“Un atropello de los derechos básicos”
En una nueva conmemoración del 24 de marzo cientos de miles de manifestantes marcharon con sus propios carteles y acompañaron las consignas contra la regresión y la “banalización del espanto”.
Los organismos criticaron “la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar”.
Imagen: Joaquín Salguero
Imagen: Joaquín Salguero
En el aniversario número 42 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cientos de miles de personas que llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán “ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia” para condenar a los responsables militares y civiles de los crímenes de lesa humanidad. Primero desde el escenario montado junto a la Pirámide de Mayo, y luego en declaraciones a la prensa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, fue muy dura con el gobierno de Cambiemos: “Es un grupo nefasto y Mauricio Macri no nos quiere”. Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la marcha fue también “contra el ajuste, la represión y la impunidad y por una democracia sin presos políticos como Milagro Sala”. La multitud saludó con aplausos la presencia en la manifestación de Carlos Zannini y de Luis D’Elía, liberados pocas horas antes por decisión de la Justicia. Zannini, acompañado por Máximo Kirchner, fue ovacionado por la multitud cuando subió al escenario.
Desde antes del mediodía, la Avenida de Mayo se fue llenando de manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches colgados por la organización villera La Poderosa: “30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco”, “Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la cárcel) genocidas” o “Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron, Santiago Maldonado tampoco”, eran algunos de los mensajes. Una de las primeras columnas en llegar fue la de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso. La organización, que se formó en noviembre del año pasado, participó por primera vez en una marcha por el 24 de marzo. Esta integrada por simpatizantes de más de quince clubes, entre ellos San Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Temperley, Nueva Chicago y Racing.
Frente al Hotel Castelar, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), montó una radio abierta por la que pasaron dirigentes gremiales como Hugo Yasky, de la CTA, y trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam, que denunciaron la política de vaciamiento de esos medios estatales. Guillermo Mastrini, especialista en comunicación, afirmó que “si algo logró el gobierno de Cambiemos en materia de medios públicos es que nadie los mire ni los escuche, que nadie los consuma”. Los trabajadores de Télam difundieron distintos materiales referidos a la marcha del 24 de marzo, mientras que la agencia publicó una breve nota de cartelera sobre el acontecimiento periodístico más importante del día.
La marcha hacia la Plaza de Mayo se hizo dificultosa, por la presencia multitudinaria de columnas que marchaban por la Avenida de Mayo, por Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, y por las diagonales Sur y Norte. La primera parte del acto comenzó con la llegada al escenario de los organismos de derechos humanos, encabezados por las Madres y Abuelas. Se leyó un documento en el que se hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, se criticó “la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad” desde que asumió el actual gobierno y se condenó “el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en las áreas que dependen del Estado”.
Desde el escenario se hizo referencia a los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que “diga la verdad” sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales responsables. Al mismo tiempo, se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En el acto se hicieron presentes los familiares de Maldonado y de algunos de los tripulantes del submarino desaparecido.
Antes de subir al escenario, Carlos Zannini, quien había recuperado la libertad por la mañana por disposición del Tribunal Oral Federal 8, dijo que estaba satisfecho por poder estar “en la plaza de la lucha” y recordó que cuando salió de la cárcel en 1978 “estaba solo, ahora en cambio tengo el cariño de un montón de compañeros que me están acompañando”.
Cerca de las 16 comenzó la lectura del documento firmado por los organismos de derechos humanos, en el cual se subrayó que a “42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente”, cada vez que el gobierno nacional “avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia”. Resaltaron que en los últimos años “hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria”.
En ese marco, “todos los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados”. El Gobierno “sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura”, con el aval de “una importante cantidad de gobernadores” trazó una política que incluye “metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios” o “permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos”.
Describieron una “realidad dramática” en la cual “la educación pública y sus trabajadores no son más que un “blanco legítimo” de la mal llamada “modernización”, la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la Anses, el Conicet, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello”.
Los únicos beneficiados son “las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino”. Respecto de la política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno “se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas”.
En el documento se sostuvo que el gobierno “intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará”. La política oficial busca “devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia”.
Los organismos de derechos humanos advirtieron que “jamás permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia”. Por ello exigieron “el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el fiscal general Fernández Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días”.
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