domingo, 30 de marzo de 2014

EL PAIS Las leyes del Talión y de Lynch

 Por Mario Wainfeld
David Moreyra tenía 18 años. Fue asesinado a golpes por una turba de personas en un barrio de Rosario. Lo “acusaban” de haber participado en el arrebato de una cartera a una joven como él. Lo golpearon sin piedad, entre muchos, y lo dejaron tirado en el pavimento. No es el único hecho similar registrado en Santa Fe en los últimos días, fue el más grave. Su familia aduce que no era un delincuente, dato que tiene su importancia, pero que no serviría para validar el linchamiento.
La Ley del Talión (vale la pena bajar tanto y remontarse tan lejos) fue un avance en la vindicta penal. “Ojo por ojo y diente por diente” es una condena proporcional, prefijada. Pone límites a la vendetta que se prolonga por generaciones o a la tabulación de la condena por quien se cree víctima. Y a la escalada de revanchas, por mano propia.
La Ley de Lynch es muy otra cosa, de eso hablamos en el siglo XXI.
La familia habló de donar los órganos de David. El periodista y escritor Martín Rodríguez dijo, inmejorablemente, que el cuerpo de ese pibe es una metáfora.
En el excelente blog Cosecha Roja se reseñan reacciones de terceras personas, comentaristas en redes sociales: no son más civilizadas que las del conjunto de los asesinos.
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Cuando un particular comete un homicidio culposo, se gradúa (social y legalmente) su responsabilidad tomando en cuenta su conducta ulterior. Quien mató por negligencia o desdén por las consecuencias tiene el deber posterior de hacerse cargo. Asistir o, así más no fuera, arrepentirse.
Un robo con violencia –un arrebato lo es– puede desencadenar reacciones emocionales, desbordes. Pasado el momento de furia, imperdonable en su dimensión, es dable esperar contrición, asunción de la culpa. Nada de eso ocurrió, hasta el cierre de esta nota.
La intendenta de Rosario, Mónica Fein, manifestó su “dolor” y repudió el hecho. Pocos dirigentes políticos, tan vivarachos para hablar de casi cualquier cosa, se hicieron eco.
Una visión del mundo, muy arraigada, divide el mundo entre “gentes” y “delincuentes”. Una muchedumbre ciega estigmatizó y condenó a David. “La gente” mató arrogándose la representación de la víctima de un delito contra la propiedad. La consecuencia estremece: Moreyra es víctima de un crimen.
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El cronista hace pocos días presenció un hecho similar, de consecuencias menos terribles, en una pizzería porteña. Hasta dudó en consignarlo, lo hace porque alimenta su (opinable) reflexión. Ocurrió un sábado, la concurrencia era de clase media-media o media-baja. El sorprendido fue un carterista. Fue tomado por varios hombres, le pegaron con saña. Lo tenían amarrado, le sacudían en la cara. Le gritaban “peruano de mierda”. Casi nadie los cuestionó, acaso lo hicimos cuatro personas entre cincuenta. Nos replicaron que había robado. Los mozos del lugar se empeñaban en contar eso como si fuera una justificación plena de una golpiza. No aceptaban otra visión, parecían no creer que un parroquiano con aspecto respetable (con cara de gente, digamos) pudiera objetar la venganza, por razones humanas. Nadie les proponía liberar al sospechoso, apenas llamar a la policía.
Al final se hizo: llegó con presteza, no hubo más que lamentar.
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Al cronista le impresiona cómo se han diluido eso que se apodan “códigos”. No pegar a un caído, no agredir a una mujer, muchos contra uno no vale, no patear en el piso. No son reglas pacifistas ni angelicales: apenas un repertorio de cómo dosificar ciertas formas de violencia.
Estremecen la vindicta colectiva, la furia de personas del común, su pérdida de frenos inhibitorios, que son signo de civilización.
Se están por cumplir diez años de la aparición fulgurante de Juan Carlos Blumberg. Hace poco tiempo, el diputado Sergio Massa replicó ese discurso y esas prédicas. Atajémonos, hablamos de debates sobre leyes, condenas, sistema penal. Son tópicos democráticos, en principio. Pero se asientan en imaginarios públicos salvajes, intolerantes, desmesurados.
La cuestión, dolorosa y compleja, excede desde ya el saber de un cronista. Consignar la gravedad del síntoma y la injusticia consumada es, supone, parte de sus deberes aunque no tenga la solución. Ni acaso, toda la explicación de lo que (nos) pasa.

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EL PAIS › SUBSIDIOS Y USO RACIONAL DEL GAS. EL DEBATE SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE Es más barato ahorrar que producir

Por Raúl Dellatorre
El gobierno nacional adoptó esta semana una decisión largamente demorada, al dar el primer paso en la quita a los subsidios en agua y gas, cuyo impacto suele ser medido por el costo político de adoptarla, pero no tanto por las consecuencias económicas resultantes. El costo político, esta vez, es incierto: opositores que apoyan, críticos con planteos absolutamente contradictorios con las propias posturas anteriores, y sectores políticamente afines al Gobierno con “dudas” por las consecuencias en “el bolsillo de la gente”. Lo que aún no entró en debate, pese a su trascendencia, es en qué medida el cambio en la política de subsidios puede aportar a resolver el problema del déficit entre oferta y consumo energético, que hoy coloca al país en una situación límite, muy dependiente de importaciones crecientes. Y cuál habría sido el costo de no hacerlo. Aquí, algunos aportes al debate no siempre tomados en cuenta.
El diagnóstico central de la situación energética en la Argentina es que el fuerte aumento en la demanda de gas en la última década provocó un desequilibrio que está llevando a una necesidad creciente de gas importado. Algunos atribuyen esa consecuencia a la falta de inversiones y esfuerzos exploratorios en lograr nuevos descubrimientos y mayor extracción. De todos modos, no son menos los que sostienen que una demanda en permanente crecimiento, aunque hubiera oferta local suficiente por vía de nuevas reservas explotables, igual se enfrentaría a un cuello de botella en la infraestructura de distribución (red de cañerías para consumo domiciliario), dada la alta concentración geográfica de los consumidores. Una situación similar a la que existe en la distribución eléctrica.
El cambio en el esquema de subsidios no sólo busca resolver a la vez una cuestión de equidad tarifaria y de ahorro de recursos públicos para aplicarlos a otros fines, sino también generar una señal de precios que desaliente el mal uso o derroche de un bien escaso y estratégico, como es el gas y también el agua. En este sentido, el del uso racional, hay un aspecto que desde el plano académico ha sido fuente de preocupación y motivo de análisis y debates reiterados en los últimos años: Argentina no ha aplicado políticas de uso racional de la energía y así generó una matriz de consumo energético antieconómica e, incluso, peligrosamente insostenible por mucho tiempo más. Desde esta visión (tanto en la Universidad Nacional de San Martín como en la UBA abunda material de alto nivel al respecto), el gran error o el gran ausente en la política sectorial fue no haber buscado instalar la prioridad del uso responsable y racional de los recursos energéticos.
Algunos especialistas consultados por Página/12 para esta nota prefirieron no hacer público su punto de vista para no aparecer cuestionando la quita de subsidios, que consideran “necesaria” pero que no ven orientada al uso racional de energía. En realidad, están enojados, porque las advertencias de los expertos no fueron escuchadas. Pese al enunciado del plan como Políticas de Reasignación de Subsidios y Consumo Responsable de Gas, pese al señalamiento de la Presidenta respecto de la importancia del ahorro de gas en las cuentas públicas (un uno por ciento menos de consumo de gas es igual a un ahorro de 86 millones de dólares al año por importaciones de GNL), no están conformes. “Es un poco de barniz a una medida que tiene un costo político, como es subir las tarifas”, se señala desde los pasillos universitarios. “Son paliativos, no es una política”, aseguran. “Hay gran cantidad de medidas que se propusieron para ahorrar energía y no se tomaron”, recuerdan otros. ¿No se discutirán ahora, que se rompió la caja de vidrio de los subsidios?
La única medida concreta para inducir una baja en la demanda de gas (también de agua) que viene con la quita de subsidios es el aumento del precio y un “premio” (mantenimiento del subsidio) para quien reduzca la demanda en un 20 por ciento. Para los especialistas, por sí sola es insuficiente. “Los sectores de altos ingresos fueron alentados a llenar la casa de artefactos eléctricos y a gas porque la energía era casi regalada. La cultura (consumista) no se cambia de un día para el otro; hubiera sido necesario un impacto mucho más fuerte en la tarifa, políticamente insostenible, para tener como resultado un ahorro de consumo”, se plantea crudamente.
Pero esa encrucijada, para los expertos, no es más que una trampa por ignorancia. Hay medidas más simples y con resultado mucho más notable que ni siquiera se analizaron, aseguran:
- El piloto encendido. Por cada calefón que tiene el piloto encendido durante todo el día se consume medio metro cúbico de gas. Hay 11 millones de calefones en uso en el país, lo cual hace un total de más de 5 millones de m3 derrochados por día. Esa cifra es equivalente a las importaciones diarias de gas de Bolivia, o a un total de 1200 millones de dólares al año. ¿Es necesario que todos apaguen el calefón cada vez que dejan de usar el agua caliente? No, responden los especialistas, hay que reemplazar los viejos artefactos por otros “inteligentes” que no permanecen prendidos cuando no se usan, y que se fabrican en el país. “Reemplazar todos los calefones podría tener un costo total de 3000 millones de dólares, que se recuperan en un año y medio por ahorro de importaciones. Además, los equipos tienen una vida útil de 12 a 15 años”, señalan.
- Aislación térmica de las viviendas. Una capa de 5 cm de lana de vidrio aplicada entre el ladrillo y el revoque en la construcción reduce notablemente las necesidades de calefacción o refrigeración del inmueble. El costo es ínfimo.
- Energía solar. “El 70 por ciento de la energía que se importa se usa para calentar agua. Un hogar que tenga una pantalla solar del tamaño de una cama, podría calentar por esa vía toda el agua que necesita a diario.” Hay otras propuestas.
Un detalle más: la experiencia de otros países. Varios países europeos, hasta 1973, tenían una tasa de crecimiento similar a la del consumo de energía. Con la primera gran crisis del petróleo, varios empezaron a buscar alternativas de ahorro de energía y, en pocos años, lograron recuperar las tasas anteriores de crecimiento pero con un consumo “plano” de energía, sin crecimiento, pese al aumento de la población incluso (Alemania y Dinamarca son ejemplo de ello). En América latina, varios países están aplicando, y con éxito, políticas en tal sentido. México, Brasil, y más recientemente Chile y Uruguay. Las cifras oficiales mostraban esta semana la discrepancia entre el consumo de energía en la Argentina y en esos otros países latinoamericanos. La explicación no está sólo en el creciente consumo local, sino en las políticas de ahorro que otros implementan y la Argentina no.

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EL PAIS › OPINION El discurrir de los conflictos

Por Mario Wainfeld
Los maestros bonaerenses llegaron a un acuerdo con la provincia y se inician las clases.
- La Paritaria Nacional Docente (PND) se reúne en la semana, seguramente para definir el cierre, mejor o peor.
- La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó con sus patronales la convención colectiva de este año. Todo indica que abrió un camino que seguirán otros gremios, mayormente vinculados con la CGT oficialista.
- Las centrales opositoras que lideran Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo convocaron a un paro general para el 10 de abril.
Los hechos y los signos concuerdan: en un año marcado por estrecheces y peripecias económicas, los conflictos laborales serán clave y “harán agenda”. No son novedad en la larga década, sí puede serlo su principal motivo. Los hubo en abundancia en años previos, pero muchos versaban sobre conflictos extrasalariales: encuadramientos, disputa de afiliaciones, reconocimientos de gremios nuevos o alternativos, enfrentamientos entre organizaciones de base y conducciones gremiales. Esta vez es predecible que los sueldos, la inflación y hasta eventuales reaperturas estarán en el orden del día. No hay por qué creerse adivino, pero tampoco se puede ignorar lo que enseñan los manuales de acción colectiva y lo que sugieren las tendencias. La “puja distributiva” será uno de los ejes del año del Mundial.
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Un mes después: La cinchada entre los sindicatos y el gobierno bonaerense llegó a un desenlace. Quedará abierta la polémica acerca de si era necesaria tanta discusión, tanta demora en iniciarla y ponerle fin, un paro por tiempo indeterminado. Los protagonistas se reprocharán culpas, endilgándolas todas a la contraparte. Las responsabilidades políticas son, en cierta proporción, compartidas.
Las clases traen alivio, pero jamás reparación plena. El saldo ya ocurrido da para lamentar, en aras del interés conjunto que es el de sostener la educación pública. Casi un mes sin aulas: no se recuperará. Más allá de si se cumple o no con la enseñanza de los contenidos, se perdieron jornadas de convivencia, de socialización, de contención de los pibes que no van (no deberían ir) a la escuela solo para aprender ciertas materias.
La comparación con la educación privada es consabida, se consignó en columnas anteriores. Hay otras que también vienen a cuento, dentro del campo de lo público: los alumnos de San Luis tuvieron un mes más de clases que los bonaerenses. Hay diferencias de escala entre los distritos, tan innegables como que todos los chicos son argentinos y titulares de similares derechos.
Los salarios fijados sugieren que las demandas de los maestros estaban bien encaminadas y no desvariaban. La polémica sobre la metodología sigue vigente, aunque los líderes de la protesta aducen que sin ella no se habría llegado jamás a un reconocimiento.
El gobernador Daniel Scioli buscará recursos por vía de una moratoria impositiva, recurso siempre enojoso e inequitativo. Sigue en deuda con una batida fuerte contra la riqueza ostentosa en su terruño.
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Entre el éxito, el tango y el bolero: Las diferencias en la PND continúan siendo elevadas. El Gobierno quitó un factor de irritación al retirar su propuesta de un plus por presentismo pagado por la Nación. Los sindicalistas no la aceptaban, con buenos motivos. El Estado nacional no colaborará con esa suma (dos mil pesos por docente), lo que reconfigura la oferta: se expresará en un porcentaje de incremento sin agregados ni condicionalidades. Las partes no sueltan prenda, pero las posturas oficiales sugieren que no llegará al 30 por ciento para el sueldo inicial, que es el que se fija.
Buenos Aires es “lo más”, pero hay otras provincias en conflicto, con o sin clases. Tal vez las más enconadas sean Neuquén y Mendoza. En Tierra del Fuego y Río Negro se llegó a acuerdos, por encima del bonaerense.
Es posible que el encuentro de esta semana ponga fin a las tratativas nacionales, al menos en esta etapa. El horizonte más satisfactorio, un acuerdo con consenso de las cinco representaciones gremiales, no es imposible, pero sí muy difícil.
El más probable, anticipado por Página/12 hace más de una semana, sería que aceptaran la oferta los cuatro gremios más cercanos a la CGT oficial. Y que quedara afuera la Ctera, el colectivo con más afiliados.
Funcionarios oficiales, aún conservando el optimismo de la voluntad, aceptan como mal menor que ese desencuentro sea en buenos términos, tanto como para permitir reabrir la discusión futura antes de fin de año. Sería, glosa el cronista, algo así como “el adiós inteligente de los dos” sin “ninguna escena, ningún daño” que relata la letra de un tangazo. Y aun, acudiendo a un bolero de aquellos, “no te digo adiós, te digo hasta siempre”.
La perspectiva de un rechazo de los cinco gremios sigue latente –porque nada es seguro hasta que terminan las tratativas– pero no tiene pinta de ocurrir.
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Una señal de largada: Una lectura demasiado simplista equipara a las negociaciones docentes con las del sector privado, distrayéndose de sus relevantes diferencias. Entre las más patentes está que en una pagan empresas y en otras los estados. La otra es que la actividad privada está sujeta a vaivenes, crecimientos, desocupación, apertura o cierres de establecimientos, ramas de actividad que prosperan o se marchitan según los tiempos.
De ahí que la conservación de la fuente de trabajo tenga distinta preponderancia en las negociaciones. Y que la memoria acerca de tiempos recientes incida en el imaginario de dirigentes y laburantes de sectores que la pasaron muy mal entre los ’90 y la recuperación económica que produjo el kirchnerismo.
Los metalúrgicos y la construcción son dos ejemplos clavados. Su afinidad con el Gobierno no es una táctica descolgada sino pura racionalidad instrumental. El secretario general de la CGT oficial y de la UOM, Antonio Caló, tiene, desde ya, compromisos de otro tipo.
La firma de la convención colectiva llegó tras negociaciones que se manejaron con celeridad y cautela, mientras el conflicto docente “robaba cámara”. Para los trabajadores significará plata en el bolsillo tras un trimestre de elevada inflación y consiguiente deterioro salarial.
Para otros gremios, como la Uocra y Comercio, una señal de largada, una suerte de referencia que habilitará conversaciones encaminadas. En la Casa Rosada, en Trabajo y en Economía se confía en que habrá otros sindicatos que vayan firmando, con los consiguientes impactos en la “paz social”, la gobernabilidad y el consumo popular.
Desde el punto de vista político, aunque nadie lo dirá en voz alta, para el oficialismo es un alivio que haya clases y varias convenciones colectivas firmadas antes del 10 de abril.
El guarismo de cierre, el “tanto por ciento” de un convenio colectivo pletórico de cláusulas y recovecos, tiene valor indicativo o mediático. Pero una lectura afinada se completa diferenciando categorías, beneficios parciales, “plus” varios, feriados y cien etcéteras. Cada trabajador sabrá a la hora de ir cobrando cuánto mejoró. En ese juego inciden la muñeca de los negociadores. Por eso, aunque parezca asombroso, hay “más juego” para resolver una paritaria integral que la PND que solo dirime el importe de un sueldo.
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En busca del espacio perdido: Es habitual que los gobiernos desmerezcan huelgas calificándolas de “políticas”. Así dicho, solo se subraya una obviedad. Los paros generales o los del sector público son políticos por definición, calificarlos como tales es redundante. Podría alegarse, incluso, que cualquier huelga es política... o hasta que “todo” lo es (desde una exposición artística hasta un certamen de truco). Sin llegar a tanto, convengamos en que solo podría calificarse como no político (o no público) un paro realizado en un establecimiento pequeño (un taller mecánico, digamos), que concerniera exclusivamente al patrón y los empleados. Cuando se llega al espacio público y sobre todo cuando se afectan intereses o derechos de terceros (en los paros generales o docentes por ejemplo) el carácter político, por ponerlo así, viene con el producto.
Ser política, entonces, no desmerece de por sí a la medida de fuerza. Pero sí la coloca en el debate colectivo desde un ángulo amplio que trasciende lo reivindicativo. Quien la promueve debe hacerse cargo de sus consecuencias y de su impacto en la vida de terceros.
Hugo Moyano, líder camionero y de la CGT opositora, atraviesa un momento difícil. Sus intentos de instalarse como figura política nacional o provincial naufragaron entre la indiferencia masiva y el desdén de dirigentes supuestamente afines. Varios se sacaron alguna foto con él y luego se alejan, pensando en clientelas de clase media o aun en compañeros trabajadores que no lo ven como un modelo de dirigente.
Su Central, con variantes no menores impuestas por el paso del tiempo, se asemeja a su pionero Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que combatió al menemismo hace cosa de veinte años. Es más un colectivo de gremios de transporte que una confederación que congrega sindicatos de otras actividades productivas.
Luis Barrionuevo le suma poco, más allá de sus enfermizas declaraciones sobre el presidente Néstor Kirchner, propias de un dirigente de baja estofa. Hablan más de “Luisito” que de Kirchner... y dicen mucho.
Algo de dinero pondrá Barrionuevo, al que los medios hegemónicos consultan como si fuera el papa Francisco o Lord Keynes o un moralista de primer nivel.
La CTA opositora que conduce Micheli agrega algunos gremios del sector público.
El paro se convoca desde una clara pertenencia opositora al Gobierno. Como ocurre en todas las latitudes, si hay acatamiento alto en el transporte su visibilidad e impacto están garantizados, lo que no prueba estrictamente el grado de adhesión.
Habrá que ver cómo se despliega la huelga. Moyano no quiso condimentarla con movilizaciones, que propiciaban sus compañeros de ruta (a quienes desdeña íntimamente y no considera sus pares). Quienes lo conocen de cerca oscilan entre dos explicaciones, que no se excluyen necesariamente. Los más prudentes del entorno de “Hugo” le atribuyen el afán de no echar leña al fuego, de no querer incendiar la pradera. Otros compañeros suponen que no le conviene que “le cuenten las costillas” en marchas o movidas. Y que prefiere evitar que sus aliados tomen la calle, en una protesta que no conduce del todo.
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Proyecciones y cambios de época: El consultor Miguel Bein, que está muy de moda, divide su proyección del año en cuatro estaciones. Parafraseándolo, el verano fue la peor, devaluación y conato de golpe de mercado incluidos. El trimestre de abril a junio será el más propicio, merced a la cosecha de soja y divisas, los acuerdos salariales, la merma de la inflación. El tercer trimestre sería de amesetamiento y el cuarto de baja.
La prospectiva del Gobierno, es clavado, concuerda en el primer semestre y es más optimista (sin descorchar champagne) para el segundo.
Se irá viendo. Ya es clavado que el verano fue denso y que la puja distributiva comenzó antes y de modo traumático, con el conflicto policial de diciembre.
Cuando brotan los conflictos docentes, varios de los sectores en pugna rememoran un hecho imborrable del comienzo del mandato de Kirchner: cuando fue a Entre Ríos a pagar deudas a los maestros de la provincia. El oficialismo lo rememora para dar cuenta de su compromiso con la educación. Algunos críticos (hasta compañeros de ruta), para diferenciar a “Néstor” de “Cristina”. El cronista opta por otro sesgo: puntualizar que en ese trance se pagaba una deuda de tres o más meses, de sueldos misérrimos que se liquidaban en cuasimoneda y no en pesos.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes, mucho ha mejorado la situación colectiva y la del sector. Sus sindicatos (tanto como los demás mencionados en esta nota y el resto) son más poderosos que antaño. Han crecido, ganan en capacidad de lucha, van en pos de otras reivindicaciones. Es de libro y deseable que así sea. Todo peldaño que se sube es un tránsito; todo avance, preludio de otra demanda.
Así funciona la democracia, sobre todo si tiene al frente un gobierno con sensibilidad popular. Interminables y escalonados son sus desafíos, sus bretes, sus problemas. La pugna por la distribución del ingreso y la lucha contra la inflación serán aspectos centrales de las estaciones del año que faltan. La legitimidad del oficialismo siempre se nutrió en esas variables, sí que en contextos más halagüeños.
mwainfeld@pagina12.com.ar

TERMINO EL PARO DE LOS MAESTROS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Mañana, de vuelta al cole

Los docentes bonaerenses finalmente aprobaron la propuesta del gobierno de Daniel Scioli y mañana comienzan las clases en la provincia. Los gremios destacaron nuevamente que el incremento, que oscila entre el 30 y el 38 por ciento, es una “propuesta superadora”, pero advirtieron que aún quedan “temas pendientes” para reclamar. Por su parte, Daniel Scioli pidió “recuperar los días de clases” que se perdieron por el paro docente y aseguró que hubo una actitud “responsable” de parte de su administración frente al conflicto.
“Es una propuesta que sin ninguna duda se consiguió con la firmeza, la lucha y la unidad de los docentes”, destacó ayer el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al comunicar formalmente la decisión del gremio de base de Ctera de levantar la medida de fuerza y volver a las aulas después de 17 días de paro. El dirigente sindical también sostuvo que “la dignidad y la convicción de los docentes fue inquebrantable” y agradeció a los padres de los alumnos por haberlos “acompañado y sostenido”.
En el caso de Suteba, 120 de las 129 asambleas seccionales estuvieron de acuerdo con el incremento dado por la administración de Scioli, que va del 30 al 38 por ciento y eleva el salario inicial a 5000 pesos a partir del próximo agosto. “Cuando nosotros decíamos que estaban en condiciones de hacer una propuesta de aumento salarial digno, teníamos razón”, enfatizó Baradel. El titular de Suteba también consideró que “se ha aumentado la masa de porcentaje para todos equitativamente” y que el incremento es “para todos los docentes sin discriminación”.
Acompañado por el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Baradel resaltó otros aspectos de la negociación, como el compromiso por parte del gobierno bonaerense de no descontar los días de paro y el establecimiento de una cláusula de monitoreo para el control de las variables macroeconómicas y de inflación. “Después de este conflicto va a haber un antes y un después para las paritarias docentes”, subrayó.
En tanto, el Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó por cerca de un 70 por ciento la propuesta salarial, pero adelantó que continuará reclamando con “acciones distritales” algunos temas pendientes como el funcionamiento del IOMA, el transporte y los comedores escolares. “Si bien los docentes consideraron que la propuesta no era la ideal, se manifestaron a favor”, sostuvo la titular de ese gremio, Mirta Petrocini. En ese sentido, aseguró que la aprobación fue “un nuevo gesto de responsabilidad” para que los más de 3,5 millones de chicos bonaerenses puedan finalmente comenzar las clases, pero que “de ninguna manera” dejarán de reclamar por “temas en los que el Estado tiene la obligación de intervenir para dar una solución”.
“Ahora vamos a pedir la intervención del defensor del Pueblo de la provincia para que brinde una solución a los cientos de problemas que los maestros debemos afrontar a diario en las escuelas”, sostuvo Petrocini.
Aunque los docentes ya acordaron con el gobierno el aumento salarial y decidieron volver a las aulas, queda aún pendiente el debate en torno de cómo se recuperarán los contenidos que se perdieron desde el 5 de marzo, cuando estaba previsto que comenzaran las clases. En ese sentido, Scioli afirmó que “junto a la comunidad educativa” se trabajará para “recuperar los días de clase perdidos”. Por su parte, Baradel también se expresó sobre este tema y precisó: “El lunes nos sentaremos con las aIgnorarutoridades educativas para elaborar una estrategia de recuperación de contenidos y objetivos pedagógicos para llevarlas a la práctica en todas las escuelas de manera inminente”.
El acuerdo entre docentes y gobierno bonaerense incluye, entre otros puntos, una afectación específica para educación en las partidas que llegan desde la administración provincial a los municipios, la restitución del Fondo Escuelas, el compromiso por parte de las autoridades de garantizar el transporte escolar durante todo el ciclo lectivo y un convenio con el Mercado Central y otros regionales para la provisión de alimentos a los comedores escolares.
La Unión de Docentes Argentinos (UDA) fue el viernes el primer gremio bonaerense en aceptar la oferta del gobierno de Scioli. En ese sindicato, la propuesta fue aprobada “por unanimidad”.
Sólo la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba) rechazó el ofrecimiento. Ese gremio está enrolado en la CGT que encabeza el camionero Hugo Moyano y ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado.

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“Siempre buscamos que los chicos volvieran a clase”

Por Santiago Rodríguez
Daniel Scioli esperó que los sindicatos docentes anunciaran formalmente la aceptación de la propuesta salarial y después salió a hacer su balance del que fue el mayor conflicto gremial que debió enfrentar desde que gobierna la provincia de Buenos Aires. Propio de un estilo que es su marca registrada, buscó en todo momento dar por finalizada la confrontación y por más que dijo que los maestros que pararon durante 17 días asumieron “una posición de extrema inflexibilidad”, el mensaje que se esforzó en transmitir fue que ahora “lo más importante es que los chicos vuelven a clase este lunes”. En el club que armó frente a su casa de Villa La Ñata junto a amigos de ese barrio, donde juega al fútbol cada sábado, el gobernador bonaerense recibió ayer a Página/12 y también habló de sus aspiraciones y se diferenció adversarios con miras al 2015.
–¿Por qué el conflicto llegó al punto de que hubiera 17 días de paro?
–Ahora lo más importante es que los chicos vuelven a clase este lunes, que fue lo que buscamos siempre en todo momento. No se pudo dar dentro del paro por tiempo indeterminado, que no estaba en proporción a lo que han sido siempre las paritarias en la provincia. En seis años de gobierno hemos tenido más de 250 paritarias cerradas, lo cual da la pauta de la voluntad y la capacidad de nuestro gobierno de buscar siempre lo mejor para nuestros trabajadores.
–¿No se podría haber hecho antes la propuesta que permitió destrabar el conflicto?
–Nosotros hasta habíamos ofrecido aplicar el aumento, que los docentes lo empezaran a cobrar y no cerrar la paritaria, pero se llegó a una posición extrema de inflexibilidad. Si yo hubiese actuado demagógicamente o priorizando mi voluntad política futura por sobre mi responsabilidad institucional, hubiese tomado rápidamente otro tipo de decisiones, poniendo en vilo a la provincia y al Banco Provincia. Era necesaria la flexibilidad y que los gremios cedieran la dimensión de sus reclamos.
–¿A qué atribuye la inflexibilidad de los gremios docentes?
–El planteo del 35 por ciento posiblemente tenía que ver con lo que podían ser las proyecciones de diciembre o enero, pero con las decisiones que se están tomando a nivel nacional, eso se está descomprimiendo. Entiendo que el sentido de los gremios es defender a los trabajadores que ellos representan, pero una medida así, un paro por tiempo indeterminado, no se ha dado en ningún sector. Yo nunca busqué violentar ningún tipo de acuerdo, cerrar la paritaria por decreto, judicializar el tema o sancionar a los docentes. Yo lo que busco, como siempre, es pacificar y solucionar los conflictos en la medida de las posibilidades de la provincia.
–¿Sigue pensando que el paro tuvo una intencionalidad política?
–Miremos para adelante; yo soy una persona que siempre actúa en la vida mirando la parte positiva de las cosas y lo positivo, lo importante, es que los chicos vuelvan a clase.
–Al anunciar la decisión formal del Suteba de aceptar la propuesta del gobierno y levantar el paro, Roberto Baradel señaló que quienes le atribuyeron un fin político a la huelga mintieron.
–Yo quiero a los chicos en las aulas, que se recuperen los días de clase.
–¿Cómo piensan recuperarlos? ¿Se puede?
–Con la voluntad de los docentes sí y descuento que va a haber voluntad. Quiero recuperar los días de clase por la positiva. Nosotros somos un equipo con mucha experiencia, tenemos una tolerancia, un equilibrio y un temple hechos también en la adversidad; basta mirar para atrás mi carrera política. Nunca nada me ha sido fácil, pero también así se pone a prueba un dirigente; se ve si mantiene la serenidad, la prudencia, la responsabilidad y también la firmeza necesaria.
–Los docentes marcaron en todo momento que cobran menos que el resto de sus colegas de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con los que comparten la región educativa centro. ¿Por qué se da esa diferencia?
–Si uno toma el salario promedio de los docentes de la provincia, se da cuenta de que no es así. Las características son diferentes por el sistema del doble o triple cargo.
–¿Qué tiene para decir del gesto de la Presidenta de sentarlo a su lado el jueves, en el momento más álgido del conflicto, en el acto en la quinta de Olivos que fue transmitido por cadena nacional?
–Yo acompaño siempre los actos institucionales y, fundamentalmente, cuando tienen que ver con algo tan importante para la provincia de Buenos Aires, como es una inversión por más de cinco millones de dólares. Es eso, no hay que darle otro significado.
–¿Por qué piensa que Udocba mantiene el paro? ¿Piensa que detrás de esa actitud está la mano de Hugo Moyano, a quien responde ese gremio?
–No quiero entrar en eso. Hablaremos con Udocba. Cuando hay un problema se habla, se busca acercar posiciones y solucionarlo.
–También tiene conflictos abiertos con los médicos de los hospitales, empleados judiciales y algunos trabajadores estatales.
–En todos los casos, los conflictos son sólo con un sector. También hay otras provincias y gremios privados que mantienen conflictos sin solucionar. Sé que la provincia de Buenos Aires es la que tiene el mayor peso; pero hay que mirar esto en un contexto más amplio.
–¿Cómo piensa evitar que el conflicto docente se repita en 2015, un año electoral en el que usted tiene aspiraciones presidenciales?
–Buscando los ámbitos correspondientes, acuerdos y consensos y que no haya en ningún caso medidas extremas. Se ha expresado en dos fallos judiciales: hay un derecho a la huelga legítimo, pero también un derecho que es la educación pública. El de los docentes no es un paro más. Por eso en todo momento hice esfuerzos extenuantes y por eso quiero agradecer a los contribuyentes de la provincia por el esfuerzo que hacen para que podamos sumar 19.500 millones a la masa salarial y cumplir con estos acuerdos sin aumentar impuestos para cuidar la competitividad.
–¿Van a mantener el apoyo al proyecto del vicegobernador Gabriel Mariotto de declarar a la educación pública servicio esencial?
–Respeto la agenda del Poder Legislativo y Gabriel ha estado muy cerca de mí en este tema. El Poder Legislativo verá si avanza o no con este tema.

Llegan refuerzos para las reservas del Central

Por David Cufré
El Banco Central acordó con el banco de inversión Goldman Sachs un crédito por 1000 millones de dólares a una tasa de interés del 6,5 por ciento anual, a dos años de plazo. Las divisas se sumarán a las reservas de la autoridad monetaria. La operación se formalizaría en los próximos días, posiblemente esta semana, cuando se terminen de definir otras condiciones de segundo orden del contrato de financiamiento. Una de ellas es el esquema de garantías de repago del préstamo, aunque los aspectos a resolver son accesibles, según confió una fuente oficial a Página/12.
Las negociaciones con Goldman Sachs se dan en paralelo con otras que viene llevando adelante el equipo económico y el jefe del Central, Juan Carlos Fábrega, con bancos de inversión internacionales. Goldman sacó un cuerpo de ventaja después de haber establecido un vínculo fluido con el Gobierno desde diciembre pasado. El consejo de administración de la entidad estadounidense tomó para esa fecha la decisión de retomar sus operaciones con la Argentina, luego de haberse retirado del mercado local por más de una década. Las conversaciones dieron forma al crédito con el BCRA, pero exceden ese hecho. Alcanzan a otro tema clave: el armado de una ingeniería financiera para dar solución al litigio del Estado nacional con los fondos buitre. La alternativa más firme es que Goldman aporte capital propio para comprarles a los holdouts los bonos impagos desde 2001, los cuales después entregaría al Gobierno a cambio de otros títulos. Allí obtendría una primera compensación, pero el mayor interés de Goldman está puesto en firmar un convenio con el Ministerio de Economía para convertirse en agente financiero de futuras emisiones de deuda.
Mientras el Gobierno avanza en esa línea, todavía con varios capítulos a definir y otros bancos extranjeros interesados en cumplir el mismo rol, el crédito con Goldman por 1000 millones de dólares es un fuerte mensaje en sí mismo. En primer lugar, el Banco Central podrá mostrar un aumento de las reservas después de haber atravesado una etapa de caídas profundas –en enero y febrero– y otra de estabilidad con tendencia declinante –en marzo–. El Gobierno buscará que el ingreso de esas divisas sea leído como el inicio de un nuevo proceso de recuperación de las reservas, que se completará con la liquidación de la cosecha de granos a partir de abril y hasta mitad de año.
Si ese escenario se concreta tal como lo proyecta el equipo económico, el horizonte cambiario quedaría despejado, lo cual permitiría empezar a bajar las tasas de interés que treparon hasta casi 30 por ciento luego de la devaluación de enero.
Otro objetivo del Gobierno para cerrar el crédito con Goldman Sachs es demostrar a los actores económicos locales y del exterior que la estrategia emprendida hace seis meses de disipar tensiones en el frente externo va dando resultados. El acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, el pago de sentencias a tres empresas de Estados Unidos y Europa que habían ganado juicios a la Argentina en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial), los cambios en el índice de inflación y el PBI con el respaldo técnico del Fondo Monetario y las negociaciones para resolver el default con el Club de París son parte de ese plan. El interés de las autoridades con todo ello es recuperar el financiamiento internacional desactivado desde la crisis de 2001.
En verdad, entre aquel año de debacle y el presente, la Argentina tuvo numerosas ofertas de crédito externo. Sin embargo, las condiciones y las tasas de interés solicitadas lo hacían desaconsejable, según la interpretación de la Presidenta, quien decidió ir por otro camino: pagar la deuda con reservas del Banco Central. En ese momento el BCRA tenía divisas en abundancia y recibía una tasa de interés despreciable, cercana a cero, por su colocación en la banca internacional. En cambio, al Estado le pedían tasas de dos dígitos si quería tomar crédito. Con lógica, el Gobierno apostó a utilizar recursos propios en lugar de aceptar el negocio de los bancos de refinanciar vencimientos a costos muy elevados.
Esa decisión se tomó en enero de 2010 y dio lugar al episodio de atrincheramiento de Martín Redrado en el Banco Central, quien consideraba que era mejor convalidar las condiciones del sistema financiero. El Gobierno tuvo éxito y los años siguientes la economía creció con fuerza, mientras los niveles de endeudamiento retrocedieron a mínimos históricos. En la actualidad, la deuda en dólares con acreedores privados equivale a sólo el 9,5 por ciento del PBI, contra el 95,3 por ciento de 2002. Otros países de la región, como Brasil, con una relación deuda bruta/PBI de 67,2 por ciento, y mucho más Europa –Grecia 179,5, Italia 130,6, Portugal 122,3, Gran Bretaña 93,6, Francia 92,7, España 91,8 y Alemania 80,4– y Estados Unidos, con 108,1, están muy por arriba de la Argentina, que en el mismo registro del FMI del año 2013 figura con 44 por ciento.
El contexto actual, como se ve, es distinto del de 2010. El Estado ya se desendeudó, en tanto que el Banco Central pasó del record de reservas de 52.200 millones de dólares en aquel año –eran 8148 millones al inicio del gobierno de Néstor Kirchner– a los 27.058 millones actuales. Pero también cambiaron las condiciones para la Argentina. El crédito con Goldman Sachs por 1000 millones no sólo tendrá una tasa de interés de un dígito, sino que resultará bastante más baja que las expectativas del mercado para una vuelta de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito: 6,5 por ciento a dos años.

Fin a los buitres

“Después de una década de desendeudamiento, la situación actual hace más aconsejable usar el crédito disponible, pero no a cualquier tasa”, dijo una fuente oficial a este diario. El mismo concepto se aplica a la negociación con los holdouts. Como se indicó más arriba, el Gobierno escucha ofertas de agentes financieros internacionales. La más firme es la de Goldman Sachs, que propone asumir el control de los bonos en default mediante su compra a los fondos buitre. El costo dependerá de su negociación con esos grupos especulativos. Luego Goldman arreglaría con el Gobierno una retribución, que podrían ser nuevos bonos a largo plazo, pero su mayor aspiración es sellar un acuerdo con Economía para ser el agente colocador de deuda de aquí en adelante, con plazos a definir. Además, el banco de inversión podría ofrecer su propio financiamiento, tal como el nuevo crédito por 1000 millones con el Central. Respecto de ese préstamo, incluso se llegó a barajar una cifra bastante más alta, cercana a los 5000 millones de dólares, pero finalmente la decisión consensuada entre el Banco Central y el Ministerio de Economía fue arrancar con 1000 millones. Eso también se relaciona con la expectativa del equipo económico de que a corto plazo se abran posibilidades de financiamiento mejores para el Estado.
La banca internacional está abierta a hacer negocios con Argentina. La clave de la nueva etapa será no repetir la experiencia ruinosa que llevó al país a la situación de 2001. Además de Goldman, como se sabe desde el año pasado, existen grupos de bonistas performing (que ya canjearon sus bonos en default en 2005 o 2010 y hoy están cobrando sin problemas) que acercaron ideas al Gobierno y negocian con los holdouts para llegar a un arreglo. Su oferta también es cancelar ellos lo que reclaman los buitres y luego apostar a una revalorización de sus bonos por el mejor escenario que ello significaría para Argentina. Con variantes, esas son las alternativas que exploran los fondos de inversión Gramercy, Fintech –que lidera David Martínez, próximo controlador de Telecom y actual socio del Grupo Clarín en Cablevisión– y el estudio jurídico que encabeza Eugenio Bruno.
A todos ellos se les sumarían otros bancos de inversión extranjeros, quienes ya hicieron saber al Gobierno que apuestan a ocupar el lugar por el que trabaja Goldman Sachs. Para el Estado nacional la solución al conflicto con los fondos buitre asoma por ese lado, mediante la intermediación de otros actores del sector privado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo al pasar hace una semana y media en una de sus conferencias matutinas que las prioridades para el Ejecutivo en materia de deuda son “negociar con el Club de París y los holdouts”. En cuanto a esto último, como se advierte, ya hay opciones en marcha.

El padre de todos los golpes en Latinoamérica Por Eduardo J. Vior Periodista contacto@miradasalsur.com

Por imitación, o por reacción, el modelo de la dictadura brasileña influyó perdurablemente en los países del subcontinente.

En 1964 Brasil no estaba en crisis económica. El problema de Brasil era el populismo, que es la antesala del comunismo. Nuestro objetivo era entonces destruir al populismo, para frenar al comunismo. La base del populismo estaba constituida por los grandes sindicatos de masas que se nutrían de la industrialización sustitutiva de importaciones que reunía grandes masas de trabajadores en las fábricas. Por consiguiente, había que destruir la industria sustitutiva de importaciones, para disolver las concentraciones de masas, dominar al sindicalismo y destruir al populismo, para prevenir el comunismo” (Roberto de Oliveira Campos, ex ministro de Planeamiento de Brasil entre 1964 y 1967, en Brasilia en mayo de 1985 en diálogo con el autor).

Cuando el derrocado presidente João Jango Goulart el 2 de abril de 1964 cruzó fugitivo la frontera uruguaya, ninguno de los actores principales del drama brasileño previó las transformaciones que se iniciaban en toda América del Sur. Para la mayoría de los golpistas se trataba de restaurar el poder conservador modernizándolo. Las oposiciones vieron en el golpe sólo la culminación de los once intentos que se sucedieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La estrategia nacional e internacional de la contrarrevolución fue ideada y desarrollada por Golbery do Couto e Silva (1911-87). Durante su revista en el Estado Mayor de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) en Italia en 1944/45 –en la que sirvieron los oficiales que condujeron el golpe de 1964– y gracias a su estrecha cooperación con el mayor Vernon Walters, oficial de enlace del 5° Ejército norteamericano, desarrolló sus vínculos con el espionaje de Estados Unidos y su visión de la guerra total. Cabe señalar que V. Walters fue agregado militar de la embajada estadounidense en Brasil entre 1962 y 1967 desde donde preparó la intervención de la IV Flota de Estados Unidos en caso de guerra civil.
En 1952 Golbery comenzó a servir en la Escuela Superior de Guerra (ESG, fundada en 1949) como director de su Departamento Internacional. Bajo su influencia, los cursos en la ESG se orientaron en tres direcciones: crear una elite tecnocrática cívico-militar, desarrollar la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), pensada por el mismo Golbery, y diseñar la estrategia geopolítica de Brasil. Ésta se hizo pública en 1966 en el libro Geopolítica del Brasil. En la obra, Golbery concibe a Brasil como un archipiélago de siete islas cuyo aislamiento aprovechaban los enemigos del país, particularmente “la subversión comunista” –que podría hacerse fuerte en el Nordeste– y Argentina –que amenazaba el escudo riograndense. Según el autor, la expansión de la infraestructura y las comunicaciones servía al desarrollo económico y éste a su seguridad nacional, proyectando el poder de Brasil sobre los países vecinos.

Primero Paraguay. La geoestrategia de Golbery se implementó primero en la relación con Paraguay. Como el presidente Alfredo Stroessner (1954-89) había estado adscripto al Estado Mayor del Ejército brasileño entre 1940 y 1941, desde el golpe de 1964 se estrecharon los vínculos, para sacar a Paraguay de la órbita argentina. Brasil y Paraguay compartían intereses en la frontera del Río Paraná, aunque litigaban por el límite. Desde la Guerra de la Triple Alianza (1865-70), el Este de Paraguay estaba prácticamente despoblado y servía de base a las guerrillas contra Stroessner. Brasil, en tanto, quería vincular la faja de frontera al resto del país. Por eso ambos estados fomentaron la colonización de la zona y estudiaron el potencial energético de la región hasta firmar en 1972 el Tratado de Itaipú, que regló la construcción de la segunda represa más grande del mundo y la entrada en Paraguay de cientos de miles de colonos brasileños.

Si bien Brasil no intervino en el golpe que en noviembre de 1964 depuso al presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro (1952-56 y 1960-64), introdujo posteriormente colonos brasileños en el Oriente y usó la represión de la guerrilla del Che Guevara en 1967 para aliarse con las fuerzas armadas bolivianas, lo que daría sus frutos durante la presidencia de Hugo Bánzer (1971-78).
Mientras que durante el gobierno de Humberto Castelo Branco (1964-67) el alineamiento con Estados Unidos fue total, en las presidencias posteriores de Artur da Costa e Silva (1967-68), Emilio Garrastazu Médici (1969-74) y Ernesto Geisel (1974-78) las necesidades del desarrollo económico concentrado y la preponderancia de sectores nacionalistas dentro del Ejército y la Fuerza Aérea llevaron a diferenciaciones y choques, como sucedió cuando Brasil firmó el acuerdo nuclear con Alemania Federal en 1975. A partir de 1967 la política exterior brasileña combinó la colaboración con Washington en la lucha contra las guerrillas dentro y fuera del país con la prosecución de la propia estrategia en la región y en el Atlántico Sur.

La extensión de la DSN y la imitación del modelo autoritario burocrático indujeron al Ejército Argentino a reproducir la experiencia en 1966, con la intención de frenar la influencia brasileña sobre Paraguay y Uruguay, donde la presión combinada de EE.UU. y Brasil llevó en 1967 a la instauración de las “Medidas Prontas de Seguridad”, antecedente inmediato del golpe de estado de 1973.

Además de la intervención en la guerra civil en la República Dominicana bajo el mando norteamericano en 1965, el modelo brasileño influyó sobre gobiernos civiles como el venezolano y el colombiano, que en la década de 1960 enfrentaban movimientos guerrilleros, en la reacción defensiva de la Revolución Peruana de Juan Velasco Alvarado (1968-75) y en el gobierno militar ecuatoriano de Guillermo Rodríguez Lara (1972-79).

Golbery estuvo alejado del gobierno entre 1967 y 1974 y enfrentado con el sector duro del Ejército por la política represiva que éste implementó contra la guerrilla urbana y rural y la oposición civil a través de las actas institucionales, la tortura y el exilio. Sin embargo, al asumir como jefe de la Casa Civil de la Presidencia bajo Ernesto Geisel (cargo que mantuvo con João B. Figueiredo hasta 1981), en paralelo con la apertura política controlada continuó las tres líneas geoestratégicas de sus predecesores: el acuerdo nuclear con Alemania, el apoyo a los procesos de independencia en los países lusófonos de África y la coordinación represiva en el sur del continente que en 1975 tomó forma en el Operativo Cóndor.

En 1978 esta perspectiva se amplió con la firma del Pacto Amazónico para la integración y seguridad de la cuenca. El acuerdo fue firmado por los ocho países de la región, pero perdió continuidad en los años 1980 por la crisis económica y las democratizaciones limitadas en los países signatarios. No obstante, fue recuperado a partir de la década de 1990 en los acuerdos de cooperación bi- o trilaterales que Brasil cerró, especialmente, con Colombia y Perú, para el combate al narcotráfico y la progresiva radarización de la cuenca.

Si bien el modelo brasileño se modificó al inicio de los años 1970, dando lugar a la reforma tecnocrática del Estado y a los planes de desarrollo que integraron el territorio e impulsaron la sustitución de exportaciones, sus dos patas fundamentales (la DSN y la dominación de una elite tecnocrática cívico-militar) se mantuvieron y constituyeron su principal artículo de exportación. La Doctrina de Seguridad Nacional fue abandonada en la década de 1980, pero su supuesto de que las relaciones sociales están signadas por la guerra sigue vigente. Así, el golpe militar de 1964 sigue siendo presente, no sólo en Brasil.

30/03/14 Miradas al Sur