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jueves, 31 de enero de 2019
martes, 29 de enero de 2019
ECONOMÍA 29 de enero de 2019 El Gobierno quiere empezar con los cambios en el sector textil Flexibilización laboral por decreto
La iniciativa relanza dos elementos que formaron parte de la fallida reforma laboral de hace dos años: un fondo de cese laboral y un banco de horas. El Gobierno apura a sindicatos y cámaras para que apoyen los cambios, que también reclama el FMI.
El Gobierno quiere relanzar por decreto elementos de la fallida reforma laboral.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
El Gobierno avanza con su propuesta para flexibilizar por decreto el empleo en la industria textil. Como reveló este diario la semana pasada, la iniciativa relanza dos elementos que formaron parte de la fallida reforma laboral impulsada hace dos años: un fondo de cese laboral y un banco de horas. Sindicatos y cámaras empresarias están sorprendidos por el apuro que muestran los funcionarios para que sus representantes firmen el acuerdo. Ambos actores reclaman soluciones para la profunda crisis que afecta al sector, con cierres de fábricas y despidos masivos, pero advierten que el paquete de medidas no paliará el principal problema que es la falta de demanda interna. Los lineamientos serán formalizados esta tarde durante un encuentro que contará con la participación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El texto que será rechazado por los gremios propone además institucionalizar en los convenios colectivos textiles las concesiones laborales a las que accedieron algunos trabajadores como el pago en cuotas del aguinaldo o la segmentación forzada de las vacaciones.
“Ambos actores reconocen la necesidad de que el gobierno dicte en forma urgente una norma o decreto, reconociendo la posibilidad de disponer colectivamente sobre los siguientes institutos laborales”, reza el acta que hoy será presentada para la firma de sindicalistas y empresarios textiles. La creación de un banco de horas habilitaría a realizar una compensación de la jornada laboral a lo largo de un año para que el tiempo trabajado en exceso en un día se compense con menos horas en otro. El mecanismo, que fue incluido en la brutal reforma brasileña, permite que se establezcan jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. Mediante el banco de horas es posible flexibilizar y aumentar la jornada laboral reduciendo los pagos suplementarios por horas extra, que pasan a ser compensables.
Entre los puntos que impulsa entre cámaras y sindicatos el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, figura además el denominado fondo de cese laboral. El instrumento sustituye al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. La medida crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones ya que dejaban de contemplarse para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.
Si bien la urgencia los inclina a analizar las propuestas del Gobierno, los representantes gremiales consultados por este diario sostienen que la propuesta no frenará la debacle sectorial. Las cámaras empresarias, por su parte, no niegan que la propuesta despierta su simpatía pero fuera de micrófono reconocen que las dificultades de la industria residen en el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. “Vamos a producir más barato los productos que tampoco podremos vender frente a la falta de demanda”, se sinceró un empresario ante la consulta de este diario.
A la distancia que toman empleadores y sindicalistas se suman las objeciones legales realizadas por abogados laboralistas. “La ley de contrato de trabajo establece un piso en materia de regulación laboral que solo puede mejorarse por los convenios colectivos. El Artículo 245 de la ley que establece la indemnización por despido es el piso. Las negociaciones sectoriales o individuales pueden establecer una mejor ecuación pero nunca perforarlo como haría la implementación de una institución como el fondo de cese laboral”, explicó Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Existen turnos rotativos y otras razones que alteraron el límite de ocho horas diarias pero finalmente no pueden superarse los máximos semanales y mensuales establecidos en la ley de jornada. Cuando uno trabaja fuera de la jornada habitual u horas extra no pueden no pagarse”, consideró Cremonte al referirse al banco de horas.
Una hipótesis barajada entre sindicatos y cámaras empresarias para comprender la premura que muestran los funcionarios es la necesidad de presentarle avances al FMI. La flexibilización laboral es parte del paquete de reformas estructurales ofrendado al organismo multilateral. Los próximos tramos del préstamo no solo están condicionados al cumplimiento del ajuste fiscal y la contracción monetaria sino también a la implementación de algunas profundas transformaciones en materia laboral, previsional y tributaria que figuran en la agenda permanente del prestamista. “Dada la complejidad de estas reformas, y la necesidad de establecer un amplio consenso social a su alrededor, sería importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio, con vistas a enviar proyectos al Congreso a fines de 2019”, sostiene el último informe del organismo sobre la economía argentina que demanda “un sistema de regulaciones laborales más balanceado”.
EL MUNDO 29 de enero de 2019 · Actualizado hace 10 hs Acusó a Estados Unidos de "injerencia flagrante" en Venezuela Rusia contra las sanciones
El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov.
Imagen: AFP
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Rusia calificó este martes de "ilegales" las nuevas sanciones estadounidenses decretadas contra la compañía petrolera nacional venezolana PDVSA, acusó a Washington de "injerencia" y anunció su intención de defender sus intereses en Venezuela.
"Las autoridades legítimas de Venezuela consideran ilegales estas sanciones y nos sumamos totalmente a este punto de vista", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El portavoz acusó a Washington de "competencia desleal" y de "injerencia flagrante".
El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó por su lado en rueda de prensa que Moscú, "junto a otros miembros responsables de la comunidad internacional, hará lo que esté en su poder para apoyar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro".
Estados Unidos "ha optado por la vía directa de derrocar a las autoridades legítimas de Venezuela", afirmó Lavrov, para quien las sanciones estadounidenses "socavan gravemente los últimos vestigios de confianza en el sistema monetario y financiero internacional, basado en la preeminencia del dólar".
El lunes el Departamento norteamericano del Tesoro impuso sanciones a PDVSA, principal fuente de ingresos de Venezuela, y determinó que Citgo, su filial en Estados Unidos, siga operando siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada.
Venezuela atraviesa una grave crisis política desde que el líder de la oposición Juan Guaidó se autoproclamara la semana pasada presidente interino del país frente a Nicolás Maduro. Juan Guaidó ya fue reconocido por Estados Unidos y luego por varios países de América Latina y por Canadá.
Rusia - segundo acreedor de Venezuela después de China - es un importante apoyo político y financiero del país, asfixiado por una profunda crisis económica. En diciembre, Maduro anunció en conferencia de prensa durante una visita a Moscú que habrá 6.000 millones de dólares de inversiones rusas en los sectores petrolero y minero en Venezuela.
EL MUNDO 29 de enero de 2019 El gobierno de Trump anunció que congelará activos y cuentas de la empresa estatal Pdvsa EE.UU. juega con fuego con el petróleo venezolano
Maduro repudió las sanciones calificándolas como “un robo”, unilaterales e ilegales y dijo que las autoridades de Pdvsa recurrirán a los tribunales estadounidenses. Se trata de un bloqueo de 7000 millones de dólares.
El asesor de seguridad nacional, John Bolton, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin.
Imagen: AFP
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PáginaI12 En Venezuela
Desde Caracas
El gobierno de los Estados Unidos decidió hacerse cargo del proceso destituyente o golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. Por caso, ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció la aplicación de “sanciones” a la petrolera estatal Pdvsa que se expresan en congelar activos y cuentas de la empresa aunque aclaró que “las refinerías en Estados Unidos podrán seguir operando”. Por si quedaran dudas, Mnuchin aseguró que el gobierno de Donald Trump está utilizando estas herramientas como forma de “apoyar a Juan Guaidó”. El presidente Maduro respondió a estas medidas a través de una cadena nacional donde no dudó en repudiar las sanciones a las que calificó como “un robo”, unilaterales e ilegales. En ese sentido, le advirtió al Trump que será el responsable de cualquier hecho de violencia que se produzca en el país: “La sangre que corra en Venezuela estará en sus manos” pero también sumó a Guaidó porque, según dijo el mandatario, es el promotor de estas maniobras “que le causan daño al pueblo”. Dicho sea de paso, las sanciones llegan al mismo tiempo que Guaidó anunció el retorno de las protestas callejeras.
En su discurso, donde se mostró acompañado por parte de la representación diplomática que regresó de los Estados Unidos tras la ruptura de relaciones, el presidente Maduro indicó que las autoridades de Pdvsa recurrirán a los tribunales estadounidenses e internacionales para reclamar por este avasallamiento contra la petrolera y la empresa Citgo, como se denomina en ese país. Es más, calificó a todo lo que está haciendo el gobierno norteamericano con la petrolera “es un robo y tenemos que defender la propiedad” del Estado venezolano.
La maniobra del gobierno de Trump tiene una fuerte traducción en los económico porque lo que Mnuchin denominó como “sanciones” significan el bloqueo de 7000 millones de dólares en bienes de Venezuela en territorio norteamericano y la friolera de 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras para este año. Una cifra que crece si se tiene en cuenta que el canciller Jorge Arreaza dijo durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el bloqueo financiero contra Venezuela asciende a 23 mil millones de dólares. Una cantidad de dinero que golpea con dureza a la economía y que la oposición aprovecha como una de las razones que tienen para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.
Durante la conferencia de prensa que dio Mnuchin en la Casa Blanca, la primera de lo que va del año, dijo que “el camino para levantar las sanciones contra Pdvsa es a través de una transferencia expedita de control al presidente interino o a un futuro gobierno electo democráticamente que esté comprometido con la ejecución de medidas concretas y significativas para combatir la corrupción”. Una definición que no necesita de agua para que quede más clara y muestra que la administración Trump ha decidido conducir el proceso que tendría que derivar en un derrocamiento de Maduro.
De todas formas, el presidente venezolano insistió en que su gobierno está dispuesto a dialogar con la oposición “en el lugar y donde sea” pero aclaró que se debe hacer bajo “un respeto mutuo”. En ese sentido llamó a las otras fuerzas de la oposición que se expresen públicamente sobre lo que está ocurriendo pero advirtió que “si se quedan callados son cómplices. Es la hora de decir ‘dialogo ya, democracia, constitución y no al golpe”. En ese contexto, Maduro agradeció el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea México el país donde se lleven las negociaciones y dijo que para que eso avance debe expresarse la oposición. Incluso Maduro también reconoció como importante el esfuerzo que están haciendo los países del grupo de Caricom (Comunidad del Caribe), que ayer se reunieron con el titular de Naciones Unidas, António Guterres, en busca de una salida negociada al conflicto que desató la oposición venezolana con la dirección del gobierno estadounidense.
El anuncio del secretario del Tesoro norteamericano no fue la única movida del gobierno de Trump. En la tarde de ayer, la cadena colombiana Caracol anunció la llegada a ese país del general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos. El militar, según informó la cadena colombiana, llega con el encargo formal de “afianzar la cooperación con los países aliados y de desarrollar estrategias en la región para enfrentar amenazas y revisar los temas fronterizos”. Ahora bien, Stammer trabajará también “revisará” temas fronterizos y eso no representa un dato menor ya que Colombia mantiene una relación con Venezuela cada vez más tensa, desde la asunción del presidente uribista Iván Duque, y una frontera caliente por donde suelen escabullirse grupos paramilitares.
Esquizofrenia
Antes de que se dieran a conocer los anuncios del gobierno norteamericano, el canciller venezolano, Arreaza, había calificado la diplomacia del gobierno de Trump como “esquizofrénica” porque por un lado el sábado pasado emitió una nota diplomática donde solicita el inicio de negociaciones para el establecimiento de oficinas de intereses como tuvieron durante décadas los Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, por otro lado, hasta ese momento el que anunciaba medidas cada vez más duras contra Venezuela era el senador republicano Marco Rubio pero a través de las redes sociales. Arreaza calificó a Rubio como “un verdadero jefe golpista” que lleva adelante “el plan subversivo” contra Venezuela y que “bombardea” las negociaciones que se están llevando adelante a pesar de la ruptura de relaciones entre ambos países.
Durante una conferencia de prensa que dio al mediodía, Arreaza evitó explayarse sobre la actitud de los gobiernos que integran el Grupo de Lima porque, dijo, lo prioritario es concentrarse en dialogar con los verdaderos “jefes” de esta asonada que “se encuentran en Washington” . Arreaza, como canciller, cuidó las formas pero anoche Maduro no tuvo esos pruritos cuando calificó a la administración Trump como “un grupo de extremistas que tomaron la Casa Blanca y que no tienen límites ni escrúpulos. Son el Ku Klux Klan”, aseguró.
Por otra parte, las sanciones anunciadas llegaron pocas horas antes de que Guaidó anunciara la realización de protestas callejeras prevista para este miércoles y otra para el sábado. La de mañana tiene un formato similar a un cacerolazo en los lugares de trabajo y en las casas donde el autoproclamado pidió que hagan el mayor ruido posible entre el mediodía y las 14. Sin embargo, la organización que soporta a Guaidó envió mensajes a través de Whatsapp donde recomiendan el uso de calzado deportivo y ropa liviana más la provisión de agua con bicarbonato. A la sazón, la mezcla que se usa para diluir los efectos de los gases lacrimógenos dando cuenta de que puede haber expresiones violentas. Algo similar se prevé para la marcha del próximo sábado que incluirá a varias ciudades venezolanas y de otros países. Aunque Gaudió habla de movilizaciones pacíficas para el sábado hay más certezas de que pueda haber problemas porque se cumple el plazo que la Unión Europea le impuso al gobierno de Maduro para que convoque a nuevas elecciones. Un ultimátum que Maduro rechazó nuevamente durante su cadena nacional y aseguró que Venezuela es “más independiente de lo que pensamos porque no dependemos de los europeos ni de los gringos. No dependemos de nadie y lo que viene en los próximos años es más independencia y por eso no quieren que sigamos forjando nuestro camino, nuestro destino y nuestro futuro”.
La virulencia de las medidas norteamericanas elevan la tensión con Venezuela tanto a nivel internacional como hacia el interior del país por lo que hace pensar que la calma de estos últimos días no fueron otra cosa que la quietud que anticipa la tormenta.
EL PAÍS 29 de enero de 2019 · Actualizado hace 1 hora "El Gobierno debe estar a la altura del Consejo de DDHH de la ONU Seria advertencia de Amnistía Internacional
Por primera vez en la historia, Argentina ejercerá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, en representación de América latina y el Caribe. Se trata del principal órgano de derechos humanos de la organización, que el país ya integró en tres oportunidades. La elección, según explicó Cancillería, y subrayó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue en reconocimiento a las políticas implementadas por la actual gestión. Sin embargo, la sección local de Amnistía Internacional observó "la política interna de derechos humanos", en particular la política migratoria, lo concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. "Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos", advirtió la directora del organismo, Mariela Belski.
La noticia pasó desapercibida más allá de la celebración de Avruj vía Twitter: "Una gran noticia que representa un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri", se entusiasmó el funcionario, avalando la lectura oficial del hecho. El ex vicecanciller Carlos Foradori será quien ocupe la representación regional, cuya selección el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto atribuyó, sin mayores detalles, a la política de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre ellas las relacionadas a las desapariciones forzadas y al derecho a la verdad.
Sin embargo, si se recorre la gestión de Cambiemos en materia de Memoria, Verdad y Justicia el balance es pobre. La disolución de varias unidades destinadas a investigar el rol del Estado y de sus socios civiles en los crímenes de la última dictadura, la renuncia de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en numerosos juicios de lesa humanidad y la interrupción temporaria, a fines de 2018, de la financiación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense son algunos de los ejemplos que caracterizan a la actual administración.
AI saludó que el país ejerza la vicepresidencia del principal organismo internacional en materia de derechos humanos, pero al mismo advirtió que le llamaba la atención la manera en que se difundió la noticia: "Hay que mirar con mucha atención la política de derechos humanos interna del Gobierno, cuidadosamente", explicó Belski en diálogo con este diario. La titular de la agencia nacional de AI, además, consideró "necesario que no se plantee una cosa afuera del país y otra cosa adentro".
Para el organismo, las problemáticas de seguridad, de los migrantes, de los pueblos originarios, las políticas destinadas a la infancia y la interrupción voluntaria del embarazo son "prioritarias". A través de un comunicado, emitido en la víspera, AI advirtió el "doble compromiso" que implica el cargo: "Por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo".
Más adelante, recordó su preocupación frente a los últimos anuncios del Gobierno nacional en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, que va "a contramano de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU". También alertó sobre el "retroceso en la legislación y la política migratoria" que implica el decreto con el cual la administración de Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones en 2017. Además mencionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar su sistema jurídico en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto sin riesgos. Por último, señaló como "indispensable" que el país "avance en la regularización de los territorios indígenas" con garantías al derecho a la consulta y al consentimiento libre de parte de dichas comunidades.
"Argentina debe demostrar que está a altura de las circunstancias -agegó Belski-, no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo".
lunes, 28 de enero de 2019
EL PAÍS 28 de enero de 2019 Causas por delitos de lesa humanidad Los juicios que vienen
Una vez concluida la feria judicial, está previsto el comienzo o reinicio de diversos juicios por crímenes de lesa humanidad. El 7 de febrero empezará en La Rioja un nuevo proceso en el que están citados aproximadamente treinta testigos en la causa caratulada Chiarello Miguel Ángel y otros. Chiarello era conocido entre los genocidas como “Pantera Rosa” y cumplió funciones en el Escuadrón 24 de Chilecito, de Gendarmería Nacional.
El 18 empezará en Salta el juicio Lona II, con el ex juez federal Ricardo Lona (foto) acusado de complicidad con represores al encubrir el secuestro y la desaparición el 11 de marzo de 1976 de Miguel Ragone, gobernador de la provincia.
En marzo, el 7, dará inicio el juicio por la desaparición de trabajadores de la automotriz Mercedes Benz durante la dictadura cívico militar, en la fábrica de González Catán. Después de diez años de instrucción se desarrollará en el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal que investigará a dieciocho imputados, acusados de cometer delitos de lesa humanidad sobre 105 víctimas. El juicio es un desprendimiento de la megacausa Campo de Mayo.
El 22 de marzo se iniciará en Buenos Aires el juicio “Chavanne” por el secuestro de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi). Ante el Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad, se sentarán el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, y Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura.
Para el 26 de marzo comenzará un nuevo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los militantes de la llamada contraofensiva de los Montoneros. Y el 27 de marzo empezará el que investiga las violaciones a los derechos humanos en la “Comisaría de Moreno”, también conocido como Mansión Seré III. Finalmente, el 28 de marzo en Santa Fe arrancará el juicio conocido como “Brusa residual”, donde se analizará la responsabilidad del ex juez federal Víctor Brusa en delitos cometidos en esa provincia durante la dictadura.
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