memoria identidad y resistencia

lunes, 6 de noviembre de 2017

Reclamo de la Cámara por las coimas de Odebrecht en el Sarmiento Para que Martínez de Giorgi no duerma la causa

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo G. Farah instaron al juez federal a que ponga en marcha “cursos de acción rápidos” que “sirvan para obtener mayores precisiones” en la causa que investiga el presunto pago de sobornos para la adjudicación de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Una de las empresas implicadas es IECSA, que en ese momento era propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

Ángelo Calcaterra, el primo de Macri y ex dueño de la constructora Iecsa.

Imagen: Enrique García Medina

La Cámara Federal porteña le ordenó hoy al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga "medidas rápidas y eficaces" sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren Sarmiento. Entre las empresas investigadas se encuentra la constructora brasileña Odebrecht y la firma Iecsa, que durante el período investigado pertenecía a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Una inhibición general de bienes sobre las empresas investigadas es una de las medidas que están en danza.

"La instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones", sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo G. Farah en su resolución, en la que ratificaron que la Unidad de Información Financiera (UIF) no cumple los requisitos para ser considerada querellante en la causa.

En el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3 mil millones de dólares, el juez ya había allanado las oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras. La Cámara porteña remarcó que la causa investiga el “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”.

En un dictamen de junio pasado, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública. El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".

El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción. También se incluyó en la investigación al lobbista Jorge "Corcho" Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado

La orden emitida por la Sala II del tribunal de apelaciones apunta a que, en base a la información que ya se encuentra en el expediente, el juez de la causa disponga "medidas rápidas y eficaces", como una inhibición general de bienes sobre las empresas investigadas.

A 12 años del “No al ALCA” "Aquel ejemplo extraordinario"

Imagen: web

A 12 años del histórico “No al ALCA”, el Instituto de Estudios de América Latina de la CTA (IDEAL) realizó una jornada debate entre Oscar Laborde, parlamentario del Mercosur; Hugo Yasky, secretario general de CTA y diputado nacional electo; Jorge Taiana, parlamentario del Mercosur; el profesor Emir Sader, de Brasil, y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de Venezuela en Argentina.

“Es un encuentro de recordación y de reflexión”, definió Laborde. “En este momento en Argentina tenemos el frenesí librecomercial de (Mauricio) Macri, presidiendo el G20 el año que viene, intentando ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con graves consecuencias, haciendo un acuerdo con Chile con cierto secretismo, promocionando los intereses argentinos en el acuerdo Mercosur - Unión Europea”, advirtió el director de IDEAL, al tiempo que pidió “reflexionar sobre cuáles son las responsabilidades del movimiento popular para que a 12 años de ese momento, estemos en éste”.

Yasky, por su parte, se refirió al significado que tuvo ese rechazo popular al tratado de Libre Comercio de las Américas. “Fue el inicio de una etapa en la que se profundizan, por un lado, el hostigamiento que va preparando el imperialismo yanki, que sale herido de ese encuentro en el 2005, y, por otro lado, el avance de las políticas populares en una región de nuestro continente”.

El secretario general de la CTA exigió “retomar el avance de los sectores populares, la construcción de las correlaciones de fuerzas que nos permitan recuperar en América latina el poder político, económico”.

Por su parte, el embajador de Venezuela en Argentina transmitió los “saludos fraternales” del mandatario bolivariano Nicolás Maduro y se refirió a dos planos de análisis en retrospectiva de lo que significó el encuentro en Mar del Plata en 2005, simbólico y otro práctico. “En el plano de lo simbólico, no tengo la menor duda de que Mar del Plata representó un hecho que nos ratificó la posibilidad cierta de tener independencia para una toma de decisiones colectiva en la región. Y además, sembró de posibilidades de decisión a los liderazgos políticos de la región, acompañados del pueblo, como una expresión multitudinaria”.

“Mar del Plata significó fehacientemente la posibilidad de una unión verdadera de toda la región. Y eso se vio reflejado también luego del 2005 ante las amenazas que sufrimos en la región”, abundó Martínez Mendoza.

A su turno, el ex canciller Jorge Taiana, quien en el 2005 fue coordinador de la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata y, como lo definió Laborde, fue protagonista primordial de todo el proceso, recordó que "esa Cumbre tuvo como uno de sus ejes centrales volver a poner al trabajo en el centro del debate nacional e internacional. El trabajo en los 90 había estado ausente, el ‘trabajo decente’ como lo llamaba la OIT (Organización Internacional del Trabajo), no como el trabajo precarizado o el invisibilizado que sí nos habían mostrado los 90. Carlos (Tomada) tuvo una labor importantísima, no sólo de apoyo a la Cumbre sino de apoyo previo en la reunión de ministros de Trabajo del hemisferio, al hacer que ese tema, el del trabajo, volviera a estar en el centro del escenario, por la idea de que el trabajo es el gran organizador de la sociedad y que ese era el tema central que teníamos que plantear desde la Argentina”, agregó Taiana.

El ex canciller indicó, además, que la Cumbre fue la culminación de un proceso que impulsó Estados Unidos, primero (George Herbert Walker) Bush padre y que después siguió (Bill) Clinton y que terminó fracasando con (George Herbert) Bush hijo. “Fue una propuesta sobre un tema muy importante, una propuesta de respuesta al fenómeno de la globalización, de mundialización, que se hace muy manifiesto con la caída del muro. El acierto de la propuesta es ‘hay globalización, estamos en un mundo nuevo, hay que agruparse’. Lo que dice Estado Unidos es ‘agrúpense todos los de la región detrás mío y vemos’. A cambio de nada especial. Ellos nunca ofrecen nada en beneficio. Pero lo que tiene de correcto esa caracterización es la necesidad de agruparse regionalmente para enfrentar este mundo que es todavía el que hoy vivimos”.

El profesor Emir Sader, luego de describir la situación de Brasil tras el golpe parlamentario que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, reflexionó acerca de la necesidad de debatir propuestas para poder hacerle frente a la contraofensiva en la región. “Que estos encuentros sean un punto de partida para hacer un balance, un análisis de nuestros errores. No podemos perder. La izquierda no tiene el derecho de perder. Estamos defendiendo ideas justas, solidarias. Comparando unas con otras, es avasallador. Nadie se puede imaginar en un debate televisivo con cualquiera de los candidatos, aunque fuera (Fernando Henrique) Cardozo. El discurso nuestro es tan claro, tan evidente, con comprobaciones concretas de lo que se ha hecho que nuestras ideas tienen una fuerza enorme. Debemos encontrar la manera de reformularlas, contraponerlas y desarticular el discurso dominante. Seguramente Evo (Morales) va a seguir. El Frente Amplio se recompone. En Venezuela se está dando vuelta el momento más difícil en lo político. Podemos dar pasos significativos, pero tenemos que conversar mucho, muy honestamente, sinceramente sobre nuestros errores, debilidades, por qué hemos permitido desarticular los gobiernos más virtuosos de nuestra historia y cómo podemos avanzar para estar a la altura de quienes hace 12 años nos dieron aquel ejemplo extraordinario”.

Piumato denunció que "se está avasallando la independencia del Poder Judicial” Los empleados judiciales anunciaron un paro nacional

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció un paro y movilización a Plaza de Mayo para el próximo 15 de noviembre, luego de que se filtraran algunos detalles de la reforma laboral e institucional que el Gobierno impulsa en sintonía con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los lobbys desde donde se manejan los aprietes a la Justicia.

La UEJN emitió un comunicado en el que se destaca que “después de los malintencionados dichos del Presidente de la Nación Ing. Macri contra los trabajadores judiciales, circuló entre los estamentos de la justicia un alarmante borrador del modelo de reformas institucionales y laborales en sintonía con los anuncios presidenciales”.

Según el borrador que hizo circular el Colegio de Abogados, y que la UEJN citó en su comunicado, el Gobierno “propone directamente eliminar la feria de julio, extender la jornada a 8 horas y llevar el horario de atención hasta las 15:30, modificar la feria de verano del 15 de diciembre al 15 de enero y restringir licencias en función de la antigüedad. Toda una provocación, a sabiendas que ni ahorran presupuesto, ni aportan celeridad y eficiencia”.

“Se benefician los grandes estudios en perjuicio del trabajador de la abogacía. Se va a concentrar la actividad. Son elitistas”, dijo a Página/12 el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato.

“Los grandes estudios –aclaró la UEJN- son los únicos en condiciones de no cerrar sus estudios en todo el año y de asistir a audiencias y juicios en amplios márgenes horarios, contribuyendo a monopolizar la representación letrada y destruyendo el ejercicio independiente de la profesión del que viven miles de familias. Lógica de concentración de la riqueza en manos de unos pocos.”

Piumato adelantó que rechazarán “cualquier tipo de reforma”. “Quieren hacer creer que la falla de la justicia es responsabilidad de los trabajadores judiciales. Es al revés. Nosotros ponemos la cara para brindar un servicio de justicia. Es mentira que sobra personal. La Justicia está colapsada. El volumen de trabajo creció”, añadió.

Para el secretario general de la UEJN, el Gobierno “quiere avanzar sobre el Poder Judicial pasando por encima a los trabajadores”, al tiempo que descartó un “acuerdo de cúpulas” ya que existe una creciente tensión entre los proyectos de reforma de Cambiemos y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien recientemente ha señalado al Ejecutivo como el “responsable de no brindar las herramientas para que la Justicia funcione como corresponde”, advirtió Piumato.

Hacia el final del comunicado, los judiciales aseguraron que las “operaciones mediáticas, los borradores que circulan y el discurso presidencial apuntan a una sola cosa, para la que no tienen legitimidad: lograr el traspaso de la justicia nacional a la CABA para manipularla en su beneficio y achicar el presupuesto en salarios para cumplir con las metas impuestas y seguir endeudando al país”.

Daniel Viglietti - "En vivo en 'Argentinísima' (1984) / 'Historias Debid...

El juez Lleral desmintió nuevas versiones periodísticas "No está cerrada la causa de muerte de Santiago"

El juez que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado descartó que haya solicitado el cambio de carátula y confirmó que para determinar la causa de muerte del joven necesita el informe pericial completo. "Se habla mucho del caso y, muchas veces, sin saber", apuntó el magistrado.

Imagen: Télam

El juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, volvió a desmentir versiones periodísticas al sostener que "no está cerrada la causa de la muerte" del joven de 28 años y reiteró el pedido de "paciencia" hasta que se tenga el informe pericial completo de la autopsia realizada sobre el cuerpo. "Lamentablemente se habla mucho del caso y, muchas veces, sin saber", apuntó el magistrado de la causa, que también negó que la fiscal Silvina Ávila haya solicitado un cambio de carátula.

Lleral, en diálogo con radio La Red, lamentó las versiones periodísticas puestas a circular que ya dan por cerrado que Santiago murió por ahogo y señaló que él no puede "adelantar ni confirmar esos rumores". "No está cerrada la causa de la muerte porque está pendiente de conclusión con los resultados de la autopsia", explicó el magistrado e insistió: "Hay que ser paciente, los hechos tienen que verificarse".

El magistrado, ante la consulta del periodista Luis Novaresio, señaló que como juez "no puede tener una hipótesis preferida" y señaló: "Ya tenemos un plafón de prueba que es la muerte de Santiago Andrés Maldonado. A partir de ahí, todas las hipótesis están abiertas".

"Hay que probar los hechos", insistió el juez explicando lo obvio y recordó que tras la realización de la autopsia el viernes 20 de octubre había que esperar dos semanas para la realización de los estudios complementarios. "Estamos en término", señaló. En ese tono, Lleral indicó que los estudios complementarios comenzarán a llegar esta semana al cuerpo médico forense de la Corte y deberán ser estudiados por todos los peritos, por lo que consideró que "el informe pericial completo estará esta semana o la próxima".

El magistrado también desmintió otra versión periodística respecto de un supuesto pedido de la fiscal Silvina Ávila para modificar la carátula de la causa, que hasta el momento tramita como "desaparición forzada". "No hay ningún pedido concreto de cambio carátula", afirmó Lleral y agregó: "Tampoco la carátula de un expediente modifica los hechos".

"Me llama la atención la falta de sensibilidad social, me preocupa la utilización de este suceso lamentable para la familia", lamentó el magistrado y consideró que "uno no puede ser cerrado a estas situaciones que se viven socialmente: preguntémonos qué nos pasa". En ese sentido, Lleral consideró que en la vertiginosidad informativa "todos utilizan los temas y este caso no se escapa".

Por otra parte, el juez también se refirió al pedido de la fiscal Ávila de tomar declaración al denominado "Testigo E", un integrante de la comunidad mapuche, cuya declaración bajo reserva de identidad fue presentada ante la CIDH por la ONG Naturaleza de Derechos, pero que tras el hallazgo del cuerpo el diario Clarín difundió la versión de que se trataba de un integrante de la comunidad mapuche quien había llamado al juzgado para informar sobre la presencia del cuerpo de Santiago en el río Chubut.

Esa versión fue desmentida por Lleral, quien ahora confirmó que hizo lugar al pedido de la fiscal para que el testigo puede declarar en el marco de la investigación judicial e incorporar su testimonio al expediente. "He pedido la averiguación de datos de una persona y verificaremos si es el testigo del que todos hablan", indicó.

En tanto, el juez confirmó que mantiene "el diálogo con la comunidad" del Pu Lof de Cushamen, en Esquel, y resaltó que la conflictividad con los poderes del Estado "viene desde hace años y no es estrictamente por este caso".

Un nuevo “Operativo Aprender”, con el rechazo de los gremios docentes Otra ronda de pruebas estandarizadas

Un nuevo “Operativo Aprender”, con el rechazo de los gremios docentes

Otra ronda de pruebas estandarizadas

Mañana serán evaluados en todo el país los alumnos de 6to. grado de la escuela primaria y de 5° o 6° de la secundaria. Desde los gremios docentes rechazaron nuevamente la uniformidad de las evaluaciones, que no contemplan los contextos socioeconómicos de cada región del país. Además, afirmaron que los resultados del Aprender 2016 se usaron “para denostar a la escuela pública” y para “atacar a los docentes y a sus organizaciones sindicales”.

El Ministerio de Educación de la Nación evaluará mañana en todas las provincias del país a los estudiantes de 6º año del nivel primario en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y a los estudiantes de 5º o 6º año de los secundarios, según cada sistema jurisdiccional, en Lengua y Matemática. Como novedad a esta nueva edición del "Operativo Aprender", se sumará una muestra de alumnos que cursan 4º grado del primario, sólo de algunas escuelas de las 24 jurisdicciones, a quienes se les tomará una prueba de producción escrita.

Las evaluaciones se harán nuevamente con el rechazo de los sindicatos docentes, que cuestionan la estandarización de las evaluaciones y el uso de sus resultados. Desde el gremio nacional Ctera rechazaron “la concepción de evaluación educativa sobre la que se instrumentan estos operativos”, además de “los modos de implementación” de los mismos. “La docencia no rechaza ni se opone a 'la evaluación' porque, de hecho, ésta forma parte de nuestro trabajo cotidiano en las aulas”, aclararon y agregaron que rechazan los “mecanismos de pruebas estandarizadas”.

En la misma línea, el gremio bonaerense Suteba afirmó que el Operativo Aprender cambia evaluación por “control y medición” a través de “pruebas estandarizadas armadas por organismos externos”, en las que los docentes cumplen el rol de “meros ejecutores”.

Ctera señaló también que las conclusiones de las evaluaciones de 2016 fueron presentadas en conferencia de prensa por el presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, el mismo día en el que comenzaba la Marcha Federal Educativa para reclamar la apertura de la Paritaria Nacional Docente. Desde el gremio denunciaron que fue “toda una operación montada para seguir desprestigiando a la Educación Pública” y recordaron que en ese acto el mandatario dijo su criticada frase sobre quienes tienen que “caer en la escuela pública”. “Utilizó los datos de esta prueba no sólo para denostar a la escuela pública, sino también para atacar a los docentes y a sus organizaciones sindicales en pleno conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la paritaria docente”, añadieron.

El gremio remarcó que cuando se presentaron los resultados se hizo hincapié en las diferencias entre escuelas públicas y privadas, pero no se incluyó un análisis basado en el índice socioecónomico de la población ni en la disponibilidad de recursos en las escuelas pertenecientes a uno u otro sector. “Cuando se analizan los datos concretos teniendo en cuenta solamente la variable socioeconómica, la brecha de resultados entre escuelas estatales y privadas se reduce entre un 7 por ciento y un 15 por ciento según la materia. Si se contemplara, además, la disponibilidad de recursos en las escuelas, es muy probable que desaparecieran las diferencias. Es decir, pesa más la condición socioeconómica y la disponibilidad de recursos que el hecho de pertenecer a la escuela púbica o a la privada”, señaló Ctera.

También el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reiteró su rechazo a la estandarización de la evaluación docente. María Lazzaro, secretaria general de SADOP, afirmó que su gremio “no está en contra de las evaluaciones”, sino que reclama que se cumpla el último acuerdo paritario que estableció la Autoevaluación institucional y participativa. “La prueba no contempla las problemáticas sociales, los contextos o la realidad de cada escuela”, agregó la dirigente.

“Al estandarizar la evaluación se instaura una escenificación de los resultados, presentado mediáticamente en términos generales, sin profundizar ni resolver los problemas centrales de la educación ni su calidad”, señaló el sindicato en un comunicado, en el que denuncia que con los resultados se busca trasladar la culpa a los docentes mientras “el Estado se desliga de la responsabilidad de acompañar y mejorar los programas socioeducativos y dispositivos institucionales”.

Al respecto, Ctera insistió en que las pruebas “permiten elaborar rankings de escuelas, ciudades, países”, mientras “dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo”.