Por Hernán Letcher y Julia Strada *
“Copiar a Venezuela no le hace bien al país. La Ley de Abastecimiento es algo retrógrado e inconstitucional y sólo existe en Argentina” (Ratazzi, UIA). Para Daniel Funes de Rioja (Copal), “en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado”. También las críticas de la Asociación Empresaria Argentina indicaron un “grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional”. Massa agregó: “No es atacando empresas la forma de cuidar el trabajo de la gente”, para luego exigir una reducción de la presión tributaria para “facilitar el funcionamiento de la economía y no entorpecerlo”. Finalmente Binner sostuvo que “en el actual contexto la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores” y añadió: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado”, imperdible perla del dirigente del Partido Socialista que completó el panorama.
Las propuestas de reforma a la Ley de Abastecimiento por parte del Poder Ejecutivo han desatado una avalancha de críticas de parte de políticos de la oposición y sectores del establishment económico concentrado. Con sólo repasar las declaraciones más resonantes, se destaca el acto reflejo de rechazo que genera simplemente la posibilidad de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso tratándose de las cadenas de producción-industrialización-comercialización, nudo gordiano del aumento de precios.
En este sentido, el eje de debate debe centrarse en la concentración. La regulación que hoy se critica se origina en la necesidad de la defensa de los consumidores. En este caso, el 61 por ciento de las empresas denunciadas por sus usuarios son grandes firmas, y los reclamos que encabezan la lista son por “entrega o prestación defectuosa” de los productos o servicios, mientras que en segundo lugar aparecen los reclamos por cobros indebidos.
En términos discursivos, los empresarios indican que están de acuerdo en mejorar la normativa de defensa del consumidor pero no acompañan el resto de las propuestas. En realidad se resisten a la intervención del Estado porque no quieren normativas que permitan neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, les han permitido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de la habitual estrategia de aumentos de precios.
En el rubro alimentario el escenario está marcado por la concentración. Es uno de los de los mercados donde la puja por el excedente es clara (y ha tenido correlatos en aumentos de precios de bienes de consumo masivo), dado que son los sectores más humildes quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a la canasta básica. Desde el lado de los consumidores, el 20 por ciento de la población del país que percibe menores ingresos destina más del 40 por ciento de sus gastos al rubro alimentos y bebidas. Para el 20 por ciento de la población con mayores ingresos estos gastos constituyen un 37,8 por ciento del presupuesto del hogar.
Pero no es el único rubro donde hay prácticas abusivas y concentración. También ocurre con la producción de insumos difundidos como el hierro/acero, cemento y aluminio y en una serie de servicios básicos, como la telefonía celular o la medicina prepaga.
Producción. Si nos acotamos a la producción de alimentos, en Argentina existen 333.477 explotaciones agropecuarias, de las cuales el 66 por ciento son de pequeños productores que se dedican fundamentalmente a la agricultura y cría de animales. Pero al llegar a la mesa de los argentinos este universo de actores se reduce drásticamente. Los distintos productos deben atravesar etapas de procesamiento, envasado, distribución y venta final, donde cada una de ellas se encuentra controlada por un puñado de actores concentrados, que no sólo tienen la capacidad de determinar los precios de cada eslabonamiento (sin que ninguna autoridad intervenga –o cuanto menos pueda conocer con certeza la rentabilidad de cada actor de la cadena–), sino que además también deciden a quién y en qué condiciones comprar. En términos de teoría económica, no sólo estamos frente a conocidos oligopolios en la producción, distribución y comercialización, sino que también se producen oligopsonios. Se trata de la existencia de muchos oferentes y pocos compradores, que a nivel productivo se traducen en productores no concentrados que son proveedores de grandes empresas que, al ser pocas, ejercen una relación desigual en la negociación de precio, formas de pago y en los volúmenes de producción.
Es decir, no sólo el productor carece de la capacidad de negociar una mejor tajada por su trabajo, sino que tampoco tiene los mecanismos para incrementar su escala, invertir más, y asegurarse una mayor venta. Es el pez gordo el que condena a miles de productores a la venta a granel y en pequeña escala. La posterior venta en las cadenas de supermercado oligopolizadas cierra el círculo de la concentración.
En el mercado alimentario persiste una alta concentración en los principales rubros. En el caso de la cerveza, el 82 por ciento de su producción es controlada por dos empresas (Quilmes y Brahma); en yerba mate el 50 por ciento depende de Las Marías, Hreñuk SA, Molinos Río de la Plata y La Cachuera; el 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor; el 80 por ciento del aceite comestible es acaparado por Molinos Río de la Plata y AGD de Urquía; el 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma –del empresario procesado por delitos de lesa humanidad, Blaquier–; el 78 por ciento de las galletitas es producido por Danone, Kraft Foods y Arcor; el 90 por ciento del pan lactal es producido por Fargo y Bimbo, y el 66 por ciento de la Leche Fluida es controlada por Sancor y La Serenísima.
Comercialización. Bastante alejada de los postulados de las teorías liberales, la comercialización (para la ortodoxia supuestamente ordenada por una “mano invisible” que fija precios y cantidades por el equilibrio automático de las curvas de oferta y demanda), se encuentra atravesada por estrategias de mark up, así como por barreras a la entrada y salida de los mercados, para el perjuicio de los productores más débiles.
En lo que refiere a las ventas de los supermercados, según datos para el año 2011, el Grupo Inc. SA (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), con 600 bocas de expendio en todo el país, registró una facturación anual aproximada de 16.000 millones de pesos. Le sigue Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas y una facturación de 9700 millones de pesos. COTO Cicsa, con 113 bocas facturó 5400 millones. Walmart Argentina (Walmart, Changomás y Changomás Express), con 61 bocas de expendio, facturó 4000 millones. Finalmente, el Grupo SA Importadora y Exportadora de la Patagonia (donde se encuentran La Anónima, Quijote y Best), con 112 puntos de venta, también rondó los 4000 millones de facturación anual.
Un buen ejemplo. Mucho se ha avanzado en la protección al consumidor y en la regulación de la determinación de los precios a través del Programa Precios Cuidados. El éxito del programa –con crecientes empresas preocupadas porque sus productos quedan afuera– incluso se ha plasmado en una migración de ventas desde los comercios de proximidad hacia las grandes cadenas, firmantes del acuerdo. Equiparar esta situación es en este sentido uno de los objetivos de la reciente Red Comprar, a través de la inclusión del comercio minorista.
Adicionalmente, avanzar en mayores protecciones hacia el consumidor final, a través de facultades estatales más precisas y legitimadas (que vale decir ya integraban la Ley de Abastecimiento para 1974, modificada en el marco del cuestionado paquete de Reforma del Estado), es una necesidad indiscutible de estos años, marcados por un puñado de manos invisibilizadas que acumularon a costa de la remarcación de precios.
Lo cierto es que las importantes políticas de asignaciones, pensiones, subsidios a emprendimientos y otras políticas de redistribución del ingreso mejoraron notablemente las posibilidades de consumo de los sectores populares, pero se terminan traduciendo en transferencias hacia el capital concentrado, fomentando el consumo en grandes cadenas de supermercados, cuyas góndolas están repletas de productos de unas pocas grandes productoras.
La resistencia a cualquier tipo de regulación de estas relaciones marcadamente desiguales (entre productores y mayoristas-distribuidores, y entre supermercados y consumidores) confirma que efectivamente éste es un nudo de la acumulación económica. La amenaza con el fin de la inversión es la frase más escuchada. El rechazo en bloque al accionar del Estado –no a cualquiera, sino a su objetivo distributivo– expresa una situación asimétrica que difícilmente están dispuestos a negociar.
* Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
