyo promedio es de 17 (Argentina tiene una de 5,5, pese al fervor mediático sobre la inseguridad).

A ello se suma que las muertes sudafricanas tienen relación con el período del apartheid, tanto la violencia anti blanca rural (que no parece mostrar una “reconciliación” muy exitosa, con más de un millar de asesinatos de afrikaaners desde 1994, según las fuentes más cautas), sino también responden a la represión policial, las muertes en cárceles y a la dominación de género, además de la clásica violencia delincuencial.

Agrega Salazar que la ganancia de haber resignado la posibilidad de justicia se compensó con la verdad. Pues no parece ser la conclusión unánime con respecto a la Comisión de Verdad y Reconciliación. En las autoinculpaciones no sólo no hubo arrepentimiento, sino que tampoco se aportó mucha información. La mayoría de las declaraciones “olvidaban” incluir a los copartícipes en las acciones cometidas, así como de informar el destino de los cuerpos, en el caso de que no se conociera previamente. La disyuntiva de conseguir verdad o justicia no parece haber sido tal. No hay prueba alguna de que la labor de la comisión hubiese realmente avanzado significativamente en el conocimiento de los hechos más de lo que lo hubiere hecho un proceso penal.

Apelando a la teoría de los dos demonios, Salazar también sostiene sin pudor que “los crímenes de sangre cometidos por los movimientos de liberación están en el mismo plano que aquellos cometidos por los agentes del apartheid”, borrando la distinción de origen del derecho internacional de los derechos humanos, la separación entre crímenes de Estado y delitos comunes. E igualando la violencia del oprimido con la violencia del opresor, naturalizando la opresión estructural.

Sin embargo, parece que la falta de sensibilidad de Salazar ante la muerte cotidiana en la Sudáfrica actual (en especial, la muerte política, vinculada al post apartheid) tiene su correlato con la extrema sensibilidad ante la “violencia” en la Argentina. Asistiendo a una audiencia de los juicios en Mendoza, Salazar presencia la alegría y fervor de los familiares y sobrevivientes de las víctimas ante la demoradísima condena a los genocidas. Ello conduce a Salazar a considerar que “la gente pedía más sangre y ahí me dije: esto nunca va a terminar.” O sea: los linchamientos de blancos en las zonas rurales sudafricanas, la represión policial a los mineros y la violencia cotidiana en Soweto son “la felicidad de vivir juntos y reconciliados”, pero la manifestación de alegría sin agresión de un sobreviviente de un campo de concentración o de una madre o un hijo de un desaparecido ante una condena producida entre 30 y 40 años después de los hechos es un “pedido de sangre”.

El peligro es que no se trata apenas de un desliz “académico”. La insistencia con la experiencia sudafricana como modelo opuesto y superior al argentino ya tiene unos cuantos años (paradójicamente España es el otro modelo, el paradigma del silenciamiento, la impunidad y la apropiación de menores) y proviene de numerosos políticos e intelectuales, que parecen tener escasa información proveniente de los organismos de derechos humanos sudafricanos o internacionales (baste revisar los datos sobre Sudáfrica en Genocide Watch, entre otros reportes de DD.HH.).

El caso argentino fue paradigmático en las estrategias de lucha contra la impunidad. La fortaleza y unidad de su movimiento de derechos humanos, el modo en que caló en la conciencia del pueblo, la persistencia y originalidad de sus luchas (desde las presentaciones en tribunales internacionales hasta los “escraches”) permitieron consolidar un caso único por el número de procesados, el nivel de garantías ofrecido a los acusados (cualitativamente superior a casos valorables como los de Nuremberg, Tokio, Etiopía, Camboya o Bangladesh) y la seriedad de la fundamentación de las condenas y absoluciones.

Claro que es un proceso que tiene sus problemas (fragmentación de las causas, demoras injustificadas, incoherencias procesales, protección de los testigos, ausencia de investigación estatal), pero tienen que ver más con la falta de justicia que con su exceso. No hubo condenas a muerte como en Nuremberg o Bangladesh, no han existido inocentes condenados como en numerosos “casos armados” en la Justicia común argentina o extranjera, y los procesados y sus familias han visto garantizada su seguridad. Esta lucha original y exitosa del movimiento de derechos humanos argentino instaló una hegemonía difícil de encontrar en otras sociedades como la chilena, la española o la brasileña, que se encuentran mucho más divididas y donde la construcción de consensos para alcanzar la justicia sigue resultando difícil. Es este logro lo que estos discursos pretenden revertir. Y el peligro radica en que, a diferencia de las manifestaciones aisladas de los perpetradores y sus cómplices, estas falsas disyuntivas tienen mayor capacidad para calar en el sentido común, afectado tanto por la mezquina utilización política de los logros colectivos como por el también mezquino oposicionismo que se niega a reconocer el valor de un cambio de época en la lucha contra la impunidad.

El riesgo es enorme, porque distraídos en esas disputas, por primera vez se comienza a poner en riesgo la sólida hegemonía que tanto ha costado construir: la necesidad de justicia para los crímenes de Estado.

El 24 de marzo estuve en las dos plazas, como hago desde que se quebró el acto unitario del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En la de los “organismos históricos”, con tinte kirchnerista y autobombo. Y en la del “Encuentro”, con participación de los partidos opositores y homologación de los gobiernos de estos 38 años. En ambas, como es lógico, había madres, hijos, familiares, sobrevivientes, aunque algunos no quieran verlos. En ambas estaban compañeros que han luchado a brazo partido, ofreciendo su tiempo y en algunos casos sus vidas para construir esta hegemonía. Coincidía y disentía con consignas de unos y otros. Pero por suerte una consigna se sigue cantando en ambas marchas, una de las pocas que canto una y otra vez a voz en cuello y que proviene de los años ‘8’: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Los fantasmas siniestros vuelven a marchar. No usan tanques ni se pintan la cara como hacían en los ’80. Tampoco hacen gestos amenazando degollarnos, como en 2006 o 2007, cuando la desesperación los sacó de quicio. Seguramente comprendieron que sin revertir la hegemonía construida sobre la necesidad de la justicia, sus gestos serán inútiles. Van a la conquista del sentido común del pueblo argentino.

* Investigador del Conicet y presidente de la International Association of Genocide Scholars.

ARGENTINA UCRANIA Y EL DOBLE STANDARD

Por Héctor Timerman *

El 25 de mayo será una fecha histórica también para Ucrania, pues están

programadas para ese día las elecciones presidenciales que podrían permitir el inicio del diálogo que necesita la nación ucraniana.

La trascendencia de estas elecciones se ve realzada por las dificultades institucionales y un contexto de confrontación que escaló hasta los hechos violentos de principios de febrero, que llevaron a la muerte a cerca de ochenta personas y la caída del presidente constitucional. En el corto período que siguió se adoptaron, entonces, una serie de decisiones, sin por ello cambiar el clima de altísima tensión que vive ese país.

Mucho se ha escrito sobre la legalidad de decisiones tomadas por un gobierno cuyo acceso al poder se debió a una ola de violencia. Mucho se escribió también sobre la legalidad de una consulta popular que había sido convocada en Crimea para decidir sobre el futuro de esa región. Las explicaciones giraron siempre alrededor de la interpretación de las normas ucranianas que estaban en juego.

Estas interpretaciones, efectuadas desde distintos países, no eran académicas. En su mayor parte tampoco eran independientes de los intereses de los países u organizaciones internacionales que las hacían. Es sabido que, en la génesis de esta crisis, un factor importante fue la división de opiniones dentro de Ucrania sobre el camino a seguir en negociaciones planteadas simultáneamente con la Unión Europea y la Federación Rusa; con claros alcances políticos, económicos y sociales, no sólo para Ucrania sino para toda esa región.

El pasado 15 de marzo, se planteó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en un momento de la crisis en la que parecía altamente probable que la situación fuera escalando hacia hechos de violencia. Era necesario que el Consejo diera el mensaje claro de que correspondía a Ucrania resolver sus asuntos internos y también que la comunidad internacional tenía una responsabilidad.

Esta responsabilidad era, y sigue siendo, velar porque los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se respetasen, en éste como en todo momento, en particular teniendo en cuenta los hechos de violencia que habían tenido lugar y el potencial peligro de que la situación se agravara e involucrara otras partes de Europa. También lo era adherir estrictamente al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el objetivo de promover la paz y la seguridad internacionales, absteniéndose de actos unilaterales que fueran en camino contrario. Esta era la filosofía general del mencionado proyecto y a ello se le dio prioridad para decidir votar a favor.

Es cierto que ese proyecto también contenía elementos que se juzgaron inconvenientes y contradictorios. Por ejemplo, al tiempo que se reafirmaba la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania, el texto se pronunciaba sobre la legalidad del referéndum en Crimea. Una clara injerencia política en un asunto interno de Ucrania. Al momento, sin embargo, para Argentina fue suficiente hacer una salvedad sobre este punto al explicar nuestro voto positivo.

Menos de dos semanas después se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un texto muy parecido al considerado por el Consejo de Seguridad. El texto era similar, el contexto político había cambiado.

Lejos de apegarse a las normas internacionales, promover el diálogo entre los diversos interesados y buscar apoyar a Ucrania a canalizar sus dificultades internas por medios pacíficos, varios actores internacionales siguieron insistiendo en obtener ventajas para sus propias aspiraciones. Se hicieron declaraciones, se realizaron amenazas, se firmaron acuerdos políticos y comerciales, se decretaron sanciones económicas unilaterales y fuerzas militares entraron en operaciones. En otras palabras: se intervino en los asuntos internos de Ucrania por medios políticos, económicos y militares a la vez que se escalaba en el clima de confrontación internacional.

El declarado respeto al derecho internacional fue adaptado por los países que mayor influencia podían tener sobre la crisis a sus necesidades geopolíticas, buscando avanzar sus propios intereses sin importar el efecto que ello podía tener en la búsqueda de un clima de compromiso, imprescindible para alcanzar una salida pacífica a la crisis ucraniana. Por ello, en diversas oportunidades el gobierno argentino advirtió sobre el claro doble estándar de los varios miembros de la comunidad internacional que así procedían. Una y otra vez nuestro país llamó a no interferir en los asuntos internos de otras naciones y a respetar la integridad territorial, pero a cumplirlos como principios universales y no como herramientas geopolíticas.

En este clima, el proyecto de resolución que se planteó a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo ya no buscaba un mensaje que pusiera fin a una potencial escalada de violencia. Fue presentado y explicado como una demostración de apoyo, pero no sólo a las normas del derecho internacional, sino de alineamiento con una lectura parcial y sesgada del desarrollo del conflicto. En ese sentido, planteaba la revitalización de un concepto de división de la comunidad internacional en bloques de influencia. Una concepción de relaciones internacionales basadas en el poder de la que fuimos víctimas directas los pueblos de América latina, Africa y Asia, en un pasado no lejano que debemos dejar atrás. En nuestro análisis, el voto positivo o negativo contenía una indisimulada expresión de alineamiento propio de la Guerra Fría.

Durante el proceso de negociaciones, Argentina propuso que si el tema era el respeto a la integridad territorial se mencionen todos los territorios cuya soberanía se encuentra disputada de acuerdo a las Naciones Unidas. No fuimos escuchados pero sí presionados para imponernos el texto finalmente adoptado. Así las cosas, la Argentina se abstuvo y durante el debate reiteró su apego a los principios de no injerencia y respeto a la soberanía territorial en todos y cada uno de los casos. ¿Cómo hubiesen votado las potencias si la resolución incluía la lista solicitada por nuestro país? Argentina hubiera votado a favor.

Por eso no debe extrañar que, al igual que los demás miembros fundadores del Mercosur y la mayoría de los integrantes de la Celac, nos hayamos abstenido u opuesto a la resolución en cuestión.

La Cuestión Malvinas, punto de antagonismo con una potencia militar y miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha contribuido a hacer de nuestro país un reconocido y activo defensor del Derecho Internacional Público y de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente del Principio de Integridad Territorial. Es desde este lugar que denunciamos el doble estándar que aplican los países más poderosos de dicho principio, invocado a veces, olvidado otras tantas. Haber apoyado una resolución que invocaba un principio pero acarreaba otros intereses hubiese sido una burla a nuestra honrosa tradición. Sería una mancha en la defensa de nuestra soberanía.

Es así que desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguiremos denunciando en todos los foros multilaterales que el uso de estos principios para promover objetivos coyunturales de unos u otros nos aleja de la construcción de un destino común, de un mundo en paz y de una comunidad internacional basada en el respeto.

* Canciller.

Una chicana que les salió mal

Por Irina Hauser

La Policía Metropolitana, y con ella el gobierno de Mauricio Macri que les pone abogados a sus agentes, fracasaron en un intento de complicar el esclarecimiento de los asesinatos durante el desalojo del Parque Indoamericano, ocurrido hace ya casi tres años y medio. En la recta final de la causa recusaron por supuesta “enemistad manifiesta” con la policía porteña al fiscal Sandro Abraldes, quien actúa desde el inicio del caso en diciembre de 2010. Pero la jueza Mónica Berdión de Crudo avaló y confirmó la actuación de la fiscalía en una resolución que le impone las costas del trámite a la fuerza porteña y, además, incluye una defensa contundente de la difusión pública a través de los medios de comunicación de las novedades que se producen en “la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de gravedad”, como éste.

La chicana de los abogados de la Metropolitana se produjo en momentos decisivos para el expediente y, de hecho, su sólo planteo consiguió posponer la indagatoria del jefe policial Eugenio Burzaco, que debió hacerse hace dos semanas y será finalmente el próximo jueves, 3 de abril. También llevó a prorrogar la definición sobre los pedidos de procesamiento de los policías presentados por el fiscal y por las querellas que representan a las familias de Rosemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro, los jóvenes asesinados el 7 de diciembre de 2010, en extremos opuestos del Indoamericano, pero con proyectiles casi idénticos provenientes de escopetas policiales.

Si bien están imputados agentes que pertenecen tanto a la Metropolitana como a la Policía Federal, Abraldes atribuyó los asesinatos específicamente a los porteños, a quienes sumó como responsables a tres jefes de la Policía Federal (Hugo Lompizano, Juan Quintero y Emilio Miragaya). El delito en juego es homicidio en agresión (con penas de uno a seis años), que se aplica cuando varios agresores intervienen pero no se puede establecer cuál de ellos disparó. Ahora, en una nueva estrategia, los abogados de la fuerza porteña agregaron una presentación donde piden una extensa lista de medidas de prueba que apuntan, en esencia, a trasladar la culpa por las muertes a la Federal.

La fiscalía sostiene que hubo un operativo conjunto entre ambas fuerzas y una mesa de operaciones, desde donde Burzaco daba instrucciones a los policías. Pero los disparos mortales propiamente dichos, sostienen los investigadores en base a filmaciones y testimonios, salieron de la Metropolitana, en particular de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). Su funcionamiento como grupo de choque ya fue visto en otros conflictos sociales, donde incluso se repiten los personajes policiales y jamás se buscaron salidas dialogadas ni a los problemas de fondo. Pasó con la represión en el Hospital Borda, en la autopista Illia, en la Sala Alberdi del Teatro San Martín, en el Parque Centenario.

La recusación de Abraldes y de la fiscal ad hoc Nuria de Ansó llegó después de que el juzgado de Berdión de Crudo terminara con las indagatorias a 57 hombres de la Metropolitana y 11 de la Federal y cuando ya el fiscal y los familiares de los muertos habían pedido procesar a la mayoría de ellos. Los metropolitanos siguen todos en funciones. De los federales, siguen en sus cargos los imputados por abuso de armas mientras los jefes fueron desplazados. Abraldes es el fiscal del caso desde el comienzo del expediente, pero recién ahora los abogados perecieron advertir que guarda un “encono” hacia la policía de Macri.

El pedido para apartarlo está basado en esa supuesta “enemistad”, pero también acusa a la fiscalía de ser arbitraria al intentar dejar detenido al ex titular de compras del gobierno porteño Lisandro Greco por falso testimonio, cuestiona el allanamiento en esa dependencia donde se rastreaban compras presuntamente ocultas de balas de plomo, le achaca la difusión en los medios de lo que sucede en la causa, no respetar el principio de inocencia y haber tenido una actitud persecutoria y violatoria de la intimidad durante la indagatoria de uno de los policías imputados, Ricardo Picart, a quien Abraldes le pidió que le mostrara su tatuaje y le preguntó si entendía lo que dice: “One shot, one kill”. La traducción literal podría ser “un disparo, una muerte”, lo que connota es un disparo a matar.

La audiencia por la recusación, que se hizo la semana pasada, estuvo plagada de contrapuntos entre Abraldes y los abogados de la Policía Metropolitana que asistieron, Julián Curi, Santiago de Jesús y Federico Sottile. Para mostrar que no tiene ni enemistad ni amistad con ninguno de los policías imputados, el fiscal llevó ejemplos no sólo de policías cuyo sobreseimiento pidió en esta causa, sino en otras. Como ejemplo de respeto al principio de inocencia, recordó que avaló la libertad del policía Enzo Fabián Alvarez, acusado de matar con un disparo a menos de 50 centímetros a Bruno Pappa cuando intentó asaltarlo.

Mientras los defensores le reprochaban la “constante publicación de actos procesales en los medios masivos”, Abraldes dijo que era indudable el “interés público” que habían generado los sucesos y que los abogados parecen ignorar “la dimensión de los medios”. Eso, señaló, al margen de que la ley de ministerio público impone el deber de informar a la máxima autoridad, lo hicieron con Esteban Righi y con Alejandra Gils Carbó, y que él es ajeno a lo que se publica en la página sobre causas de la Procuración. También defendió el allanamiento y el pedido para que Picart mostrara el tatuaje que, aseguró, no pretendió “mortificarlo” sino que considera un “elemento relevante” para evaluar la culpabilidad en este caso.

La jueza, finalmente, resolvió la última semana rechazar la recusación, partiendo de que “la enemistad” tiene que ser “personalizada”, derivada de una relación personal, pero no dirigida a una persona jurídica como la policía en general. Avaló todas las explicaciones de Abraldes. Dijo, también, que los fiscales deben ser “objetivos y leales” en su actuación, pero no tienen un deber de “imparcialidad” como los jueces. Y, como broche, recordó que la Constitución consagra “el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno” para que puedan “ser controlados”. “Los medios de comunicación y de difusión resultan ser canales válidos para permitir tal ejercicio cívico, al transmitir a la ciudadanía la marcha de un proceso en el que se ventilan cuestiones de la gravedad que revistan aquellas materia de investigación” en la causa del Indoamericano. En definitiva, concluye la jueza, a los fiscales los recusan porque pidieron procesamientos.

Nadie descarta que los metropolitanos contraataquen y apelen ahora el rechazo a la recusación. Antes, de todos modos, hicieron una extensa presentación que intentan cargar los disparos mortales a la Federal, aferrándose a testimonios de personas que vieron a los uniformados de esa fuerza en la zona desde donde mataron a Chura Puña y Salgueiro, aunque en horarios que no coinciden con las muertes, momento en que sí estaba presente la Metropolitana en esos puntos clave. El escrito muestra cierta inquina con el fiscal Abraldes a quien le atribuyen la “construcción de un relato” e irónicamente lo comparan con el lingüista Ferdinand de Saussure. Es la táctica para seguir pateando las definiciones hacia adelante y evitar que se establezca la verdad sobre los muertos y heridos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (de la querella de Chura Puña) ha señalado varios obstáculos del gobierno porteño a la investigación, como la falta de respuesta o la imprecisión en datos sobre el personal y el armamento utilizado, sin contar que el ministro Guillermo Montenegro insiste con que no se usaron balas de plomo.

En el fondo, es una política similar a la que han aplicado las autoridades de la Ciudad sobre el problema de vivienda que hay de fondo: para desactivar la toma aquel verano de 2010 terminaron ofreciendo un acuerdo que prometía resolver el problema habitacional, pero hoy está todo igual que en aquel entonces, lo que explica el descreimiento que tienen hoy los vecinos que protagonizan la ocupación en la Villa 20, frente al Indoamericano.

Mientras tanto, esta semana, en teoría, declara como sospechoso Burzaco, el hombre PRO de más alto rango involucrado en las muertes producto del accionar policial.

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