miércoles, 31 de octubre de 2012

LA CORPORACION JUDICIAL SE QUIEBRA

TRES EX FUNCIONARIOS JUDICIALES PROCESADOS EN CORDOBA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La complicidad judicial sistemática
Carlos Otero Alvarez fue uno de los jueces que participó del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez.

El juez Daniel Herrera Piedrabuena procesó al ex juez Carlos Otero Alvarez, al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga. Dictó la falta de mérito de dos ex defensores oficiales.

Por Diego Martínez

Cuatro años después de dictar la primera condena por delitos de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez Carlos Otero Alvarez fue procesado por su propia actuación durante el terrorismo de Estado. Ex secretario de la Justicia federal cordobesa en plena dictadura, denunciado desde el retorno de la democracia, Otero Alvarez podría llegar a juicio por encubrir 86 casos de secuestros y torturas y por su participación secundaria en dos homicidios, entre otros delitos. La resolución del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena, que intervino como subrogante, alcanzó también al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, quienes según el procesamiento “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”. Cornejo, Puga y Otero Alvarez están en libertad, pero no pueden salir del país y tienen sus bienes embargados por 200 mil pesos. En la misma resolución, Herrera Piedrabuena dictó la falta de mérito de los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina.

Familiares e HIJOS regional Córdoba recusaron a Otero Alvarez en 2008, antes del inicio del primer juicio a Menéndez y otros siete acusados. El juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1, entre otros crímenes ordenados por el Tercer Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral Federal Nº 1, que Otero Alvarez compartía con Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará, rechazó la recusación por “manifiestamente improcedente”. Los jueces minimizaron la responsabilidad del colega y compañero de trabajo con el argumento de que “fue sólo en el marco de su función como secretario penal” y Otero Alvarez pasó a la historia por dictar la primera prisión perpetua contra Menéndez. Ese mismo año, el entonces director de Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. En 2009 Otero Alvarez adelantó su jubilación y logró evitar el jury que podría haberle costado la destitución.

Tres años después, mientras Díaz Gavier se prepara para encabezar el quinto juicio en Córdoba, Otero Alvarez fue procesado por encubrimiento en 86 hechos y como partícipe secundario en dos homicidios calificados, un secuestro, tormentos y un allanamiento ilegal. Los procesamientos del ex fiscal Cornejo y del ex juez Puga son por incumplir sus obligaciones de promover investigaciones penales, como partícipes secundarios en un caso de tormentos, en dos homicidios calificados y, en el caso de Puga, también por una privación ilegítima de la libertad.

Herrera Piedrabuena destacó que la prueba documental es “fiel reflejo de la actitud omisiva, de ‘silencio cómplice’, que fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba”. El procesamiento enfatizó “la sistematicidad con la que actuaron” los imputados y resaltó que el rol exigible “no era otro que asegurar la vida, la integridad y la dignidad de las personas”. “Los distintos hechos gravísimos investigados hieren, laceran a la humanidad y, por ende, a la razón, puesto que de haberse hecho lo que se debía las víctimas asesinadas, hoy, tal vez no lo estarían”, reflexionó. “Los torturados, los abusados, los maltratados, los privados ilegítimamente de su libertad, tal vez hubieran tenido justicia en su oportunidad”, escribió.

El juez hipotetizó “sólo como justificación” que jueces, fiscales y secretarios “tal vez no podían dimensionar o entender la magnitud de lo que sucedía” y consideró que “el hecho de que sí hubieran puesto en marcha el sistema de garantías para cada una de las víctimas, aun en forma individual, hubiera servido no sólo como límite a los aberrantes delitos que se cometían, sino que habría beneficiado a la sociedad en su conjunto, donde el Poder Judicial de la Nación hubiera actuado como protección ante el poder absoluto, o al menos intentado atemperar las acciones desatadas por el aparato represivo del Estado”. “Hubo una actitud de jueces y funcionarios, y hasta de abogados, que en forma rutinaria y con un esquema mental mecanizado no tuvieron la suficiente actitud para comprender las exigencias que la realidad les estaba marcando, para poder decidir a favor de la vida y la dignidad de las personas”, concluyó.

31/10/12 Página|12


GB

HERNANDEZ ARREGUI POR GALASSO.

El recuerdo de Hernández Arregui, un emblema del pensamiento nacional
El historiador Norberto Galasso repasa la trayectoria de un pensador que, proveniente del radicalismo y luego del marxismo, se convirtió en un uno de los mayores intelectuales que tuvo el movimiento nacional en el siglo XX.

Se cumplieron 100 años del nacimiento de
Juan José Hernández Arregui, una figura central del pensamiento nacional.

Por Norberto Galasso

Nació en Pergamino, un 29 de octubre de 1912. En la semicolonia británica –"el granero del mundo"– lo atrapó desde muy pequeño la superestructura cultural que la clase dominante ha venido montando desde la presidencia de Mitre: la historia mitrista, las fábulas económicas del liberalismo, geografías exóticas y lejanas, en fin, el enciclopedismo que enseña cuanto existe en el universo menos que su patria está destinada a proveer cereales y carnes baratas al Imperio.

Su iniciación en política –según sus propios recuerdos– se produce a los 18 años cuando "siendo un adolescente, abracé la causa antiimperialista y anticonservadora que no he abandonado ni abandonaré jamás". Por entonces (1933), desintegrada su familia pues su padre los ha abandonado muchos años atrás y su madre ha fallecido, se traslada a Villa María, Córdoba, a la casa de un tío irigoyenista. Consecuente, que pertenece a la intransigencia nacional y tiene por caudillo al Dr. Amadeo Sabattini, quien se halla rodeado de un grupo de radicales jóvenes que reciben el apodo de "los radicales 'rojos' de Córdoba".

Ya por entonces incursiona en la literatura y escribe un libro de cuentos, Siete notas extrañas, merced al cual recibe un elogio entusiasta del poeta Nicolás Olivari. Luego, en 1938, pasa a Córdoba donde su fervoroso irigoyenismo empieza a combinarse con el marxismo que recibe en las clases de un socialista exilado: Rodolfo Mondolfo.

A partir de allí, a sus treinta años, inicia el intento de compatibilizar o sintetizar la tradición popular de las masas seguidoras de Don Hipólito con las ideas del socialismo científico, en una mezcla –como la definiría Homero Mazi– "pampeanamente rara de Yrigoyen y Marx".

Así, mientras cursa Filosofía y Letras, en la Universidad de Córdoba, se nutre de los libros de Scalabrini Ortiz y los cuadernos de FORJA, al tiempo que lee a los clásicos del socialismo, se introduce en literatos y filósofos europeos como asimismo en libros de revisionismo histórico, aunque manifiesta una posición crítica respecto de Rosas. A estas diversas influencias se agrega, por entonces, la creciente importancia del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y los sucesos del 17 de octubre. Constituida la "Unidad Democrática", Juan José interviene en la convención radical del 29/12/45 donde condena el contubernio organizado y bendecido por el embajador norteamericano Braden. Cuando llega el 24 de febrero de 1946, vota a Perón para presidente, pero expresa su origen radical votando a Sabattini para gobernador de Córdoba. En 1947, ya casado con Odilia Giraudo, pasan a residir en Buenos Aires.

De sus lecturas y sus polémicas obtiene la conclusión de que siendo marxista y considerando al proletariado el sujeto histórico revolucionario, debe también ser peronista, pues los obreros apoyan abrumadoramente a Perón. Después lo explicará así: "Soy peronista porque soy marxista."

Entre 1946 y 1955 dicta cátedras y lo trasladan de un empleo a otro, pues no obstante su afirmación peronista, por su condición de hombre de izquierda es víctima del maccarthysmo de algunos burócratas. Jauretche trata de consolarlo: "Qué va a hacer, tenemos abismos porque tenemos cumbres." En esos años, ha venido estudiando la superestructura cultural de la semicolonia, partiendo de la tesis de Marx de que "las ideas dominantes en una sociedad, son las ideas de la clase dominante". De ese estudio brota, en 1957, ya derrocado Perón, su libro Imperialismo y cultura, una severísima crítica a la cultura semicolonial vigente. Con ese libro, dirá: "Los cocino a los intelectuales del sistema en su propia salsa." El ensayo es la más profunda y demoledora crítica a la superestructura cultural oligárquica y por eso "importó mi funeral intelectual y por ser argentino, mereció los más grandes elogios y el más grande silencio... Ese libro me creó odios definitivos... Se me cerraron todos los caminos." Existía ya la televisión pero los periodistas afirman que desde esa fecha hasta su muerte, en 1974, su imagen no aparecerá jamás en las pantallas televisivas. Por entonces, ya se define como un hombre de izquierda nacional interna al peronismo.

En 1960 publica su segundo libro, La formación de la conciencia nacional, implacable análisis del nacionalismo oligárquico y de la izquierda antinacional, como así también reivindicación de FORJA, del peronismo y de la izquierda nacional. Pero no sólo recurre al libro sino también a la conferencia, a la polémica, al artículo en periódicos y revistas de azarosa vida, pero "sigue cercado por un silencio concertado" que lo convierte en un "maldito".

Arregui apoya con fervor al peronismo y le reconoce su progresividad histórica, pero –a largo plazo– no cree en la posibilidad de un capitalismo nacional autónomo. En esa época debate con el Partido Socialista de la Izquierda Nacional respecto de si la izquierda nacional debe ser interior o exterior la peronismo. "Debe hacerse desde adentro para no perder contacto con los trabajadores", sostiene. "Debe ser desde afuera", sostiene Ramos, que proviene de los orígenes de la izquierda nacional expresados en 1945 por el grupo Frente Obrero, la única expresión política de izquierda que acompañó a los trabajadores en el 17 de octubre. Desde aquel momento esta izquierda nacional sostuvo la necesidad de "golpear junto con el peronismo, pero marchar separados", resguardando su independencia ideológica, política y organizativa.

Arregui insiste en crear centros apartidarios de izquierda nacional en todo el país, no ceja en su prédica de trabajar por abajo, por fuera de los medios hostiles y el enemigo lo juzga tan peligroso que sufre varias detenciones. Luego, publica ¿Qué es el ser nacional? (1963), pronunciándose a favor de la unión latinoamericana y dando sus fundamentos. Más tarde, crea el grupo Cóndor, donde acentúa su definición socialista. Al respecto, Cooke no lo integra y le explica: "El intelectual mira lejos, su propuesta es estratégica; pero el político debe contestar todos los días, en la coyuntura y la lucha de clases en la Argentina pasa por el peronismo."

Con el Cordobazo, Arregui lanza Nacionalismo y liberación, un nuevo aporte para forjar una verdadera izquierda, con obreros, dentro del movimiento nacional.

En esa época, en medio del silencio de que es objeto, le llega un reconocimiento importantísimo: "Ningún argentino debería dejar de leerlo y toda la juventud de nuestro país debería tenerlo en la cabecera y estudiarlo profundamente." Así se lo expresa, en una carta, el desterrado Juan Perón.

Pero no sólo da conferencias y publica, cuando puede, sino que su espíritu militante lo lleva pelear en todos los frentes, inclusive el militar, donde se constituye en el ideólogo de un grupo de 40 oficiales encabezados por Julián Licastro, tentativa que se frustra cuando son descubiertos y dados de baja.

Ya en los '70, prosigue su polémica. Ahora le dice a Enrique Rivera, un hombre de Frente Obrero: "La posibilidad de un partido obrero independiente no se ha cumplido y la razón está en que el Movimiento Nacional Peronista, cosa que usted no parece ver, con todas sus contradicciones, va en camino de serlo." Como expresión de esta concepción, publica, en 1971, Peronismo y socialismo, donde afirma: "Toda guerra de liberación, más allá de sus contradicciones de clase, por la participación de las masas populares, es presocialista", y de allí deduce que el futuro será protagonizado "por un partido revolucionario, ideológicamente radicalizado con una vanguardia aguerrida, íntimamente ligado a sus sindicatos combativos, levantando banderas antiimperialistas y socialistas".

A esto agrega que "el peronismo debe realizar un cambio revolucionario en los cuadros, una depuración interna". El enemigo no le contesta con ideas sino que, estando el libro en impresión, dos kilogramos de genilita hacen explotar su departamento de la calle Guise, dejando gravemente herida a su esposa.

Después del triunfo del 11 de marzo de 1973, Arregui continúa apoyando el proceso de masas, pero las contradicciones internas del peronismo hacen crisis, especialmente después de la muerte de Perón.

Publica entonces las revistas Peronismo y socialismo, y luego Peronismo y liberación, alertando, en trágica profecía, que debe evitarse el golpe de Estado que instauraría una dictadura sanguinaria. Ya él mismo aparece en una lista de políticos a ejecutar por las Tres A: Julio Troxler, Atilio López, Rubén Sosa, Hernández Arregui... El 16 de septiembre del '74 asesinan a Atilio López, cuatro días después matan a Julio Troxler.

Con enorme esfuerzo se decide a exilarse. Pero viaja a Mar del Plata para alertar a Rubén Sosa de que corre peligro y allí le contesta a un joven montonero que le inquiere sobre el futuro argentino: "Por primera vez en mi vida, no tengo respuesta...". Horas después lo voltea un síncope fulminante. Es el 22 de septiembre de 1974, junto al mar.

Con su muerte, desaparece uno de los mayores intelectuales que tuvo el movimiento nacional en el siglo XX.

Así nos abandona pero nos deja sus libros que resumen su convicción profunda en "la confederación iberoamericana, la liberación nacional y con la construcción del socialismo, que están en nuestras manos... Porque sólo el hombre es capaz de mirar lejos, sólo el hombre es capaz de lograr lo grandioso."

29/10/12 InfoNews


Prof GB

ESPAÑA VA POR LOS GENOCIDAS CHILENOS.

EL MUNDO › ESPAñA PROCESA A SIETE EX MIEMBROS DE LA DINA DEL DICTADOR

Cayó la patota de Pinochet

El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976.


Contreras, ex jefe de la DINA, y Lepe, que llegó a general, dos de

La Justicia de España procesó y ordenó la detención por genocidio, asesinato y detención ilegal de siete ex integrantes de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet que actuó durante la dictadura chilena, acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976. Según informaron fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete. La decisión se basa en un argumento ya utilizado por algunos tribunales: el juez sostuvo que en Chile la persecución por estos delitos no ha sido efectiva. Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y entre ellos está el jefe del organismo, Manuel

Contreras, sobre quien pesan ya varias condenas.
La lista se completa con el jefe de la Brigada, Guillermo Humberto Salinas Torres; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe; el teniente René Patricio Quiloth Palma, y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, junto con Michael Vernon Townley Welch, éste de nacionalidad estadounidense. Con la resolución, el juez Ruz hizo lugar a un pedido que la fiscalía realizó en mayo, y argumentó que la persecución en Chile “no ha sido efectiva” porque el proceso se cerró por una amnistía que no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un período constituyente.

El español Carmelo Soria era un diplomático de Naciones Unidas que trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Chile y fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en la capital trasandina cuando se dirigía a su casa. Según Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde fue torturado –maniatado y con la cara vendada– durante varias horas y le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile.

Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. “Pobre Chile...”, fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar. El cuerpo de Soria fue tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos fraguaron una nota, que metieron en un bolsillo, para simular que Soria se había suicidado por infidelidades de su esposa. El fiscal de la Audiencia Nacional española, Carlos Bautista, se había declarado a favor de la jurisdicción local como competente para investigar estos delitos.

Según el magistrado Ruz, Contreras Sepúlveda, siendo jefe de la DINA, entidad que “sólo obedecía y respondía ante la junta militar de gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet”, fue quien ordenó a Salinas Torres de forma directa el secuestro y asesinato de Soria. El fallo se refiere a la DINA como un “instrumento de represión política de la dictadura militar”, iniciada en septiembre de 1973.

En el detalle del operativo, el juez señala que varios de los procesados habían hecho seguimientos para conocer las costumbres de Soria, y que el día del secuestro, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tránsito, detuvieron a Soria y lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley, que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas. La causa se inició a partir de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende que el ahora ex juez Baltasar Garzón admitió como trámite en 2001.

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GB

CALIFICADORAS BUITRES.

ECONOMIA › STANDARD & POORS BAJO LA CALIFICACION DE LA DEUDA ARGENTINA, POR EL FALLO JUDICIAL EN NUEVA YORK

Las calificadoras acompañan el vuelo

Las calificadoras de riesgo siguen cumpliendo su rol funcional a la hegemonía mundial en las finanzas. Ayer castigaron en sus informes a la deuda argentina por las políticas económicas de confrontación con la especulación financiera.



La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de la deuda externa Argentina de “B” a “B-”. La compañía decidió reducir la nota de los bonos argentinos como resultado del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó un pedido de fondos buitre por trato discriminatorio por parte de la Argentina respecto de los tenedores de bonos que entraron al canje de deuda. Además del reciente fallo judicial, la empresa enumeró en forma negativa la decisión de Chaco de cancelar en pesos vencimientos establecidos en dólares, la retención de la Fragata Libertad en Ghana y la deuda pendiente con el Club de París. Pero la argumentación de S&P va más allá, al aludir a “las políticas establecidas desde las elecciones presidenciales de octubre de 2011” como un factor negativo. Por su parte, la compañía Fitch puso la nota de las emisiones argentinas bajo “vigilancia negativa” y amenaza con considerar en default la deuda argentina si Argentina experimenta algún retraso en el pago de los vencimientos producto de la puja judicial en Nueva York.

La decisión de S&P para reducir la nota de la deuda fue disparada por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en contra de la posición argentina. La calificadora considera que esa situación genera al Gobierno “crecientes desafíos para diseñar su política económica y de manejo de la deuda”. No obstante, en el comunicado difundido ayer, la firma explica que la calificación responde a su rechazo y cuestionamiento de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

Sin rodeos, los analistas de S&P cuestionan la política de administración comercial –“restricciones sobre el comercio internacional”–, las limitaciones para la compra de divisas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y “la creciente intervención del sector público en sectores de la economía”. Para concluir, la empresa propiedad del grupo editorial McGraw-Hill apunta contra el gasto público y el tipo de cambio al considerar que “estas acciones podrían exacerbar las debilidades existentes en la economía de Argentina, incluyendo la elevada inflación que continúa apreciando el tipo de cambio real del país y los cada vez más rígidos gastos gubernamentales, y dar por resultado un deterioro del panorama fiscal de mediano plazo y de las condiciones para la inversión”. En su comunicado, S&P reconoce algunos elementos positivos como la política de desendeudamiento, pero advierte sobre potenciales dificultades para enfrentar el pago del Cupón PIB a mediados de diciembre.

Aunque las calificadoras de riesgo decidieron “castigar” y “amenazar” al país, ambas empresas reconocen que el pago de los vencimientos de deuda no está en riesgo. “No esperamos que el fallo del Tribunal de Apelaciones en Nueva York tenga un impacto inmediato sobre el servicio de la deuda”, afirma S&P. A pesar de la creciente incertidumbre que observa, Fitch sostiene que “en la actualidad entendemos que el gobierno de Argentina no está limitado legalmente para realizar los pagos sobre sus deudas bajo la legislación de Nueva York sin hacer pagos a los demandantes (los fondos buitre)”.


Fitch amenazó con colocar la calificación de la deuda argentina en “default restrictivo” y los bonos en una situación de cese de pagos, aunque las condiciones macroeconómicas y la existencia del Fondo del Desendeudamiento contradigan esa decisión. Fitch anuncia que va a “seguir monitoreando cómo evoluciona este caso y hasta qué punto impide la posibilidad de Argentina para pagar sus obligaciones emitidas bajo legislación de Nueva York en tiempo y forma” y afirma que si el país llega a “perderse un pago” será considerado como un cese de pagos. Si eso sucede, explica la empresa en un comunicado, la deuda Argentina será calificada en default.

A diferencia de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo, en el equipo económico argentino interpretan que el fallo de la Cámara de Apelaciones no implica ningún riesgo de embargo o retraso de los pagos a los tenedores de bonos. Esos vencimientos se realizan con reservas internacionales del Banco Central, se pagan en la Argentina y cuando se transfiere a la cuenta de los tenedores deja de ser un activo del país para pasar a ser de su receptor. El pago de los bonos con legislación extranjera se deposita en el Bank of New York. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que existe una posibilidad de que los fondos buitre interpongan alguna medida para dilatar los tiempos de pago.
Ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que “jamás vamos a pagarles a los fondos buitre” (ver aparte). Más allá de las amenazas de las calificadoras de riesgo, ante la posibilidad de dilaciones o riesgo de embargo frente a las presiones de los buitres, el Gobierno tiene previsto como alternativa transferir los fondos hacia alguna cámara compensadora (clearing) o cursarlos a través del Banco Internacional de Pagos de Basilea y evitar así el uso del Bank of New York

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GB

VOTO JOVEN, SE ENRIQUECE EL DEBATE.


20:05 › CONGRESO

Diputados trata el voto joven

La Cámara baja comenzó al mediodía a debatir el proyecto que habilita el voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años, que ya tiene media sanción del Senado. El Frente para la Victoria y bloques aliados cuentan con los votos para aprobar la iniciativa. La diputada oficialista Diana Conti aseguró que la iniciativa "no es ni oportunista ni demagógica" y subrayó que busca "ampliar la base electoral de nuestra democracia". El Frente Amplio Progresista y la UCR presentaron dictámenes de minoría en los que proponen que el sufragio sea obligatorio.


Al abrir el debate, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista Diana Conti aseguró que el proyecto busca "ampliar la base electoral de la democracia". "Dar el voto a los jóvenes significa reivindicar las banderas de los desaparecidos y saber que serán los jóvenes que se preparan para seguir llevando las banderas hasta la victoria siempre", concluyó.

En esa línea, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, opinó que "hay un cambio en la cultura de la información y una revolución en los procesos de comunicación, donde los jóvenes saben lo que está pasando y quieren participar en la construcción de su presente y su futuro". El Frente Amplio Progresista (FAP) y la UCR presentaron dos dictámenes de minoría, en los que proponen la "obligatoriedad" del voto entre los 16 y los 18 años; en tanto, el PRO, el peronismo disidente y la Coalición Cívica anunciaron su rechazo a la norma oficialista.

El titular del interbloque FAP, Juan Carlos Zabalza, se manifestó a favor de la participación de la juventud en política, pero rechazó el carácter "optativo" de la propuesta oficial, por lo que esa bancada se abstendrá en la votación en general. El radicalismo, en la voz de Mario Negri, también dijo estar de acuerdo con la ampliación de derechos, pero consideró que "debe ser obligatorio".

En esa misma línea, el diputado Juan Pedro Tunessi cuestionó el sufragio optativo por ser "demasiado liberal para nuestra democracia" y anticipó que el radicalismo no se opone "a la idea de que los jóvenes voten porque sería contrariar los principios y desconocer la lucha de nuestro partido".

El debate tuvo un momento emotivo, marcado por un aplauso cerrado de todos los legisladores, cuando se escucharon por primera vez en el recinto las palabras del diputado del Frente para la Victoria, el socialista Jorge Rivas, quien quedó tetraplégico tras un asalto en el 2007 y nunca había podido expresarse en forma oral ante sus pares. "Los jóvenes comparten y piensan un modelo de Nación, de Estado, de economía y muestran un fuerte interés por cambiar las cosas más inmediatas que los afectan", se escuchó desde la computadora de Rivas, especialmente preparada con un sistema informático que permite que el diputado pueda comunicarse.

Hace dos semanas, el Senado aprobó la inciativa oficialista con una abrumadora mayoría, por el acompañamiento de varios bloques de oposición. Solo tres senadores votaron en contra. El proyecto modifica siete leyes nacionales, entre ellas el Código Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de Electores, la Ley de Ciudadanía y Naturalización y la ley que establece las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

Tras varias deliberaciones, la Cámara alta resolvió que el voto será obligatorio,
como fija la Constitución Nacional en su artículo 37, pero mediante la modificación del artículo 25 del CNE se excluirá de multas a los jóvenes menores de 18 años y los mayores de 70 años. En el artículo 18 se excluirá a esos dos grupos del registro de infractores. Una de las modificaciones más cuestionadas fue el cambio del término “ciudadanos” por el de “electores” que, según senadores de la oposición, acotaba el reconocimiento de los derechos individuales al marco de los derechos políticos.
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MEDIA SANCION PARA EL PER SALTUM.


Media sanción para el per saltum

Tras el discurso de cierre del titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, el Senado aprobó el proyecto que habilita a saltear instancias judiciales y acceder a la Corte en causas de “gravedad institucional” del fuero federal. La iniciativa, que contó con 43 votos afirmativos y 26 negativos, ahora será girada a Diputados. Tras aprobar el per saltum, la Cámara alta comenzó a debatir el Presupuesto 2013.


Pasado el mediodía comenzó el debate por el proyecto de per saltum, tal como fue acordado ayer en la reunión de Labor Parlamentaria. Una vez aprobado, los legisladores se abocaron al debate del Presupuesto, que sería votado pasada la medianoche.
La iniciativa aprobada se basa en un texto elaborado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2002 cuando era senadora. Establece que el per saltum, que habilita al máximo tribunal del país a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas, es viable cuando "constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, dijo que el Senado cerró el debate y afirmó que se trata de "una ley que establece mecanismos claros, es una ley de la democracia". El senador rionegrino también explicó que "la Corte va a hacer la primera evaluación antes de la admisibilidad".
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Marcelo Fuentes, había abierto la discusión con un recorrido histórico del uso de la herramienta. Reseñó que la propia Corte Suprema planteó en distintas oportunidades la necesidad de que ese recurso fuera reglamentado y opinó que la iniciativa "es suficientemente autoexplicativa" y no se trata de "una construcción jurídica novedosa".
Por su parte, la senadora María Eugenia Estenssoro, quien ofició de miembro informante de la Coalición Cívica, el FAP y la UCR, adelantó que esos bloques no acompañarían la propuesta oficial. "En otro contexto sí apoyaríamos, pero no en éste", afirmó, y opinó que "en este escenario político aplicar esta ley sería de gravedad institucional". El senador radical Ernesto Sanz ratificó que su bloque votará contra el proyecto. "No son razones de Estado, sino razones de un gobierno", consideró.
La iniciativa establece que se podrá presentar el recurso en casos de "gravedad institucional del fuero federal" y hace referencia a aquellas causas "cuya solución definitiva y expedita sea necesaria". El Gobierno aspira a apelar al per saltum para que la Corte Suprema dicte un fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Al iniciar la sesión, la Cámara alta aprobó por unanimidad un repudio a la "retención ilegal" de la Fragata Libertad en Ghana y al "accionar de los fondos buitre". También se le rindió un homenaje a Raúl Alfonsín en recuerdo de la elección presidencial del 30 de octubre de 1983 y se realizó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el derrumbe de un supermercado en Neuquén, en Neuquén, ocurrido el jueves último, y de las víctimas del accidente de ayer en Jujuy.

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EL PERONISMO Y LA ETICA DEL AHORRO.



El “Plan Económico de Austeridad” de 1952.
En 1924, un Congreso Internacional reunido en Milán (Italia), proclamó al 31 de octubre como “Día Internacional del Ahorro”. Por entonces, el ahorro era considerado como la “base de la fortuna” y una práctica esencial al momento de financiar los procesos de recuperación de las economías gravemente dañadas por la Primera Guerra Mundial.
En nuestro país, la Caja Nacional de Ahorro Postal había sido creada casi una década antes, en 1915, con el fin de fomentar los hábitos de ahorro. Sin embargo, sólo seria durante el Segundo Gobierno de Juan Domingo Perón, cuando el ahorro sería proclamado como una política de Estado, en el marco del Segundo Plan Quinquenal.
Tiempos difíciles. En 1951, una amplia mayoría renovó el mandato de Juan D. Perón en las elecciones presidenciales, plebiscitando así su gestión durante la primera presidencia. Sin embargo, las variables económicas presentaban oscuros nubarrones sobre el futuro de la sociedad argentina. Dos años sucesivos de sequía en la Pampa Húmeda redujeron sustancialmente el excedente exportable, en tanto las reservas habían disminuido, y la política de boicot de los Estados Unidos restringía los mercados potenciales para los productos argentinos y nos privaba del aprovisionamiento de los repuestos indispensables para una industria que comenzaba a ver limitada su capacidad operativa, debido al desgaste provocado por los récords de producción de los años previos.
Obligado por las circunstancias, Perón decidió dar un golpe de timón en la orientación de su política económica del Primer Plan Quinquenal, que privilegiaba el consumo interno, tomando una serie de medidas para superar la crítica coyuntura, a las que dio una matriz orgánica a través del “Plan Económico de Austeridad”, lanzado en febrero de 1952. En su convocatoria, el presidente instaba a los argentinos a realizar un esfuerzo solidario para superar la situación adversa, contribuyendo en el incremento de la productividad y la reducción de los consumos innecesarios, para favorecer el ahorro. Asimismo, apuntaba a aumentar la producción agropecuaria, reducir las importaciones e multiplicar las exportaciones.
La austeridad solicitada no implicaba sacrificar los consumos imprescindibles, sino suprimir el derroche y los gastos innecesarios. Si a esta “política le agregamos un aumento sólo del 20% en la producción solucionaremos: el problema de las divisas, parte del problema de la inflación y consolidaremos la capitalización del país”.
Perón repartía las responsabilidades para el éxito del plan estaban repartidas del siguiente modo: el 50% correspondía al gobierno, el 25% a mutuales, cooperativas y sindicatos y el 25% a la acción popular en defensa de la economía hogareña. En este último segmento, las familias, y en especial las mujeres –“organizadoras del consumo” familiar–, debían jugar un rol esencial.
La ética del ahorro. A fin de superar la crítica coyuntura, Perón detalló algunas de las acciones que debían desarrollarse, a fin de convertir al ahorro en una política de Estado. Perón recomendaba que las mujeres economizaran en las compras, adquirieran y consumieran lo imprescindible, evitaran que los alimentos llenen los cajones de basura, no abusaran de las compras de vestuario y compraran en aquellos lugares donde los precios fueran menores, como ferias, mutuales, proveedurías gremiales o cooperativas. También solicitaba denunciar al comerciante inescrupuloso o al agiotista, considerados como enemigos declarados del bienestar de la comunidad.
Por cierto, no era la primera vez que el peronismo convocaba a las mujeres como defensoras primordiales de los ingresos familiares. En efecto, un mes antes de que Perón asumiera su primer mandato presidencial, en 1946, Evita dio un discurso para anunciar una campaña “pro-abaratamiento de la vida”, con el fin de incrementar el rendimiento del salario de los trabajadores. Sin embargo, la coyuntura económica era muy diferente, y la iniciativa naufragó en medio de la abundancia.
En 1952 y 1953 las cosas habían cambiado: ahora la consigna era ahorrar. Para contribuir a ese fin, las instituciones públicas repartían cartillas con consejos y sugerencias. Los noticieros, la prensa escrita y la radiofonía divulgaban comidas económicas y proporcionaban recetas alternativas que excluían la utilización de carne vacuna, a fin de reducir su consumo interno. El ministro de Salud, Ramón Carrillo, recomendaba incrementar el consumo de frutas, verduras, hortalizas y pescados, para mejorar los hábitos alimenticios, mientras el de Agricultura, Carlos Emery, instaba a que el Ejército cediera parte de sus tierras para obtener productos agrícolas a bajos costos.
Tampoco faltaban las publicaciones de la Caja de Ahorro que enseñaban a organizar el presupuesto familiar, distribuyendo tareas entre el ama de casa (medicinas, educación, alimentos, alquiler y esparcimiento) y el jefe de familia (periódicos, transporte y comidas en su lugar de trabajo).
En la asignación de funciones dentro del grupo familiar, la responsabilidad principal era asignada a la mujer, definida por Perón como una fundamental “cooperadora económica”. Los niños también eran convocados a participar activamente de la empresa comunitaria. En este caso, los libros escolares como Obreritos o Patria Justa divulgaban los hábitos de ahorro. La revista Mundo Infantil lo adoptó como tema prioritario, creándose personajes como Don Derrochín o Maese Ahorrín, y la Libreta de Ahorros fue reconocida socialmente como indicador de educación y de responsabilidad social hacia el futuro. “Para todos es necesario el ahorro –sentenciaba su contratapa–, y para todos es posible”, al tiempo que los estimulaba a reemplazar el consumo de golosinas por el de estampillas.
A los hombres se les solicitaba evitar los gastos superfluos, limitar la concurrencia los cabarets, al hipódromo y a las salas de juego, privilegiando la satisfacción de las necesidades esenciales.
Perón popularizó el término “rastacueros” para definir a quienes trataban de mostrarse como adinerados, pagando precios excesivos por sus consumos. Para no convertirse en “rastacueros”, se abrieron los “Grandes Almacenes Justicialistas”, que trataban de auxiliar a las cooperativas y mutuales en su esfuerzo por mantener los precios bajos. También la Fundación Eva Perón inauguró en 1951 una serie de proveedurías de bajos precios, además de fomentar actividades económicas productivas.
Tampoco la política estuvo ausente del esfuerzo. El Consejo Superior del Partido Peronista prohibió todo banquete, agasajo o vino de honor durante el año 1952, en tanto las censistas sumaron a su labor habitual el control y fiscalización de los precios máximos, el reparto de cartillas de precios y el asesoramiento de las amas de casa.
El futuro del proyecto nacional y popular estaba en juego. Sólo la Comunidad Organizada podría llevarlo a buen puerto.

MIRADAS AL SUR.
Prof GB