MAS MAURIZIO

la desaparición por parte del gobierno de la ciudad del monumento al Indio Americano en Plaza Los Andes. http://www.buenosairessos.com.ar/articulo/denuncian-el-retiro-monumento-al-indio-americano-en-parque-andes#.UXhvsZDxtbk.facebook

HACE DIEZ AÑOS POR RICARDO FORSTER OPINION

Una fisura en el muro de la dominación Por Ricardo Forster Si regresamos diez años atrás y tratamos de reconstruir la escena argentina que hizo posible la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, seguramente nos encontraríamos con una situación compleja, crítica, indescifrable y en gran medida encerrada en un laberinto. No había ninguna condicionalidad histórica para que Néstor fuera candidato y menos presidente. La Argentina y gran parte de su sociedad estaba disponible más bien para la continuidad de los que había sido –en gran medida– la matriz de los años '90. Podría haber habido un ballotage entre Carlos Menem y Ricardo López Murphy, ambos intercambiables respecto a una visión del mundo completamente atravesada por una concepción neoliberal. Podía haber sido candidato Carlos Reutemann, pero nunca sabremos qué misterio le impidió aceptar la candidatura que le ofrecía Eduardo Duhalde; de haberlo sido seguramente hubiera ganado. Podría haber sido algún otro de los candidatos de PJ, como José Manuel De la Sota, pero lo cierto fue que Kirchner se metió casi en una fisura en el muro de un país atravesado por la crisis. Por una forma de dominación que estallaba en mil pedazos pero que todavía no ofrecía alternativas. Y logró, aprovechando ese descuido de los poderes corporativos en la Argentina, de manera inesperada y azarosa, siendo casi desconocido para la mayoría de los argentinos, viniendo del sur profundo, de los vientos patagónicos, ganar una elección con un poco más del 22% de los votos. Menem le impidió, renunciando ex profeso a la segunda vuelta, que legitimara con un gran porcentaje de votos lo que iba a ser su Presidencia. Intentó debilitarlo desde el comienzo, de la misma manera que las corporaciones lo intentaron, por ejemplo a través de José Claudio Escribano de La Nación, quien le dijo que si no aceptaba la agenda de gobierno que ellos le proponían su gestión no iba a durar más de un año. Lo cierto es que Kirchner llega contra corriente de una época que todavía nos mostraba un país desfondado, con sus instituciones profundamente deslegitimadas, con un Estado destruido por las políticas neoliberales, con una parte fundamental de los argentinos debajo de la línea de pobreza e indigencia, con una desocupación que no había retrocedido; una escena absolutamente en estado de crisis. Cuando pronuncia su ya famoso y entrañable discurso de asunción, el 25 de mayo de 2003, y dice que viene en nombre de una generación diezmada y que no piensa dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, le está diciendo al país que quiere invertir dramáticamente los términos de los que había sido la política y su dirigencia, al menos desde el fracaso de Ricardo Alfonsín en adelante. Kirchner viene a decirle a la sociedad que tiene una voluntad de transformación, pero hay una sociedad que es incrédula, escéptica y que no quiere creer en un discurso, sino que quiere ver esas transformaciones plasmadas en hechos concretos. Pero ya hay algo en ese discurso que a muchos nos conmovió, nos hizo preguntarnos si era imaginable un giro en una historia de decadencia que venía repitiéndose en la Argentina. Sin dudas que la llegada hace diez años de Kirchner al gobierno implica un punto de inflexión, la posibilidad de colocar a la Argentina que está recorriendo todavía de a poco la región. Ya había llegado Hugo Chávez a Venezuela, ya Luiz Inácio "Lula" Da Silva había hecho lo propio en Brasil, ya habían algunas señales –todavía tenues, pero intensas– de que nuevos aires venían a recorrer Sudamérica. Y Néstor Kirchner viene a expresar eso: la memoria de una generación y que aquellos sueños de otro tiempo podían ser recuperados bajo las condiciones de una Argentina que tenía que reconstruirse. Cuando pronuncia aquel recordado discurso está diciendo que es posible construir otra relación con el pasado oscuro de la dictadura y de la década del '90, y es posible también imaginar un horizonte que hasta ese momento estaba oscuro. Cuando el 27 de abril Néstor Kirchner sale segundo en la elección, pero gana luego del abandono de su rival a una segunda vuelta, algo distinto comienza a sacudir la vida argentina. Todavía era una apuesta y un discurso que iba a contrapelo de las tendencias dominantes, reivindicando la memoria histórica y la política como un instrumento clave para transformar la sociedad y algo fundamental: la aparición de una voluntad. Cuando uno piensa en Kirchner piensa en una voluntad que es capaz de enfrentarse a un tiempo de desasosiego, que es capaz de enfrentarse contra el viento de la decadencia, como si estuviera caminando contra el viento en su Patagonia natal, Kirchner llega para caminar contra el viento de la destrucción que había asolado la Argentina durante mucho tiempo. A la distancia, diez años después, podemos palpar que hay otra Argentina. Una Argentina que ha recorrido un camino de intensas transformaciones y que prácticamente no ha dejado nada por tocar. Esas transformaciones estaban en aquel discurso del 25 de mayo de 2003, pero le hacía falta la prueba de la historia. Esas transformaciones estaban en ese candidato casi desconocido que se presenta contra viento y marea y que hubiera ganado arrasadoramente en la segunda vuelta. Kirchner vino a decir que existe una tradición dentro de un proyecto político, que se inscribe en lo mejor de la tradición argentina y latinoamericana: de lo popular, de lo nacional, de lo democrático y de lo igualitario. Un 27 de abril empezamos a sentir que algo se abría, como una fisura todavía muy pequeña, en el muro de la dominación. 27/04/13 Tiempo Argentino GB

BOTELLAZO

Botellazo Por Julián Bruschtein El botellazo a Agustín Rossi no fue solamente una animalada del diputado Sergio Pansa, sino la culminación lógica de la estrategia que eligió la oposición para envenenar el debate a la espera de su judicialización. La vociferación, el desprecio sobreactuado y el discurso apocalíptico fueron inmediatos, como si les hubieran pisado un callo. Sin embargo, la propuesta oficialista se asemeja a otros modelos en vigencia en países democráticos. Hubo una desproporción manifiesta entre los proyectos y la reacción de la oposición, que descartó de esa manera cualquier vía de discusión parlamentaria pensando en frenar los proyectos en la Justicia. Al descartar la acción parlamentaria y pensar en la vía judicial, la oposición le daba así razón al Gobierno, que plantea la necesidad de una reforma judicial para evitar que se use a la Justicia como una coartada de la política. Podrían haber elegido otro camino: afrontar el debate, proponer cambios o alternativas. Seguramente igual hubieran perdido la votación, pero el anuncio del infierno inminente no les ganó un solo voto en el recinto y en la sociedad tampoco. Hasta es posible que empujara a algún voto dudoso hacia el oficialismo, en algunos casos para dar quórum y en otros para acompañar los proyectos. A pesar del poderoso dispositivo mediático que respaldó la actuación opositora, los pocos cientos de personas que siguieron las intervenciones de los diputados desde la calle fueron una evidencia de que no habían logrado enganchar a una masa crítica, a un núcleo social con la suficiente densidad. Incluso en el 18-A, el tema había sido introducido por los medios y los políticos en una masa cuyas preocupaciones siguen pasando por otros rumbos, como la inseguridad y el dólar. La participación del CELS y otras instituciones, o las cartas de la Corte y los camaristas, demostraron que había flancos para debatir y enriquecer y hasta negociar. Temas como la regulación de las cautelares necesitaban ser más puntualizados y discutidos desde un lugar diferente al rechazo frontal que planteó la oposición. Pero es imposible discutir con un altavoz ensordecedor que augura las hogueras de un Poder Judicial sometido o las oscuridades de una dictadura constitucional y toda otra sarta de pestes bíblicas que serían provocados por los seis proyectos de ley de la reforma judicial. Si se lo ve en perspectiva, ningún sector de la oposición mostró interés real para intervenir en la discusión porque estuvo planteado todo el tiempo como un problema de poder, y no de ética o integridad republicana, aunque el discurso transcurriera por esos andariveles. Se evitó el debate sin asistir a las comisiones parlamentarias, sin dar quórum en el recinto y sin generar propuestas alternativas. En cambio, se pensó desde el primer momento en buscar un escenario donde las relaciones de poder le fueran más favorables. El debate en la sociedad o en el Congreso sólo fue utilizado para generar antecedentes que pudieran incidir más tarde en el escenario judicial. La idea de judicializar la reforma judicial estuvo desde el principio, fue el trasfondo de toda la estrategia. Mucho antes de encararla se descartó la etapa parlamentaria y todas las acciones se pusieron en función de desacreditarla para una posterior presentación judicial ante jueces favorables, como se hizo con la ley de medios. La ley de medios impregna este debate en el oficialismo y en la oposición. El antecedente de las cautelares que frenaron la aplicación de esa norma durante cuatro años fue decisivo para que el Gobierno lanzara la reforma judicial. Usando jueces amigos e influencias, la oposición y, más específicamente, lo que se podría denominar como la derecha del radicalismo, pudo frenar en la Justicia durante cuatro años una ley antimonopólica que había sido legítimamente aprobada por el Congreso. Desde la política se intervino de esa forma en el Poder Judicial para respaldar los intereses y el accionar de la corporación monopólica afectada. Instrumentar el Poder Judicial como barrera del Legislativo y usarlo para bloquear leyes que han sido aprobadas por los representantes del pueblo no tiene calidad democrática ni republicana. Y todo ese proceso se enturbia más, se hace más sospechoso, porque en el destino que tenga una norma como la ley de medios se ponen en juego fortunas inmensas y porque la principal empresa involucrada, el Grupo Clarín, puede ser un respaldo invaluable para cualquier aspiración política. Este sector del radicalismo utilizó su influencia sobre jueces y consejeros de la Magistratura para frenar concursos, colocar jueces subrogantes amigos y lograr decisiones favorables al multimedio. Defender a los monopolios o a las corporaciones no es hacer “contramayoría”. Con ese bagaje, la oposición en bloque eligió ahora la misma estrategia para frenar el paquete de la reforma judicial. Pero al hacerlo reafirmó la necesidad imperiosa de esa reforma porque las decisiones políticas se deciden en la política. Si hubieran aceptado el debate, si hubieran planteado sus oposiciones y recelos, si hubieran votado y finalmente si hubieran aceptado el resultado, no hubieran eliminado esa distancia que tanto reclaman entre la política partidaria y la Justicia. De esta manera son ellos los que desprecian lo que supuestamente le exigen airadamente al oficialismo que respete. La propuesta del oficialismo para que los consejeros sean elegidos por el voto popular limita el poder de las asociaciones de jueces y abogados que hasta ahora eran las encargadas de hacerlo. Para evitar el poder desequilibrante de ambas corporaciones, son pocos los países en el mundo donde éstas eligen directamente a sus consejeros. En la gran mayoría, como España o Francia, eligen listas para presentar al Congreso, quien descarta una parte y toma la decisión final. En España, los 20 consejeros deben ser abogados y jueces. En Francia, sólo una minoría proviene de esos ámbitos. Y en muchos países, como Estados Unidos, los jueces son elegidos en forma directa en elecciones generales. Y en algunos estados de ese país, las elecciones de jueces coinciden con las elecciones presidenciales o legislativas. En ninguno de esos países, con modalidades tan distintas, el Poder Judicial ha perdido independencia per se, como no la pierde el Legislativo aunque sus integrantes sean elegidos junto con los miembros del Ejecutivo. La propuesta del oficialismo es intermedia, en vez de ser confirmados por los representantes del pueblo en el Congreso, los consejeros son confirmados por el pueblo en forma directa. El sistema se acerca un poco al de España o Francia e incluso al de Estados Unidos, aunque todavía está muy lejos de elegir jueces con el voto popular. El funcionamiento de la Justicia en estos países demuestra que el criterio de “idoneidad” no sólo está garantizado por las corporaciones. Sobre los requerimientos de las votaciones en la Magistratura, la propuesta oficialista mantiene las mayorías especiales (dos tercios) para decidir el juicio político a un juez, como sucede en la actualidad. Es decir que el oficialismo circunstancial no podrá tomar esa decisión por sí solo. La oposición usó esa posibilidad falseada para rasgarse las vestiduras porque supuestamente los jueces quedarían al arbitrio de cualquier oficialismo. En la propuesta oficial ningún oficialismo por sí solo puede enjuiciar a ningún juez. A pesar de que hay modelos en países europeos e incluso en los Estados Unidos mucho más radicales en cuanto a los límites que le ponen a las corporaciones y a pesar de que el proyecto no dice en ningún momento que los oficialismos podrán juzgar a los jueces que les parezca, desde la oposición se escucharon palabras como “infames traidores a la patria”, “muerte de la República” o “dictadura constitucional”. Se persiguió y amenazó a diputados para que voten en contra, se denunciaron pactos imaginarios entre el Gobierno y la Corte. Se escucharon muchos gritos, reacciones violentas y desencajadas. Pero nada fue en serio, como la Carpa por la Independencia de la Justicia, donde tuvo que quedarse a pasar la noche una chica sola que ingenuamente había ido nada más que para poner su firma. Se buscó cualquier excusa, como el fallo del botón del voto de dos diputados, para armar grescas miserables y escandalosas como Pansa arrojando la botella y escondiéndose cobardemente para que no lo vean, o la diputada Graciela Camaño actuando un ataque violento de histeria. Es difícil asegurar que todo ese circo fue guionado, pero en todo caso fue funcional a la estrategia que siguió la oposición. El clima escandaloso y el esfuerzo por desacreditar el debate parlamentario serán parte seguramente del escenario que presenten las corporaciones cuando judicialicen la reforma judicial y demuestren nuevamente la necesidad de la reforma que quieren rechazar. 27/04/13 Página|12 GB

DEFENSA AL PALAZO

EL JEFE DE GOBIERNO JUSTIFICO EL ACCIONAR POLICIAL Y CULPO A LOS “VIOLENTOS” Una defensa del palazo Por Werner Pertot Mauricio Macri ensayó una respuesta ante la oleada de repudios que sufrió por la represión de la Policía Metropolitana. Las críticas no provinieron sólo de los legisladores porteños –que ya preparan una interpelación al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro–, sino también de figuras de la oposición nacional como Ricardo Alfonsín o Elisa Carrió. El jefe de Gobierno hizo una defensa a rajatabla del accionar de la Metropolitana contra trabajadores del Hospital Borda, pacientes y periodistas. Ante una pregunta de este diario, eludió responder quién ordenó la represión. Finalmente, fue Montenegro el que esbozó la teoría de que la policía no necesita una orden para reprimir. Macri se posicionó como una figura de la derecha dura, en consonancia con lo que están haciendo sus socios en España. El jefe de Gobierno llegó a la conferencia de prensa con un rictus en el rostro. Lo acompañaban Montenegro, la vicejefa María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. “Es un día realmente triste, muy triste. Otra vez la violencia volvió a ganar entre nosotros”, aseguró Macri, quien responsabilizó a los trabajadores por la represión. “Me da mucha tristeza que haya un policía tratando de salvar un ojo y otro con una conmoción cerebral. No se entiende este nivel de agresión”, indicó Macri, que suscribió la versión de que la Metropolitana se defendió ante un ataque de “los violentos”, a quienes en ningún momento identificó. “Aceptamos los fallos y los revertimos en cada instancia”, dijo Macri, quien omitió mencionar que funcionarios de su gobierno acompañaron a los camaristas en lo contencioso administrativo y al asesor tutelar Gustavo Moreno a una recorrida por los talleres del Borda hace apenas dos días. La recorrida fue porque todavía había una decisión judicial pendiente. –Moreno los denunció penalmente por esto. ¿No debían esperar el fallo judicial? –le preguntó Página/12 a Macri. –La vicejefa ya explicó que recorrimos todas las instancias judiciales. –¿Quién ordenó la represión? –inquirió este diario. –Como reflexión, ¿vamos a pensar que es normal que a los policías se les tire piedras y se lo tengan que aguantar? Ellos también son trabajadores. Esto no puede ser normal. No puede ser un deporte cuántos policías herimos cada vez. Una periodista de CN23 le reiteró la pregunta y Macri volvió a eludirla. La cronista protestó y finalmente le contestó Montenegro: “Yo soy el responsable político. Cuando hay una comisión de un delito, la policía no requiere recibir una orden porque tiene que proteger la ley”, dijo, aunque no aclaró cuál sería el delito. Montenegro también aseguró que al fotógrafo Pepe Mateos, del diario Clarín, lo detuvieron porque “se le cae encima a un policía”. No explicó por qué fueron los reporteros gráficos y los camarógrafos los que recibieron más balazos, por qué los policías les tapaban las cámaras, ni tampoco por qué la represión alcanzó a legisladores. El funcionario se ofreció a ir hoy a la Legislatura. Repudio general El repudio de la oposición porteña fue generalizado, pero también se sumaron referentes nacionales. “Mi repudio a la represión. Paren la violencia e inicien el diálogo, que es el camino que siempre debe intentarse en la democracia”, tuiteó el diputado radical Ricardo Alfonsín. “Cuando se trata de sus negocios, Macri ejerce la represión sin importarle los derechos de ciudadanos y trabajadores”, consideró Elisa Carrió, acompañada por sus legisladores Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro y Rocío Sánchez Andia. Pidieron que se investigue a la policía. “Esperamos que la Justicia y la Auditoría Externa de la Policía Metropolitana, así como también el Gobierno de la Ciudad, puedan encontrar a través de las filmaciones a los efectivos que se excedieron en su accionar y no repararon en disparar balas de goma sobre los representantes de la prensa”, remarcaron la diputada Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso. “No es la primera vez que el gobierno del PRO recurre al uso brutal de la fuerza pública para resolver conflictos vinculados con el uso de los espacios y lugares públicos”, estimó el diputado del FAP Roy Cortina. “Me parece gravísimo que se haya defendido la actuación de la Metropolitana”, sostuvo Victoria Donda, de Libres del Sur. “Este gobierno que convoca al diálogo luego de haber demolido un edificio en forma ilegal y de haber reprimido en forma indiscriminada a decenas de personas”, sostuvo Aníbal Ibarra. “Si no sabe por qué se produjeron semejantes hechos de violencia, se lo decimos: la Metropolitana descargó una represión salvaje contra trabajadores, periodistas, pacientes y legisladores que se manifestaban contra los atropellos del Gobierno de la Ciudad a construcciones con valor histórico y protegidas por una medida cautelar. Por si no le queda claro, tenemos filmaciones, fotos y testimonios que muestran el accionar irracional y desmedido del personal policial”, remarcó Adrián Camps, de Proyecto Sur. “El jefe de Gobierno nunca contestó quiénes fueron los responsables de la represión”, advirtió. Su compañero de bloque, Pablo Bergel, fue menos sutil: “Paren a Macri que es un loco peligroso”. “Todo este desastre es porque Macri quiere una oficina más grande. Lo único que defienden él y su policía a palos, balas y gases son los negocios inmobiliarios, a costa de la salud pública y los espacios verdes”, indicó Alejandro Bodart, del MST. “Exigimos la renuncia de Montenegro”, afirmó Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos. “Esto nos recuerda el accionar de las fuerzas de seguridad durante la dictadura o el 19 y 20 de diciembre de 2001”, sostuvo Gabriela Alegre. 27/04/13 Página|12 GB

MULTA Y DENUNCIA PENAL CONTRA MACRI.

POR ACTUAR EN CONTRA DE UNA MEDIDA JUDICIAL VIGENTE Multa y denuncia penal a Macri Por Eduardo Videla Imagen: Leandro Teysseire Una hora después de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, asegurara públicamente que había agotado todas las instancias judiciales antes de ordenar la demolición de un taller protegido en el Hospital Borda, la Justicia porteña dictaminó que el procedimiento vulneró una medida judicial vigente, de protección de ese espacio. El fallo, además, le impone una multa de 20 mil pesos por cabeza a Macri, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y al procurador general Gerardo Conte Grand. El lunes, el asesor tutelar Gustavo Moreno presentará una denuncia penal contra el jefe de Gobierno por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”. La Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña se expidió anoche rápidamente, en respuesta a presentaciones de Moreno, de la Defensoría porteña y de los diputados Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, para ratificar que está vigente la medida cautelar dictada por ese mismo tribunal el 28 de diciembre último, que suspende el proceso licitatorio para la construcción del denominado Centro Cívico. El tribunal dejó en claro, además, que la revocatoria de la jueza Andrea Danas (en la que se escudó la decisión del macrismo) aún no está firme. No parece haber sido un acto de distracción o impericia del gobierno. Los funcionarios sabían que había una medida judicial en trámite: apenas dos días antes, el miércoles 24, los camaristas habían realizado una inspección ocular al taller protegido en compañía del procurador Conte Grand, la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, quien había solicitado la medida. “El proceder adoptado (por el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso, conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe”, reprochó la Cámara, en un fallo que lleva la firma de los jueces Mabel Daniele y Fernando Juan Lima. Los camaristas recuerdan que tienen la potestad sancionatoria de “las conductas temerarias o maliciosas” con el objeto de evitar “el perjuicio que de ellas puede derivarse para la instrucción y decisión de los procesos”. Tras estimar que la conducta evaluada “no puede considerarse meramente negligente sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones” judiciales y que “demuestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado”, resuelve imponer las multas al jefe de Gobierno, al procurador y a la ministra de Salud. “Este es un hecho inédito: en 26 años de función, nunca vi semejante hecho de desobediencia a un procedimiento jurídico”, dijo Moreno a Página/12. “Y lo que ocurrió es algo aberrante, por el daño que sufrieron tres pacientes indefensos, uno de ellos con once impactos de bala de goma, internado en el Hospital Ramos Mejía.” La batalla por el espacio del Hospital Borda comenzó el mismo día que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007. Por entonces se conoció el interés del ministro Daniel Chaín por urbanizar los amplios terrenos parquizados del barrio de Barracas, que forman parte del entorno de los hospitales Borda y Moyano. En septiembre de 2011, Macri y Chaín anunciaron la licitación de las obras del Centro Cívico, con la idea de construir 40 mil metros cuadrados para trasladar allí la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. La obra fue adjudicada a las empresas Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA por 369 millones de pesos. Las obras están previstas en terrenos que pertenecen al Borda, aunque desde el gobierno aseguran que son “aledaños” al hospital. Se trata de tres hectáreas arboladas, ubicadas en el fondo del amplio parque, detrás del centro de salud, donde además se levantaba un enorme galpón, donde funcionaba uno de los talleres protegidos, en el que los internos hacían tareas de rehabilitación. A partir de 2012, la vicejefa María Eugenia Vidal asumió en persona la negociación con los gremios para obtener su consentimiento para concretar la obra. ATE y la Asociación de Profesionales expresaron su rechazo: no se oponen a un Centro Cívico en el sur de la ciudad pero creen que ese lugar será la cabecera de playa para el desmantelamiento del hospital. En agosto comenzó el desmantelamiento del taller protegido: operarios del gobierno se llevaron maquinarias para instalarlas en un nuevo espacio, en Brandsen al 2500, a la vuelta del hospital. Desde entonces quedó inactivo, porque en Brandsen tampoco fue habilitado: los pacientes perdieron ese espacio. Un fallo de la jueza Patricia López Vergara paralizó la licitación hasta que se determine si la obra avanzaba sobre un espacio declarado Monumento Histórico Nacional, sin la correspondiente intervención de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. El recurso fue presentado por el dirigente de ATE Marcelo Frondizi. Otro recurso fue presentado por los legisladores Naddeo e Ibarra, con el patrocinio de la defensora oficial Mariana Pucciarello, por el daño que la obra implicaría para los pacientes usuarios del taller protegido. También tuvo una resolución favorable. Ambos fallos de primera instancia fueron ratificados por la Cámara el 28 de diciembre, y desde entonces están vigentes, según lo aclaró ayer el propio tribunal. Un tercer recurso fue presentado por el dirigente Marcelo Frondizi, con el patrocinio de la Asesoría Tutelar, por el desmantelamiento del Taller Protegido 19. La jueza Elena Liberatori ordenó su reapertura, en enero de este año, pero al finalizar la feria, su par Andrea Danas la revocó, al considerar que ese taller había sido reemplazado por el espacio de la calle Brandsen. “Apelamos esa medida, porque comprobamos que el taller de Brandsen no funcionaba: le falta poner en funcionamiento el ascensor para llegar al segundo piso. Por eso pedimos a la Cámara una inspección ocular, que nos concedió y se hizo hace dos días (por el miércoles)”, informó el asesor tutelar de Cámara. Con el aval del fallo de la Cámara porteña, Moreno presentará el lunes su denuncia penal contra el jefe de Gobierno en la Cámara del Crimen. 27/04/13 Página|12 GB

LA PM CARGO BRUTALMENTE...

LA POLICIA METROPOLITANA CARGO BRUTALMENTE EN EL NEUROPSIQUIATRICO CONTRA MEDICOS, PACIENTES, LEGISLADORES Y PERIODISTAS Represión, gas pimienta y balas de goma en el Borda La policía porteña entró a la madrugada al hospital para apoyar la tarea de demolición de un taller que estaba amparado por la Justicia. Ante la resistencia, hubo una represión indiscriminada. Macri justificó el accionar policial. Interpelación a Montenegro. Por Emilio Ruchansky En las primeras horas de ayer, antes del amanecer, un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron maquinaria de demolición al Hospital Borda, tras cortar las cadenas de un portón trasero, sobre la calle Perdriel. Los uniformados fueron, supuestamente, a “constatar” que se derrumbara un taller del hospital para construir el mentado centro cívico de la ciudad. Pero médicos y pacientes protestaron. Entonces los agentes los reprimieron ferozmente. Lo mismo hicieron al sumarse a la multitud legisladores porteños, sindicalistas y periodistas. Hubo al menos 20 civiles hospitalizados con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas, 17 agentes también resultaron heridos y hubo ocho detenidos. Un fotógrafo fue llevado esposado. “No tenemos que ceder a los violentos”, justificó por la tarde el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Una hora después, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables y reimplantó una medida cautelar para detener las obras. Como ocurrió en el Parque Centenario, a fines de enero pasado, los operarios contratados por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, a cargo de Daniel Chain, madrugaron levantando un vallado con postes de madera y paneles de chapas, antes de realizar sus labores. El objetivo esta vez fue la demolición del Taller Protegido 19, donde muchos pacientes con padecimiento mental, que no están en condiciones de asistir a iniciativas similares extramuros, ayudaban en la fabricación de camas, sillas, roperos y muebles de oficina, que se destinaban a hospitales de la Ciudad. La intrusión comenzó alrededor de las 5 y fue detectada por el personal del hospital que hacía guardia. Más tarde llegaron pacientes ambulatorios, quienes encontraron todo el fondo del Hospital Borda cercado por las vallas y alrededor de 200 efectivos. “A las 7 me llamaron de la guardia, me dijeron que los operarios habían demolido el taller y ellos estaban tratando de contener a los pacientes”, comentó a este diario Nieves Fernández Novo, delegada general de ATE, del centro de salud mental. “Entraron como animales, no se entiende”, agregó. A partir de las 9 cayeron piedras de un lado, salieron balas de goma del otro y temblaron los chapones. Entre la Policía Metropolitana y los manifestantes había una fila de legisladores que fueron tumbados por la policía. Entre otros, resultaron heridos o fueron agredidos Rafael Gentili, Jorge Selser y Alejandro Bodart, integrantes del movimiento Proyecto Sur, Fabio Basteiro de Buenos Aires Para Todos y también la kirchnerista María Rachid. En el mismo momento, el fotógrafo de Clarín Pepe Mateos recibió un balazo de goma en el mentón, fue esposado y retirado del lugar. Otros 16 periodistas recibieron balas de goma. Bodart y Gentili fueron atendidos en una sala del área clínica con un cuadro de alta presión y problemas en la vista, por el gas pimienta. En esa sala destartalada, donde los enfermeros traían y llevaban garrafas de oxígeno para los heridos, fueron vendados varios manifestantes, fotógrafos y camarógrafos. Los agentes de la Metropolitana contaban con un corredor por la entrada de la calle Perdriel, donde los aguardaban cinco ambulancias del SAME. Según la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, hubo “nueve policías heridos, uno a punto de perder el ojo y otro de gravedad”. El predio de la disputa es un jardín que ocupa el espacio de casi dos manzanas y está rodeado por la Unidad Penitenciaria del Borda, el centro cultural y los pabellones centrales. “Detrás de esas chapas también hay una canchita de fútbol y un jardín botánico, es un espacio chico, hay que ser muy miserable para negárselo a los pacientes”, dijo un psicólogo que trabaja en el área de adicciones de este hospital. Según él, ni los militares durante la dictadura entraron al Borda sin avisar a los directivos. “Nuestra área no pudo atender a los pacientes por la represión que hubo y porque decidieron solidarizarse con la protesta”, agregó. Entre los heridos también se cuentan pacientes. Uno de ellos, según informó Mariano Laufer, de la Defensoría General de la Nación, “tenía una decena de escoriaciones de balas de goma y fue derivado al Hospital Ramos Mejía”. Este organismo presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Nacional de Instrucción 47 para que el gobierno porteño retirara a la policía y no le permitiera reingresar, y además que el Estado local se encargara de cuidar a los pacientes. Laufer aseguró que es “inaceptable que Infantería actúe en un lugar donde hay pacientes psiquiátricos porque les genera brotes y pueden salir lastimados, como efectivamente ocurrió”. Dos abogados de la Defensoría constataron que la fuerza policial “lejos de mantenerse en la zona en la que se llevaría a cabo la demolición, formó un cordón humano, el cual avanzó hasta el patio central del hospital –a más de 100 metros de distancia del área a demoler–, instalándose en una zona de contacto con los usuarios de la institución y con el personal que allí cumple funciones”. Fue ésta la primera provocación, coincidió, Silvia Poinceira, delegada de ATE. Y agregó: “Nunca nos quisieron decir quién estaba a cargo del operativo, se movieron con una impunidad absoluta”. Pasado el mediodía, los internos del hospital y varios manifestantes mostraban los cartuchos vacíos de perdigones de gomas, utilizados por la brigada de la Metropolitana. Sobre las vallas metálicas, ardían tres tachos de basura y, cada tanto, un grupo de jóvenes tiraba los chapones dando patadas o haciendo palanca con sogas atadas a los listones. En uno de los laterales del cerco, frente al centro cultural del Borda, una señora le gritaba a los uniformados inmutados: “¿Ustedes no tienen familiares enfermos? ¡Cómo pueden reprimir a los pacientes!”. A partir de las 17 fueron liberados los ocho detenidos en la comisaría cuarta de la Metropolitana, en Parque Patricios, tras la represión. Había dirigentes sindicales y familiares de pacientes entre los liberados. En simultáneo, se iban apilando denuncias penales desde distintos sectores políticos del arco opositor. También se exigió la renuncia del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien aseguró en conferencia de prensa que va a “auditar” a la Policía Metropolitana por lo ocurrido, aunque defendió su accionar. Hoy será interpelado por la Legislatura. El gobierno porteño sostuvo, a través de diferentes funcionarios y del propio Macri, que la policía se defendió a sí misma y a los operarios del ataque de los manifestantes. “El sindicato se niega a aceptar fallos judiciales”, aseguró Vidal. Más tarde, una sentencia de Cámara porteña desmintió sus dichos, además de imponer multas por 20 mil pesos a los funcionarios porteños por su “mala fe procesal”. El próximo martes habrá un paro de ATE y una movilización hasta la sede del gobierno porteño en defensa de “lo público”. “No nos permitieron hablar por teléfono y nos tiraron a cada uno en un calabozo separado”, dijo Cristina Díaz Alen, delegada del Hospital Garrahan, al ser liberada. La mujer utiliza un bastón y afirmó que los uniformados la arrastraron durante “tres cuadras” y la golpearon con su propio bastón. Karina Maliverti, dirigente de este gremio y otra de las liberadas, advirtió: “Tienen que saber que mientras ellos sigan haciendo prevalecer los negocios inmobiliarios frente a la vida, la salud pública y los puestos de trabajo, van a encontrar siempre nuestra resistencia”. emilioru@pagina12.com.ar 27/04/13 Página|12 GB

EL RADICALISMO QUE BAJO SUS BANDERAS, LE TEME AL VOTO POPULAR.

Entre 1890 y 1912 pasaron 22 años de luchas políticas y sociales, muchas veces con revoluciones armadas de por medio, encabezadas por los nacientes sectores medios urbanos que, al calor del Modelo Agroexportador, estaban en auge en los centros urbanos de la Pampa húmeda. LEANDRO N. ALEM primero, y su sobrino Don Hipólito Yrigoyen después, de manera definitiva, encabezaron la lucha por el VOTO UNIVERSAL SECRETO Y OBLIGATORI. La Unión Cívica, producto de la Revolución del Parque, rápidamente se convirtió en RADICAL INTRANSIGENTE porque no TRANSABA CON EL REGIMEN OLIGARQUICO. La consigna yrigoyenista pasó a ser: INTRANSIGENCIA Y ABSTENCION REVOLUCIONARIA contra el fraude electoral pergeñado y aplicado por las Generaciones del '37 y del'80. En 1912 se lograba entonces, la Ley Saenz Peña, que permitió cuatro años mas tarde mediante el voto MASCULINO SECRETO Y OBLIGATORIO la llegada al gobierno del primer partido popular en lA historia contemporánea incorporando a la vida cívica a cientos de miles de ciudadanos. Fue producto de la lucha consecuente de un nuevo partido, el radical, que democratizó al vida política Argentina a comienzos del Siglo pasado. Esta actitud le costó junto a otros intentos de avance sobre los poderes tradicionales de adentro y de afuera, sufrir el primer golpe de estado de nuestra vida nacional en el mes de setiembre del año 1930. La detención de su presidente electo por segunda vez con el voto popular, y su encarcelamiento, Hipólito Yrigoyen. Años mas tarde a causa de la defección de su otro jefe político, Marcelo T. de Alvear, quien sí transó con el régimen proscriptivo y fraudulento de la Década Infame, volvió a participar de la mentira electoral urdida por los militares golpistas y la oligarquía a partir del año 1935. Pero esa es otra historia. Hoy los radicales, sus dirigentes al menos, la mayoría de ellos, le temen al voto popular. Porqué si el Consejo de la Magistratura, debe ser elegido mediante el voto secreto, universal y obligatorio de millones de argentinos, porqué oponerse. Mas aún si estamos frente a un gobierno dictatorial que se derrumba. Ganarle en elecciones limpias no sería ningún inconveniente. Entonce, reitero mi pregunta, por qué le temen al voto popular? Por qué, olvidan su historia de lucha por ese mismo voto negado por el fraude de las minorías?. Pareciera que hoy están mas cerca del voto calificado propuesto por Esteban Echeverría quien afirmó "que al democracia universal es sinónimo de la ignorancia universal." Prof GB