La decisión del Supremo Tribunal de Brasil de cambiar la doctrina sobre la prisión preventiva abre las puertas a la libertad del ex Presidente Lula y pone en crisis la operación continental de persecución contra dirigentes políticos, pergeñada durante el último lustro para debilitar los liderazgos populares dentro de América Latina. La resolución judicial se suma a una serie de acontecimientos que parecen reconfigurar el contexto regional al transmitir un conjunto de malas noticias para el entramado hegemónico continental. Mientras que el Presidente de Estados Unidos se debilita al ser acusado de manipular la relación diplomática con Ucrania para beneficiarse electoralmente, el promocionado oasis del neoliberalismo latinoamericano, Chile, queda expuesto en sus contradicciones, sus falacias y sus inequidades. Por su parte Evo Morales obtiene su reelección en primera vuelta por más de un 10 por ciento de ventaja respecto al segundo y el resultado exhibe la violencia brutal de una minoría tributaria de los lenguajes racistas puestos en boga por las nuevas formas de supremacismo.
La región ha ingresado en una fase de conflictividad generalizada, cuyo enfrentamiento medular se centra en las políticas impulsadas por el Departamento de Estado. El neoliberalismo se constituyó, desde la década del ’70, en el dispositivo estructural ideado para viabilizar la apertura indiscriminada de los frágiles mercados locales, para reforzar la primarización de las economías (para beneficio prioritario de las corporaciones trasnacionales que han liderado la denominada globalización) y para entorpecer la integración regional.
El agotamiento del tercer ciclo neoliberal aparece acompañado de una fuerte resistencia por parte de quienes buscan, en forma exasperada, conservar sus espacios de poder, mantener el nexo con los centros financieros internaciones y garantizar la posibilidad de darle continuidad a la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. La aplicación de medidas ortodoxas sugeridas por los organismos multilaterales, articuladas con prácticas de represión estatal, han sido los elementos básicos para imponer el control estratégico que hoy se ve desafiado. El proceso digitado por Washington ha intentado disuadir la protesta social, manipular las conciencias y debilitar los lazos de los referentes sociales son sus bases. También se ha buscado fragmentar las identidades políticas nacionales y populares, con el objeto de generar restricciones en la capacidad de los países latinoamericanos para tomar decisiones autónomas. Se pretendió, además, evitar la desarrollo de las relaciones multilaterales respecto, fundamentalmente, de China y Rusia, para cercenar la presencia de ambos Estados, etiquetados por Washington como potenciales competidores estratégicos.
Los niveles de disputa se han incrementado durante las últimas semanas y diversos estudios de contingencia de los centros de investigación internacionales, influyentes entre los funcionarios del Departamento de Estado, advierten sobre su probable ramificación. Los papers describen la situación como crítica, y consideran que el malestar regional, provocado por la desigualdad creciente, puede extenderse en los próximos dos años desde Haití, Honduras Ecuador y Chile hacia Perú, Colombia y Paraguay [1]. Para contribuir a evitar dicha contaminación, con el indudable objetivo de enmascarar las verdaderas causas que motivan las actuales movilizaciones sociales, los medios de comunicación hegemónicos recurrieron —en las últimas semanas— a la terminología utilizada durante la Guerra Fría, acusando al castro-chavismo de estar conspirando contra una pretendida concordia del continente [2].
La presidencia de Donald Trump intentó desde 2016 disolver los acuerdos de integración regional generados por los gobiernos progresistas desde principios de siglo [3]. Con ese cometido se promovió el nacimiento del Grupo de Lima –conformado por los gobiernos identificados con el neoliberalismo— y se alentó el hostigamiento al gobierno de Nicolás Maduro. El último capítulo de esa ofensiva fue la pretendida activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el que se le dio continuidad a la amenaza injerencista. Luego de dos años de actividad, el Grupo de Lima sufrió su primera baja con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, y prolongó su traspié al conocerse la victoria del Frente de Todxs en Argentina el último 27 de octubre.
La primera consecuencia de ambas mutaciones electorales quedó expuesta con la conformación de una tercera posición, alternativa a las dos existentes: frente al Grupo de Lima, conformado por los países que siguen las directivas de Washington, se consolidó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con eje en Caracas y La Habana. Frente a ambas, a partir del nexo entre México y Buenos Aires, se empieza a configurar el Grupo de Puebla, que intentará tender puentes hacia la integración regional, la autonomía regional y la revalorización de la diplomacia, impulsando los principios de no intervención en los asuntos internos de terceros países, principio histórico de las relaciones exteriores de gran parte de los países latinoamericanos [4].
Las movilizaciones en Haití, Honduras, Ecuador y Chile, y la violencia impulsada en Bolivia por quienes pretenden desconocer el triunfo de Evo Morales, son parte de una tensión geopolítica que escenifica la lucha por el control de una región que Washington se empecina en reclamar como propia. Otra vez, como en los dos siglos anteriores, irrumpe por los intersticios de la historia del continente la imperecedera frase de Simón Bolívar: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.
[4]. Honrubia Hurtado, Pedro Antonio: Lecciones de América Latina para los pueblos de Europa. En: http://bit.ly/2rqjPYN
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