La segunda tanda de documentos desclasificados sobre el periodo de la última dictadura argentina no se aparta de una pauta férrea: cuando hay algún elemento significativo sobre cuestiones operativas de la represión, la fuente son las embajadas estadounidenses en distintos países de la región o el Departamento de Estado en Washington, que pese a su nombre se encarga de las relaciones exteriores. Desoyendo el pedido de los organismos argentinos defensores de los Derechos Humanos, comunicado tanto al gobierno argentino como al estadounidense, hay muy pocos documentos de origen militar, de seguridad nacional o inteligencia. Y los pocos que aparecen de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional contienen evaluaciones académicas sobre lineamientos políticos, cuyo interés cuatro décadas más tarde sólo alcanza a los especialistas. Vale la pena recapitular esta historia.
Manchas
La primera tanda de desclasificación fue solicitada por organismos argentinos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS) el 16 de agosto de 2000, durante la visita a Buenos Aires de la secretaria de Estado Madeleine Albright. La solicitud fue concedida de inmediato, acaso como parte de una vendetta. Luego del juicio político que impulsaron los republicanos por los usos del cigarro en el despacho oval, el presidente demócrata Bill Clinton accedió a la muy esperada desclasificación documental sobre la intervención en Chile comandada por Henry Kissinger durante la presidencia del republicano Richard Nixon. Las manchas que Nixon y Kissinger dejaron en Chile no se limpian en ninguna tintorería.
Para obtener el mejor resultado de esa disposición favorable, el CELS celebró un convenio con la ONG estadounidense National Security Archives, especializada en la investigación sobre materiales públicos compartimentados. Su labor había sido muy eficaz en la desclasificación previa de documentos sobre Chile, Guatemala y El Salvador. Esa experiencia enseñó que era preciso refinar la búsqueda, de modo de no ir tras una aguja en un pajar. La formulación de interrogantes precisos sobre ciertos episodios y personas, tanto víctimas como victimarios, con la mayor exactitud posible de tiempo y lugar, ordenó la requisitoria. La calidad de la pregunta anticipa la de su contestación. Al cumplirse dos años de aquel encuentro, llegaron cuatro cajas de documentos. Se trata de comunicaciones que funcionarios de la embajada en Buenos Aires remitieron en aquellos años al gobierno de Washington, demostrativos de la organización estatal del terror y refutadores de la pretensión de que pudo tratarse de excesos o errores de grupos aislados. Entre ambas fechas cambiaron el gobierno de los Estados Unidos y el contexto mundial. Clinton fue sucedido por el republicano George W. Bush, y Colin Luther Powell reemplazó en Relaciones Exteriores a Madeleine Albright. Luego de los ataques del 11 de setiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, el gobierno de Washington hizo de la denominada “guerra contra el terrorismo” el eje de su política exterior e interior. El proceso de desclasificación se detuvo. Se reanudó, a raíz de una carta del CELS a Powell, con una salvedad: una segunda revisión para eliminar nombres de personal del Departamento de Estado, como parte de la omnipresente war on terror. Es difícil imaginar dos personalidades tan distintas como la académica centroeuropea Albright y el general afroamericano Powell, por no hablar de Clinton y Bush. Sin embargo todos ellos coinciden en un punto de extrema importancia para nuestro país y éste es que la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecuciones clandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia. Hasta el presidente argentino Maurizio Macrì, cuya fortuna familiar se multiplicó con los negocios espurios que se facilitaban a los responsables civiles de la dictadura, tiene que plegarse a los repudios y las conmemoraciones, con el puño cerrado y la boca apretada.
En junio de 1976 gobernaba en Estados Unidos el republicano Gerald Ford, cuya política exterior, conducida por Kissinger, era continuidad de la de Nixon, que instrumentó en todo el continente la doctrina de la seguridad nacional. Kissinger se reunió en Chile con su contraparte argentina, el almirante de la Armada golpista de entonces, César Guzzetti, quien le expuso los pormenores del plan de exterminio que se estaba aplicando. Kissinger, quien había sido el principal ideólogo del golpe militar que llevó al poder de Santiago al dictador Augusto Pinochet, le dijo que se apuraran a concluir su faena, porque no tenían mucho más tiempo. No se equivocaba. En enero de 1977 asumió la presidencia el demócrata James Carter, cuyo gobierno enarboló la defensa de los derechos humanos como estandarte de una nueva era. Su primer Secretario de Estado, Cyrus Vance, y su secretaria de asuntos humanitarios, Pat Derian, presentaron al gobierno militar argentino una lista con 7.000 nombres sobre los cuales el gobierno de Carter reclamaba información. Pero en uno de los documentos desclasificados ahora se estima el número en 15.000*. También exigieron que se admitiera la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe fue un punto de inflexión, el principio del fin. Aunque faltaba y sigue faltando la desclasificación de los datos que guardan el Pentágono y la CIA, los que la cancillería estadounidense entregó hace quince años, más los que Barack Obama trajo en su visita del 24 de marzo de 2016 sirvieron para agregar nuevas piezas al rompecabezas que los organismos de derechos humanos vienen armando desde el momento mismo en que los hechos sucedieron, valiosas para completar el cuadro general pero también para avanzar en las causas judiciales concretas abiertas, dentro y fuera del país.
Como dice la introducción del Departamento de Estado, no todos los documentos se relacionan específicamente con la Argentina. Algunos fueron seleccionados por su importancia para otros aspectos de la política estadounidense hacia Latinoamérica, y brindan el contexto para las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina de 1977 a 1980.
Ser o no ser
A pedido de Carter, su asesor de Seguridad Zbigniew Brzezinski preparó una evaluación global de política sobre América Latina. “¿Necesitamos una política latinoamericana?” es la pregunta con que comenzó su análisis el asesor de Brzezinski para la región, Robert Pastor. A su juicio, la idea de Latinoamérica es un mito, porque “está compuesta por economías y políticas muy distintas, que sólo pueden agruparse para formar una posición colectiva cuando existe necesidad simbólica de confrontar con los Estados Unidos. En realidad, las cuestiones más importantes para los gobiernos del hemisferio, se tratan en forma bilateral o global. Un síntoma de esta tendencia hacia el globalismo y el bilateralismo, es la declinación de la OEA”. Esto fue escrito hace 40 años. Pastor concluye que la respuesta a la pregunta es No. “En términos objetivos, no necesitamos una política latinoamericana y espero que en el futuro no la tendremos”. Sería interesante cotejar esta visión del académico Pastor con las tomas de posición que todos los años presentan al Congreso los generales que conducen el Comando Sur.
El 24 de marzo de 1977 el Secretario de Estado Cyrus Vance dirigió un cable a las embajadas de Estados Unidos en Asunción, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Montevideo y Santiago con el escueto título “Operación Cóndor”. Afirma que se trata de un esfuerzo cooperativo de los servicios secretos de Chile, la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para combatir el terrorismo y la subversión. Cita como fuente un informe de la CIA. Dice que comenzó como un mecanismo de intercambio de información sobre los grupos subversivos pero “discusiones posteriores incluyeron la realización de asesinatos en el exterior. Mientras los servicios de la Argentina, Chile y Uruguay acordaron enviar para ese fin equipos operativos a Europa, los de Brasil, Bolivia y Paraguay aparentemente no se comprometieron con este aspecto de la operación”. Luego, los equipos que irían a Europa recibieron entrenamiento en Buenos Aires. Un equipo de argentinos y uruguayos fue enviado a operar contra “terroristas uruguayos” pero fracasó porque la operación se filtró. Esto hizo dudar a los uruguayos acerca de la participación en otras operaciones conjuntas Cóndor. Fuera de los países involucrados la operación se limita a la recolección de información sobre los extremistas. Si esa información incluye el paradero de un extremista fuera del área de cobertura podría enviarse un equipo Cóndor, “pero sólo a verificar la presencia del extremista y determinar sus movimientos futuros. Si fueran deseables indeterminadas acciones contra un determinado extremista, el Servicio Cóndor pedirá que las realice a un servicio de seguridad del país donde reside el extremista”. Si un país miembro rehúsa participar en un programa Cóndor, es excluido de cualquier reunión posterior de ese programa (se entiende que por programa se refiere a una operación específica). El llamativo punto final informa que la Operación Cóndor estaría derivando hacia actividades “no violentas”, y pone como ejemplo una reunión realizada en diciembre de 1976 cuyo tema principal fue la planificación de operaciones de guerra psicológica contra grupos de izquierda y radicales (lo cual no debe confundirse con grupos de la UCR). Con anterioridad se había aprobado un programa por el que un país miembro publicaría piezas de propaganda útiles para otro miembro, de modo que el país más interesado no quedaría al descubierto como fuente de la información falsa. Este programa de guerra psicológica requiere un intenso uso de los medios de comunicación. Parece el identikit de la Operación Colombo, de 1975, cuando con publicaciones en Brasil y la Argentina se intentó simular la muerte en enfrentamientos entre facciones guerrilleras chilenas en la Argentina de 119 personas que habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas en Chile.
El Cóndor pasa
El 9 de mayo de 1977 la CIA preparó un documento, cuya nómina de circulación aún sigue en secreto, de la cual sólo se desclasificó a partir de la segunda foja. Se titula Contraterrorismo en el Cono Sur. Dice que las operaciones ilegales contra exiliados en otros países se frustraron porque los servicios extranjeros de seguridad conocen la existencia del Cóndor (afirmación curiosa, ya que en septiembre de 1976 fue asesinado en Washington por esta organización el ex canciller chileno Orlando Letelier). El documento menciona una larga historia de esfuerzos bilaterales para controlar la subversión en los países del Cono Sur, que a principios de 1974 derivó en el enfoque regional del Cóndor cuando funcionarios de seguridad de todos esos países, salvo Brasil, acordaron establecer canales de contacto para facilitar sus movimientos de un país a otro en misiones oficiales. Entre sus objetivos iniciales figuraba el intercambio de información sobre la Junta Coordinadora Revolucionaria, que coordina actividades y provee apoyo logístico y de propaganda a sus miembros bolivianos, uruguayos, chilenos, argentinos y paraguayos. La Junta tiene representantes en Europa y se cree que intervinieron en los asesinatos de un diplomático boliviano y un agregado militar uruguayo en Francia. El agregado militar “había participado en la exitosa campaña para eliminar a los terroristas uruguayos tupamaros” (todo parece indicar que se refiere al coronel uruguayo Ramón Trabal y al general y embajador boliviano Joaquín Zenteno Anaya, asesinados en París con sendos disparos de una misma pistola el 19 de diciembre de 1974 y el 11 de mayo de 1976. Una investigación periodística publicada en 2001 afirma que los ejecutores fueron dos miembros franceses de una Brigada Internacional maoísta). La CIA añade que los miembros del Cóndor se reunieron en Santiago el último verano (no aclara si septentrional o boreal) para sistematizar sus planes de largo plazo, que incluyen “el desarrollo de una base de datos electrónica en Santiago, a la que todos los miembros aportarán información sobre terroristas conocidos o sospechosos. Brasil proveerá los aparatos de comunicación de la red ‘Condortel’ y Uruguay aceptó sumarse a Chile y la Argentina en las operaciones en Europa contra la JCR”. La misión básica consistirá en liquidar a los principales líderes terroristas en el exterior. Pero no sólo a ellos. “Entre los candidatos al asesinato también se menciona a personas que no son terroristas, como el dirigente político opositor uruguayo Wilson Ferreyra Aldunate, si viajara a Europa, y algunos líderes de Amnesty International. Sin embargo, Ferreyra pudo haber sido quitado de la lista porque se cree que tiene buenos contactos en el Congreso de los Estados Unidos”. También se consideró el envío de un equipo a Londres, caracterizado como empresarios, para supervisar “actividades sospechosas”. Otra propuesta en estudio incluye la reunión de material sobre la integración, ubicación y actividades políticas de grupos de Derechos Humanos, para identificar y exponer sus vínculos socialistas y marxistas. Similares datos se buscaría sobre “grupos tercermundistas y comunidades eclesiásticas”. El documento también se refiere al sistema de comunicaciones Cóndor, que utiliza tanto la voz como teletipos. “Los países miembros se comunican por radio y cada uno debe mantener un canal abierto. Utilizan equipos no comerciales pero cada país puede monitorear las conversaciones de los otros en la red Cóndor. Los datos sensibles que no interesan a todos los miembros se envían por valija diplomática. Alguien cuyo nombre fue tachado afirma que “Cóndor sufre de cierta desorganización pero esto no ha inhibido su eficacia general. Cóndor ha hecho más estrictas sus medidas de seguridad en su centro operativo en Buenos Aires y se incrementó la compartimentación”. Cóndor es un paraguas, fuera del cual también es fuerte la cooperación entre otros organismos de seguridad en la región, como los servicios de informaciones de la Argentina, Uruguay y Chile, que envían delegados a los otros países, en primer lugar para identificar a subversivos en el exilio. El 13 de agosto de 1978, la embajada de Estados Unidos en Asunción informa a la Secretaría de Estado sobre sus investigaciones respecto del asesinato de Letelier. El Jefe de Estado Mayor, General Alejandro Fretes Dávalos le leyó al embajador la minuta de una reunión con el jefe de la Inteligencia chilena, general Orozco. El texto no menciona el caso Letelier pero sí la coordinación de recursos de inteligencia para controlar y eliminar la subversión, mediante el intercambio de información, el uso compartido de instalaciones de comunicación, el monitoreo de subversivos, su detención y “entrega informal de un país a otro”. Dijo que los jefes de inteligencia de los países del Cono Sur se reunían todos los años y que ese sistema nació “como defensa ante la amenaza de que la subversión argentina se expandiera hacia otros países”. Pero esas reuniones ya no son útiles, porque “la principal amenaza, que provenía de la Argentina ya ha sido eliminada”. Añadió que seguían en contacto por medio de la red de comunicaciones de la Zona del Canal de Panamá, que cubre toda América Latina. Este sistema de comunicaciones de los Estados Unidos es utilizado principalmente por los oficiales que estudian allí para llamar a sus países, pero también para coordinar información de inteligencia entre los países del Cono Sur. La confidencialidad de las comunicaciones a través de estas instalaciones estadounidenses en Panamá se mantiene mediante el uso de códigos bilaterales”. Pero el general paraguayo sorprendió a su interlocutor estadounidense al afirmar que “a su juicio toda esta red de comunicación es inútil y sirve sobre todo para que los jefes de inteligencia exageren su declinante importancia”. Según el embajador White los dos agentes del FBI asignados allí evalúan que la existencia del Cóndor puede salir a la luz durante el juicio en Estados Unidos por el atentado a Letelier. Y termina el cable con esta frase extraordinaria: “Si la descripción del general Fretes Dávalos es exacta sobre el uso de un sistema encriptado dentro de la red de comunicación estadounidense, parecería aconsejable revisar este acuerdo para asegurar que su continuación sea en el interés de Estados Unidos. Pero yo no sé si esto es cierto”. Es razonable que un diplomático no conozca estos detalles, pero cuarenta años después parecería aconsejable que el Pentágono, que manejaba la zona del Canal, o la CIA que tal vez compartía su red de comunicaciones, hicieran conocer esos detalles al extraordinario líder que preside el país que acaba de recibir los documentos y gran amigo del presidente Trump.
Pero la CIA, no se digna bajar a estos pormenores. Cuando se escucha su voz, adopta un tono doctoral, para decir, por ejemplo, que “el juicio sobre a qué derechos pueden aspirar todas las personas es subjetivo, y varía de cultura en cultura”. Por eso, “al tratar de definir Derechos Humanos es difícil aventurar generalizaciones sobre una región geográfica, como el Cono Sur. Sin embargo, pueden discernirse algunos rasgos comunes”. Apasionante.
* Briefing Memorandum From Richard Feinberg of the Policy Planning Staff to Secretary of State Vance, Washington, November 19, 1977.
