TERROR BLANCO
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
martes, 6 de febrero de 2018
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Detrás de.
La tarde cae exacta como una plomada
ante la mirada atenta del sol.
Vestido de naranja-rojizo se recuesta sobre una cornisa.
Dos pájaros carpinteros vuelan perpendiculares y se posan
sobre una rama seca.
Hablan con el árbol y le dicen por donde habitarán.
Abajo un tonel de vino desvencijado y un juguete oxidado,
su color no es para este cielo.
La casita de barro seco abigarrado, sobre un caño de agua,
tiene tres orificios perfectos, escapados de un teorema griego.
Su hacedora, una avispa barrera no se inmuta ante una gota eterna.
Arriba, debajo de un alero, sus primas, las de los panales-colmenas,
guerrean contra humo y fuego.
Aguijonean decididas tiempo y espacio.
Una y otra vez regresan sobre el mismo lugar derruido a reconstruir.
Sin importarles por qué, cómo, ni cuando pasó.
Ellas sienten que pueden modificar este presente ahumado.
Por eso me gusta llamarlas las montoneras del aire.
Con sus chuzas y su aguerrido vuelo en picada no reconocen fronteras.
Porfían que renacen, amenazan y cumplen que se posan,
abigarradas resisten huracancitos de vientos grises y calientes.
Soplidos de ayeres mustios.
Docenas enjambran como barriletes a sol y sombra.
Albañilas de fortalezas volantes, madereras, ramilletes de venganzas
a la monotonía humana de mirar sin ver.
Zumban si te acercás, dicen por acá encontrás ardores, hinchazones púrpuras,
dolor aquí y acullá, piel como volcancitos cabrones.
Montonereamos casas para reinas, hijas y heredades.
Volamos, que no es poco.
GB
ante la mirada atenta del sol.
Vestido de naranja-rojizo se recuesta sobre una cornisa.
Dos pájaros carpinteros vuelan perpendiculares y se posan
sobre una rama seca.
Hablan con el árbol y le dicen por donde habitarán.
Abajo un tonel de vino desvencijado y un juguete oxidado,
su color no es para este cielo.
La casita de barro seco abigarrado, sobre un caño de agua,
tiene tres orificios perfectos, escapados de un teorema griego.
Su hacedora, una avispa barrera no se inmuta ante una gota eterna.
Arriba, debajo de un alero, sus primas, las de los panales-colmenas,
guerrean contra humo y fuego.
Aguijonean decididas tiempo y espacio.
Una y otra vez regresan sobre el mismo lugar derruido a reconstruir.
Sin importarles por qué, cómo, ni cuando pasó.
Ellas sienten que pueden modificar este presente ahumado.
Por eso me gusta llamarlas las montoneras del aire.
Con sus chuzas y su aguerrido vuelo en picada no reconocen fronteras.
Porfían que renacen, amenazan y cumplen que se posan,
abigarradas resisten huracancitos de vientos grises y calientes.
Soplidos de ayeres mustios.
Docenas enjambran como barriletes a sol y sombra.
Albañilas de fortalezas volantes, madereras, ramilletes de venganzas
a la monotonía humana de mirar sin ver.
Zumban si te acercás, dicen por acá encontrás ardores, hinchazones púrpuras,
dolor aquí y acullá, piel como volcancitos cabrones.
Montonereamos casas para reinas, hijas y heredades.
Volamos, que no es poco.
GB
Informe especial: El IPC de Todesca El ocultamiento del cambio
En dos años de gestión de Cambiemos, el Indec produjo un inédito apagón estadístico y tres modificaciones en la metodología del índice de precios al consumidor. Esa sucesión de transformaciones impide la comparación de información con otros períodos. Pero más grave es que se volvieron a utilizar las canastas de consumo de 2005 para estimar la inflación, con patrones de gastos que no contemplan el impacto de los tarifazos y la disparada de los alimentos en este período. El IPC, de ese modo, minimiza los principales factores que reducen el poder adquisitivo de los hogares.
Imagen: Carolina Camps
Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política oficial respecto al índice de precios. Esta política se sustentó en dos ejes centrales. Por un lado, la deliberada discontinuidad en la serie de inflación, impidiendo comparar la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca. Además, en 2019, según la información que brinda el Indec, está previsto un nuevo cambio. La implementación repetida de cambios metodológicos en poco tiempo genera discontinuidad en la serie, poniendo a disposición información incomparable entre sí. Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador.
Las canastas de consumo (qué cosas consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas de Gastos que se realizan aproximadamente cada 10 años. Es importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos que la quita de retenciones y el desmantelamiento de la Secretaria de Comercio tuvieron en relación al precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre el total de gastos aumentó sensiblemente.
Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de precios, la administración de Jorge Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto de la representatividad.
El cambio permanente
En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. Apenas unos meses más tarde surgen críticas sobre la veracidad de los datos de inflación y se construyen índices que buscan reemplazar la información oficial a partir de los relevamientos de precios de institutos provinciales.
En 2014, en la gestión de Axel Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012-2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios afines reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus críticas al IPC-Nu.
Desde diciembre de 2015, la nueva administración del Indec decretó la “emergencia estadística” y dejó de publicar el IPC-Nu. Los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente representativo del mismo, el Gobierno utilizó este indicador durante algunos meses. En efecto: ¿resulta ilustrativa de la variación de precios del conjunto del país utilizar exclusivamente la canasta de consumo y la variación de precios de la provincia de San Luis, o alternativamente de la Ciudad de Buenos Aires?
Ya en abril de 2016 se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría una gran cantidad de datos perdidos y falta de documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos de 2005. Como consecuencia, el índice de precios calculado utilizó una estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la realidad actual. Paralelamente se implementó un importante ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8 por ciento del gasto está destinado a vivienda y tarifas según la vieja ponderación). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica, y con hogares que no contaban para aquel entonces con una significativa cantidad de electrodomésticos (fenómeno que fue cambiando a lo largo de los últimos diez años) daba cuenta de una estructura de consumo que no es representativa al día de hoy. Tampoco lo es aquella reflejada en la encuesta de gastos de 2012-2013, caracterizada por un fuerte subsidio al consumo energético, enormemente reducido desde 2015.
En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes experimentados en los dos primeros años de Cambiemos: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte).
Por último, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en junio de 2017 se estableció un nuevo índice oficial de cobertura nacional y para éste se continuó usando la vieja encuesta de 2005. Esta nueva medición amplió la cobertura geográfica, siendo que anteriormente se limitaba al área de CABA y AMBA (GBA). Por otro lado, el Indec continuó publicando el IPC correspondiente a GBA, pero en lo que respecta a la continuidad de esta serie, aparecieron canastas que en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual afectó nuevamente la comparabilidad.
Ponderadores no representativos
Como se mencionó, el cambio tan profundo y acelerado respecto de la política de subsidios y en relación a los acuerdos de precios de alimentos, sumado a la quita de retenciones y la devaluación, invalidan cualquier encuesta de gastos previa que arrojara ponderadores para cálculo de IPC, ya sea la de 2005 como la de 2012-2013.
En la medición actual, se puede observar que los ponderadores del gasto resultan muy poco realistas.
El rubro vivienda y servicios básicos (que incluye el alquiler, las expensas y las tarifas de gas, electricidad y agua) representan 10,5 por ciento del gasto para el área GBA. Si bien esto es un promedio de toda la economía, y no la particularidad de un hogar, es fácil ver que el porcentaje está muy alejado de la realidad de la amplia mayoría. Por ejemplo, para un gasto total de 10.000 pesos en dicho rubro, el ingreso del hogar debería ser de 41.000. Observaciones similares pueden realizarse en el rubro alimentos, que sólo incide 26,7 por ciento en el gasto. Por el contrario, esparcimiento pareciera encontrarse sobre-representado, ya que incide 18,3 por ciento, el segundo rubro en importancia detrás de alimentos y bebidas.
¿Cómo impactan los ponderadores? Por ejemplo, si en lugar de una incidencia del gasto en alimentos y bebidas del 26,7 por ciento fuera del 30; si la incidencia en Vivienda y servicios básicos (alquiler, gas, luz y agua) de 10,5 por ciento alcanzara el 15, y si se redujera el gasto en Recreación y Cultura y en Restaurante y Hoteles, que hoy es del 18,3% por ciento, al 10,4, la inflación de 2017 en lugar de ascender a 25 por ciento para Gran Buenos Aires arrojaría 26,5.
Este sencillo ejercicio demuestra que los ponderadores (y no sólo la medición de los precios en sí) resultan claves para medir la inflación de los consumidores.
* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La caída de la producción petrolera y el abandono del rol estratégico de YPF Lejos del autoabastecimiento, cerca del pozo
Los dichos de Aranguren sobre que YPF debería haberse privatizado partida en dos, si no adelanta un proyecto oficial, al menos señala la posición de las corporaciones petroleras que conducen la política en el área. El desgaste de YPF.
Juan José Aranguren, ministro de Energía y ex CEO de Shell. Cambió de rol, pero sigue actuando y pensando como en el cargo anterior.
En una entrevista con una emisora radial de la última semana, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sorprendió al referirse al destino que él le habría dado a YPF en los 90 si hubiese estado en sus manos decidirlo. “Si hubiese sido por mí, yo habría privatizado YPF en dos partes, una con la refinería de La Plata y otra con la de Luján de Cuyo, y luego lograr que compitan entre ellas”. La manifestación generó lógica preocupación, dado que YPF, como petrolera estatal, está dentro de la órbita de las políticas que dependen de su área. Estará dentro de los planes del gobierno la alternativa de una reprivatización de YPF en esos términos? “Aranguren no habla necesariamente en nombre de lo que proyecta el gobierno, pero sí expresa la opinión del lobby de compañías petroleras que controlan el Ministerio de Energía y sus políticas, con Shell a la cabeza”, expresó un especialista en el tema al ser consultado por PáginaI12. El repaso de las políticas que el actual gobierno aplicó en YPF durante estos dos años (2016/2017) arroja como resultados una notable caída en la producción de crudo, reducción de las inversiones en exploración y explotación, consecuente pérdida de reservas y hasta un achicamiento en su participación global en el mercado de combustibles, además del abandono del manejo de resortes estratégicos del negocio en favor de grupos privados. Todo ello, sumado a que el gobierno de Mauricio Macri no se destaca justamente por desatender las inquietudes de las corporaciones empresarias de mayor peso, hacen del comentario de Aranguren sobre una YPF partida y privada, algo más que una simple reflexión de una charla distendida entre gente de confianza.
No es un secreto para nadie lo que piensa el funcionario al frente del Ministerio de Energía sobre YPF: su presencia “dominante” le quita dinamismo al sector. Es la misma posición que sostuvo en sus tiempos de CEO de Shell Argentina incluso en momentos de máxima tensión política entre el gobierno y las empresas del sector (ver nota aparte en esta misma página: “Cartelización...”). Ni Aranguren ni buena parte del resto del gabinete imaginan una YPF estatal como lo que fue y nunca debió dejar de ser: una empresa testigo para regular las condiciones de un mercado donde los actores son principales grandes corporaciones internacionales, integradas verticalmente (extraen, refinan y comercializan) y donde la competencia directamente no existe. Una YPF que, además, lidere los procesos de inversión, extienda las áreas de exploración y sea la que, asociada al capital extranjero, le dé el lugar que le corresponde a este último dentro de un proyecto nacional. Distintas evidencias muestran que YPF fue perdiendo paulatinamente cada uno de estos roles a lo largo de estos dos últimos años.
Federico Bernal, director del Observatorio de Energía y Tecnología (Oetec), asegura que las cifras de la evolución del sector de hidrocarburos en estos dos años “son alarmantes: la producción de petróleo cayó en un 6,3 por ciento, pero después de haber caído en 2016 otro 3,8 por ciento; cuando uno compara la producción de 2017 contra la de 2015 en cada una de las ocho provincias petroleras del país, se encuentra con que en todas ellas, sin excepción, la producción bajó. Y este es un proceso encabezado por YPF, que es la que tiene las principales concesiones en cada provincia. Este gobierno está destrozando las economías regionales, sobre todo las petroleras”.
Chubut, la principal provincia productora de crudo, extrajo en 2015 poco menos de 9,36 millones de metros cúbicos. En ese territorio, YPF comparte con Pan American Energy el predominio de producción (empresa cuyo representante en el gabinete de Aranguren, José Luis Sureda, renunció al cargo con fuertes discrepancias con la política manejada por el ex CEO de Shell). En 2017, Chubut sólo produjo 8,20 millones de m3, con una caída del 12,3 por ciento. La segunda y tercera provincias productoras de crudo con Neuquén y Santa Cruz, con niveles similares de extracción en 2015 (poco más de 6,6 millones de m3 en cada caso). Para 2017, la primera había reducido su producción en 6,6 por ciento, y la segunda en 12,7. Más atrás se ubica Mendoza, que de producir 4,60 millones de m3 en 2015 pasó a 4,48 millones en 2017 (baja del 2,6 por ciento). Las cuatro restantes tienen participaciones menores en la producción nacional, pero todas ellas también registraron caídas de producción en estos dos años: Río Negro (6,8 por ciento); La Pampa (18,2); Tierra del Fuego (11,2) y Salta (12,8). La información fue recogida por Oetec en base a datos del propio Ministerio de Energía. La federalización de la producción petrolera fue, precisamente, uno de los principales méritos atribuidos a YPF dentro de su historia. Fue la que inició la exploración –la perforación de los primeros pozos de búsqueda– en territorios donde aún no había producción. Luego, una vez descubierto el hidrocarburo, llegaban las inversiones privadas. Esta tarea fue prácticamente abandonada por YPF tras su privatización, y las consecuencias de esa caída fue lo que impulsó su renacionalización en 2012. A partir de ese año, como lo recordó Bernal, se inicia una recuperación acelerada primero en el ritmo de inversión y perforación de pozos exploratorios y de producción, y luego, a partir de 2013, un repunte en la producción y en las reservas. Pero este proceso se interrumpió con el cambio de gobierno, después de 2015. De allí el resultado negativo en la evolución de la producción. “YPF fue perdiendo en estos dos años su rol de liderazgo en el mercado no sólo con el recorte de inversiones y menor producción de crudo, sino que también redujo el 1,5 por ciento su participación en el mercado de combustibles, una franja del mercado que fue conquistada por Shell; se va corriendo paulatinamente de Vaca Muerta, a favor de la creciente de participación de grupos como Total, Tecpetrol, ExxonMobil y la propia Shell”, advirtió Bernal.Otro aspecto en el que el perfil del sector hidrocarburífero cambió fuerte en estos dos años es que, a medida que se alejaba del autoabastecimiento, fue creciendo su dependencia del petróleo importado. Y ahí otra vez se observa el retroceso de YPF. “Por la caída de la producción local, las importaciones de petróleo crecieron 36 por ciento en 2017, que se acumula al 215 por ciento de aumento de 2016 con respecto a 2015. Es decir que en 2017 se importó, en volumen, un 329 por ciento más que en 2015” , apunta Bernal a Página 12. “Lo que además es muy serio es que, frente a esta necesidad estratégica, uno esperaría que fuera la petrolera estatal la encargada de garantizar ese abastecimiento. Pero no, YPF fue cediendo ese rol y hoy es Shell la principal importadora de petróleo del país”. “Pero no se conforman con la caída de la participación de YPF, buscan que desaparezca como empresa estatal”, señala Bernal, intentando una explicación sobre los dichos de Aranguren y los resultados que ya se ven de su política.
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