De Vido: "Hablar de autoabastecimiento energético con 54% de pobreza, 25% de desocupación y las tarifas más caras del mundo, es faltarle el respeto a la inteligencia de los argentinos"

El ministro de Planificación Federal, criticó al ex secretario de Energía Jorge Lapeña y dijo que es un argumento falaz o lisa y llanamente una ficción, sostener que nuestro país, en el 2003, con la industria quebrada por falta de competitividad, millones de compatriotas excluidos, la mitad de los hogares sin gas natural y 11 provincias desconectadas del sistema, tenía autoabastecimiento. De Vido salió de esta forma al cruce de las declaraciones formuladas por Lapeña durante un acto organizado por el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, en el que dijo que la situación energética argentina se agravó en 2013. "Hablar de autoabastecimiento energético con 54 por ciento de pobreza, 25 por ciento de desocupación y las tarifas más caras del mundo, es faltarle el respeto a la inteligencia de los argentinos", dijo el ministro al recordar la situación vivida por el país durante la década del ´90 y principios del 2000, cuando aún estaba vigente el sistema de convertibilidad. "Aunque le preocupe a Lapeña, la demanda de energía aumenta porque este es un modelo que pone el eje en el consumo, en el fortalecimiento del mercado interno, porque en ese círculo virtuoso aumenta el empleo y la producción industrial, que es posible porque el valor final de las tarifas y precios de la energía, que incluye lo que abonan los usuarios y lo que aplica el Estado como subsidios, es el más bajo de la región", indicó De Vido a través de un comunicado. "Eso es lo que explica que desde 2003 los hogares de la Argentina han duplicado su consumo, que a su vez es 4 veces el de Brasil o 3 veces el de Chile; indiscutiblemente este es un indicador de una mejor calidad de vida, como lo es el incremento del 40 por ciento de la demanda de gas residencial y el 64 por ciento de la demanda de gas de las industrias. Esto es más producción, más valor agregado y más puestos de trabajo", agregó el ministro. "Por todo ello, es un argumento falaz o lisa y llanamente una ficción, sostener que nuestro país, en el 2003, con la industria quebrada por falta de competitividad, millones de compatriotas excluidos, la mitad de los hogares sin gas natural y 11 provincias desconectadas del sistema, tenía autoabastecimiento", explicó De Vido. Destacó que "con los planes de incentivo a la producción, como el que anunciamos ayer, y el plan exponencial de inversiones que lleva adelante YPF, vamos a reducir las importaciones a cero, alcanzando un autoabastecimiento verdadero, es decir para los 40 millones de argentinos", concluyó el titular de Planificación.

El Genocidio franquista

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(6 Diciembre) Por un Proceso Constituyente Republicano Tiempo de República en el Ateneo Republicano de Puerto Real La bandera rojigualda y su conexión histórica con el franquismo España: Demolición de arquitectura efímera El príncipe cobarde El Genocidio franquista Día 28.11.13 España es una anomalía histórica. Es el único país europeo con 200.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos. Naciones Unidas reclama al Estado español que elabore un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, anule la ley de Amnistía de 1977 y enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de fuerzas políticas de izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y noviembre de 1975. Ante la pasividad del gobierno español, la justicia argentina prepara una querella contra 300 responsables de la represión franquista. Entre los imputados, se encuentran Rodolfo Martín Villa, que ordenó la masacre de Vitoria-Gasteiz, José Utrera Molina, ministro franquista y uno de los firmantes de la condena a muerte de Salvador Puig Antich, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, brutal agente de la Brigada Político-Social, Jesús Muñecas Aguilar, guardia civil golpista y notable torturador, y Fernando Suárez, que participó en el consejo de ministros que firmó las últimas ejecuciones del régimen en septiembre de 1975. Es improbable que estos criminales acaben en un tribunal, pues el gobierno español –neoliberal o socialdemócrata- se inventará cualquier argucia legal para evitar su extradición. La Transición española no fue una ruptura con el franquismo, sino una Reforma del franquismo, que agravió nuevamente a sus víctimas, condenándolas a ser polvo y olvido en algunas de las 2.500 fosas clandestinas excavadas por falangistas, requetés, guardias civiles, católicos devotos, aristócratas y militares El principio de jurisdicción universal reconoce la competencia de cualquier tribunal para encausar a los responsables de delitos contra la humanidad. Son crímenes que nunca prescriben por su especial gravedad. La España de la Transición no mostró ninguna preocupación por las víctimas de la dictadura. Los asesinos y torturadores continuaron en sus puestos, a veces condecorados y homenajeados. Rodolfo Martín Villa concedió en 1977 a Juan Antonio González Pacheco la Medalla de Plata del Mérito Policial y organizó una cena en su honor, alegando que su iniciativa constituía un “desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Actualmente, Pacheco trabaja en empresas privadas de seguridad y Martín Villa es un próspero empresario. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno generalizado. Los comisarios Manuel Ballesteros y Roberto Conesa, dos policías que adquirieron una siniestra fama por su ferocidad durante los interrogatorios, prosiguieron tranquilamente sus carreras, participando en las operaciones de “guerra sucia” contra ETA. Los asesinos del estudiante Enrique Ruano (los inspectores Celso Galván, Francisco Luis Colino y Jesús Simón) escalaron posiciones con el PSOE, obteniendo condecoraciones y altos cargos. Algo semejante sucedió con José Antonio Gil Rubiales y Juan Antonio González García, ambos implicados en las salvajes torturas que acabaron con la vida de Joxe Arregi, presunto militante de ETA. En 2005, Gil Rubiales fue nombrado Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife. Un año antes, el PSOE había otorgado a González García el cargo de comisario general de la Policía Judicial. José Matute y José Martínez Torres también pertenecían a la Brigada Político-Social. Matute torturó y mató en 1975 a Antonio González Ramos, militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias. En 1983, José Barrionuevo, Ministro del Interior del primer gobierno del PSOE, requirió su colaboración para rastrear el Barrio del Pilar, buscando a un comando de ETA. Barrionuevo también recurrió a Martínez Torres. Le situó al frente de la Brigada Central de Información, sin inquietarse por los innumerables testimonios que le responsabilizaban de crueles torturas físicas y psíquicas. En las Fuerzas Armadas, se actuó con los mismos criterios. El general José Antonio Sáenz de Santamaría, que había combatido al maquis en los años de la posguerra, y se había encargado de organizar los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1975, fue designado director general de la Guardia Civil por el gabinete de Felipe González. Se le atribuyen muchos éxitos en su lucha contra el maquis, empleando pequeñas dosis de pentotal sódico, que inducen un estado de aturdimiento y favorecen las confesiones. La Gestapo utilizó habitualmente este procedimiento. El fervor de Sáenz de Santamaría por los métodos de la guerra sucia se plasmó en una frase sobrecogedora: “Prefiero la guerra a la independencia de Euskadi”. El teniente general Andrés Casinello se movió en la misma línea. Se le considera el fundador del GAL verde y el cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), que incluían las técnicas clásicas de contrainsurgencia: torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Casinello se limitó a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la base militar norteamericana de Fort Bragg. El Plan ZEN obedecía a la filosofía de combatir la subversión, aplastando sus diferentes focos territoriales. De esta forma, el Estado español se sumó a la doctrina de la seguridad nacional, copiando en Euskal Herria la actitud norteamericana con su “patio trasero” (América Latina) y con los países asiáticos y africanos situados bajo su esfera de influencia. Las aguas turbias de la Transición proceden del ánimo genocida de los sublevados en 1936. Mola, Franco y sus conmilitones ordenaron que se fusilara sistemáticamente a todos los desafectos al Movimiento. En una nota del 19 de julio de 1936, Mola afirma que el propósito de la rebelión es “sembrar el terror… eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. La brutalidad de Mola no conocía límites. Es famosa la frase que le espetó a su secretario personal: “Yo veo a mi padre en las filas enemigas y lo fusilo”. Franco obraba de acuerdo con la misma filosofía. En julio de 1937 declaró al periodista norteamericano Jay Allen: “No puede haber ningún acuerdo, ninguna tregua. Salvaré a España del marxismo a cualquier precio”. “¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?”, preguntó el corresponsal. “He dicho a cualquier precio”, contestó el general, con su frialdad característica. El capitán Aguilera, jefe de prensa de Franco y décimo séptimo conde de Alba de Yeltes, se muestra más explícito y displicente: “En épocas más sanas… las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles… Son una raza de esclavos… Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste… Nuestro programa consiste en exterminar a un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado”. Gabriel Jackson estima que la represión franquista causó 400.000 víctimas. En La República española y la guerra civil (1931-1939), un clásico de la historiografía contemporánea, menciona la visita de Heinrich Himmler a Madrid en 1941. Himmler, que aportó su experiencia para mejorar el entrenamiento de la policía política española, “desaprobó, por razones tácticas, el promedio de ejecuciones”, pues lo consideró excesivo. Después de examinar rigurosamente varias fuentes, Gabriel Jackson desglosa el número total de víctimas: “100.000 muertos en los campos de batalla; 10.000 por las incursiones aéreas; 50.000 por enfermedades y desnutrición (durante la guerra civil); 20.000 por represalias políticas en la zona republicana; 200.000 por represalias nacionalistas durante la guerra; 200.000 prisioneros rojos muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943”. Se afirmó que las cifras de Gabriel Jackson eran una exageración incapaz de soportar el contraste con la realidad. Sin embargo, hace pocos años Paul Preston calculó que había 180.000 desaparecidos en fosas clandestinas. A esta cifra espeluznante, hay que sumar las ejecuciones con sentencia y las muertes en la cárcel por torturas, enfermedad o malos tratos. El periodista norteamericano Charles Foltz, corresponsal de la Associated Press en Madrid durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, publicó en 1948 una obra titulada The masquerade in Spain. Foltz sostiene que el número de ejecutados o muertos en prisión entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia, asciende a 192.684. Esta cifra, que se ha considerado improbable y desorbitada, coincide con las impresiones del conde Galezzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista. Tras recorrer diferentes regiones de España en julio de 1939, escribe: “Sería inútil negar que sobre España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las ejecuciones son aún muy numerosas; sólo en Madrid, de 200 a 250 diarias; en Barcelona, 150 y 80 en Sevilla, que en ningún momento estuvo en manos de los rojos”. No me atrevo a dar una cifra total, pero entre las víctimas del franquismo hay que incluir a 30.000 niños y niñas separados forzosamente de sus familias, la mayoría hijos de presas republicanas. Hay otros 6.000 casos de bebés robados durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia, casi siempre por motivos de “higiene social” (hijos de madres solteras o de familias con un perfil marginal). En La guerra civil española, Antony Beevor especula que “la represión franquista durante la guerra y la posguerra podría situarse alrededor de las 200.000 víctimas”. Beevor apunta que esta estimación –para muchos, inferior a la realidad- confirma las amenazas del el general Gonzalo Queipo de Llano: “juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer por lo menos diez”. Las cifras de Gabriel Jackson han sido avaladas por los hallazgos de nuevas fosas clandestinas. Hace dos años, se calculaba que existían 1.000 fosas sin exhumar. En ese tiempo, se han descubierto otras 1.500. Con estos datos, no se puede negar que el franquismo cometió un genocidio. La exhumación de las fosas y la imputación de los culpables son tan importantes como un relato objetivo de los hechos. El sentido de la justicia exige una perspectiva ética, que permita dilucidar la posición moral de los contendientes. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista más adecuado para hablar de la lucha del maquis? El maquis actuó entre 1939 y 1965. Su ofensiva de más envergadura fue la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, donde 4.000 guerrilleros se enfrentaron a un contingente de tropas franquistas compuesto 50.000 hombres bajo el mando de los generales Juan Yagüe y José Moscardó. La ofensiva fracasó. Los maquis sufrieron 588 bajas y los franquistas 248. Este descalabro no evitó que el maquis mantuviera su desafío, pero a una escala más pequeña, empleando la táctica de guerra de guerrillas. En el artículo publicado en el diario YA el 12 de octubre de 1971, el teniente coronel José María Gárate, adscrito al Servicio Histórico Militar, publicó un artículo titulado “Veinte años del hundimiento del maquis”. Gárate escribe: “No hay un balance completo de bajas, pero la Guardia Civil tuvo 276 muertos. Los muertos y heridos de los bandoleros fueron más de 5.500 en unas 8.000 acciones terroristas”. En un reportaje publicado en el ABC en 1994 para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la Guardia Civil, se proporcionan cifras más precisas: “Bajas de bandoleros, 5.548. Bajas del Cuerpo, 624. Detenidos como enlaces, cómplices y encubridores, 19.407”. ¿Eran los maquis bandoleros, terroristas? ¿Se puede considerar a los guardias civiles abatidos víctimas del terrorismo? En mi opinión, el maquis fue un ejemplo de resistencia y dignidad. La represión ejercida por el Ejército y la Guardia Civil sólo puede interpretarse como una prolongación del genocidio perpetrado por el régimen franquista. Sin embargo, el partidista y vergonzoso Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia llama “terroristas” y “bandoleros” a los combatientes del maquis. Al mismo tiempo, elogia la figura de los generales golpistas y el “Glorioso Alzamiento Militar”. Semejante planteamiento sería inaceptable en Francia, que honra los héroes de la Resistencia, o incluso en Alemania, que prohíbe cualquier forma de exaltación de la dictadura nazi. En España, se considera “enaltecimiento del terrorismo” homenajear a José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”, pero Luis Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y ex ministro de Franco, puede escribir tranquilamente: “Franco murió cristianamente en la cama de un hospital público, después de 40 años de buen gobierno rodeado del cariño de su pueblo y fue ensalzado y homenajeado por su sucesor, el hoy Rey de España”. Imagino que entre los logros y cimas de ese “buen gobierno” hay que incluir las fosas clandestinas que albergan aún los restos de un número creciente de desaparecidos, pues cada vez que se realizan trabajos de exhumación aparecen más víctimas de las esperadas. José María Pemán, en una arenga que retransmitió Radio Jerez el 24 de julio de 1936, expresó inmejorablemente el espíritu de la sublevación: “La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión”. Desgraciadamente, este espíritu no se ha extinguido y sigue impidiendo que España se convierta en un país realmente democrático, donde se prohíba el ensalzamiento o justificación de la dictadura franquista, se borren definitivamente sus símbolos, se enjuicie a los responsables de sus crímenes y se exhumen los restos de los miles de hombres y mujeres asesinados por su compromiso con una sociedad más libre e igualitaria. Hasta entonces, España será una anomalía, una estructura opresiva que no cesa de inventar leyes para criminalizar las protestas sociales, amordazar a los disidentes, frustrar los anhelos independentistas y pisotear la memoria de los que perdieron la vida ante un pelotón de ejecución o en el infame garrote vil. Tal vez la muerte del joven anarquista Salvador Puig Antich, lentamente estrangulado por un verdugo ebrio y esmirriado un lúgubre 2 de marzo de 1974, simboliza de forma particularmente trágica la brutalidad de una dictadura que aún contamina el presente, recordándonos que los canallas duermen tranquilos y las víctimas aún claman justicia desde las entrañas de la tierra. Rafael Narbona Fuente: rafaelnarbona.es

DEBATE ENTRE LOS SENADORES TRAS LOS DICHOS DE PICHETTO La cuestión de la disciplina

Mientras desde la oposición criticaron la postura del titular del bloque del FpV en la votación del proyecto del Código Civil, desde el oficialismo plantearon que cuando hay diferencias internas, “debatimos, llegamos a un acuerdo y votamos en consecuencia”. Por Julián Bruschtein El debate en la Cámara de Senadores por el nuevo Código Civil y Comercial dejó un intercambio de ideas entre los distintos bloques acerca de la “disciplina partidaria”, de la que habló el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto. “Somos un espacio político que contiene personas que no piensan ni creen todos lo mismo. Debatimos, llegamos a un acuerdo y después votamos en consecuencia”, explicó un senador oficialista a Página/12. El legislador radical Ernesto Sanz señaló que prefería “toda la vida la sinceridad brutal a que me hagan un discurso hipócrita”. “La verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar, por supuesto, como siempre he funcionado, y además represento a la mayoría, con un concepto de disciplina política”, sostuvo Pichetto cuando cerraba con su discurso las intervenciones y posiciones de los senadores para dar paso a la votación del proyecto. El titular de la bancada oficialista mostró sus diferencias sobre algunos de los 180 puntos que se modificaron del proyecto de Código Civil y Comercial que había llegado a la Cámara alta. Su demostración de sinceridad a la hora de anunciar su voto positivo, pese a mantener algunas diferencias, desató el murmullo de algunos senadores opositores. La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro apuntó rápidamente a lo que calificó como “el estilo de la imposición” del oficialismo y agregó que “a Pichetto le preguntamos por qué no podíamos hacer modificaciones y dijo que él no tenía margen para abrir el debate, y en su discurso dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las reformas del Código”. La legisladora, que finaliza su mandato el 10 de diciembre, apuntó a que “uno de los problemas de la política, y de la degradación en la Argentina, es que se votan o defienden cosas cuando ni siquiera los que las defienden creen en ellas”. “El Frente para la Victoria está compuesto por legisladores que provienen de todos los sectores religiosos. Es lógico que se marque una diferencia a pesar de que el voto termine siendo homogéneo en el bloque”, aseguró un legislador de la Cámara alta, que explicó que “el pedido de la Iglesia Católica dejó un sabor amargo en algunos compañeros. Pero el espíritu de cuerpo llama a votar todos juntos”. En el debate sobre el Código, el senador peronista destacó: “Cuidado, porque lo primero que pusimos en claro a la Iglesia era que no volvíamos para atrás con los nuevos derechos como el del matrimonio igualitario”, mostrando una parte de la discusión con los sectores eclesiásticos. “Lo valoro a Pichetto porque hay que tener valentía para ser el jefe del bloque de la mayoría y decir, a voz en cuello, que está votando nada más que por disciplina partidaria y no por convencimiento”, señaló el senador Sanz, chicaneando en parte al FpV. “La última frase de Pichetto fue casi un ruego a la Cámara de Diputados para que corrija los errores del Código”, destacó al apuntar al cierre de la oratoria del rionegrino, cuando sostuvo que el Código “tiene una matriz y tiene un pensamiento de los civilistas que no comparto, pero lo voy a votar igual” y pidió que “en la Cámara de Diputados se le realicen las modificaciones” que hagan falta. Otro senador radical salió al cruce de los dichos del jefe de la bancada del FpV. El legislador santacruceño Alfredo Martínez responsabilizó a Pichetto del retiro de la oposición del recinto al momento de la votación. “Al oficialismo le planteamos de entrada si realmente tenían la voluntad de aceptar modificaciones que íbamos a plantear en muchos artículos, se nos dijo que sí y luego se aceptó sólo una modificación”, indicó Martínez apuntando al cierre de la posibilidad de introducir cambios en el proyecto. Sanz apuntó a la discusión que se realizará el próximo año en la Cámara baja cuando traten el Código, que llegará con la media sanción del Senado: “Si prima nuevamente el concepto de la disciplina partidaria, no van a mover una coma”. Compartir: Twitter

EL OFICIALISMO LE DIO MEDIA SANCION Y LA OPOSICION SE RETIRO DEL RECINTO Pase a marzo para el nuevo Código Civil Pase a marzo para el nuevo Código Civil

El proyecto se giró a Diputados, que lo trataría el año próximo. El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, realizó críticas al texto y dejó la puerta abierta para nuevas modificaciones. Por Sebastian Abrevaya La sesión del Senado en la que se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial terminó ayer a las 4.20 con un resultado favorable para el oficialismo. La oposición, en cambio, se retiró del recinto al momento de votar, enojada por el tratamiento “a libro cerrado” y las últimas modificaciones realizadas por el Frente para la Victoria en la comisión bicameral. Desde el oficialismo, el jefe de la bancada, Miguel Piche-tto, pidió que la Cámara de Diputados “corrija” las cuestiones vinculadas con la fertilización asistida y cuestionó la redacción realizada por la comisión de juristas encabezada por Ricardo Lorenzetti. Después de doce horas de debate, la votación terminó con 39 votos a favor, uno en contra –del salteño Agustín Pérez Alsina– y 32 ausentes de los bloques de la UCR, el FAP y el peronismo disidente, incluidas las senadoras Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero, quienes se habían manifestado a favor durante el debate. El proyecto se tratará a partir de marzo en Diputados, donde podrían introducirse nuevos cambios y volver al Senado. Los cruces en los días previos y sobre el arranque de la sesión –que se inició a las cuatro de la tarde y duró más de doce horas– sirvieron como un anticipo de que la discusión del nuevo Código Civil y Comercial no sería tranquila. El anuncio del jefe del bloque kirchnerista de que se buscaría aprobar el texto en una sola votación en general y en particular, despertó el enojo opositor, que deslizó una amenaza: “Votar a libro cerrado el Código significa un atropello, una decisión política de la cual el oficialismo tiene que saber cuáles son los costos y las consecuencias”, alertó el senador radical Ernesto Sanz. Pichetto replicó con un pedido de “responsabilidad” y “madurez” y remarcando que “desde el código de Napoleón no existen precedentes de debate artículo por artículo”. Con ese tema sin saldar, se avanzó en el debate con más de 30 oradores. El oficialismo reivindicó los avances en materia de adopción, de matrimonio, divorcio y defensa del consumidor. La oposición enfocó sus críticas en la ausencia de la regulación de la responsabilidad civil del Estado, la eliminación de la función social de la propiedad, del acceso al agua como derecho humano y en las modificaciones al artículo 19, que establece el comienzo de la vida “desde la concepción”. El senador kirchnerista Daniel Filmus defendió esa redacción fundándose en el fallo Artavia Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH señaló allí que el término “concepción” no se aplica desde la fecundación, sino desde su implantación en el seno materno. “Si no hay claridad conceptual, entonces no aportamos nada. Y la claridad conceptual la daba el texto anterior, que decía que hay comienzo de la vida en los casos de los sistemas de fertilización asistida cuando el embrión está en el seno materno. La Iglesia quiere ese texto. Están en contra, pero en verdad es lo que quiere la Iglesia”, replicó el senador radical Gerardo Morales. Respecto de la responsabilidad del Estado, el senador kirchnerista Marcelo Guinle hizo una extensa defensa de la posición del Gobierno. “No se está sacando la responsabilidad civil, se la está sacando del contexto del Código, para tenerla en una ley especial que aborda la responsabilidad del Estado nacional, y las provincias van a poder hacerlo en sus respectivos ámbitos”, afirmó. Sobre esta cuestión volvió también Pichetto al cerrar el debate, quien recordó que el propio titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, contempló la posibilidad de que sea regulado como una ley especial. “No dramaticemos el tema”, concluyó el rionegrino, quien cuestionó la “matriz” elaborada por la comisión de juristas encabezada por Lorenzetti. “El pensamiento de este Código, la verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar por supuesto, como siempre he funcionado, con un concepto de disciplina política, pero el pensamiento de este Código está hecho por civilistas de la escuela de la UBA, de la cátedra de Alterini; pensamiento de la Corte en la última etapa, con fallos dictados por la mayoría, que han perfilado que las obligaciones y las relaciones entre el Estado y los particulares dejan de pertenecer al derecho público y pasan a ser materia del derecho privado”, se despachó Pichetto, generando la reacción de las otras bancadas. “Nosotros tenemos la decisión de que este Código lo voten ustedes solos. Hemos llegado hasta acá, hemos dado el debate, pero no podemos acompañar esto. Y para colmo de males, con esta cuestión de que ni siquiera están conformes con el Código dentro del propio oficialismo...”, los chicaneó el radical Ernesto Sanz, al momento de anunciar la retirada. Junto con la UCR se fue el FAP y también el peronismo disidente, aun aquellos como Negre de Alonso y Escudero, que consideraron positivos los cambios concedidos a la Iglesia. Compartir: Twitter

ACUDEN A FRANCISCO POR EL CASO DE UN CAPELLAN PROFUGO A ver qué dice el Santo Padre

Organismos de derechos humanos le reclamaron al Papa que interceda para dar con el paradero de Aldo Omar Vara, un cura imputado por delitos de lesa humanidad. Sus últimos rastros, hace más de dos años, lo ubicaban en San Pablo, Brasil. Por Diego Martínez Organismos de derechos humanos de Bahía Blanca pidieron ayuda a las autoridades de la Iglesia Católica, y por su intermedio al papa Francisco, para dar con el paradero del capellán prófugo Aldo Omar Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en el ex Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad locales recordaron que el sacerdote admitió en el Juicio por la Verdad que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181, a quienes aconsejó no hablar. El último domicilio de Vara en el país fue la casa del Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, y sus últimos rastros, hace más de dos años, lo ubicaban en San Pablo, Brasil. “Nuestro pedido concreto al papa Francisco es que, en virtud de su autoridad canónica y espiritual, interceda, instruya u ordene cuanta acción considere útil para que Vara se allane al proceso judicial”, precisaron los organismos. El rol de Vara en la represión ilegal se conoce desde 1985 gracias al testimonio de estudiantes secundarios que estuvieron secuestrados en La Escuelita. Un grupo de militares los abandonó en una ruta, otro simuló rescatarlos y los llevó al batallón, donde los visitaba el capellán. Vara les llevaba galletitas y cigarrillos, les aconsejaba rezar, pero cuando le relataban las torturas guardaba silencio. Un día les dijo que los secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando, apuntó en su sentencia la Cámara Federal porteña. Cuando la madre de una secuestrada le pidió que le acercara medicamentos, Vara le dijo que no podía, pero que se quedara tranquila, que “a las chicas las tratan bien”. “La víctima declaró y contó los vejámenes que sufrió en La Escuelita, donde también nacieron dos niños que fueron apropiados y sus madres desaparecidas”, recordaron los organismos. El tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses ordenó en su sentencia que se investigue a Vara. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su detención, pero el juez subrogante Santiago Martínez no encontró “elementos suficientes”. La Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que encomendó a Interpol. La carta de la APDH, H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad está dirigida al arzobispo bahiense Guillermo Garlatti, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario Poli, y al nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. “El papa Francisco dijo a las Abuelas que cuenten con él para lo que necesiten, que estaba dispuesto a ayudar en lo que sea –recordaron–. Creemos que ésta es una buena oportunidad para ayudar.” diemar75@gmail.com

Hallan una "narco estancia" con pista de aterrizaje y 330 kilos de cocaína

Está cerca de la ruta 42, en Santo Tomé. Había sido alquilado por un brasileño. Su impresionante inLa estancia era el búnker de una banda narco trasnacional. Tenía pista de aterrizaje, espacio para la carga de combustible y hasta un sector con árboles tupidos que la organización utilizaba como hangares. La estancia es la Santa María de Aguapey, que está cerca ruta provincial 42, en la localidad de Santo Tomé, a 395 kilómetros de la capital de Corrientes. Las aguas del río Aguapey humedecen esas tierras y alimentan a los árboles típicos del lugar. Eran muchos y estaban cerca de la pista de aterrizaje de la estancia. Por eso, los miembros de la banda que alquilaron el lugar ordenaron cortarlos. La pista quedó liberada y allí aterrizaban y despegaban naves Super Sky con una red de enmascaramiento que permite eludir radares. Los ruidos constantes y el tránsito aéreo irregular despertó la alarma en las autoridades. El 14 de noviembre, Gendarmería detectó un avión no identificado que venía procedente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Con una orden de allanamiento entraron en la estancia. Allí descubrieron cuatro avionetas que estaban ocultas por las copas de los árboles y cubiertas para no ser vistas desde el aire. En total, secuestraron 330 kilos de cocaína. "Tenían una logística importante con una pista de aterrizaje casero de mil metros, un camión tanque con bomba eléctrica para surtir de combustible a las aeronaves, teléfonos satelitales, equipos de comunicación, radios, GPS y hasta un generador de energía eléctrica en el campo y su trayecto a la casa. La banda se dedicaba a traficar cocaína en tránsito aéreo entre Paraguay y Brasil y usaban a la Argentina como base soporte para traficar sin ser detectada”, explicó ayer el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en una conferencia de prensa. "También se secuestraron todo tipo de armas y, entre ellas, un fusil automático norteamericano, lo más moderno que existe en armamento", amplió el funcionario. Entre los detenidos hay personas de nacionalidad argentina, paraguaya, peruana, boliviana y brasileña, algunas de ellas con antecedentes por distintos delitos. Según las fuentes, el brasileño sería quien se habría encargado de alquilar la estancia Santa María. "Es importante compartir con otros países vecinos información sobre bandas de narcos para que juntos podamos combatir el narcotráfico", expresó el funcionario. La cocaína proveniente de Santa Cruz de la Sierra fue hallada en una de las avionetas Cessna 200, que apenas aterrizó fue rodeada por una comitiva de treinta gendarmes que llegaron al lugar escondidos en un camión térmico.

La ANSES prevé invertir unos 4000 millones de pesos para impulsar la construcción de las economías regionales Pro.Cre.Ar: financiarán la compra de 40 mil terrenos en 7 provincias

Aportará los fondos para la adquisición de lotes en La Rioja, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Misiones. También se urbanizarán las calles y se dotará de servicios a las manzanas donde habrá edificaciones. 1 2 3 4 5Info NewsInfo NewsInfo News Por: Equipo de Economía El gobierno nacional rubricó ayer un convenio importante para sumar nuevos terrenos en todo el país que estén libres para ser adquiridos por los beneficiarios del plan oficial de viviendas Pro.Cre.Ar. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, firmó un convenio para financiar la compra de 40 mil terrenos en siete provincias del interior, con fondos de la ANSES por 4 mil millones de pesos. Además, le endilgó a movimientos especulativos la culpa del aumento que han tenido en los últimos las tierras para construcción y anunció que se seguirá de cerca el movimiento de los valores, para que excedan los precios del mercado. El mecanismo de esta nueva etapa del Pro.Cre.Ar es sencillo: las provincias de La Rioja, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Misiones aportarán los terrenos para edificar, y el gobierno nacional se hará cargo del financiamiento de lo que serán tareas de urbanización, servicios y calles en las áreas elegidas. Esta iniciativa establece mejores condiciones para la federalización del Pro.Cre.Ar. En un acto realizado en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, el ex gobernador del Chaco, acompañado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de ANSES, Diego Bossio, destacó "esta acción promovida por el Estado a partir de la ANSES" de "la adquisición de lotes para la vivienda propia" que "implica una asignación de recursos para 40 mil terrenos, equivalente a casi a 4 mil millones de pesos" provenientes de la ANSES. El jefe de Gabinete justificó la iniciativa en que "hubo un proceso especulativo creciente, de incremento del valor inmueble en los terrenos, que en muchos casos constituye una restricción a los efectos de contar con el terreno para la construcción del bien inmueble" por parte del Plan Pro.Cre.Ar. En ese marco, Capitanich resaltó que "las metas a lograr (por el plan oficial) implican la construcción de 400 mil viviendas, de las cuales 86 mil ya tienen proceso de financiamiento, 50 mil tienen que ver con el terreno propio y 36 mil están en proceso de financiamiento de la titularidad del terreno". A su turno, el jefe de la ANSES, Diego Bossio, detalló que se trata de un convenio "por el cual las provincias disponen de tierras y nosotros (la Nación) disponemos de financiamiento para que puedan hacer la infraestructura, abrir la calle, poner la luz, el agua y poder ofrecerles a quienes salieron sorteados en Lotería Nacional en el marco del Plan Pro.Cre.Ar, lotes a un buen precio, para que puedan sacar el crédito para construir su vivienda". Participaron de la firma del convenio los gobernadores Eduardo Fellner (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), José Alperovich (Tucumán) y el vicegobernador Hugo Pasalacqua (Misiones). Capitanich consideró que el programa Pro.Cre.Ar "es un sistema muy transparente, con diseño federal, que garantiza la generación de empleo y el sueño de la casa propia para los argentinos". Por su parte, el director ejecutivo de la ANSES, recordó que la finalidad del acuerdo firmado con las provincias para la creación de suelos urbanos busca evitar la "especulación inmobiliaria" en los precios de los terrenos, debido a que el gobierno detectó en los últimos tiempos fuertes incrementos especulativos en los valores de la tierra, ante el interés de las personas en acceder al programa. En tanto, en el encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno, el titular de la ANSES detalló que "hoy hay 52 mil familias que están construyendo su vivienda, y hay 34 mil viviendas que estamos haciendo en distintos proyectos urbanísticos". A su vez, señaló que "el otro gran objetivo es crear fuentes de trabajo y una de las dificultades que advertimos son los lotes y la especulación inmobiliaria". En ese sentido, subrayó que "con este convenio las provincias disponen de tierra, nosotros de financiamiento para la infraestructura y podemos ofrecerles a quienes salieron sorteados por Pro.Cre.Ar lotes a buen precio para que puedan sacar crédito para construir su vivienda". Al finalizar el acto, el gobernador Eduardo Fellner dijo que "es un derecho fundamental para todos los argentinos poder acceder a la vivienda propia. Hay muchísimo por hacer, hay muchísima gente que no puede acceder a un lote." Aseguró que "nos parece un derecho inalienable que cada jujeño, cada familia, pueda acceder a un pedazo de tierra", e indicó el alto impacto que tiene este convenio "para la economía jujeña, porque es la posibilidad de que la clase media, que no es tenida en cuenta por programas sociales, tenga la posibilidad de acceder al techo propio". A su turno, Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, ponderó la puesta a disposición de unos 2000 terrenos en su provincia. El funcionario se comprometió a mantener en esos predios los valores de mercado. Si bien resta saber qué aporte hará el resto de las provincias, fuentes oficiales confiaron que el control de la estabilidad de los precios de los terrenos será uno de los ejes de esta nueva etapa del Pro.Cre.Ar. Actualmente, el plan de viviendas oficial ofrece líneas de crédito a una tasa mucho más baja que la de los bancos, y otorga facilidades para el acceso a familias con salarios bajos y medios, sectores a los que el sector financiero no llega. Además, se especula con que antes de fin de año podría haber un nuevo repechaje para los beneficiarios que no salieron sorteados en la última oportunidad, la del mes de octubre. Actualmente, hay líneas de refacción de viviendas, compra de viviendas nuevas, construcción de primera vivienda y modificaciones. Todas tienen tasas de entre el 2 y el 15% y requieren un nivel de salario de los integrantes de la familia que no sea superior a los $ 30 mil mensuales. «