La UEJN emitió un comunicado en el que se destaca que “después de los malintencionados dichos del Presidente de la Nación Ing. Macri contra los trabajadores judiciales, circuló entre los estamentos de la justicia un alarmante borrador del modelo de reformas institucionales y laborales en sintonía con los anuncios presidenciales”.
Según el borrador que hizo circular el Colegio de Abogados, y que la UEJN citó en su comunicado, el Gobierno “propone directamente eliminar la feria de julio, extender la jornada a 8 horas y llevar el horario de atención hasta las 15:30, modificar la feria de verano del 15 de diciembre al 15 de enero y restringir licencias en función de la antigüedad. Toda una provocación, a sabiendas que ni ahorran presupuesto, ni aportan celeridad y eficiencia”.
“Se benefician los grandes estudios en perjuicio del trabajador de la abogacía. Se va a concentrar la actividad. Son elitistas”, dijo a Página/12 el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato.
“Los grandes estudios –aclaró la UEJN- son los únicos en condiciones de no cerrar sus estudios en todo el año y de asistir a audiencias y juicios en amplios márgenes horarios, contribuyendo a monopolizar la representación letrada y destruyendo el ejercicio independiente de la profesión del que viven miles de familias. Lógica de concentración de la riqueza en manos de unos pocos.”
Piumato adelantó que rechazarán “cualquier tipo de reforma”. “Quieren hacer creer que la falla de la justicia es responsabilidad de los trabajadores judiciales. Es al revés. Nosotros ponemos la cara para brindar un servicio de justicia. Es mentira que sobra personal. La Justicia está colapsada. El volumen de trabajo creció”, añadió.
Para el secretario general de la UEJN, el Gobierno “quiere avanzar sobre el Poder Judicial pasando por encima a los trabajadores”, al tiempo que descartó un “acuerdo de cúpulas” ya que existe una creciente tensión entre los proyectos de reforma de Cambiemos y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien recientemente ha señalado al Ejecutivo como el “responsable de no brindar las herramientas para que la Justicia funcione como corresponde”, advirtió Piumato.
Hacia el final del comunicado, los judiciales aseguraron que las “operaciones mediáticas, los borradores que circulan y el discurso presidencial apuntan a una sola cosa, para la que no tienen legitimidad: lograr el traspaso de la justicia nacional a la CABA para manipularla en su beneficio y achicar el presupuesto en salarios para cumplir con las metas impuestas y seguir endeudando al país”.
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