viernes, 9 de febrero de 2018

PSICOLOGÍA 08 de febrero de 2018 La nave del odio, el desvarío de los canallas

La nave de los locos (El Bosco).
La nave de los locos (El Bosco). 
“Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación”, afirmaba Lacan en el año 1967. 
Es lo que recordábamos al leer con estupor la noticia de que el grupo neofascista europeo denominado Generación Identitaria hará zarpar una nave que se dedicará en el Mediterráneo a patrullar las aguas de Libia, con el fin de rechazar a los migrantes que intentan llegar a Europa.
La misión ha sido bautizada “Defender Europa” por el grupo de ultraderecha –conformado por nueve países europeos– para interceptar los barcos de  inmigrantes y “después contactar a la Guardia Costera Libia y devolverlos a ese país para que puedan ser detenidos los traficantes”.
Sin pudor, los voceros del grupo publicaron en su web que “cada semana, cada día, cada hora los barcos llenos de inmigrantes ilegales están inundando las aguas europeas, se está produciendo una invasión.”
Con elegantes eufemismos o recurriendo al lifting semántico –como prefiere decir Gilles Lipovetzky–, los xenófobos de esa derecha que crece de manera exponencial en casi todos los continentes pretenden implantar discursos que justifiquen acciones que los erijan como los únicos representantes “del Bien y la Belleza”, las dos categorías morales que Lacan tanto acentuaba en su seminario sobre la ética del psicoanálisis.
¿Qué persiguen? Por encima de todo –y de todos– se asumen en el papel mesiánico con el que tanto se solazan para salvarnos, para salvar al mundo: por un lado –afirman sus integrantes sin ningún tipo de vergüenza– se proponen salvaguardar a los inmigrantes y en un mismo movimiento defender a los ciudadanos europeos de lo que llaman un “etnocidio” ya que la llegada de los extranjeros “destruye la identidad, los valores antiguos, las costumbres, la patria”.
Como afirma Roberto Espósito en su libro Immunitas, uno está tentado de preguntarse ¿qué podrían tener en común en nuestra época eventos tan disímiles como el refuerzo de las barreras contra la inmigración, la lucha contra un brote epidémico, la paranoia respecto de un ataque bacteriológico o por parte de hackers informáticos? El autor responde que se trata del concepto de “inmunización”, categoría que recorta transversalmente y permite leer sucesos diversos y pertenecientes a campos heterogéneos.
Es una inmunización frente a los “peligrosos inmigrantes” de lo que se trata, aquellos que podrían alterar el orden público o representar algún riesgo biológico o de otra índole a la pureza del país hospedante.
Si bien resulta muy justo el nombre que le han puesto sus detractores a ese barco infame, “la nave del odio”, en sentido estricto no se trata de odio sino, lisa y llanamente, de la lógica del racismo. 
Según Lacan, el odio y el amor constituyen una serie continua, a la manera de una banda de moebius, donde el derecho se convierte en el revés; de hecho acuñó el neologismo “odioamoración” para referirse a esa estructura y dejar de lado la noción freudiana de ambivalencia. Pero no se trata en este caso de esta clase de estructura: ningún amor, ningún  altruismo por los extranjeros.
En el año 1973, en la televisión francesa (emisión cuyo texto completo los lectores conocemos como “Televisión”), Jacques Lacan era interrogado acerca de su profecía sobre un nuevo ascenso del fascismo y respondía:
“En el desvarío de nuestro goce, sólo existe el Otro para situarlo, pero sólo en tanto que estamos separados. (...) Lo que no se podría es abandonar a ese Otro a su modo de goce, sino a condición de no imponerle el nuestro, de no tenerlo por un subdesarrollado.”
La tesis de Lacan sobre el racismo se apoya en el hecho de que dado que el sujeto hablante –parlêtre lo llamará en los últimos años de su enseñanza–  ignora de manera estructural el goce que lo comanda, es el rechazo del goce del Otro aquello que le otorga la ilusión de orientarlo.
Rechazar el goce del Otro, o colonizarlo para reconducirlo en las vías de la normalización, es decir, modos de goce escritos y establecidos en nombre del Bie, sobre el que no conviene ponerse a dudar ya que casualmente siempre coincide con los ideales de los “buenos”.
Erigir fronteras simbólicas, o en ocasiones reales, otorga el espejismo para algunos de poder trazar las coordenadas de lo sano y de lo enfermo, lo bueno y lo malo, situar el rostro del mal, incluso su anatomía, para poder perseguirlo, rodearlo y neutralizarlo.
Como una variante invertida de aquella nave de los locos descripta por Michel Foucault en su libro Historia de la locura en la época clásica –ese navío a bordo del cual se deportaba a los “locos e insensatos” para expulsarlos a una existencia errante– esta vez la Historia quiere que la embarcación sea tripulada por los representantes de la Moral, pero con el mismo fin: la exclusión del Otro.
Los nombres del racismo son disímiles y se esconden en cualquier discurso, más aún en los más decorosos. Desde el muro para separar México de los Estados Unidos, hasta la criminalización de la pobreza, pasando por la exclusión de los leprosos o de las diversidades sexuales, hasta los campos de exterminio de los nazis, la historia actual y pasada del racismo y los procesos de segregación ofrece un arco interminable, de lo más atroz a lo más sutil. Es fácil para el lector agregar ejemplos a la lista.
En la sesión del 17 de junio de 1970, durante el seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan afirmaba: “Es preciso decirlo, morir de vergüenza es un efecto que raramente se consigue.”
Es cierto: el destino del canalla nunca será morir de vergüenza.
* Licenciado en Psicología (Universidad de La Plata). Psicoanalista, integrante del Campo de Investigaciones Lacanianas de La Plata. Docente y supervisor de residentes de Psicología en diversos hospitales de la Pcia. de Bs. As. Docente en cursos de posgrado.

EL PAÍS 08 de febrero de 2018 Una organización de ex hijos de represores pidió que se revoque la detención domiciliaria de Etchecolatz “La Justicia se desliza hacia la oscuridad”

“La Justicia se desliza hacia la oscuridad”
El Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas, que entre otros integra la ex hija de Etchecolatz, se presentó ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para reclamar que el represor vuelva a la cárcel.
Vecinos y organismos de derechos humanos repudian la presencia del represor en Mar del Plata.
Vecinos y organismos de derechos humanos repudian la presencia del represor en Mar del Plata. 
Imagen: Télam
La prisión domiciliaria otorgada a Miguel Etchecolatz sigue sumando rechazos y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, uno de los que otorgó el beneficio, sigue acumulando pedidos formales para que dé marcha atrás en esa decisión. Quienes ahora le dicen que si Etchecolatz se queda en su casa del Bosque Peralta Ramos “una vez más la Justicia se volverá injusticia” son los integrantes del Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas. Mediante un escrito entregado a los jueces, adhirieron al pedido que los querellantes de la causa Circuito Camps habían presentado el lunes y que acompañaron los vecinos del barrio marplatense que alberga al genocida desde fines de diciembre. “Con el otorgamiento de esta prisión domiciliaria, la pesadilla retorna al barrio y a los hogares que conocemos, para recordarnos que alguna vez tuvieron el poder de quitar la vida en nombre del Estado”, advierte en el documento el colectivo que incluye a la hija del represor, entre otros y otras. 
El escrito está destinado a los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, quienes en agosto de 2016, en fallo dividido –Vega votó en contra–, habilitaron a Etchecolatz a cumplir sus múltiples condenas en su casa. Es la primera expresión formal que realiza este conjunto de ex hijxs de genocidas desde que comenzó a reunirse y a pensar estrategias colectivas de acción y acompañamiento al proceso de memoria, verdad y justicia, a principios del año pasado
La prisión domiciliaria otorgada a Miguel Etchecolatz sigue sumando rechazos y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, uno de los que otorgó el beneficio, sigue acumulando pedidos formales para que dé marcha atrás en esa decisión. Quienes ahora le dicen que si Etchecolatz se queda en su casa del Bosque Peralta Ramos “una vez más la Justicia se volverá injusticia” son los integrantes del Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas. Mediante un escrito entregado a los jueces, adhirieron al pedido que los querellantes de la causa Circuito Camps habían presentado el lunes y que acompañaron los vecinos del barrio marplatense que alberga al genocida desde fines de diciembre. “Con el otorgamiento de esta prisión domiciliaria, la pesadilla retorna al barrio y a los hogares que conocemos, para recordarnos que alguna vez tuvieron el poder de quitar la vida en nombre del Estado”, advierte en el documento el colectivo que incluye a la hija del represor, entre otros y otras. 
El escrito está destinado a los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, quienes en agosto de 2016, en fallo dividido –Vega votó en contra–, habilitaron a Etchecolatz a cumplir sus múltiples condenas en su casa. Es la primera expresión formal que realiza este conjunto de ex hijxs de genocidas desde que comenzó a reunirse y a pensar estrategias colectivas de acción y acompañamiento al proceso de memoria, verdad y justicia, a principios del año pasado.

“Venimos a adherir al pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz”, plantean en el escrito judicial, donde recuerdan la participación de miembros del colectivo en el escrache al genocida que se llevó a cabo el domingo 7 de enero, en el barrio donde se instaló el 29 de diciembre y que llegó hasta las vallas con las que la Policía y la Prefectura protegió la vivienda. “Participamos de esa actividad como lo hacemos desde hace más de veinte años: sin banderas, sin volantes, en silencio. Acompañando, desde el más profundo respeto, a las Madres, los Hijos y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado”, aclaran. 
“Solicitar la revocatoria a la prisión domiciliaria de Etchecolatz no quiere decir no valorar la Justicia”, sostiene el colectivo, sino “que se rozan a contrapelo lo traumático y el horror que sabemos son siempre actuales, siempre vigentes” y que “si esto no sucede, una vez más la justicia se volverá injusticia”. Haciendo pie en el repudio de los vecinos marplatenses para insistir en el regreso de Etchecolatz al penal de Ezeiza, así como en la lucha de los organismos de derechos humanos y de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, el Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas les recuerda a los jueces que “la construcción que hizo la sociedad sobre los crímenes aberrantes que cometieron nuestros ex progenitores fue enorme. Y que, por ello, no se puede esperar que no tenga una idea distinta a la que considera la Justicia con una decisión como la domiciliaria”.
En ese sentido, advierten que “la Justicia no piensa desde el dolor, mas no por ello se le puede pedir a una sociedad profundamente dolorida por los estragos llevados a cabo por el Estado sostenerse en razones jurídicas” y que “la Justicia hoy se desliza hasta la más insondable oscuridad, perdiendo todos los ciudadanos esta protección que el Estado debe proporcionarnos”.
En el documento, aseguran a los jueces que con el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad vuelven “a sentir el perfume del terror, el sonido de sus pasos sigilosos y la angustia por la justicia rota”, así como “el miedo de andar por la calle y de vivir junto a los asesinos, que ya demostraron su poder en democracia con la desaparición de Jorge Julio López”. Que con el beneficio “los genocidas pretenden recordarnos su poder y de lo que son capaces. Y ellos, nosotrxs lo sabemos, son capaces de todo”.
“Sin embargo, ya no cuentan con nuestro silencio asfixiante, porque hoy somos muchxs lxs ex hijxs de genocidas que no callamos, que repudiamos profundamente lo que hicieron y, también, lo que siguen haciendo hoy sus encubridores civiles”, aclara el documento. Está firmado por Erika Lederer –cuyo padre fue el segundo jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo–, Rita Vagliati –cuyo padre fue un comisario que participó en crímenes de lesa humanidad–, Mariana Dopazo –que se cambió el apellido para no llevar el de su padre, Etchecolatz–, y varios otros y otras que en el texto exigen “cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, y sus cómplices civiles y eclesiásticos”. Y remarcan: “Nosotrxs no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos”.

https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-02/08-02-2018-ciudad-del-vaticano-el-papa-1-.jpg?itok=eoVhWCVi
facebook twitter
Destacados | La otra mirada en tu casilla de correo

Nueva denuncia contra el Estado argentino ante la CIDH Un freno al intento por culpar testigos

El Gobierno fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “persecución” y “criminalización” a testigos y abogados de la causa Santiago Maldonado. El Ministerio de Seguridad los acusó de falso testimonio y asociación ilícita.
La Gendarmería Nacional participó del operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado.
La Gendarmería Nacional participó del operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. 
El Estado argentino fue nuevamente denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución” y “criminalización” contra testigos y abogados de la causa por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita. La presentación internacional fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, que impulsó y consiguió la primera medida cautelar contra el Estado tras la desaparición del joven y cuando el Gobierno planteaba hipótesis falsas, como que estaba en Chile o que sido había herido por un puestero de Benetton. Después del levantamiento de la cautelar, la estrategia oficial pasó a ser desacreditar con denuncia penales a testigos que comprometen a la Gendarmería, para instalar que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, en momentos en que la causa judicial a cargo de Gustavo Lleral no tiene definiciones, está en plena producción de pruebas cruciales y sigue caratulada como desaparición forzada.
La denuncia que el miércoles hizo Gendarmería habla de falso testimonio y focaliza en dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen (Matías Santana y Claudina Pilquiman) y a un amigo de Santiago (Ariel Garzi). Habla también de una asociación, en la que arrastra a organismos, abogados y medios de comunicación sin especificar.
Los abogados de Naturaleza de Derechos fueron cuestionados en particular en otro planteo de la fuerza en la causa a cargo de Lleral, ya que habían llevado a la CIDH el relato del llamado “testigo E”, que luego se supo que era Lucas Pilquiman. El joven de la comunidad mapuche contó que estuvo con Maldonado antes de cruzar el río Chubut cuando Gendarmería los perseguía a los tiros, pero que Santiago no cruzó. Pilquiman, de 19 años, declaró como testigo sin que las partes fueran convocadas, por lo que la familia Maldonado pidió la nulidad de su testimonio, que no fue concedida. Ante el juez hizo un relato más acotado que como “testigo E”.
La acusación penal de Gendarmería, fue realizada ante el juez Guido Otranto, que había sido desplazado de la investigación original sobre la desaparición de Maldonado. Se juntó con la denuncia del Ministerio de Patricia Bullrich contra ocho testigos. El Gobierno afirma que no hubo desaparición forzada, algo que deduce del levantamiento de la cautelar y de la autopsia, que concluyó que Santiago murió por ahogamiento e hipotermia. La abogada de la familia, Verónica Heredia, explicó que no se sabe cuánto tiempo exacto estuvo en el agua y que no es cierto que se descarte la desaparición.
Cuando levantó la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario. En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. Cabaleiro y Quintana dicen en su nueva presentación en la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente”.
Los abogados piden una nueva medida cautelar. Explican que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados (no lo suficiente) por la muerte de Santiago Andres Maldonado), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”. También ven bajo amenaza a los medios de comunicación que informan libremente, ya que se sugiere que forman parte de una organización. Advierten que, se les trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”, por denunciarlo. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten los abogados. Piden una intervención urgente porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal” a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.

La ironía, en realidad, regresó en la forma de un tendal de alumnos deshidratados que no soportó el rigor impuesto y quedó descompensado. Para que un joven de entre 18 y 25 años, con buen estado físico y dispuesto a ciertos rigores, se deshidrate a tal punto que sus riñones queden secos y posiblemente queden inútiles, y con uno de ellos, tal como dijeron los médicos, este problema quede relativizado porque primero necesitan salvarle la vida, para que esto ocurra, el sometimiento al que fueron expuestos debe haber sido con una carga de odio brutal. Poner en riesgo la propia vida por una presunta vocación, en un mero entrenamiento, requiere anular el pensamiento y habituar a la respuesta reactiva, por reflejo. No se preguntan si podrán resistir el maltrato, puede que mueran; no se preguntan si hay que matar, puede que maten. La obediencia debida. Referentes de DDHH consultados por este diario analizaban la presentación de una denuncia contra el ministro de Educación, Juan Luna Corzo, y contra el secretario de DDHH, Delfor Brizuela. Luna Corzo, responsable de autorizar el Plan de Estudio, el funcionamiento de la Escuela y la firma de títulos, “no puede desconocer lo que acontece dentro de la institución educativa”. Además, sostienen, muchos profesores son alumnos de tercer año y no instructores capacitados. Como en la novela de una escuela militar La Ciudad y los perros, de Vargas Llosa, el odio de las camadas de “veteranos” se descarga en un ritual iniciático sobre los recién llegados. Sólo puede pasar de nivel aquel que es suficientemente machote para bancar cualquier tipo de violencias sobre sí mismo. El autoflagelo como castigo tiene algo de eso. En cuanto a Brizuela, entre 2015 y 2016 recibió denuncias del maltrato a los cadetes pero, según las mismas fuentes, “hizo caso omiso”. Entre tanto, de acuerdo a lo informado en un parte oficial por el director del hospital Vera Barros, Sebastián Parisi, y la directora médica del hospital, Silvana Ocampo, dos pacientes de 19 y 25 años “permanecen con pronóstico reservado (problemas en los riñones) mientras que uno de los cadetes de 18 años continúa con estado crítico”. Otros siete cadetes estaban internados en terapia intensiva, tres en observación y otros dos en la guardia, todos ellos en el hospital Vera Barros. De acuerdo a lo informado en un parte oficial por el director del hospital, Sebastián Parisi, y la directora médica del hospital, Silvana Ocampo, dos pacientes de 19 y 25 años “permanecen con pronóstico reservado (problemas en los riñones) mientras que uno de los cadetes (Emanuel Garay), de 18 años continúa con estado crítico”. El parte agrega que cuatro pacientes, dos jóvenes de 20 y 26 años, y dos mujeres, de 19 y 26, “evolucionan favorablemente “. Asimismo, dos mujeres, de 23 y 25 años, y un joven de 21, internados en el servicio de Clínica Médica del centro de salud, “se encuentran respondiendo a los tratamientos médicos con buena evolución”. “En el Servicio de Guardia central, permanecen en internación dos de los cadetes, una femenina de 21 y un masculino de 19 años con buena evolución clínica y se les realiza estudios de rutina”, expresaron los médicos en el parte oficial, por cierto, con léxico de patrulleros. Habían ingresado a última hora a la guardia del hospital otros tres aspirantes, de 22, 23 y 28 años, quienes “fueron atendidos y decidieron el alta voluntaria”. Lucía Oropel, hermana de Luis, uno de los cadetes, señaló a la prensa que el cuadro de su hermano “es grave, por ahora está con diálisis porque no responden sus riñones y de no responder los mismos, podría dializarse toda su vida. Hubo mucha exigencia física y no estuvieron hidratándose”, manifestó la joven, quien agregó que su hermano “estaba muy entusiasmado con la carrera de policía y la verdad que el sueño se murió el primer día”. La familia del joven realizó la presentación ante la fiscalía correspondiente y Lucía contó que “recibió el llamado del ministro de Gobierno a cargo, Juan Luna, para interiorizarse del estado de salud” de su hermano.

Al cierre de 2015 declaró ante la AFIP bienes por 4,5 millones de pesos, pero reconoció tener 29 millones de pesos un año después.
La principal actividad económica de Etchevehere es su empresa Las Margaritas SA.
La principal actividad económica de Etchevehere es su empresa Las Margaritas SA. 
Imagen: DyN
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, incrementó su patrimonio en un 505 por ciento en tan solo un año. Al cierre de 2015 había declarado ante la AFIP bienes por un total de 4,5 millones de pesos, mientras que en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró un patrimonio de 29 millones de pesos al inicio de 2017. La principal actividad económica Etchevehere es su empresa Las Margaritas SA, que según lo declarado ante la AFIP no ha distribuido dividendos en años, a pesar de tener 5000 hectáreas dedicadas al cultivo de soja y la ganadería. Dolores Etchevehere, hermana del ministro, presentó ayer un escrito ante la OA para que Laura Alonso investigue, y eventualmente explique, las inconsistencias detectadas en ambas declaraciones juradas. “Es inexplicable el incremento patrimonial de lo declarado ante la AFIP y lo informado a la OA. Aportamos todas las pruebas para que la funcionaria se expida”, sostuvo a PáginaI12 el abogado Santiago Yofre, representante de Dolores Etchevehere. 
En una de las causas penales que enfrenta el ministro de Agroindustria (defraudación y administración fraudulenta), el fiscal Alejandro Cánepa logró incorporar al expediente toda su información patrimonial aportada por la AFIP, a pesar de los intentos de Etchevehere por declarar nula esa medida de prueba. Los datos aportados por el organismo fiscalizador, que comprenden el período 2010-2015, contrastan con lo blanqueado ante la Oficina Anticorrupción.
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, incrementó su patrimonio en un 505 por ciento en tan solo un año. Al cierre de 2015 había declarado ante la AFIP bienes por un total de 4,5 millones de pesos, mientras que en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaró un patrimonio de 29 millones de pesos al inicio de 2017. La principal actividad económica Etchevehere es su empresa Las Margaritas SA, que según lo declarado ante la AFIP no ha distribuido dividendos en años, a pesar de tener 5000 hectáreas dedicadas al cultivo de soja y la ganadería. Dolores Etchevehere, hermana del ministro, presentó ayer un escrito ante la OA para que Laura Alonso investigue, y eventualmente explique, las inconsistencias detectadas en ambas declaraciones juradas. “Es inexplicable el incremento patrimonial de lo declarado ante la AFIP y lo informado a la OA. Aportamos todas las pruebas para que la funcionaria se expida”, sostuvo a PáginaI12 el abogado Santiago Yofre, representante de Dolores Etchevehere. 
En una de las causas penales que enfrenta el ministro de Agroindustria (defraudación y administración fraudulenta), el fiscal Alejandro Cánepa logró incorporar al expediente toda su información patrimonial aportada por la AFIP, a pesar de los intentos de Etchevehere por declarar nula esa medida de prueba. Los datos aportados por el organismo fiscalizador, que comprenden el período 2010-2015, contrastan con lo blanqueado ante la Oficina Anticorrupción.
PUBLICIDAD
Según las DDJJ presentadas ante la AFIP, a los que tuvo acceso PáginaI12, Etchevehere declaró en 2010 un patrimonio de 393.111 pesos, seguido por 1,2 millones (2011), 2,5 millones (2012), 2,8 millones (2013), 4,4 millones (2014) y 4,8 millones de pesos al cierre de 2015. ¿Cómo hizo para alcanzar un patrimonio de 29 millones de pesos al cierre del ejercicio 2016 cuando la principal empresa en la que es accionista, Las Margaritas SA, está intervenida judicialmente? Tampoco se registró en el último año una división de herencia producto de la muerte de su padre y los 200.000 pesos que cobraba como presidente de la Sociedad Rural Argentina no alcanzan para justificar tamaño salto patrimonial.
Por estas inconsistencias detectadas, que también serán denunciadas en el expediente de Paraná para que sean incluidas en la indagatoria que deberá afrontar el ministro, se presentó ayer un escrito ante la OA con toda la documentación aportada por la AFIP.
“El día viernes 2 de febrero tomé conocimiento que en la Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada por el denunciado ante la entidad que usted representa refleja un patrimonio total de bienes, depósitos y dinero en pesos de $29.046.308, correspondiente al año 2016, resultando que en el lapso de 12 meses hubo un incremento sin existir explicación alguna y confirmando lo que vengo sosteniendo en los procesos iniciados acerca del vaciamiento de las sociedades del grupo familiar, ocultamiento de bienes y evasión impositiva agravada...Todo lo manifestado puedo acreditarlo con las copias de las causas a los fines de responder a la prueba informativa que usted podría solicitar con el objetivo de investigar y esclarecer la posibilidad de una evasión agravada por este alto funcionario público”, sostuvo Dolores Etchevehere en su nota enviada a Laura Alonso. 
Las Margaritas SA es clave en las dos denuncias penales (administración fraudulenta y evasión tributaria) que enfrenta Etchevehere. En el expediente por estafa y administración fraudulenta, por el que deberá prestar declaración indagatoria, quedó en evidencia la maniobra contable realizada desde esta sociedad para registrar “altos costos operativos y una baja rentabilidad” que se tradujo en el pago de menos impuestos. En los últimos años, Las Margaritas no arrojó más de 1,5 millón de pesos de rentabilidad (a pesar de tener 5000 hectáreas y 3500 cabezas de ganado registradas) a distribuirse entre el ministro, dos de sus hermanos (Juan Diego y Arturo Sebastián) y la madre de estos, Leonor Barbero Marcial. 
La otra sociedad de Etchevehere, Construcciones del Paraná, no registró movimientos económicos desde su creación, salvo por la auto compra de 8 inmuebles con dinero prestado por una mutual farmacéutica propiedad de Walter Grenón, situación que fue denunciada por la Procelac ante la justicia federal de Paraná. 
El interrogante que surge es cómo hizo Etchevehere para aumentar su patrimonio en 25 millones de pesos de un año al otro. ¿Su verdadero patrimonio será el que había declarado ante la AFIP o el blanqueado como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción?
El ministro de Agroindustria hizo todo lo posible para que la información de la AFIP no fuera incorporada a la causa por estafa, hasta que la Cámara Federal les rechazó el recurso y se fijó la fecha de indagatoria para el 27 de febrero, la cual fue apelada en las últimas horas por el funcionario. 
@spremici

Uno de los cadetes policiales de La Rioja está gravísimo Cuando la vida no vale nada

Tras el maltrato sufrido por los cadetes de la Escuela de Policía de La Rioja, uno de los doce internados sigue en estado gravísimo. Los médicos pelean por su vida. Organismos de DD.HH. analizan ampliar la denuncia a autoridades políticas.
El gobernador Sergio Casas visitó a algunos de los cadetes.
El gobernador Sergio Casas visitó a algunos de los cadetes. 
Uno de los doce cadetes internados por el maltrato recibido el primer día de clases en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja, en un entrenamiento bajo el sol del mediodía, seguía en estado gravísimo, internado en terapia intensiva. La situación del joven es tal que los médicos no están tan dedicados a las secuelas provocadas por la tremenda deshidratación (para doblegar a un joven sano de 19 años), sino enfocados en salvarle la vida. La Escuela de Cadetes de Policía ya había sido denunciada en otras ocasiones por los maltratos, aunque no hubo modificaciones ni llamados de atención. El plan de estudios depende del Ministerio de Educación, y la Escuela misma del Instituto de Seguridad, que forma parte del organigrama del área de Seguridad de la provincia. Organismos de DDHH planeaban presentar una denuncia contra las autoridades que hasta ahora no fueron alcanzadas.
En 2015, según reveló el periódico Rioja Libre, ya habían sido revelados maltratos en la formación policial. Un cadete había denunciado malos tratos. La respuesta del jefe policial Luis Páez, en aquel momento, ante las preguntas periodísticas, deja en claro por qué los uniformados terminan con la necesidad de matar al primero que se le cruza con mal talante. “No vamos a maltratar a alguien –aseguró Páez en 2015–, pero sí, tenemos reglas. Vienen a la policía de la provincia, no van a las carmelitas descalzas. Si quieren ser monjas, vayan a otro lado, necesitamos hombres y mujeres con formación cuando la mujer salga a la calle. El delincuente no se va a fijar si tiene pollera o pantalón, tiene que saber tirarse cuerpo a tierra y nadie le va poner un colchón”, ironizó Páez.


La ironía, en realidad, regresó en la forma de un tendal de alumnos deshidratados que no soportó el rigor impuesto y quedó descompensado. Para que un joven de entre 18 y 25 años, con buen estado físico y dispuesto a ciertos rigores, se deshidrate a tal punto que sus riñones queden secos y posiblemente queden inútiles, y con uno de ellos, tal como dijeron los médicos, este problema quede relativizado porque primero necesitan salvarle la vida, para que esto ocurra, el sometimiento al que fueron expuestos debe haber sido con una carga de odio brutal. Poner en riesgo la propia vida por una presunta vocación, en un mero entrenamiento, requiere anular el pensamiento y habituar a la respuesta reactiva, por reflejo. No se preguntan si podrán resistir el maltrato, puede que mueran; no se preguntan si hay que matar, puede que maten. La obediencia debida.
Referentes de DDHH consultados por este diario analizaban la presentación de una denuncia contra el ministro de Educación, Juan Luna Corzo, y contra el secretario de DDHH, Delfor Brizuela. Luna Corzo, responsable de autorizar el Plan de Estudio, el funcionamiento de la Escuela y la firma de títulos, “no puede desconocer lo que acontece dentro de la institución educativa”. Además, sostienen, muchos profesores son alumnos de tercer año y no instructores capacitados. Como en la novela de una escuela militar La Ciudad y los perros, de Vargas Llosa, el odio de las camadas de “veteranos” se descarga en un ritual iniciático sobre los recién llegados. Sólo puede pasar de nivel aquel que es suficientemente machote para bancar cualquier tipo de violencias sobre sí mismo. El autoflagelo como castigo tiene algo de eso.
En cuanto a Brizuela, entre 2015 y 2016 recibió denuncias del maltrato a los cadetes pero, según las mismas fuentes, “hizo caso omiso”.
Entre tanto, de acuerdo a lo informado en un parte oficial por el director del hospital Vera Barros, Sebastián Parisi, y la directora médica del hospital, Silvana Ocampo, dos pacientes de 19 y 25 años “permanecen con pronóstico reservado (problemas en los riñones) mientras que uno de los cadetes de 18 años continúa con estado crítico”.
Otros siete cadetes estaban internados en terapia intensiva, tres en observación y otros dos en la guardia, todos ellos en el hospital Vera Barros.
De acuerdo a lo informado en un parte oficial por el director del hospital, Sebastián Parisi, y la directora médica del hospital, Silvana Ocampo, dos pacientes de 19 y 25 años “permanecen con pronóstico reservado (problemas en los riñones) mientras que uno de los cadetes (Emanuel Garay), de 18 años continúa con estado crítico”.
El parte agrega que cuatro pacientes, dos jóvenes de 20 y 26 años, y dos mujeres, de 19 y 26, “evolucionan favorablemente “.
Asimismo, dos mujeres, de 23 y 25 años, y un joven de 21, internados en el servicio de Clínica Médica del centro de salud, “se encuentran respondiendo a los tratamientos médicos con buena evolución”.
“En el Servicio de Guardia central, permanecen en internación dos de los cadetes, una femenina de 21 y un masculino de 19 años con buena evolución clínica y se les realiza estudios de rutina”, expresaron los médicos en el parte oficial, por cierto, con léxico de patrulleros.
Habían ingresado a última hora a la guardia del hospital otros tres aspirantes, de 22, 23 y 28 años, quienes “fueron atendidos y decidieron el alta voluntaria”.
Lucía Oropel, hermana de Luis, uno de los cadetes, señaló a la prensa que el cuadro de su hermano “es grave, por ahora está con diálisis porque no responden sus riñones y de no responder los mismos, podría dializarse toda su vida. Hubo mucha exigencia física y no estuvieron hidratándose”, manifestó la joven, quien agregó que su hermano “estaba muy entusiasmado con la carrera de policía y la verdad que el sueño se murió el primer día”.
La familia del joven realizó la presentación ante la fiscalía correspondiente y Lucía contó que “recibió el llamado del ministro de Gobierno a cargo, Juan Luna, para interiorizarse del estado de salud” de su hermano.