Oscar Parrilli y Juan Martín Mena advirtieron que la decisión de la administración macrista de "abandonar un rol activo" en el juicio por el encubrimiento del atentado apunta a beneficiar a los acusados. Dijeron también que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.
La renuncia de la abogada Mariana Stilman a la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, tras las presiones del Ministerio de Justicia para bajarle el tono a la acusación contra los imputados en ese hecho, es la comprobación de la “decisión política” del Gobierno “para que esa causa termine en la nada”. Así lo consideraron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, ex director y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, quienes además advirtieron que la Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.
Para Mena, la decisión del Poder Ejecutivo de cambiar el eje de la querella es, en los hechos, “dejar de acusar”. Y no acusar “no solo es una decisión política reprochable, sino que también es (un acto) delictivo”. Por lo tanto, añadió, esa decisión es parte de “un nuevo encubrimiento del poder político” al atentado terrorista más grave que sufrió el país.
Tal como lo reveló hoy Página/12, la dimisión que Stilman le presentará al ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene como principal argumento un rechazo a su postura de incorporar a la querella a un nuevo abogado con instrucciones de no actuar activamente contra los procesados. Quienes están sentados en el banquillo de los acusados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex jefe de la SIDE, los fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y el ex jefe policial allegado al macrismo Jorge “Fino” Palacios.
La decisión de que el Estado sea querellante en esa causa fue decidida a través de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, que reconoce la responsabilidad internacional de la Argentina en ese hecho. El objetivo no solo fue investigar las presuntas irregularidades en la investigación cometidas por espías y funcionarios judiciales y políticos durante el menemismo, sino también dar cumplimiento al compromiso que el Estado tenía al respecto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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