No es fácil concebir en pocas palabras un juicio certero sobre la inuadita definición del nazismo que Esteban Bullrich alucinó en la casa de Ana Frank. Confieso que leí esas casi cuarenta palabras varias veces porque no podía relacionarlas de ningún modo posible con la atroz verdad que desencadenó el delirio criminal hitlerista antes y durante la segunda guerra mundial. Aunque este diario ya reprodujo varias veces la declaración del ministro de Educación, es preciso volver a hacerlo para calibrar la totalidad de su impacto. Dice así:
“Ella (Ana Frank) tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que proponía la intolerancia”.
La primera pregunta que me hago es en qué mundo se crió y educó Bullrich para convertir al nazismo en “una dirigencia que no fue capaz de unir”. Los nazis querían someter, no unir, eso es lo que sabe cualquiera que asistió normalmente al colegio pero que, por lo que parece, ignora el ministro de manera afrentosa. Luego ¿de qué paz habla, qué paz fue la que no supo llevar al mundo? Hitler propuso la guerra y la eliminación “industrial” de millones de personas en beneficio de “la raza aria”. Además, Bullrich enloda el concepto (desde el principio falso y equivocado) cuando habla de un “mundo que proponía la intolerancia”, es decir que el mundo –siempre hostil– esperaba que Hitler le restituyera la tolerancia ¿es ese el criterio que propone el ministro? Desde ya, entre muchas otras cosas suficientemente graves, esta declaración vergonzosa es una afrenta a la inteligencia: la inversión de la verdad mediante –para colmo– términos “indoloros” y domesticados, aligera lo que no admite ningún tipo de ligereza y lo que es todavía peor (o “tan” peor como lo anterior) es la tolerancia casi simpática que exhibe hacia el horror del régimen hitlerista al decir que se trató de una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar la paz. Es decir, Hitler cometió un error benial y debió pedir perdón, digamos a la manera macrista, pero no lo hizo, lo cual es una pena.
Uno puede preguntarse si Bullrich –y otros miembros del gabinete– se burlan de nosotros, o si son tan ignorantes como parecen o si, ya en el barranco precipitado de lo admisible, son tan derechistas que el nazismo les resulta benigno. O si, en definitiva, viven hundidos en una perpetua indiferencia que los blinda de toda impresión de realidad.
Por otro lado, y para finalizar, cuando supone que los sueños de la pobre Ana Frank (refugiada en un altillo) quedaron truncos “en gran parte” por culpa de esa “dirigencia” evita decir que fue totalmente debido al nazismo y no sólo en gran parte. Y no sólo quedaron truncos sus sueños sino su propia vida, perdida en los campos de exterminio, como nadie ignora, junto a otras seis millones de personas eliminadas por el hecho de ser judías. Por último ¿a quién le teme Bullrich? ¿Les teme a la Merkel, a Alemania, a su propio subconsciente, a los capitostes de Bruselas? Me pregunto también si habrá leído el ministro el diario de Ana Frank, se lo recomiendo si no lo hizo y le recomiendo también los diarios de Victor Klemperer y la Trilogía de Auschwitz, de Primo Levi. Pero quizá no soporte tanto horror.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene “actas y registros fotográficos” de los trabajadores que adhirieron al paro convocado por ATE Capital el 16 de marzo pasado y envió a los responsables de distintos organismos públicos listados de afiliados a ese sindicato “para proceder” a descontarles el día. Así surge de una denuncia realizada por la Junta Interna de ATE en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que calificó a la maniobra como “una clara acción de persecución gremial y política a las y los trabajadores organizados”, propia “de un gobierno fascista y neoliberal”.
En paralelo con el segundo día del paro nacional de 48 horas convocado por los gremios docentes, ATE Capital paró el jueves 16 para rechazar el tope del 18 por ciento que el gobierno porteño –igual que el nacional y el bonaerense de María Eugenia Vidal– pretende imponer a las paritarias. El “abandono de trabajo” para participar de la masiva movilización de aquella tarde fue “verificado por la Subsecretaría de Trabajo a través de sus inspectores, mediante actas y registros fotográficos”. Así surge de un mail que Jorge Andrés Rey, director de Relaciones Laborales del gobierno porteño, le envió al propio Rodríguez Larreta, a su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y a un grupo de funcionarios. En el correo fechado el 23 de marzo, al que accedió al Junta Interna del Consejo, Rey pide que le informen sobre “las ausencias incurridas” para “proceder a los descuentos respectivos” y con ese fin adjunta planillas de Excel con nombre, apellido y DNI de los afiliados de cada repartición.
La medida de fuerza fue “legalmente informada” por ATE Capital “en uso de nuestros derechos constitucionales”, ya que “el paro es una acción legal”, recordó la Junta Interna en el Consejo. Calificó la decisión de Rodríguez Larreta como “gravísima, violenta y persecutoria” contra los trabajadores “que luchamos contra las políticas de vaciamiento del Estado y peleamos por estabilidad laboral y paritarias libres”. “Esta medida excede ampliamente el descuento de un día de paro. La existencia de listas negras no se ve en nuestro país desde la época de la dictadura militar. La publicación de un listado con nombre y DNI en un documento oficial consiste en una bisagra que implanta un plan sistemático de persecución ideológica”, advirtió.
El comunicado contextualiza la decisión en el marco de “las herramientas propias con las que responde un gobierno fascista y neoliberal”, y enumera: “persecución a los docentes, a la educación pública, amenazas a dirigentes gremiales, desprestigio de los sindicatos, persecución político partidaria a los miembros de la oposición, presos políticos como Milagro Sala, retroceso en las políticas de la Memoria, Verdad y Justicia, y la puesta en duda por parte de funcionarios sobre el genocidio de Estado, militarización de los barrios, baja de la edad de punibilidad, entre tantas otras”.
Oscar Parrilli y Juan Martín Mena advirtieron que la decisión de la administración macrista de "abandonar un rol activo" en el juicio por el encubrimiento del atentado apunta a beneficiar a los acusados. Dijeron también que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.
(Imagen: Télam)
La renuncia de la abogada Mariana Stilman a la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, tras las presiones del Ministerio de Justicia para bajarle el tono a la acusación contra los imputados en ese hecho, es la comprobación de la “decisión política” del Gobierno “para que esa causa termine en la nada”. Así lo consideraron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, ex director y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, quienes además advirtieron que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.
Para Mena, la decisión del Poder Ejecutivo de cambiar el eje de la querella es, en los hechos, “dejar de acusar”. Y no acusar “no solo es una decisión política reprochable, sino que también es (un acto) delictivo”. Por lo tanto, añadió, esa decisión es parte de “un nuevo encubrimiento del poder político” al atentado terrorista más grave que sufrió el país.
Tal como lo reveló hoy Página/12, la dimisión que Stilman le presentará al ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene como principal argumento un rechazo a su postura de incorporar a la querella a un nuevo abogado con instrucciones de no actuar activamente contra los procesados. Quienes están sentados en el banquillo de los acusados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex jefe de la SIDE, los fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y el ex jefe policial allegado al macrismo Jorge “Fino” Palacios.
La decisión de que el Estado sea querellante en esa causa fue decidida a través de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, que reconoce la responsabilidad internacional de la Argentina en ese hecho. El objetivo no solo fue investigar las presuntas irregularidades en la investigación cometidas por espías y funcionarios judiciales y políticos durante el menemismo, sino también dar cumplimiento al compromiso que el Estado tenía al respecto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno dejó trascender que planea publicar en los próximos días un decreto para desclasificar los archivos secretos de la ex Side vinculados al atentado a la AMIA, como gesto de interés y colaboración con la investigación. Como novedad, es llamativa, ya que el decreto 395 del año 2015 ya dispuso esa misma medida y tanto los fiscales de la Unidad AMIA así como el Grupo de Análisis Documental de la Procuración, vienen analizando desde entonces el material que quedó a disposición en dependencias (por cierto bastante sucias y descuidadas) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La diferencia, según explicó a PáginaI12 Mario Cimadevilla, el titular de la Unidad especial del Ministerio de Justicia, sería que la desclasificación pasará a ser controlada por su propia dependencia, o sea, el Poder Ejecutivo. La lógica de esta situación es la misma que pone en evidencia la renuncia de la abogada Mariana Stilman que representa la querella del Gobierno en el juicio por el encubrimiento del atentado, quien en una carta denunció que el ministro de Justicia Germán Garavano dio instrucciones para evitar un papel activo en las audiencias (ver aparte).
El decreto de 2015 dispone “la desclasificación de la totalidad de la documentación que fue remitida en custodia” a la UFI AMIA por una resolución de la ex Side; “la desclasificación de la documentación adicional” seleccionada en la central de inteligencia; la “desclasificación de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa” que estén en poder de la AFI. El decreto instruye a la Agencia para que remita todo a la Unidad de Investigación que tiene delegada la causa sobre el atentado. Según Cimdavilla, “no está todo desclasificado, por eso hace falta un nuevo decreto, que será complementario, no derogará el anterior”.
“No es cierto. Nosotros no sólo desclasificamos, hicimos entrega de todo el material. Hacen esto para mostrar que hacen algo y congraciarse con la colectividad judía, más después del papelón de Esteban Bullrich hablando de Ana Frank. El decreto ya existe”, dijo a este diario Oscar Parrilli, ex titular de la AFI, en la misma línea de un tuit de Cristina Kirchner.
En la Unidad AMIA de la Procuración, dos funcionarios consultados por este diario dijeron que aún falta desclasificar material y documentación, aunque buena parte ya fue realizada. Lo que sucedió después del decreto de 2015 es que se encontraron con que ellos tenían que hacer un trabajo de inventario y análisis de todos los elementos, que son miles, y que estaban arrumbados en sótanos y dependencias de la AFI llenos de suciedad, excrementos de rata y humedad. En esto trabaja personal de la UFI AMIA y del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad). La UFI ha ido realizando reclamos parciales de desclasificación a medida que detectó pruebas puntuales. Encontraron videos en VHS, casettes con escuchas, partes de inteligencia, análisis de prensa, fotos, entre otras cosas. A medida que se desclasifica y digitaliza una caja, se labra un acta conjunta entre la unidad y la AFI. Uno de los videos hallados fue el que permitió, por ejemplo, identificar a la víctima 85 el año pasado. Un punto en el que buscan avanzar, por ejemplo, son documentos de inteligencia previos al atentado. Por esto plantean que todo lo que sume a la investigación y desclasificación es bienvenido. La duda principal es si el decreto encierra otra intencionalidad o si habilitará un control directo del Poder Ejecutivo sobre lo que se investiga.
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Cimadevilla dice: “No creo que en la Argentina la Justicia esté en condiciones de investigar al poder; AMIA y Nisman son ejemplos de eso. Por eso nuestro planteo es remover los obstáculos para que los jueces dicten sentencia. Nosotros (la Unidad AMIA del Ministerio) nos vamos a hacer cargo de la desclasificación, sin restar participación a la Unidad de Fiscales y respetando el papel de la AFI. Queremos poner expertos, por ejemplo, de la Universidad de San Andrés, para que analicen y desclasifiquen lo que no se hizo hasta ahora”. En la misma línea, Cimadevilla es el impulsor del proyecto de ley de juicio en ausencia para el caso AMIA y otros. Es una herramienta muy cuestionada en la comunidad jurídica ya que podría interpretarse que vulnera el derecho de defensa y la posibilidad del acusado de explicar su versión de los hechos en primera persona. La organización Memoria Activa ha sostenido que es un artilugio para designar un culpable sin buscar la verdad.
La puesta a disposición del material a desclasificar, ya sea de la AFI o de otras dependencias, ante los reclamos de la Unidad de Fiscales, parece más una cuestión de voluntad política que de la firma de un nuevo decreto. En todo caso, está por verse cuál es el propósito de generar una intervención tan directa del Gobierno, y si está –como todo hace suponer– en línea con los hechos denunciados por la abogada de la querella del Estado respecto de las instrucciones del Ministerio de Justicia para mantener un papel poco activo en el juicio del encubrimiento.
En el juicio por el desvío de las pistas en el caso AMIA se producirá hoy un verdadero escándalo: se va a anunciar la renuncia de la abogada designada por el Ministerio de Justicia de la Nación, Mariana Stilman. La letrada le envió una carta informando de la renuncia al Tribunal Oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge “El Fino” Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a tener un papel activo como querellante y como acusadores. “Esto podría generar la defensa de intereses opuestos”, dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.
La renuncia de Stilman va a producir hoy durísimos planteos en el juicio oral por encubrimiento, que tiene audiencias los lunes y jueves. Ante los jueces, los familiares de las víctimas en todas sus vertientes –Memoria Activa, Familiares, Apemia– dejarán constancia de que una querella que estaba trabajando en la acusación de las irregularidades del caso AMIA recibió instrucciones del ministro de Justicia de no actuar tan activamente contra los imputados. Habrá planteos furibundos también ante el ministro Garavano y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que Néstor Kirchner firmó en su momento un decreto comprometiendo al Estado argentino a juzgar a los que sembraron pistas falsas. Desde esa óptica es un hecho grave que el Estado instruya a su representante que no acuse con la fuerza que debería.
Texto
Stilman podría haber renunciado argumentando motivos personales o sin argumento alguno. Sin embargo quiso dejar constancia de que lo que motiva su paso al costado es una orden que va contra sus criterios éticos y morales. El texto tiene cinco páginas. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. En otras palabras, Stilman está diciendo que se le pidió no actuar activamente en la acusación y que semejante conducta va contra sus principios éticos y morales y la pondría del lado de los intereses de Menem, Galeano, Beraja, Palacios y las ex autoridades de la SIDE.
Cambios
La querella que representa al Estado, es decir que acusa a los imputados en nombre del Poder Ejecutivo, fue cambiando de manos. Durante la última etapa del kirchnerismo quien se ocupaba de la acusación era Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y en ese momento subsecretario de Justicia. Al asumir Mauricio Macri, Hazan presentó la renuncia y quedó en la primera fila Elizabet Gómez Alcorta, que hoy es defensora de Milagro Sala. Sin embargo, ante la realidad de que le iban debilitando su equipo, también Gómez Alcorta presentó la renuncia. La querella quedó en manos de Stilman, quien en su renuncia menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a ella trabajó el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivía a una cuadra de la AMIA y vivió el atentado muy de cerca: siendo un niño estallaron los vidrios de su casa cuando él jugueteaba allí. Hace tres semanas Strajman fue sancionado y le impidieron continuar en el juicio con el argumento de que “perdió objetividad”.
Desde hace varios meses, el ministerio de Justicia envió para intervenir en el juicio a un nuevo funcionario, Miguel Inchausti. El abogado fue designado por el propio Garavano con el argumento de que es el ministro el que tiene que tener el control de lo que estaba pasando. Inchausti empezó sentándose atrás y fue comentando que la orden era diferenciarse de los familiares de las víctimas. Los gestos fueron advertidos por los abogados de Memoria Activa, Familiares y Apemia: ni siquiera los saludaba. Con el tiempo fue adquiriendo cada vez más protagonismo, pese a que nunca tomó la palabra en las audiencias.
Micrófono
En una de las últimas audiencias del juicio oral las cosas derivaron en un virtual escándalo. Estaba a punto de declarar un testigo clave, el ex secretario del entonces juez Galeano, Claudio Lifschitz. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se opuso a que Lifschitz declare argumentando razones procesales. Es decir que trataron de impedir que dé su testimonio el hombre que contó los desvíos, las maniobras del juez, el gobierno y la SIDE. Las querellas –la Unidad Fiscal AMIA, los familiares de las víctimas– pusieron el grito en el cielo considerando que se trataba de evitar una declaración clave. Cuando le tocó el turno a la querella, Stilman iba a tomar la palabra, pero se percibió una puja con Inchausti por el micrófono. Este quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia y Stilman se negaba. Se escuchó la frase de la abogada hacia Inchausti: “en ese caso, decilo vos”. Hubo algo bastante parecido a un forcejeo por el micrófono
Finalmente los jueces –Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill– permitieron que declare Lifschitz quien relató, paso a paso, los vínculos del juzgado con el Poder Ejecutivo en tiempos de Menem. Lifschitz fue testigo de la decisión de abandonar otras pistas y apuntar contra los policías bonaerenses como cómplices del atentado. Todo indica que esa movida –decisiva en el encubrimiento– tuvo como objetivo adjudicarle cierta responsabilidad a una fuerza de Eduardo Duhalde, archienemigo de Menem en la época y, además, entregar algún culpable a la sociedad ante el fracaso de la investigación. El ex secretario describió desde adentro la jugada clave que consistió en pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Lifschitz expuso también una de sus principales hipótesis: la SIDE tenía localizada la célula que cometería el atentado, encabezada por un tal Khalil Ghatea, pero los espías fallaron en evitar el ataque. Como se ve, era un testimonio de máxima importancia.
En ese marco de tensión por la envergadura del testigo, el incidente entre Stilman e Inchausti terminó entre lágrimas de la letrada y la sensación de que el cruce derivaba en su renuncia. Es que era conocido que Stilman había trabajado mucho las preguntas para hacerle a Lifschitz, por lo tanto la situación se percibió como intolerable para ella. Incluso si Stilman no daba un paso al costado con sus dos renuncias por escrito –a los jueces y al ministro Garavano–, algunos de los querellantes iban a plantear la cuestión en la audiencia de hoy. Advertirían a los miembros del tribunal de la existencia de la puja y el peligro de que una querella se iba a convertir en defensa de los acusados: lo que Stilman menciona en su carta de renuncia como “la defensa de intereses opuestos”.
Ordenes
En la carta de renuncia a Garavano, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por directas órdenes del ministro de Justicia. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro –dice Stilman en su texto–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus órdenes expresas”. Por lo tanto, la letrada señala que no puede traicionar su “conciencia jurídica” aceptando lo que en el fútbol se llamaría ir para atrás.
Stilman ratifica que llegó a encabezar la querella del Ministerio de Justicia por pedido de Carrió “y se me está impidiendo ejercer mi función con libertad y probidad, máxime tratándose de una causa que me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”.
Clave
El paso al costado de Stilman es de fuerte impacto:
No es casual que se haya producido alrededor del testimonio de Lifschitz, una pieza importante en la acusación. La querella del Ministerio de Justicia intentó mostrarse al lado de las defensas y de la querella de AMIA y DAIA, que parece alineada en la idea de tratar de salvar a Beraja.
La implosión de la querella del Ministerio de Justicia se produce a un mes del momento en el que se producirán los alegatos. Iba a ser muy distinto el alegato acusatorio de Stilman. En la renuncia, la letrada tiene una definición: menciona que, cuidando la objetividad, se perciben las graves irregularidades de los funcionarios del gobierno y judiciales. Es decir que la abogada ya deja claro en su texto que acusaría con dureza a los imputados en el juicio.
Coalición
El escándalo de la renuncia de Stilman deja secuelas en varios terrenos:
Hay un nivel en el que habrá, tarde o temprano, denuncias judiciales contra Garavano e incluso contra Inchausti. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero también por aspectos que tienen que ver con un fraude procesal.
Habrá indefectiblemente una denuncia ante la CIDH. La delegación que viene en mayo tiene el tema en su agenda, a raíz del acuerdo que se firmó en Washington en el que la Argentina se comprometió, entre otras cosas, a juzgar las maniobras que se hicieron en AMIA. El ir para atrás –opinan algunos de los querellantes– va directamente en contra de lo firmado.
Y está el aspecto político. Como en otros casos, la administración Macri aparece en coalición con la AMIA, la DAIA, la derecha norteamericana e israelí. Y mirado desde este ángulo, Menem, Beraja, y casi todos los imputados formaron –o forman– parte de ese alineamiento.
El problema es que salir en defensa de los acusados es impedir que sean condenados por desviar la investigación AMIA. E 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral que juzgó a los imputados de integrar la conexión local del atentado –los policías bonaerenses y Telleldín– dictaminó que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Los responsables de ese armado falso –Menem, Galeano, la SIDE, los fiscales, Palacios, Beraja– son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados y por los que se le pidió a Stilman que no acuse de manera tan activa. Se trata de otra estafa contra las víctimas del atentado y sus familiares.
Bajo la consigna “por el trabajo, la educación y paritarias libres”, las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, que en sus filas tienen a los principales gremios docentes del país harán hoy una movilización a Plaza de Mayo de la que participarán también los sindicatos cegetistas enrolados en el Movimiento de Trabajadores Peronistas ‘Saúl Ubaldini’ y movimientos populares. La jornada del “30M” –que conmemora el primer paro general que la CGT que conducía Ubaldini hizo contra la dictadura– cierra un mes marcado por las masivas movilizaciones sindicales y sociales contra las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, que terminaron por empujar la huelga general de 24 horas convocada por la CGT para el 6 de abril y a la que se sumarán todas las centrales sindicales.
El acto central de la “jornada nacional de lucha” de hoy será en Plaza de Mayo y está previsto para las 17 horas. Anoche, rodeados de un “impresionante operativo policial intimidatorio” -según relataron a PáginaI12–, militantes de las CTA comenzaron a montar el escenario junto a la Pirámide de Mayo desde donde hoy cerrarán la movilización el docente Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), el estatal Pablo Micheli (CTA Autónoma) y representantes del MTP Saúl Ubaldini. Allí también se leerá un documento de los “trabajadores migrantes” contra del decreto migratorio con que Macri restringe el ingreso de extranjeros al país que hoy paran en rechazo a las medidas xenófobas del Gobierno (ver página 16).
Los manifestantes comenzarán a concentrarse desde más temprano en distintos puntos del centro porteño para luego marchar hasta la Plaza de Mayo. Las columnas de sindicatos y organizaciones adheridas a ambas CTA, que incluye a los docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) -su secretaria general Sonia Alesso viajaba anoche desde Santa Fe para encabezar la movilización- se reunirán a partir de las 15 horas en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio.
Los sindicatos de la CGT agrupados en el MTP ‘Saúl Ubaldini’ lo harán a partir de la misma hora en Diagonal Sur, a la altura del Monumento a Roca.
