La actitud “neutral” del Gobierno nacional ante el Golpe de Estado de Bolivia se mantuvo durante todo el proceso golpista. Ahora salió a la luz cómo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, celebró que hayan derrocado al presidente Evo Morales Ayma.
A través de su cuenta de Twitter, el opositor venezolano Juan Guaidó festejó: “¿brisa? ¡Lo que se siente es el huracán democrático en América Latina!”.
Evo Morales anunció este domingo su renuncia a la Presidencia de Bolivia tras un Golpe de Estado orquestado por la derecha boliviana y apoyado por las Fuerzas Armadas. La OEA, además, contribuyó al derrocamiento con la publicación de un informe cuestionando el triunfo electoral del pasado 20 de octubre.
En un discurso transmitido en vivo desde Cochabamba, el líder indígena indicó que «estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos y dirigentes del Movimiento al Socialismo no sigan siendo perseguidos». «Lamento mucho este golpe cívico y de algún sector de la Policía», añadió.
Acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera, Morales pidió que «(Carlos) Mesa y (Luis ) Camacho no sigan quemando la casa de gobernadores, de asambleístas, de concejales» y enmarcó su dimisión en el pedido de «que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a familiares de nuestros dirigentes sindicales, ni sigan perjudicando a la gente más humilde».
Más temprano, el jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, Williams Kaliman, había anunciado su acompañamiento a la avanzada golpista «sugiriendo» la renuncia del ahora exmandatario. «Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia», afirmó.
Por su parte, el comandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón se plegó alegando que «nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia».
Extorsionados por la derecha boliviana, que los coaccionó invadiendo sus casas y golpeando a sus familiares, los ministros de Minería, César Navarro, de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, también habían presentado su renuncia en la víspera
La decisión del Supremo Tribunal de Brasil de cambiar la doctrina sobre la prisión preventiva abre las puertas a la libertad del ex Presidente Lula y pone en crisis la operación continental de persecución contra dirigentes políticos, pergeñada durante el último lustro para debilitar los liderazgos populares dentro de América Latina. La resolución judicial se suma a una serie de acontecimientos que parecen reconfigurar el contexto regional al transmitir un conjunto de malas noticias para el entramado hegemónico continental. Mientras que el Presidente de Estados Unidos se debilita al ser acusado de manipular la relación diplomática con Ucrania para beneficiarse electoralmente, el promocionado oasis del neoliberalismo latinoamericano, Chile, queda expuesto en sus contradicciones, sus falacias y sus inequidades. Por su parte Evo Morales obtiene su reelección en primera vuelta por más de un 10 por ciento de ventaja respecto al segundo y el resultado exhibe la violencia brutal de una minoría tributaria de los lenguajes racistas puestos en boga por las nuevas formas de supremacismo.
La región ha ingresado en una fase de conflictividad generalizada, cuyo enfrentamiento medular se centra en las políticas impulsadas por el Departamento de Estado. El neoliberalismo se constituyó, desde la década del ’70, en el dispositivo estructural ideado para viabilizar la apertura indiscriminada de los frágiles mercados locales, para reforzar la primarización de las economías (para beneficio prioritario de las corporaciones trasnacionales que han liderado la denominada globalización) y para entorpecer la integración regional.
El agotamiento del tercer ciclo neoliberal aparece acompañado de una fuerte resistencia por parte de quienes buscan, en forma exasperada, conservar sus espacios de poder, mantener el nexo con los centros financieros internaciones y garantizar la posibilidad de darle continuidad a la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. La aplicación de medidas ortodoxas sugeridas por los organismos multilaterales, articuladas con prácticas de represión estatal, han sido los elementos básicos para imponer el control estratégico que hoy se ve desafiado. El proceso digitado por Washington ha intentado disuadir la protesta social, manipular las conciencias y debilitar los lazos de los referentes sociales son sus bases. También se ha buscado fragmentar las identidades políticas nacionales y populares, con el objeto de generar restricciones en la capacidad de los países latinoamericanos para tomar decisiones autónomas. Se pretendió, además, evitar la desarrollo de las relaciones multilaterales respecto, fundamentalmente, de China y Rusia, para cercenar la presencia de ambos Estados, etiquetados por Washington como potenciales competidores estratégicos.
Los niveles de disputa se han incrementado durante las últimas semanas y diversos estudios de contingencia de los centros de investigación internacionales, influyentes entre los funcionarios del Departamento de Estado, advierten sobre su probable ramificación. Los papers describen la situación como crítica, y consideran que el malestar regional, provocado por la desigualdad creciente, puede extenderse en los próximos dos años desde Haití, Honduras Ecuador y Chile hacia Perú, Colombia y Paraguay [1]. Para contribuir a evitar dicha contaminación, con el indudable objetivo de enmascarar las verdaderas causas que motivan las actuales movilizaciones sociales, los medios de comunicación hegemónicos recurrieron —en las últimas semanas— a la terminología utilizada durante la Guerra Fría, acusando al castro-chavismo de estar conspirando contra una pretendida concordia del continente [2].
La presidencia de Donald Trump intentó desde 2016 disolver los acuerdos de integración regional generados por los gobiernos progresistas desde principios de siglo [3]. Con ese cometido se promovió el nacimiento del Grupo de Lima –conformado por los gobiernos identificados con el neoliberalismo— y se alentó el hostigamiento al gobierno de Nicolás Maduro. El último capítulo de esa ofensiva fue la pretendida activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el que se le dio continuidad a la amenaza injerencista. Luego de dos años de actividad, el Grupo de Lima sufrió su primera baja con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, y prolongó su traspié al conocerse la victoria del Frente de Todxs en Argentina el último 27 de octubre.
La primera consecuencia de ambas mutaciones electorales quedó expuesta con la conformación de una tercera posición, alternativa a las dos existentes: frente al Grupo de Lima, conformado por los países que siguen las directivas de Washington, se consolidó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con eje en Caracas y La Habana. Frente a ambas, a partir del nexo entre México y Buenos Aires, se empieza a configurar el Grupo de Puebla, que intentará tender puentes hacia la integración regional, la autonomía regional y la revalorización de la diplomacia, impulsando los principios de no intervención en los asuntos internos de terceros países, principio histórico de las relaciones exteriores de gran parte de los países latinoamericanos [4].
Las movilizaciones en Haití, Honduras, Ecuador y Chile, y la violencia impulsada en Bolivia por quienes pretenden desconocer el triunfo de Evo Morales, son parte de una tensión geopolítica que escenifica la lucha por el control de una región que Washington se empecina en reclamar como propia. Otra vez, como en los dos siglos anteriores, irrumpe por los intersticios de la historia del continente la imperecedera frase de Simón Bolívar: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.
La alcaldesa Patricia Arce rociada con pintura, vejada y obligada a caminar descalza por la oposición a Evo Morales.
"No estoy ni ahí con la derecha ni la izquierda tibia", aseguró la cantante.
Indignación generó en Mon Laferte el caso de Gustavo Gatica Villarroel, joven que recibió dos proyectiles en sus ojos durante la manifestación que se llevó a cabo en Plaza Italia la tarde del viernes.
Producto de los disparos, el estudiante oriundo de Colina tiene perdido uno de sus ojos. Además, quedó con un daño muy severo en el otro.
“Usted cree que puede seguir así el país? Cree que esto se va a quedar así? Usted debería ir a la cárcel @sebastianpinera”, se descargó la cantante nacional, quien recurrió a su cuenta de Twitter para mostrar su furia.
“Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, dejen de seguirme. Aquí no son bienvenidos”, añadió la cantante, tras recibir todos tipo de comentarios en la red social.
Finalmente, la artista indicó que “no estoy ni ahí con la derecha ni la izquierda tibia, lo que yo quiero es que dejen de torturar al pueblo. Paren su hueveo político @sebastianpinera #CarcelParaPiñera”.
Por favor, toda la gente que cree que está bien arrancarle los ojos a alguien por exigir su derecho a vivir con dignidad, dejen de seguirme. Aquí no son bienvenidos.
No estoy ni ahí con la derecha ni la izquierda tibia, lo que yo quiero es que dejen de torturar al pueblo. Paren su hueveo político @sebastianpinera#CarcelParaPiñera
Mi primer signo de preocupación se produjo a mediados de 2016 en una localidad rural del Departamento (Provincia) de Potosí, Río Mulato. Estaba viajando y me detuve unos minutos allí, un hombre se acercó para charlar conmigo y me preguntó quién gobernaba en la Argentina.
Luego de contestarle le pregunté quién gobernaba en Bolivia; me dijo “un indio, un indio refinado”. Segundos después me informó que Evo Morales quería transformar a Bolivia en Cuba o Venezuela. Entonces comprendí que este slogan había trasvasado a las clases medias urbanas, un riesgo para un gobierno cuya base principal proviene de los sectores rurales.
Para entonces Evo Morales había perdido en un referéndum la posibilidad de ser elegido para un nuevo mandato e impulsaba junto a su gobierno y sus seguidores más cercanos, una vía judicial para habilitarse.
Quienes vivimos este proceso de cerca y tratamos de observarlo con un espíritu crítico, comprendimos que la explicación acerca del liderazgo indiscutible y excepcional del Evo no alcanzaría y que esa movida —que finalmente se consolidó—, acarrearía indudablemente un costo político para el mandatario.
Todo pareciera indicar que esa lectura no llegó a las altas esferas del gobierno, o al imaginario del propio Presidente.
Desde entonces, entre quienes creen y/o repiten que Bolivia será como Cuba o Venezuela, Evo Morales es un Presidente que quiere quedarse en el cargo por la fuerza.
No cuentan los logros inobjetables en el ámbito material, el déficit es simbólico. Macri no logró dominar la esfera material; Evo se empantanó en la vía simbólica.
No pueden leerse los sucesos desatados desde las elecciones del pasado 20 de octubre sin este antecedente. El proceso electoral y los hechos subsiguientes agregan varios elementos para entender la actualidad.
El primero es que hay significativas irresponsabilidades desde todos los sectores: Carlos Mesa no debió salir a festejar que había llegado a la segunda vuelta sin que finalice el conteo al que le faltaban los votos rurales, que siempre favorecen en su gran mayoría a Evo. Morales no debió atribuirse minutos después el triunfo en la primera vuelta, pues era evidente que el resultado iba a ser muy ajustado en términos de definir si había segunda vuelta o no, y él tampoco podía conocer el resultado exacto a esas horas.
Podría haber festejado si se imponía por 25 puntos o más como estaba acostumbrado, pero no si la victoria era –como finalmente parece haber sucedido— por 10,5 puntos, sólo 0,5 puntos por encima de lo requerido para no necesitar de un ballotage.
Para complicar más el escenario, minutos después de estos discursos de los dos candidatos el órgano electoral decidió (queda en el imaginario colectivo que por una orden política) suspender durante 20 horas el conteo rápido que hasta ese momento no computaba muchos de los votos rurales e instalaba una tendencia hacia la segunda vuelta.
La estrategia golpista
Para una oposición —que ya se sabía— estaba preparada para gritar fraude, la mesa quedó servida en bandeja. Los detractores del Evo, para los que el golpe de Estado nunca fue una opción descartable, se encontraron con el escenario que estaban necesitando.
Muchxs me preguntan si la diferencia de 10,5 es real o si hubo algún fraude. No lo puedo responder; dentro de unas 48 horas se conocerán los resultados de la auditoría de la OEA. No es fácil predecir qué dirá el organismo ni cuál puede ser la reacción de oficialistas y opositores.
Sin embargo, parece difícil que la institución capitaneada por Luis Almagro valide el proceso electoral. Adicionalmente los sectores movilizados no demuestran interés en saber qué opina el ente hemisférico. Ahora exigen que Evo Morales renuncie, esa es la línea.
La empresa Ethical Hacking que auditó la elección, declaró el 28 de octubre que no había existido ninguna alteración de datos, pero el pasado jueves su Gerente cambió de versión y aseguró que el proceso estaba viciado de nulidad por una serie de fallos.
Los antecedentes de quienes se oponen a Morales merecen un párrafo aparte. No es que estén agotados por casi 14 años de un gobierno tiránico; quisieron derrocar al “indio” –el Presidente más votado de toda la era democrática— desde el primer minuto que asumió la presidencia. Para ello no dudaron en sumergir a Bolivia en un proceso separatista que puso las cosas al borde de una guerra civil (2006-07-08). Más de una década después se muestran dispuestos a la misma aventura. Ya lo dijo el líder “cívico” de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho: Es ahora o nunca.
No esconde otra cosa que un golpe de Estado.
El nuevo líder anti Evo
Camacho desplazó del escenario a Mesa a fuerza de determinación bíblica. Al escucharlo no queda claro si cree que es el enviado de dios, o dios mismo. En las últimas horas el líder cívico matiza su discurso violento y se vale del creador a tono bolsonarista. Conociendo el paño, es inverosímil valorar que la embajada estadounidense no esté brindando cuanto menos su know-how a este nuevo cruzado. Washington y la derecha boliviana finalmente encuentran una ficha que no puede ser ligada al fracasado pasado neoliberal.
Una fuente del gobierno boliviano asegura desde Washington que Camacho es la apuesta electoral de Michael Kozak, un halcón recientemente designado como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (América Latina).
El líder cruceño se muestra como presidenciable pero descarta ser candidato, al tiempo que se pelea públicamente con los principales referentes de la oposición y declara sentirse asqueado al ver qué intereses personales quedan por encima de la Nación.
El cívico es un empresario salpicado por los Panamá Papers e impulsa un mensaje radical y mesiánico. Muy libre de cuerpo, es capaz de lanzarle un ultimátum de 48 horas al Presidente para que presente su renuncia, mientras no se cansa de repetir que no tiene intereses políticos.
Camacho ha anunciado que este lunes se dirigirá junto a los otros sectores alzados hacia el Palacio Quemado para entregar y obligarle a firmar su famosa carta de renuncia a Evo Morales. Parece buscar más enfrentamientos y muertos para endilgarle al Presidente.
Anteriormente y aclamado ante miles de sus seguidores en Santa Cruz, llegó a afirmar que en una sola jornada el gobierno gastó más de 18 millones de dólares para matar y reprimir a su pueblo. Es el momento en el que puede lanzarse cualquier tipo de acusación infame sin dejar de recibir ovaciones. No hay registro de fallecidos y ni siquiera de ningún herido de bala por el accionar de las fuerzas de seguridad. Sin embargo en las marchas opositoras no paran de gritar “Evo asesino”.
Desde que los líderes regionales (el cruceño no es el único) lanzaron su medida de paro cívico nacional e indefinido de carácter pacífico, Bolivia revivió sus peores escenas de odio étnico impulsadas sistemáticamente por los detractores del mandatario. Como no pueden llegar a Morales, muchos “cívicos” optan por golpear a mujeres de pollera.
Los “indios” no se quedan quietos, salen a las calles, intuyo que más que para defender al gobierno, para defenderse a sí mismos. En ciernes, la posibilidad de un conflicto civil de proporciones.
Enfrentamientos étnicos
El miércoles pasado se produjeron graves enfrentamientos en Cochabamba; en uno de los puntos de conflicto, un grupo de jóvenes entrenados para “defender la democracia” denominado Resistencia Juvenil Cochala, arremetió contra una gran movilización de mujeres nucleadas en torno a la organización Bartolina Sisa, aliadas al gobierno. Las mujeres campesinas cometieron el delito de pisar la ciudad, por lo que fueron perseguidas y agredidas por los jóvenes.
Horas más tarde los mismos ciudadanos (que se movilizan en centenares de motos) hicieron algunos kilómetros en dirección sur-oeste para cometer otro acto aberrante. Quemaron la Alcaldía de Vinto, secuestraron y vejaron a su titular, Patricia Arce Guzmán. La escena fácilmente pudo terminar en un linchamiento; la mandataria demostró una valentía conmovedora.
En el mismo escenario perdió la vida Limbert Guzmán, afín a la oposición. No está claro si el joven murió a consecuencia de golpes propinados por seguidores del gobierno o si falleció por efecto de la manipulación de un bazooka casero; esta última versión fue divulgada por el principal medio de comunicación opositor al gobierno (Unitel).
En la mañana del jueves, el vicepresidente Álvaro García Linera ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a estos hechos:
“Nunca ha pasado esto en democracia, eso se llama fascismo, eso es fascismo. Atacar mujeres, agredirlas por su condición étnica, humillarlas, atacar organizaciones sociales. Eso es fascismo. Y lo que Bolivia está enfrentando hoy es una oleada fascista. Es lo peor que tengo como imagen de lo que he vivido en toda mi experiencia en vida democrática; ese es el lenguaje de ellos.”
Vale la pena repasar la conferencia de García Linera, en la que además pueden visualizarse los bazookas utilizados por la Resistencia Juvenil Cochala. Fuentes de la embajada venezolana describen que ese tipo de armamento casero –inédito en las protestas callejeras de Bolivia— es igual al fabricado y utilizado por los estudiantes en su país.
La prensa opositora, financiada por la publicidad estatal, juega su papel. En algunos medios se hizo lo posible por invisibilizar la noticia de la alcaldesa humillada; en la gran mayoría se trató el caso de manera irresponsable, infravalorando la agresión. En el principal programa de análisis político de la Red Uno, el cronista de la noticia nos explicó que los agresores no atacaron, sino que protegieron a la funcionaria.
Golpe de Estado
La situación de máxima tensión e inestabilidad (hasta el cierre de esta edición) se vivió el viernes por la tarde noche, cuando la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba anunció un motín policial. En pocos minutos, manifestantes pro “democracia” de todas las capitales departamentales (provinciales) se movilizaron hacia las sedes policiales para exigir que las fuerzas del orden se plieguen al movimiento.
Hasta el momento no está del todo claro qué fuerzas se sumaron al motín, pero en Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí muchos servidores del orden mostraron su acompañamiento.
En esta Bolivia de hoy, miles de jóvenes están en las calles de las principales ciudades con un discurso de defensa de la democracia; estoy seguro dee que no todxs son violentos ni están de acuerdo con la agenda de corte fascista que promueven los líderes del levantamiento.
Paradójicamente, aspiraciones democráticas muchas veces legítimas pueden abrirle la puerta a una aventura totalmente incompatible con esos principios; a un golpe de Estado.
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