A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
lunes, 26 de marzo de 2018
domingo, 25 de marzo de 2018
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NO 22 de marzo de 2018 Entre escraches, su radio online y tweets a tempo, una nueva generación se suma a HIJOS La historia de todos
A casi 23 años de surgida, la agrupación se engrosa con jóvenes que se acercan a militar más allá de historias personales.
HIJOS participa como querellante en diversas causas y también administra la radio online "La Imposible".
Imagen: Cecilia Salas
Imagen: Cecilia Salas
Como muchas historias de adolescentes, ésta también comenzó en un campamento. Fue en abril de 1995, en Córdoba, y el contingente no estaba compuesto por egresados llevados por una empresa privada sino por jóvenes movilizados en base a un dolor difícil de cicatrizar y a la necesidad de reconstruir una memoria adulterada. Eran hijos de desaparecidos por la última dictadura militar, un colectivo que tomó forma de tal en aquella expedición serrana. Hasta entonces habían sido una diáspora dispersa entre la inhibición cultural y la impunidad judicial empujada por el gobierno de Carlos Menem, que indultaba a los militares condenados y consagraba como jefe castrense a Martín Balza, quien confesaba abiertamente los vejámenes cometidos por su casta entre 1976 y 1983.
“El país debe asumir su propia historia”, concluía la carta inicial de la flamante agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, publicada en Página/12. Esa proclama era precisamente la contracara de lo que el actual gobierno estimula entre su afán de marketing y slogans confusos tipo “mirar para adelante sin reparar en el pasado”.
Asumir la propia historia implicaba hacerse cargo y pasar a lo ejecutivo para que la lucha no evanesciera en lo testimonial. Así surgió la acción característica de HIJOS, el escrache. Un exitoso dispositivo que no sólo cumplió con su objetivo inicial de generar condena social allí donde faltaba la judicial, sino que también hizo ancho un relato que se volvió inclusivo al arrimar voluntades más allá de la sangre y de los vínculos filiales con las víctimas del terrorismo de Estado.
Giselle Tepper es una de la exponentes de este fenómeno que se dinamizó con el tiempo: la incorporación a HIJOS de personas que, justamente, no eran hijos. “Muchos dejaron de pensarse como hijos de militantes para verse, directamente, como militantes en sí”, define. “HIJOS se formó en un momento de plena impunidad, cuando los genocidas caminaban por la calle y hablaban en televisión. Creo que eso generó el acercamiento de quienes sentimos que los delitos de lesa humanidad afectaban a toda la sociedad. Cuando la agrupación empezó a pensarse más fuertemente con una idea que usamos como frase, y que dice que ‘somos todos hijos e hijas de la misma historia’, abrió una mirada que antes no teníamos tan incorporada quienes no somos familiares de víctimas directas del terrorismo de Estado. Se comenzó a pensar que somos parte de la misma lucha.”
A partir de 2006 se reabrieron los juicios, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero los escraches continuaron enfocados en la sombra que se mantenía oculta: la de los responsables civiles de la última dictadura. Y la mecánica volvió a imponerse en los últimos meses “para denunciar retrocesos, como los de los genocidas excarcelados o con el beneficio de la domiciliaria”, enfatiza Giselle, que es encargada de la comunicación de HIJOS Capital. Y la autora de los tweets de la agrupación, entre ellos el viralizado sobre la muerte del recordman en condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez.
Aunque el más recordado fue el escrache al represor Jorge Rafael Videla, en 2006, en su departamento de Avenida Cabildo (que decoraron con bombuchas llenas de pintura roja arrojadas desde una grúa), el primero se lo habían hecho nueve años antes a Jorge Magnacco, obstetra de la ESMA quien arrebató del vientre materno y entregó a apropiadores a varios de los hijos de HIJOS. Fue a él a quien justamente escracharon el fin de semana pasado después de una serie de acciones que incluyeron evidenciar cómo había vulnerado la prisión domiciliaria mientras era sometido a juicio de una manera ridícula para alguien tan siniestro: después de declarar en los tribunales de Comodoro Py, volvía caminando a su casa en la zona coqueta de Retiro para ir a comprar facturas a una panadería que, encima, se llamaba “Los nenes”.
A 23 años de su fundación, hoy los hijos de HIJOS y sus herederos en la lucha siguen empujando el carro y participando también de otras acciones que van desde ser querellantes en diversas causas hasta administrar la radio online La Imposibleen La Casa de la Militancia, su edificio en la ex ESMA, donde opera la regional Capital, la más voluminosa de las 35 de esta organización, diez de las cuales están en el exterior.
“Mantenemos muchos de los objetivos con los que se empezó, como la restitución de la identidad de los hermanos apropiados, el juicio y castigo a todos los genocidas y partícipes civiles y la reivindicación de los 30 mil detenidos-desaparecidos”, repasa Tepper. “Hace dos años, además, se retomó una consigna que había dejado de usarse: el reclamo por la libertad de presos políticos. La lucha contra la impunidad y el respeto por los derechos humanos son dos de los ejes principales.”
EL PAÍS 25 de marzo de 2018 Duro documento de los organismos de derechos humanos en el acto central
“Un atropello de los derechos básicos”
En una nueva conmemoración del 24 de marzo cientos de miles de manifestantes marcharon con sus propios carteles y acompañaron las consignas contra la regresión y la “banalización del espanto”.
Los organismos criticaron “la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar”.
Imagen: Joaquín Salguero
Imagen: Joaquín Salguero
En el aniversario número 42 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cientos de miles de personas que llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán “ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia” para condenar a los responsables militares y civiles de los crímenes de lesa humanidad. Primero desde el escenario montado junto a la Pirámide de Mayo, y luego en declaraciones a la prensa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, fue muy dura con el gobierno de Cambiemos: “Es un grupo nefasto y Mauricio Macri no nos quiere”. Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la marcha fue también “contra el ajuste, la represión y la impunidad y por una democracia sin presos políticos como Milagro Sala”. La multitud saludó con aplausos la presencia en la manifestación de Carlos Zannini y de Luis D’Elía, liberados pocas horas antes por decisión de la Justicia. Zannini, acompañado por Máximo Kirchner, fue ovacionado por la multitud cuando subió al escenario.
Desde antes del mediodía, la Avenida de Mayo se fue llenando de manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches colgados por la organización villera La Poderosa: “30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco”, “Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la cárcel) genocidas” o “Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron, Santiago Maldonado tampoco”, eran algunos de los mensajes. Una de las primeras columnas en llegar fue la de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso. La organización, que se formó en noviembre del año pasado, participó por primera vez en una marcha por el 24 de marzo. Esta integrada por simpatizantes de más de quince clubes, entre ellos San Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Temperley, Nueva Chicago y Racing.
Frente al Hotel Castelar, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), montó una radio abierta por la que pasaron dirigentes gremiales como Hugo Yasky, de la CTA, y trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam, que denunciaron la política de vaciamiento de esos medios estatales. Guillermo Mastrini, especialista en comunicación, afirmó que “si algo logró el gobierno de Cambiemos en materia de medios públicos es que nadie los mire ni los escuche, que nadie los consuma”. Los trabajadores de Télam difundieron distintos materiales referidos a la marcha del 24 de marzo, mientras que la agencia publicó una breve nota de cartelera sobre el acontecimiento periodístico más importante del día.
La marcha hacia la Plaza de Mayo se hizo dificultosa, por la presencia multitudinaria de columnas que marchaban por la Avenida de Mayo, por Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, y por las diagonales Sur y Norte. La primera parte del acto comenzó con la llegada al escenario de los organismos de derechos humanos, encabezados por las Madres y Abuelas. Se leyó un documento en el que se hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, se criticó “la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad” desde que asumió el actual gobierno y se condenó “el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en las áreas que dependen del Estado”.
Desde el escenario se hizo referencia a los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que “diga la verdad” sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales responsables. Al mismo tiempo, se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En el acto se hicieron presentes los familiares de Maldonado y de algunos de los tripulantes del submarino desaparecido.
Antes de subir al escenario, Carlos Zannini, quien había recuperado la libertad por la mañana por disposición del Tribunal Oral Federal 8, dijo que estaba satisfecho por poder estar “en la plaza de la lucha” y recordó que cuando salió de la cárcel en 1978 “estaba solo, ahora en cambio tengo el cariño de un montón de compañeros que me están acompañando”.
Cerca de las 16 comenzó la lectura del documento firmado por los organismos de derechos humanos, en el cual se subrayó que a “42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente”, cada vez que el gobierno nacional “avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia”. Resaltaron que en los últimos años “hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.
En ese marco, “todos los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados”. El Gobierno “sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura”, con el aval de “una importante cantidad de gobernadores” trazó una política que incluye “metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios” o “permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos”.
Describieron una “realidad dramática” en la cual “la educación pública y sus trabajadores no son más que un “blanco legítimo” de la mal llamada “modernización”, la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la Anses, el Conicet, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello”.
Los únicos beneficiados son “las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino”. Respecto de la política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno “se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas”.
En el documento se sostuvo que el gobierno “intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará”. La política oficial busca “devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia”.
Los organismos de derechos humanos advirtieron que “jamás permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia”. Por ello exigieron “el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el fiscal general Fernández Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días”.
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