“Esperamos que se resuelva a favor no solo nuestro sino de todo el campo popular y de la comunicación”, dice Esteban Ruffa, fotógrafo de la Agencia Anred, quien desde hace cuatro años carga en su pierna la bala de plomo que la Policía Metropolitana y la Federal le dejaron como recuerdo de la represión desatada la noche del 12 de marzo de 2013 tras el desalojo de la Sala Alberdi. Mario Fumaroni fue otro de los heridos con plomo aquella noche. El tercero fue Germán de los Santos, fotógrafo de DTL! Comunicación Popular, la bala le atravesó la pierna a la altura del muslo. Las pruebas que aportó fueron las de su cámara, las imágenes que tomó al igual que Esteban y otros reporteros gráficos. Imágenes con las que construyeron parte fundamental del material probatorio con el que el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 porteño resolverá hoy la sentencia contra tres uniformados de la Metropolitana acusados de gatillar sus escopetas contra la gente. El fallo será el primero que revise la actuación represiva de la extinta Metropolitana en manifestaciones populares.
En el banquillo estarán el entonces oficial mayor Gabriel Pereira de la Rosa y los oficiales Miguel Antonio Ledesma y Maximiliano Nelson Acosta, todos incorporados a la flamante Policía de la Ciudad en servicio pasivo, a la espera del fallo del tribunal. La abogada de la querella, María del Carmen Verdú, pidió una condena de 20 años al sostener que se trató de una tentativa de homicidio agravada por su rol de policías. El fiscal Oscar Ciruzzi pidió tres años y tres meses de prisión más inhabilitación por cuatro años al considerar que se trató de un caso de abuso de armas y lesiones graves. Las defensas van por la absolución.
En las audiencias, los testigos de la Metropolitana y de la Policía Científica de Gendarmería –algunos de ellos integrantes de la Policía de la Ciudad actualmente– reconocieron la presencia de los policías en el lugar y que las escopetas Mossberg 12/70 que cargaban pueden disparar tanto postas de goma como de guerra. Sin embargo, recurrieron al “olvido” al momento de reconocer quiénes eran los oficiales que disparaban registrados en los videos. “Están constatadas las heridas, la presencia de los policías en el lugar y que las balas fueron de plomo. Las defensas no lo discutieron en el juicio, no les convenía. Lo único que les quedó fue decir que no fueron ellos”, advirtió De los Santos.
La querella conformada por los fotógrafos de Anred y DTL! y patrocinada por Correpi realizó un largo camino de cuatro años en el que debió sortear declaraciones de incompetencia por parte de la jueza de primera instancia Wilma López, demoras burocráticas y la reconstrucción de la prueba a partir de los registros que los comunicadores tomaron esa noche. En el camino quedaron los pedidos de la querella por las responsabilidades políticas, además de las acusaciones contra quien era el jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Federal y actual superintendente de la Policía de la Ciudad, Guillermo Calviño, y el entonces comisario mayor Pedro Carnero, quien ahora ocupa la Dirección General de Comisarías de la policía porteña.
–¿Qué análisis hacen del rol de la justicia ante un hecho de represión policial como el que vivieron?
Germán de los Santos:–Fue un largo camino, fueron una escuela estos 4 años. Es una situación desgastante que te corre del eje de tu vida diaria. Nos tuvimos que plantar en cada una de las instancias en las que realizaron maniobras para que esta causa quede cajoneada y ante la postura del entonces gobierno porteño, encabezado por Mauricio Macri, de negar la represión con balas de plomo y relativizar nuestra presencia en el lugar. Nuestra respuesta a esa gran mentira fue recopilar todo el material audiovisual para certificar que estuvimos ahí y que las balas salieron del cordón policial de la Metropolitana.
Esteban Ruffa: –La jueza Wilma López, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, se llegó a declarar incompetente para intentar que la causa por las heridas que nos provocó la Metropolitana pasará a un juzgado de menores, dentro de una causa abierta por la detención de un menor de edad aquella noche. Por otra parte, no nos acompañaron ni el fiscal de la instrucción ni la jueza en el pedido por las responsabilidades políticas de Macri, (el ex ministro de Cultura Hernán) Lombardi y (el ex ministro de Seguridad Guillermo) Montenegro.
–El comienzo del juicio oral se retrasó seis meses ¿Aún sostienen que se trató de un favor al Gobierno porteño para que el debate no sea contra policías de una fuerza en actividad?
G. S.: –El argumento fue una “cuestión de agenda” del tribunal, pero viendo el escenario político, el Gobierno porteño necesitaba no tener mala prensa en el momento en el que se debían fusionar la Policía Metropolitana y la Federal para que nazca la Policía de la Ciudad. Esta es la primera causa que llega a juicio oral y público por una represión de la Policía Metropolitana en manifestaciones. No ocurrió ni con la represión del Parque Indoamericano, donde hubo tres muertos; ni con las que se sucedieron en el Parque Centenario y el Hospital Borda.
E. R.:–Cuando se lanzó la Policía Metropolitana se habló de una fuerza de prevención que no utiliza balas de plomo, una fuerza renovada, pero se terminó mostrando que se trataba de un rejunte de varias fuerzas. Con la Policía de la Ciudad ocurre lo mismo.
–Habían solicitado el juzgamiento de mandos altos de la Federal como Calviño y Carnero...
G. S.:–Nos tocó ver cómo la gente que actuó aquella noche como funcionarios de la Metropolitana o la Federal ahora ascendieron escalafones en la Policía de la Ciudad. Y eso da miedo. Los pedidos contra Calviño y Carrero eran por “omisión funcional” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, porque a sabiendas de que se estaba disparando con plomo no tomaron ninguna medida para impedirlo y cercar la zona para que las pruebas no se pierdan. A los pocos minutos de la represión, un camión de limpieza barrió con toda la zona sin dejar rastros.
–¿Qué expectativas tienen de la sentencia en este contexto de conflicto social, de mayor represión y protocolos antipiquetes?
E. R.: –El alegato de María del Carmen Verdú fue contundente, con apoyatura en los materiales audiovisuales, dejan clara la responsabilidad material. El tribunal está en una encrucijada y esperamos que resuelvan en base a los hechos, a los testimonios de los compañeros de otros medios alternativos, que fueron contundentes, y no desechables como los de las fuerzas que recurrieron al “olvido”. Esperamos que se resuelva en favor no solo nuestro sino de todo el campo popular y de la comunicación. Si se resuelve en favor de la fuerza abre la posibilidad de que cualquier oficial, de cualquier fuerza, esté habilitado a ejercer un abuso sin límite ante una situación represiva. Es algo que ya estamos viendo: policías en los colegios, detenciones arbitrarias en los barrios, detenciones y abusos en las calles.
G. S.: –Las pruebas que aportamos obligaron a las defensas de los policías a no poder negar lo que sucedió, a circunscribirse a relativizar la presencia de los efectivos en ese momento o decir que dispararon con goma y no con plomo, pero sin negar que hubo disparos de plomo. Si la decisión de los jueces es adversa, quedará en evidencia que no hay errores sino que se trata de una decisión totalmente política.
–¿Qué esperan de la sentencia como comunicadores populares?
E. R.: –Si nos tiraron a nosotros es porque molestamos, porque provocamos al poder de turno y tenemos un papel muy importante que desempeñar. La comunicación popular está presente en las calles y vamos a seguir para poner un coto al Estado, para que no se atribuya la capacidad de reprimir sin límites. Esto nos organiza más, nos empuja hacia adelante, nos da más ganas de construir nuestros medios.
G. S.:–Veámos las acciones que ha tomado el Poder Ejecutivo para que periodistas y comunicadores no registremos lo que van a hacer las fuerzas de seguridad. Lo del protocolo antipiquetes con el “corralito para la prensa” es un eufemismo. Volvamos a la tarea del fotógrafo Sergio Kovalevsky, un fotógrafo independiente que pudo con la valentía de estar en el lugar, desmantelar la estrategia del Grupo Clarín, que evitaba publicar las imágenes que tenía sobre lo que había pasado en el hall de la estación Avellaneda (el 26 de junio de 2002), cuando (el ex comisario Alfredo) Fanchiotti mintió y dijo que ellos no habían entrado y que los piqueteros se habían matado entre ellos. ¿Qué pasa si no estaba Kovalevsky? ¿Qué pasa si los medios alternativos, comunitarios, populares dejaran de existir? Es por eso que el Gobierno nacional actúa de esta manera tratando de cerrar radios y tv comunitarias y haciéndonos sufrir, lo que sufrimos en las calles.
