jueves, 23 de marzo de 2017

23 de marzo de 2017 | El país | Los maestros no se caen OPINIÓN Tierra arrasada

El ránking de las palabras más usadas en la marcha federal docente fue encabezado por: “gato”, “Carnero” y todas las formas derivadas del verbo “caer”. El discurso del gobierno de Cambiemos, ambivalente y engañador, en onda de máxima zen a pequeño saltamontes, tiene un límite. Cuando se rompe esa cáscara de mentira declarada como absoluta verdad genera violencia. De los falsos llamados al diálogo, al que a veces ni siquiera asistieron los mismos funcionarios que decían convocarlo, el discurso oficial se volvió agresivo contra los maestros y algunos de sus dirigentes. Se hizo persecutorio y macartista e inclusive el gobierno bonaerense mandó policías a las escuelas para hacer listas negras. Se llamó a carnerear y se intentó dividirlos. Hicieron una campaña pública para movilizar “voluntarios” no docentes para carnerear y después ofrecieron plata a los maestros para que traicionen a sus compañeros. 
El retroceso cultural que ofreció este gobierno a la sociedad con su actitud hacia la educación pública, hacia los maestros y hacia la comunidad educativa que se nuclea alrededor de la escuela pública retrasa más de un  siglo y medio, y hace polvo hasta el iluminismo liberal sarmientino. Los ministros de educación, la gobernadora María Eugenia Vidal y hasta el mismo presidente Mauricio Macri han expresado de una u otra manera que descreen de los derechos a la libre agremiación y a la huelga, descreen de la escuela pública y desprecian al  docente empleado público, como actor educativo central. En esa secuencia de degradación del discurso, el nivel más bajo ha sido el comienzo de una ofensiva para desprestigiar a la educación pública en general. En el último tramo del conflicto, los funcionarios y los medios oficialistas compitieron para descalificar a la escuela gratuita exhibiendo los resultados manipulados de la encuesta Aprender. Cuando difundió esos resultados, Macri dijo que los que pueden pagar eligen a las escuelas privadas y lo que no, “caen” en las escuelas públicas. Ese argumento es usado para no aumentar el salario de los docentes. Tendría que ser al revés: si algo está mal, hay que mejorarlo con el aporte de más recursos y no sacárselos.
Marcos Peña dijo en el Congreso que los policías ni los médicos tienen paritarias y quedó en el aire que tampoco tienen derecho a huelga, equiparándolos con los maestros. Como si la función de policías y m{edicos fuera garantizar o, por lo menos, facilitar el principio democrático de igualdad de oportunidades. Esa misión igualadora y democratizante que tiene la educación pública es contraria a la imagen que van desnudando las políticas de la alianza de conservadores radicales y no radicales. A través de esas políticas de pauperización de lo público, la función igualadora de la educación muta en una mecánica de fragmentación: Distintos niveles de educación, según el nivel económico de los estamentos sociales que, de esa forma, perderán posibilidades de movilidad ascendente. Abajo de todo, la educación pública, sólo para  pobres que siempre serán pobres. En esa escala descendente se inserta la palabra “caer en una escuela pública” que en la visión presidencial sería como caer en el fondo del tacho de la sociedad. Y al quitar la paritaria nacional está planteando lo mismo con las provincias: las más pobres tendrán una pobre educación y se profundizará la diferencia con las más ricas. 
Según versiones, Macri confesó a algunos de los periodistas oficialistas con los que se reúne, que uno de sus principales errores fue haber consentido el acuerdo paritario docente de 2016. El mismo presidente que se queja del nivel de la educación pública (medido por una prueba cuya metodología ha sido rechazada por los expertos) no hace nada por mejorarla. Ni siquiera equipara los salarios con la inflación y tiene paralizado el Instituto Nacional de Formación Docente. No hubo una sola precisión ni decisión nacional en política educativa en todo este año que no fuera para problemas como cuando se quiso bajar el presupuesto a las universidades o cuando se dejaron de distribuir las netbooks en las escuelas.
En ese contexto tan hostil a la educación pública por parte del gobierno, fracasaron todos los intentos por dividir y aislar. Los siete gremios nacionales docentes, donde los hay más radicales, más de izquierda, progresistas y peronistas, marcharon juntos y con las mismas consignas. Lo mismo la izquierda que es opositora en los gremios más grandes marchó encolumnada con las mismas consignas de la convocatoria. La respuesta de los maestros fue masiva como pocas veces. Había padres con chicos y miles de maestras y maestros con guardapolvos y miles de cartelitos inventados con gran creatividad en cartulinas y papeles de colores. Lo que se vio ayer en la calle fue una comunidad educativa que se siente agredida por este gobierno y está enojada. El gobierno encaró este conflicto dispuesto a dejar tierra arrasada para frenar discusiones paritarias. Pero dejar tierra arrasada en el terreno de la educación pública sería como herir el corazón de esta democracia incipiente.

23 de marzo de 2017 | El país | Los maestros no se caen CIENTOS DE MILES DE DOCENTES DE TODO EL PAÍS RECLAMARON EN PLAZA DE MAYO QUE EL PRESIDENTE CONVOQUE LA PARITARIA NACIONAL “Si el Gobierno no escucha, esto no se soluciona”

Los gremios docentes calcularon que la concentración sumó 400 mil personas.

“Estamos acá para decirle al Presidente que cumpla con la ley. Que respete una ley votada por el Congreso, una ley por la que nosotros militamos, por la que llevamos adelante luchas en todo el país, la marcha blanca del 88, la Carpa Blanca... Si el Gobierno no escucha el reclamo, este conflicto no se soluciona”, advirtió Sonia Alesso, titular de la Ctera, desde un palco que ayer juntó a los gremios docentes de todo el país. Los maestros llenaron la Plaza de Mayo para reclamarle a la administración macrista que convoque a la paritaria federal. Avisaron que mientras eso no suceda, van a continuar el plan de lucha. Como primer paso, la semana próxima, el jueves 30, harán una nueva jornada nacional, con paro y movilizaciones. 
Desde las vallas que rodean la Casa Rosada hacia atrás, todo el espacio quedó completamente a tope, densamente ocupado. “Les caímos en la plaza”, apuntaron desde el escenario.
Quien mirara desde la Pirámide de Mayo hacia la 9 de Julio sólo podía ver un mar de cabezas; era difícil medir a ojo la extensión de la protesta. El auxilio de un dron y sus imágenes aéreas dieron elementos menos discutibles: la manifestación se extendió en abanico, dos cuadras largas más allá de la plaza por la Avenida de Mayo y las dos diagonales. En el cálculo de los organizadores, la concentración reunió a 400 mil personas.
“El Gobierno dice que nos convoca al diálogo mientras nos aprieta. En Mendoza impusieron el ítem aula, en la provincia de Buenos Aires ofrecen un plus a los que no paren. Somos trabajadores, y por eso el diálogo con el empleador no se hace en una mesa de café, sino a través de una institución: la paritaria. No hay diálogo si no hay paritaria”, abrió su discurro el secretario gremial del Sadop, Pedro Bayúgar. Fue uno de los cinco oradores por los gremios con representación nacional, uno por cada federación. También hablaron dirigentes de las dos Conadu, que reúnen a los profesores universitarios, y estudiantes. 
Buena parte de los discursos estuvieron dirigidos a contestar los argumentos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien insiste en que la paritaria nacional no es necesaria, porque la Nación está mandando fondos a las gobernaciones y el piso salarial docente sube de manera automática con cada aumento del salario mínimo, vital y móvil.
“El ministro miente cuando dice que el salario inicial va a subir siempre, por automaticidad. Esa es una cláusula complementaria, que se refiere sólo a no quedar por debajo del salario mínimo vital y móvil, que no invalida la paritaria. Los docentes no somos estúpidos”, planteó Sergio Romero, de la UDA.
Otras intervenciones desmintieron que las provincias estén recibiendo fondos suficientes. O recordaron que, desde la asunción de Cambiemos, los presupuestos educativos pasaron a subejecutarse. “El país necesita un ministro de Educación, no un gerente de recursos humanos”, se quejó Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica.
Todo el arco de los dirigentes docentes señaló que, tras el embate contra la paritaria y el recorte de los sueldos docentes, la intención es desresponsabilizar al Estado nacional de la educación pública.
“La operación del Gobierno no empezó ayer. No es desde la semana pasada que el Gobierno viene sosteniendo que la educación pública no sirve, que los maestros no estudian... desprecia a los científicos y a los universitarios. El Gobierno viene por la mercantilización, por eso nuestra tarea es difícil: es dar una batalla de ideas”, dijo Alesso, titular de Ctera.
Como manifestantes, los docentes son poco convencionales. Cuando empezaba un discurso, por ejemplo, hacían silencio, los bombistas dejaban de tocar. Los oradores era glosados, completados con comentarios desde abajo. 
“Si fuera por el Gobierno, ellos sacarían del mapa a la educación pública”, dijo por ejemplo Romero. 
“Obvio”, comentaron varias docentes. ¿Por qué es obvio?, le preguntó PáginaI12 a una de ellas. La maestra contó que trabaja en el Bernasconi, una escuela estatal porteña, considerada tradicionalmente de las mejores del distrito. “La escuela no encuentra suplentes, porque con este nivel de sueldos cada vez menos gente estudia para docente. Como no consigue, bajan los requisitos. Comenzaron por tomar a estudiantes con el 70 por ciento de las materias aprobadas y hoy ya están aceptando con el 40 por ciento... eso es resultado directo de los salarios bajos”, fue la respuesta. 
Cuando un discurso criticaba la subejecución educativa, abajo los comentarios apuntaron a la falta de escuelas. “En mi distrito tenemos 500 chicos sin vacantes”, apuntó Sandra, inspectora de Moreno. Agregó que en lugar de solucionar los problemas edilicios, les mandaron “aulas modulares” o containers. “Los chicos se van; ¿cómo se los puede contener así?” 
También había carteles argumentativos: “Maestros de grado con 10 años de antigüedad, $ 10.752 - Canasta Básica del Indec, $ 12.952”.  “Invertí en educación y no en represión - Más aulas, menos jaulas”. 
En la paritaria nacional, que Cambiemos se niega a convocar, se discutían hasta el año pasado tres temas: un salario inicial para todos los docentes del país (más allá de que luego lo deban pagar las provincias), los fondos nacionales destinados a que los distritos más pobres puedan afrontar ese costo y el monto del Fondo de Incentivo Docente, que también con recursos nacionales aporta una suma fija para mejorar los sueldos.
Alesso advirtió en este sentido que si el Gobierno no llama a la paritaria nacional, “el conflicto no se va a solucionar”. Aludió así a que las provincias no podrán afrontar solas el tema de los salarios docentes, pero también a que la cuestión es estructural para los gremios.
“Estamos acá para decirle al Presidente que cumpla con la ley, que respete la ley, una ley votada por el Congreso, una ley que nosotros militamos, marchamos, por la que llevamos adelante luchas provinciales en todo el país. Casi todos los que hoy estamos (dirigiendo los gremios) nos conocimos en esos años. Hoy venimos otra vez de hacer movilizaciones en todo el país, clases públicas, visitas a los vecinos, marchas de antorchas y otras acciones, que fueron construyendo esta gran marcha. Estamos acá para decir que los docentes no nos arrodillamos”, señaló la dirigente.
Alesso puso el reclamo en su dimensión histórica. Recordó cómo la Ley de Financiamiento Educativo fue el resultado de años de movilizaciones y lucha de los docentes. Puso en esta línea a la marcha blanca del 88, a la Carpa Blanca y a los muchos conflictos provinciales que se desplegaron hasta la sanción de las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo.
Los gremios anunciaron en este marco un nuevo paro con jornada nacional para el próximo jueves (día de la huelga convocada por las dos CTA) y anticiparon que se sumarán también al paro de la CGT del 6 de abril. 
Al palco, de espaldas a la Casa Rosada, subieron un centenar de dirigentes docentes de todas las provincias. Estela de Carlotto, la titular de Abuelas, Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, también se acercaron.
Dos chicas leyeron un documento consensuado por los estudiantes (“lean bien”, apuntaron desde abajo). “Es un derecho de los trabajadores negociar sus salarios, y los docentes no son la excepción”, leyeron las chicas. Como contraparte del ajuste en los sueldos, recordaron que los estudiantes también están sufriendo las consecuencias del recorte educativo. “El Conectar Igualdad entregó 100 mil computadoras en lugar de las más de 600 mil que debería haber distribuido. Y el desmantelamiento del Plan Fines dejó afuera a miles de compañeros que pierden la ilusión de terminar los estudios”.
Las adhesiones incluyeron al arco de gremios de estatales, judiciales, profesionales de la salud y sindicatos de la Corriente Federal como La Bancaria. Fabián Feldman, titular de CEA, observó: “Así como el docente fue el salario testigo de la Argentina, que no tengamos paritaria nacional puede convertirse también en un ejemplo: uno para que el Gobierno avance con medidas similares para el resto de los gremios. Esa es la responsabilidad que tenemos, no sólo por los docentes, sino por el conjunto de los trabajadores”.

23 de marzo de 2017 | El país BONADIO ELEVÓ A JUICIO ORAL LA CAUSA DE DÓLAR FUTURO Una maniobra que pasa a otra instancia

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Kirchner, el juez federal Claudio Bonadío envió a juicio oral la causa abierta contra la ex mandataria y varios ex funcionarios por las operaciones de dólar futuro. La elevación del proceso a esa instancia había sido pedida también, y de manera urgente, por la propia CFK. Ninguno de los imputados está acusado de haberse enriquecido con esas maniobras financieras. Por el contrario, quienes fueron beneficiados son parte de los gerentes y empresarios que actualmente ocupan puestos de gobierno y a los que el propio Bonadio eximió de cargo y culpa.
La ex presidenta está acusada de supuesta “defraudación contra la administración pública” en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015. Por ello, Bonadio le dictó un embargó de 15 millones de pesos, una medida que derivó luego en la inhibición general de todos los bienes de la ex presidenta.

En la misma causa que CFK están investigados el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios de la gestión anterior. Todos sostienen que con esa operatoria lograron evitar una gigantesca devaluación que hubiera pegado de lleno en los salarios reales de los trabajadores y en los ingresos de los jubilados.
De hecho, los funcionarios kirchneristas alegan que la devaluación de fines de 2015, concretada por el macrismo, produjo una inflación del 30 por ciento y fue un golpe para la mayoría de los ciudadanos del país.
Quienes presentaron la denuncia contra Cristina Kirchner, los legisladores oficialistas Mario Negri, Federico Pinedo y el ex ministro Alfonso Prat Gay, sostuvieron que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15. Al llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri devaluó y entre los beneficiados por su decisión hubo varios funcionarios de su gobierno.
Por el mismo tipo de operaciones financieras fueron sido denunciados a finales del año pasado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, Bonadio declaró la "inexistencia de delito" en esos casos.
El pedido para que la investigación pase a la etapa oral había sido formulado en febrero pasado por el fiscal federal Eduardo Taiano, luego de considerar “completa” la etapa de instrucción. El planteo surgió a menos de una semana de que el mismo magistrado pidiera la indagatoria de la ex primera mandataria y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros, en la causa Los Sauces.

ROZITCHNER ALEJANDRO DE MACRI

No aclare que oscurece, Alejandro Rozitchner
Guillermo Enrique. Videla, tenía 16 años. Cuando fue secuestrado de su domicilio de la calle España 855 y luego asesinado el 21 de marzo de 1975 por miembros de la Concentración Nacional Universitaria, junto a el fueron asesinados su primo Enrique Elizagaray de Juventud Universitaria Peronista, su papá Jorge Enrique Videla, sus hermanos Guillermo Videla de la Juventud Peronista, Jorge Lisandro Videla de la Juventud Universitaria Peronista y Bernardo Alberto Goldemberg.
Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en el Colegio Nacional Mariano Moreno de Mar del Plata.
Revista Barcelona publicó 2 actualizaciones.

DEFENDIENDO A LA ESCUELA PUBLICA?

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