Por Alejandra Dandan
“El Estado argentino debe cumplir la decisión de la ONU”, dice Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS en diálogo con Página/12. “Esperamos que exista una posición muy clara y contundente del Estado federal sobre las declaraciones de distintos funcionarios que representan un quiebre en la posición histórica de Argentina en su relación de compromiso con los sistemas internacionales, con la comunidad internacional y un quiebre con la política exterior de Argentina”. En esta entrevista, Kletzel analiza el peso de la resolución de la ONU que dispuso la libertad inmediata de Milagro Sala y el pedido de informe que acaban de presentar al gobierno. Explica las razones por las que el Estado debe cumplir con la disposición en aunque sus funcionarios incluso ayer dijeron lo contrario ante una consulta del Comité Cedaw de la ONU. Y advierte que el impacto de la noticia publicada en distintos países señala que la comunidad internacional está mirando cómo actúa Argentina en derechos humanos.
–¿Cuál fue el motivo técnico de la presentación ante Cancillería?
–Para conocer qué acciones está llevando adelante el Estado argentino para dar cumplimiento a la decisión del Grupo de Trabajo que determinó la arbitrariedad de la detención de Milagro Sala y consecuentemente el deber de liberarla inmediatamente.
–A diferencia del Gobierno, ¿entienden que debe ser cumplido?
–Claro. El Estado debe cumplir. No hay discusión sobre si puede hacerlo o no. Lo que pedimos ahora es que haga público qué acción lleva a cabo para garantizarlo, y ya, porque el Grupo determinó que la libertad debía ser inmediata.
–¿Qué determina la obligación?
–Hay diferentes razones que en realidad no deberían estar en discusión. Por eso es muy llamativo que el estado federal que es garante del cumplimiento de las decisiones del sistema internacional de protección de derechos humanos, genere dudas. Lamentamos que sea así porque existe una tradición histórica de acatamiento de Argentina a las decisiones de los mecanismos internacionales de protección. Primero, porque la decisión del Grupo de Trabajo se dicta en expresa aplicación de dos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país: el Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad federal. Pero hay otras razones. La jurisprudencia de los tribunales locales y en particular de la Corte, que ya se refirieron a la aplicación de diversos mecanismos de protección y valoraron una serie de principios del derecho internacional que nosotros mencionamos en el pedido de informe. Si el Estado integra una serie de pactos que preservan un sistema, cuando se dicta una decisión hay que acatarla. Por eso, es llamativo que el Estado pretenda incumplir cuando el propio Estado fue parte del proceso, pudo hacer las consideraciones pertinentes y se llegó a esta decisión. Que no sea del agrado del Estado no es motivo para incumplir.
–El Grupo intervino en casos como el del venezolano Leopoldo López. Ustedes citan ese antecedente para marcar contradicción.
–El Grupo tomó varías decisiones sobre Venezuela. No sólo López. Observó una serie de detenciones en el contexto de las manifestaciones de 2014. También intervino en México. En casos muy relevantes porque es el órgano experto para analizar si una persona privada de libertad lo está de manera arbitraria. Por eso, desconozco las razones pero esperamos una respuesta de la canciller que fue candidata a ocupar el máximo cargo en la ONU: quiero pensar que va hacer todos los esfuerzos para garantizar la inmediata libertad de Milagro Sala dispuesta por expertos de esa organización. En el mismo sentido dirigimos la carta también a Leonardo Despouy de Cancillería, porque tuvo experiencia en el ámbito internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Esperamos una posición muy clara y contundente del Estado federal sobre estas declaraciones de distintos funcionarios que representan un quiebre en la posición histórica de Argentina en su relación de compromiso con los sistemas internacionales, con la comunidad internacional y un quiebre con la política exterior de Argentina. Y citamos el caso López porque también representa una ruptura en la posición del gobierno en política exterior.
–Para desentenderse el gobierno también dice es problema de la justicia de Jujuy.
–Todo lo contrario. Ante una decisión de un organismo internacional, el estado federal es el garante del cumplimiento. Hay muchísimos antecedentes que han implicado una combinación de acciones de articulación del Ejecutivo nacional, judicial y provincial para cumplir con estas decisiones. Fueron estas autoridades las que generaron y articularon la liberación de la joven tucumana conocida como Belén. Ni siquiera hablamos de otros innumerables antecedentes de años o décadas. En ese caso, el estado argentino generó los medios para liberar a Belén en otra jurisdicción provincial pero a nivel federal actuaron las mismas autoridades que jugaron un papel que ahora esperamos que jueguen.
–¿Cuándo se presentó y cómo se actualizó el informe? Otro modo para omitir responsabilidad del gobierno es decir que se evaluó sólo el acampe o no todas las causas.
–Para llegar a la decisión el Grupo consideró información aportada por nosotros, Cels, Amnistía Internacional y Andhes. Esa información se amplió a medida que se iban iniciando nuevas causas, en la lógica de entramado judicial que hubo para mantener el encierro de Milagro Sala. Fuimos apartando toda la información. Y el Estado que fue parte del proceso también aporto información. La denuncia original es del 2 de febrero pero fuimos haciendo presentaciones posteriores para actualizarla. El Estado también lo hizo. Intentó dar cuenta allí mismo que esto era una causa compleja. Que había innumerables causas. Nosotros fuimos explicando, en cada una, por qué era imposible sostener que no fuera arbitraria la detención. Acá lo que estuvo en discusión es si ella está o no arbitrariamente detenida. Hoy el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (Cedaw) preguntó al gobierno cómo está la ejecución de libertad. Fue muy llamativa la respuesta del gobierno porque pretendió decir que era por una causa o una serie de causas que no habían sido consideradas por el Grupo cuando, como dije, no es así. En ese sentido, es muy preocupante que se esté proveyendo información incorrecta a los mecanismos internacionales de derechos humanos.
–Finalmente, ¿qué esperan que suceda?
–Esperamos que el Estado argentino no quede al margen de la comunidad internacional y que no quiebre su tradición de respeto y compromiso con los mecanismos de derechos humanos que le han significado un rol de liderazgo en este tema sobre todo por el proceso histórico de juzgamiento en lesa humanidad. El nivel de recepción internacional que tuvo la noticia fue enorme. Es un tema que hace a la imagen de Argentina en el mundo, ha sido tomado por The New York Times, The Washington Post y una gran cantidad de medios en el mundo que están mirando cómo actúa Argentina en derechos humanos.
