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lunes, 18 de noviembre de 2019
El hambre y la pobreza que nutren la tuberculosis en Argentina La enfermedad infecciosa más letal ha regresado al país latinoamericano. La llaman la muerte blanca
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Buenos Aires
En un suburbio pobre de la capital argentina, los pantalones y la chaqueta vaquera de Cristian Molina esconden su delgadez enfermiza. Es la herencia de años de malnutrición que acabaron exponiéndolo a la tuberculosis que contrajo a principios de año. La enfermedad, compañera de la pobreza, ha vuelto al país.
Molina tiene 26 años y vive con sus padres, seis hermanos y cuatro sobrinos en el poblado chabolista de Luján, cerca de la próspera Buenos Aires. Los médicos creen que uno de los hermanos se contagió de la enfermedad en la cárcel y se la transmitió a la familia al volver a casa. Los casos de la llamada "muerte blanca", estrechamente conectada con la malnutrición y la infravivienda, han ido en aumento desde el cambio de década, en paralelo con las sucesivas recesiones y la inflación que han castigado a la tercera economía de Latinoamérica. Actualmente, el rápido aumento de los precios y la desaceleración económica están empujando cada vez a más personas por debajo del umbral de la pobreza y recrudeciendo la carencia de vivienda y el hambre. En la primera mitad de este año, la tasa de pobreza superó el 35,4% en perjuicio del presidente Mauricio Macri, que perdió las elecciones generales del pasado 27 de octubre ante Alberto Fernández.
"La tuberculosis es el efecto secundario de la pobreza", denuncia Laura Lagrutta, neumóloga argentina especializada en el tratamiento de niños infectados por la enfermedad. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, el último año se registraron en Argentina 10.320 casos de la enfermedad por contagio o recaída. Alrededor de 2010, el número de enfermos, que no había dejado de descender desde la década de 1980, volvió a aumentar.
El último año se registraron en Argentina 10.320 casos de la enfermedad por contagio o recaída
La tuberculosis, que mata cada día a 5.000 personas en todo el mundo, es una de las dolencias más mortíferas. La situación de Argentina, un país con una importante producción agrícola, es mejor que la de algunos de sus vecinos sudamericanos, entre ellos Brasil y Perú, donde la incidencia de la infección es mayor. Sin embargo, la prevalencia está creciendo a un ritmo preocupante.
Marcela Natiello, coordinadora del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y la Lepra, informa de que la tendencia regresiva que había comenzado en la década de 1980 se invirtió en 2013 debido a "causas múltiples y complejas. La tuberculosis afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables, con bajos recursos económicos, que viven en entornos pobres, mal ventilados y superpoblados", explica, y añade que más de la mitad de los casos se dan en la zona de alta densidad demográfica alrededor de Buenos Aires.
Hospitales al límite
Según los médicos, el aumento del número de casos ha llevado al límite de su capacidad a las plantas de los hospitales donde se trata a los enfermos. Patricia Figueroa, una trabajadora social del centro sanitario público Muñiz, explica que el centro se enfrenta a un problema de saturación debido al ingreso de un número cada vez mayor de enfermos de tuberculosis, que califica de "récord en la historia reciente".
"Por esta razón, el hospital da de alta a los pacientes con bajo riesgo de contagio a fin de dar cabida a los de alto riesgo, lo cual es una práctica muy peligrosa", advierte, y señala que la clínica está intentado añadir más camas a otras plantas para poder aceptar a más pacientes.
El hospital da de alta a los pacientes con bajo riesgo de contagio a fin de dar cabida a los de alto riesgo, una práctica muy peligrosa
Distintos enfermos de tuberculosis de suburbios de toda Argentina cuentan que vivían hacinados en casas sin condiciones de seguridad, y que no tenían acceso a una alimentación variada y nutritiva. En Villa 31, un asentamiento chabolista de la capital densamente poblado, Luli, de 19 años, lleva un año de tratamiento desde que se contagió estando embarazada. Cuenta que, por fortuna, la enfermedad no afectó al bebé, que ahora tiene nueve meses. La joven vive con su hijo y su pareja en un piso con un dormitorio y una cocina. La casa no tiene baño, y sus tres ocupantes duermen en la misma habitación. "Nos estamos mudando continuamente porque los alquileres son muy caros", se lamenta.
Daniel tiene 40 años, reside en el mismo barrio y también está en tratamiento contra el sida, lo cual lo hace más vulnerable a la tuberculosis. Ha perdido gran parte de la movilidad debido a una herida en la cadera y a las cicatrices de los pulmones.
Brígida Simaniz acabó el tratamiento contra la tuberculosis en mayo. Vive con sus dos hijos en el barrio de chabolas de Bajo Flores, en Buenos Aires, donde los tres comparten la misma cama. Le preocupaba contagiar la enfermedad a los niños.
"Cuando me dieron el diagnóstico me asusté mucho porque no sabía que existía la enfermedad. Siempre seguí el tratamiento tal como me dijeron los médicos porque tenía miedo de contagiar a mis hijos", asegura esta trabajadora textil que gana 70 pesos (un euro) a la hora. "Aunque hiciese frío, por la noche abría las ventanas de la habitación para que circulase el aire", recuerda.
Información de Magalí Druscovich y Adam Jourdan, edición de Leslie Adler. Este artículo se elaboró gracias a la Fundación Thomson Reuters, que informa sobre temas humanitarios, derechos de las mujeres y LGBT+, tráfico de seres humanos, derechos de la propiedad de la tierra y de cambio climático.
CRISIS EN CHILE “La gente que vive fuera tenía que saber que en Chile se violan los derechos humanos"
"Nos matan, torturan..." fue el mensaje escrito en la bandera que se hizo viral este jueves. La imagen fue el resultado de la rabia de tres jóvenes.
AS publicó este jueves ‘Nos están matando: la historia detrás del chileno que subió al podio con una bandera’ (pincha aquí para ver el artículo). La imagen se viralizó rápidamente a través de redes sociales, y provocó reacciones en distintas partes del mundo. Dos amigos de Rogers Rogerio explican qué inspiró al grupo.
Lyuben Atanassov, de 25 años, es hijo de una mujer exiliada en dictadura: "Nací en Bulgaria por ese mismo motivo", cuenta a AS Chile. "Las violaciones a derechos humanos han sido muchas: Carabineros dejó gente ciega, hay decenas de denuncias de violaciones y hubo violencia física y psicológica contra los detenidos", relata.
"Creo estas semanas ha habido mucho cerco mediático con las violaciones a los derechos humanos y la gente que vive fuera de Chile tenía que saber lo que estamos pasando. Unos amigos, Pedro del Carril y su compañera Sofía, que nos recibieron en Buenos Aires, nos ayudaron a pintar la bandera", agrega Atanassov horas después de aterrizar en Chile.
La tercera competidora del grupo es Camila Navarrete (30), quien practica jiu jitsu desde hace cuatro años: “Hemos participado de movilizaciones y hemos visto cómo es la represión en las marchas. Nos tocó ver gente en el suelo herida por Carabineros, y también cómo disparan al cuerpo o tiran lacrimógenas sin que les importante dónde caigan”.
“Queríamos denunciar esta situación. Además del Open Argentina, fuimos con la bandera a lugares iconos de Argentina. En Plaza de Mayo se nos acercó la policía a prohibirnos mostrar la bandera, pero al menos nos dejaron tomarnos una foto”, cuenta Navarrete a As.
Los deportistas explicaron su sorpresa ante el revuelo que provocó la bandera en múltiples cuentas y medios nacionales e internacionales. "Hasta Mon Laferte nos compartió en su Instagram", relatan. La cantante llamaría la atención horas después con una frase muy similar en su cuerpo, durante los Latin Grammy 2019.
POLÍTICA Una insólita denuncia de Almagro desnudó las irregularidades de la OEA en Bolivia
El uruguayo calificó de "espías" a los enviados argentinos para auditar las elecciones bolivianas y así desacreditar sus informes, en los que hablan de irregularidades y de la publicación anticipada de los resultados.
A medida que pasan los días, crecen las dudas sobre cuál fue el rol que tuvo la misión de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia y el de su secretario General, el uruguayo Luis Almagro.
El domingo por la mañana, cuando aún faltaban al menos dos días para que se difundiera el informe sobre la elección presidencial, la Organización de Estados Americanos publicó un informe preliminar que desencadenó un nuevo llamado a elecciones por parte de Evo Morales y luego su renuncian, presionado por sectores militares y policiales.
Ya consumado el golpe y con decenas de muertos en las calles por la represión, Almagro habló con un medio mexicano para denunciar que en la misión para auditar las elecciones “había dos espías argentinos, no eran técnicos con capacidades electorales, es un despropósito, eso no se hace, es inmoral”.
La denuncia de Almagro hace referencia a Santiago Eguren y Gerónimo Javier Ustarroz, apoderados del Frente de Todos designados por el presidente electo Alberto Fernández para integrar la comitiva.
"Es llamativo que diga que éramos espías cuando ellos nos contactaron. Tengo los Whastapp, mails y los cheques con los que nos pagaron. Dormíamos en el mismo hotel que ellos, comíamos y desayunábamos juntos. Somos apoderados del Frente de Todos, no somos dos desconocidos", contó Ustarroz, primo del diputado Eduardo ‘Wado’ De Pedro, en diálogo con varios medios, y agregó: “Ellos sacaron el informe anticipadamente y desencadenó una locura con muertos en las calles. No decimos que el informe que presentaron sea falso, sino que no aplicaron metodológicamente las herramientas que tenían que realizar".
Según contó Ustarroz, el informe iba a ser publicado el martes o miércoles pero el domingo por la madrugada la misión de la OEA decidió publicar un informe preliminar que hablaba de irregularidades en el escrutinio.
“La auditoría iba a estar el martes o miércoles, según los propios tuits de la OEA. Ellos mismos dicen que son doce días a partir del primer día. Veníamos trabajando para evaluar los informes y hacer el informe de auditoría final. Pero el domingo a las dos de la madrugada, el jefe de la misión me mandó un mensaje avisándome que iban a sacar un informe preliminar. Y ahí se desencadenó todo lo que se desencadenó”, contó.
A partir de esta información, Alberto fue uno de los primeros en denunciar la “enorme responsabilidad” de la OEA en el golpe a Evo y también cargó contra Almagro, al señalar que gestión “será recordada como la más penosa” que ha tenido el organismo internacional.
Los dos enviados argentinos no respaldaron el informe oficial de la OEA sobre las irregularidades en el escrutinio. Señalaron que no pudieron acceder a los informes técnicos en los que se basó el organismo que conduce Almagro.
“Propusimos solicitar las actas de escrutinio para compararla con los datos cargados y eso no fue realizado”, contó a Clarín Ustarroz, quien también cuestionó que la auditoría analizara el escrutinio provisorio, que no tiene validez legal, y no el definitivo.
Bolivia: el gobierno de facto legalizó la cacería y ya hay 24 muertos
A través de un "decreto supremo", la autoproclamada presidenta Áñez ordenó someterse a la autoridad militar y dicta la impunidad para las fuerzas represivas. La CIDH condenó el "uso desproporcionado" de la fuerza. Desde México, Evo se mostró dispuesto a "volver" para colaborar en la "pacificación" del país.
La “cacería” que aseguró iniciar el ministro de facto Arturo Murillo se cumple. El pueblo boliviano vive hoy un momento crítico producto de represión de las fuerzas armadas y policiales, que a partir del viernes a última hora, por el decreto supremo 4078 de la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez Chávez, tienen vía libre para emplear “todos los medios disponibles” en la represión, es decir, avalar el uso de poder de fuego, que de hecho ya estaba aplicando. A la vez libera a los efectivos “de responsabilidad penal” en su accionar, según el documento que circuló ayer y que confirmaron varias fuentes. Previamente a la firma del texto, una violenta jornada resultó en la muerte de ocho campesinos, según información de la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora se contabilizan entre 20 y 24 muertos y cerca de 550 heridos y más de 600 detenidos, según las diversas fuentes.
El presidente Evo Morales evalúa su posible regreso para contribuir a la “pacificación” del país, como declaró en las últimas horas en México donde está exiliado desde el martes luego de renunciar dos días antes a la presidencia. Las condiciones para ese retorno no están a la vista. Mientras periodistas son expulsados, censurados y acusados de sedición, como ocurrió incluso con colegas argentinos enviados a La Paz, las redes sociales se inundan de imágenes de heridos, muertos, sangre y violencia. Y las incansables marchas del pueblo más profundo de Bolivia que se niega a aceptar un gobierno autoimpuesto al margen de la Constitución, que indica que es la Asamblea Plurinacional conformada por ambas cámaras la que debe, por un lado, aceptar la renuncia presentada por el mandatario saliente, y por otro la proclamación del presidente interino. Ninguna de estas instancias se cumplieron hasta ahora. Los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que las marchas de protesta, sobre todo en El Alto y en Cochabamba, donde abunda el campesinado cocalero, no responden a órdenes partidarias, sino que se trata de una “movilización popular en repudio del gobierno de facto, la represión y las acciones contra la whipala”, dijo a Tiempo Gabriel Campero, asesor de uno de los ministros de Morales forzado a renunciar.
La afrenta que se vio de parte de uniformados y opositores a Evo contra el emblema multicolor de los pueblos originarios no es un hecho menor. “Marchan porque el insulto a la whipala va contra la mujer de pollera, el artesano, el campesino humilde, el joven estudiante indígena”, dijo ayer en una entrevista el vicepresidente Álvaro García Linera, exiliado junto a Evo. “Es el símbolo de un movimiento de igualación social al que hoy esta gente (el gobierno de Añez) quiere poner límite”. Para García Linera, el campesinado siente que al cortar la whipala de las insignias oficiales “es como si le estuvieran cortando la cabeza a Evo”.
En los últimos días se propagaron informes y denuncias de organismos de DDHH que denuncian la crítica situación con respecto a las libertades y la vigencia del estado de Derecho en Bolivia, señalando las arbitrariedades y excesos de un gobierno que llegó con la Biblia en la mano y un discurso ultramontano que parece avivar la convulsión más que calmarla.
El Informe Preliminar sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia elaborado por el Comité Internacional de la Juventud por la Paz en Nuestramérica y por Generación Evo, con investigadoras e investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) habla directamente de la “inexistencia de un Estado de Derecho” en un país donde aconteció un “golpe de Estado cívico-militar-policial-religioso”. “Hay personas detenidas arbitrariamente sin orden judicial y frente a la ausencia total de un Estado que garantice el orden constitucional y dirija las fuerzas represivas, fuerzas armadas y policiales, nos encontramos por tanto ante un estado de excepción creciente que vulnera los Derechos Humanos”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un documento difundido en Twitter el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba (…) Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, adhirió a esta denuncia y advirtió que ello puede llevar a que la situación en Bolivia pueda "salirse de control".
A su vez, el secretario General de la ONU, António Guterres, encomendó a su enviado personal, Jean Arnault, a que se incorpore a las gestiones de negociación encabezadas por la Iglesia católica, donde intervienen además algunos líderes políticos y un delegado de la UE. El sábado miembros del MAS aseguraban que había comenzado el diálogo, aunque aún en etapa incipiente. Los senadores del MAS pedían “a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones" para contribuir a ese diálogo.
El viernes el Senado logró sesionar y con la presencia del MAS en pleno y algunos opositores se eligió a la senadora Eva Copa como presidenta del cuerpo, en reemplazo de Adriana Salvatierra, quien renunció a la presidencia pero no a su banca. Previamente la cámara de diputados había nombrado como presidente a Sergio Choque, también del partido de Morales. Ambos legisladores pertenecen a la región de El Alto, de conocido apoyo mayoritario al gobierno de Evo. La Asamblea Legislativa ya estaría en condiciones de reunirse y cumplir con los pasos constitucionales, pero para eso la “supuesta presidenta” Añez, como la llama Evo Morales, debería reconocer a las nuevas autoridades, algo incierto al cierre de esta edición.
En tanto el gobierno “bíblico” vino cumpliendo uno a uno con todos los pasos dados por los neoconservadores en la región: reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y expulsó a los diplomáticos de Maduro; culpó a agentes cubanos y venezolanos del conflicto, se encolumnó detrás del gobierno de Donald Trump, aseguró que si Evo Morales vuelve al país deberá someterse a la justicia por supuestos hechos de “corrupción” y “fraude electoral”. El viernes la ministra de comunicación invitó a periodistas a la suite del presidente en el edificio estatal Casa Grande del Pueblo, para mostrar supuestos “lujos de jeque árabe” de un departamento regular destinado a la vivienda del primer mandatario. «
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