COMO SIGUE EL ACOSO JUDICIAL A CFK Tareas para la Cámara

Por Raúl Kollmann

A la ofensiva político-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner le van apareciendo obstáculos, sobre todo por la falta de pruebas. El martes se producirán dos audiencias de importancia. En la primera, la Sala I tratará la recusación de Claudio Bonadio en la causa Los Sauces, un expediente creado por el juez en combinación con Margarita Stolbizer cuando Bonadio ya había sido eyectado de otro expediente, Hotesur, que trataba sobre lo mismo: el alquiler de un hotel y oficinas de la familia Kirchner a Lázaro Báez y Cristóbal López. La misma Sala I tratará en audiencia, también el martes, la apelación al embargo del dinero que estaba en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia. Primero se dijo que era dinero no declarado y resultó que era la cifra que constaba en las declaraciones. Aún así, el juez Julián Ercolini decidió el embargo y a partir del martes los camaristas resolverán sobre el tema.

En los dos temas más mediáticos, los pedidos de indagatoria de CFK por parte de los fiscales, habrá demoras. En el caso del dictamen de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Ercolini pidió una larga serie de pruebas, diciendo tácitamente que la evidencia era insuficiente. Los diagnósticos de sobreprecios y las evaluaciones de obra pública provienen de fuentes del macrismo, como las actuales autoridades de Vialidad. Lo mismo ocurre con el promocionado pedido de Guillermo Marijuán, ese de la frase “la pongo al borde de la detención”, refiriéndose a la ex presidenta. Todo indica que el juez Sebastián Casanello, que recibió el escrito de Marijuán, se tomará bastante tiempo porque ni siquiera están claras las supuestas transferencias, cuentas y sociedades de Nevada. Recién después puede haber una primera tanda de indagatorias, en la que seguramente no estará CFK.

La idea de compensar las dificultades económicas con convocatorias a Comodoro Py de la ex presidenta afronta el problema de que no le encuentran cuentas en el exterior, sociedades en paraísos fiscales ni fondos escondidos. Los jueces federales coinciden en que los escritos que les presentan los fiscales están llenos de frases del estilo de “debió saber”, “no pudo desconocer”, “la lógica indica” y una serie de deducciones a las que le falta sostén de pruebas. Aún así, es evidente que cualquier cosa puede pasar en el politizado edificio de Comodoro Py, influenciado por el macrismo, el equipo de ex espías y radicales, y el auspicio de la derecha norteamericana que no quiere ver el regreso de los llamados gobiernos populistas.

La Sala I tiene convocadas dos audiencias para el martes. La primera, sobre la causa Los Sauces, una sociedad de la familia Kirchner dedicada a alquilar oficinas y propiedades en Río Gallegos, Calafate, El Chaltén y Puerto Madero. La investigación sobre esos alquileres está en la causa Hotesur, que incluye el hotel Alto Calafate, al punto que el juez Ercolini ordenó una pericia en la que 14 de los 33 puntos tratan sobre alquileres de Los Sauces. El expediente Hotesur lo instruía Bonadio, pero incurrió en tantas irregularidades que fue sacado por la Cámara: convocaba testigos sin notificar a las partes, impidió que la defensa de Carlos Alberto Beraldi viera el expediente y ordenó una pericia sin siquiera darle parte. Apartado Bonadio, quedó a cargo Ercolini, pero Bonadio se metió por la puerta trasera con otra causa por Los Sauces.

La investigación sobre los alquileres busca determinar si Lázaro Báez y Cristóbal López, que alquilaron esas propiedades, pagaron precios de mercado o si esas operaciones eran una coima encubierta. A priori, las cifras no parecen proporcionales. Las obras que se adjudicaron Báez y López superan los 30.000 millones de pesos y los alquileres, en total, están por debajo de los 50 millones, menos del 0,2 por ciento. Eso si se considerara que el valor de los alquileres es cero, algo imposible.

Aunque muchos tratan de olvidarse, la causa por el dinero de la caja de seguridad de Florencia Kirchner se inició por una denuncia de Stolbizer diciendo que había extraños movimientos en cajas de seguridad de la hija de CFK en el Banco de Santa Cruz, en Río Gallegos. Se ordenó un allanamiento y no había ninguna caja de Florencia en ese banco. En el Banco Galicia no había dinero no declarado: quedó en claro que los fondos constaban en las declaraciones a partir de la sucesión de Néstor Kirchner.

En los distintos cambios de argumentación de los acusadores entró en juego la imputación de que CFK distribuyó bienes este año, cuando la llamaron a indagatoria por el caso del dólar-futuro. El abogado de la ex presidente, Beraldi, explicó que la cesión de bienes se hizo en la sucesión de Néstor Kirchner, en 2011, mediante una escritura pública firmada en aquel entonces. Cristina cedió su parte a sus hijos y después el proceso de registro se demoró, como es habitual, por las valuaciones y otros trámites. Pese a las explicaciones, el juez Ercolini embargó los 4.664.000 dólares que estaban en la caja de Florencia y lo que tratará la Sala I el martes es la apelación presentada por Beraldi.

raulkollmann@hotmail.com

› ECHAN A 45 EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Despidos de docentes El viernes a la tarde recibieron llamados para que no se presenten mañana. Denuncian que a fin de mes vencen más contratos y hay muchos precarizados en esa área docente.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció una “nueva ola de despidos”, esta vez en el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La entidad gremial aseguró que “cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras” del Instituto “recibieron (el viernes) llamados desde la Dirección de Recursos Humanos, anunciándoles que a partir de mañana no podrán ingresar a la sede”, para llevar a cabo sus tareas habituales. Voceros de la cartera educativa consultados por la agencia Télam, negaron que se esté produciendo “un vaciamiento” del Instituto y agregaron que “no hubo situaciones de de malos tratos ni amenazas a los trabajadores del Instituto”.

Sin embargo, a una semana del comienzo del conflicto en el Instituto Nacional de Formación Docente, la Junta Interna de ATE expresó su “preocupación ante la falta de respuestas de los funcionarios ministeriales sobre los despidos masivos, abusos y maltrato laboral” ocurridos en esa dependencia. La entidad gremial señaló que luego de siete días “en estado de alerta, movilización, asamblea permanente y movilizaciones”, los trabajadores “no han obtenido respuestas satisfactorias” por parte del ministro Esteban Bullrich, la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel, y de la directora y la vicedirectora del Instituto, Cecilia Veleda y Florencia Mezzadra, respectivamente. Ante la situación, la Junta Interna declaró el “estado de asamblea permanente en todo el Ministerio”.

El Instituto de Formación Docente es el que coordina y dirige las políticas de formación docente de Argentina, en articulación con las 24 jurisdicciones. El organismo nuclea a todos los institutos y profesorados e impulsa programas destinados a educadores y estudiantes del nivel superior. ATE denunció que “el gobierno de Cambiemos profundiza el vaciamiento de nuestro organismo, en el marco del recorte de políticas públicas que viene llevando adelante desde su asunción”.

La organización gremial aseguró que “de esta manera, el Estado deja de ejercer su rol como garante de los derechos establecidos en la Ley de Educación Nacional N°26.206” y denunció que “esa situación impacta directamente en la calidad educativa a través de la subejecución presupuestaria, el cierre de áreas y el vaciamiento de contenidos”. Recordó que desde el 10 de diciembre pasado, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación “se han suspendido los programas de radios socioeducativas y derechos humanos, a la vez que corre riesgo el Programa Nacional de Formación Permanente ‘Nuestra Escuela’, que brinda capacitaciones gratuitas para docentes de las más de 50 mil instituciones educativas del país”.

ATE consideró que desde el 10 de diciembre pasado “los y las trabajadoras somos una variable de ajuste a través de la caída de contratos, la reducción de salarios y la precarización”. En estos momentos “decenas de trabajadores/as” del Instituto de Formación Docente “realizan sus tareas sin contrato, mientras que otros/as 47 tienen fecha de caducidad el 31 de agosto”. En ese marco “las autoridades del organismo no dan respuestas sobre la continuidad laboral de cientos de trabajadores contratados precariamente, a través de convenios basura, a la vez que amenazan con despidos masivos”.

Mientras tanto “las autoridades (del Instituto) perciben salarios que superan los 70 mil pesos mensuales, han ofrecido pases a planta transitoria –seleccionados con criterios arbitrarios– que suponen reducciones salariales que, en la mayoría de los casos, superan los cuatro mil pesos en mano”. Los trabajadores denunciaron “el estado de situación crítica, la extorsión y la total incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales”, mientras desde el Ministerio de Educación nacional “se habla sobre la educación como una prioridad de gestión, cuando en realidad destruyen el sistema educativo”.

REPORTAJE A JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL 1 DE CORDOBA “Argentina se atrevió a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado”

Por Marta Platía

Jaime Díaz Gavier tiene 66 años, cuatro hijos y es uno de los protagonistas de los juicios por crímenes de lesa humanidad del país desde el 24 de julio de 2008. Ese día sentenció a Luciano Benjamín Menéndez y, por primera vez, lo mandó a una cárcel común. Jovial, conversador culto y de fino sentido humor, se mostró satisfecho con la labor que culminó el jueves pasado, cuando leyó el veredicto del megajuicio La Perla-Campo de La Ribera a Menéndez y otros 42 represores. Junto con sus colegas Camilo Quiroga Uriburu, Julián Falcucci y Carlos Ochoa, Díaz Gavier resolvió 28 perpetuas, diez condenas de 30 meses a 21 años y cinco absoluciones. El un juicio tomó casi cuatro años y tuvo 581 testimonios.

–¿Tiene conciencia de la dimensión de estos juicios?

–Sí, pero creo que se van a apreciar mucho más en el futuro. Ahora hay tantas disputas hasta partidarias que algunos no pueden ver con claridad lo que significan para el país. Pero estoy convencido de que estos fallos serán históricos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar 581 testimonios. Eso en sí mismo es irrepetible. Ningún historiador o periodista o escritor, para hacer un informe o escribir un libro, puede recolectar tantos testimonios en este período de tiempo y lograr la reconstrucción como si fuera un rompecabezas, por cierto, de lo que ocurrió hace más de cuarenta años y con criminales que se cambiaban los nombres. Con víctimas vendadas y en un marco de total oscuridad y clandestinidad precisamente para que nunca pudieran esclarecerse. Pero con mucha prueba hemos llegado a reconstruir todo eso, y al estado de certeza que la ley nos exige para la sentencia condenatoria. Y en cinco casos hubo absolutorias. Eso cuando no hemos podido llegar a la certeza, no ya de que los hechos ocurrieron, sino de quiénes fueron sus responsables. Argentina ha sido un ejemplo único en el mundo de un país que se atrevió a juzgar los crímenes de una dictadura desde el poder político, desde sus autoridades nacionales, y esto hay que reconocérselo a Néstor Kirchner y luego a Cristina Fernández de Kirchner. Desde el poder Ejecutivo establecieron una política de Estado en materia de Derechos Humanos, de su preservación y cuidado. Es muy poco frecuente: ningún otro país del mundo que yo conozca, ha dado este hecho magnífico ejemplo de mirarse en su propio espejo y juzgar sus propios dramas. Es mucho más de lo que pasó en Nüremberg: los tribunales allí fueron constituidos por jueces de los países triunfadores, de los Aliados. Nosotros lo hicimos aquí con nuestros magistrados y nuestra legislación.

–¿En qué se diferencia la desaparición forzada de personas del robo de niños?

–Técnicamente es lo que se llama desaparición forzada, que fue establecido por ley 26.200 de 2011. En el caso de los desaparecidos adultos, como en el de niños, es un delito que técnicamente se llama permanente. Esto es: que se está cometiendo todo el tiempo, hoy, ahora. Eso nos ha permitido aplicar esa ley que es posterior a los hechos. El caso concreto del hijo de Silvina Parodi y su esposo Daniel Orozco, el nieto de Sonia Torres (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba), es también un desaparecido. Esa criatura que hoy debe tener 40 años, nació en 1976, es un desaparecido. No sabemos quién es ni dónde está. Fue privado de su identidad, entregado a otros padres, y sobre todo, esencialmente, quitado de la autoridad y del amor de su madre. Entonces hemos aplicado, en forma muy novedosa, porque esto no había sido aplicado nunca antes en la Argentina, esta figura de la desaparición forzada: en el caso del niño y en el caso de los adultos es exactamente lo mismo. No han aparecido, no sabemos dónde están. Y quienes saben, porque son los autores materiales de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio y su desaparición, no lo dicen. Esta figura pluriofensiva y compleja, así se llama, porque contiene distintas instancias penales: la privación de la libertad y el homicidio, pero fundamentalmente el ocultamiento de los restos de una persona y no darlos a conocer pudiéndolo hacer. Eso particularmente grave. La diferencia está en que supone una pena mayor.

–¿Ustedes fallaron que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de 1976?

–Nosotros determinamos que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas, manejando todas las fuerzas de seguridad, asaltan el poder político del Estado y constituyen su gobierno de facto, que ya se ha calificado, incluso en numerosos fallos de la Corte Suprema, como terrorismo de Estado. Pero hay una confusión, porque no tienen todavía los fundamentos. Una cosa es el terrorismo de Estado y otra cosa son los delitos de lesa humanidad. Esos pueden cometerse antes del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no había, de acuerdo a la categorización que hemos hecho, un terrorismo de Estado. Esos delitos fueron cometidos no desde el Estado mismo sino desde bandas parapoliciales y paramilitares que sí eran funcionarios estatales, que actuaban clandestinamente. De manera absolutamente ilegítima comenzaron con la ejecución de un plan sistemático de eliminación de opositores o de quienes ellos denominaban y fijaban como blanco a aniquilar. En el caso que nosotros hemos juzgado en este juicio, hay hechos que van de marzo de 1975 a marzo de 1976. Según el Tratado de Roma, incorporado a la legislación y al bloque constitucional argentino, se cometen estos delitos no por el Estado mismo, que todavía no es un Estado Terrorista, sino por organizaciones políticas. Grupos ilegales, clandestinos, que sí utilizaron instrumentos y recursos propios del Estado: armas, automóviles, uniformes, comisarías, cuarteles, que los constituyeron ya en centros clandestinos de detención, tortura y homicidio. Fíjese que hay una diferencia bastante notable: en los episodios del año ´75, que son delitos de lesa humanidad por lo que le digo, pero que no están todavía en el marco del terrorismo de Estado, secuestraban a las víctimas, las torturaban, las mataban, pero los cuerpos aparecían. Aparecían… No era el Estado, no tenían el sistema completo que sí consiguen a través del terrorismo de Estado tras el golpe, ya con los enormes recursos represivos que el Estado legítimamente tiene pero utilizados con este fin absolutamente delictivo. Después del 24 de marzo comienza a establecerse el sistema perverso de la desaparición de personas. No se reconoce el hecho, ni se da a conocer a familiares de las víctimas qué pasó.

–Otro punto sobresaliente del fallo fue el de los delitos sexuales.

–Sí, es evidente que las mujeres sufrieron de manera particular los horrores de la represión, porque los abusos sexuales se convirtieron en una metodología cotidiana de tormento y de satisfacción, me parece por lo que hemos podido recabar, de las pulsiones más primitivas de los perpetradores. Muchos de esos episodios no se denunciaron, seguramente por pudor o por su propio dolor y angustia. Pero en este juicio se produjeron algunas denuncias concretas en ese tema. Lo hemos podido acreditar: acreditamos las violaciones, los abusos sexuales ocurridos en la D2. No pudimos determinar en algunos casos la identidad del violador, pero sí muchas víctimas identificaron a quiénes las fueron a buscar a su casa. Y en la propia casa las sometieron. Ellas después, incluso, reconocieron sus nombres y voces cuando las tuvieron detenidas en la D2. Esos son los que hemos condenado por los delitos sexuales.

–¿Es también una novedad que su tribunal nombra como “delitos sexuales de lesa humanidad” ese crimen?

–No sé si es la primera vez, pero sé que no es una situación frecuente por las pocas denuncias formales en la etapa instructoria de los juicios. Pero nosotros en juicio hemos determinado que esos delitos sexuales se constituyeron en un elemento más de la represión del Plan Sistemático (del terrorismo de Estado). Eso pasó en el caso de las mujeres. Por otra parte, los judíos sufrieron también un plus de crueldad por el sólo hecho de ser judíos. En el caso de las mujeres hemos resuelto que es también que las vejaciones sexuales, los abusos y las violaciones fueron también partes, mecanismos del Plan Sistemático para eliminar opositores (políticos). En este caso mujeres.

–Hubo dos momentos en este larguísimo juicio en los que lo vi acusar el impacto de lo que estaba escuchando. Uno fue la declaración de Gloria Di Rienzo, quien contó terribles abusos sexuales. El otro cuando un hombre atestiguó que lo habían violado.

-Sí, lo recuerdo. Un horror. Terrible… También fue difícil con los relatos sobre los hechos ocurridos y acreditados que sufrió la chiquita Alejandra Jaimóvich. El señor que fue violado… Estos episodios son terribles. Hubo algunos hombres que no lo dijeron del todo, pero lo sugirieron y también fueron violados. Son hechos que uno no termina de asombrarse. Hasta dónde puede llegar la crueldad, la perversidad humana. Incluso, otra cosa que me conmovió no por lo físico, sino por lo psíquico, lo íntimo, lo espiritual de Claudia Hunziker, que le encuentran un papelito (con cierta ternura, el juez hace el gesto de desplegar un mensajito) donde ella ponía que estaba enamorada de otro chico Andrés “Chacho” Remondegui. Y la delatan en algo que el pudor humano es tan evidente a esa edad, cuando se es adolescente es tan secreto. Uno se muere de vergüenza por esas cosas. Cuando es más grande no, le encanta decirlo. Pero cuando es más chico provoca un sufrimiento tan brutal. Armarles esa parodia (de cena romántica) inmunda, miserable… Quizás le haya dolido más eso que los tormentos físicos.

–Hubo testigos que conmovieron por su energía, como Emi Villares de D’Ambra, de 86 años, la titular de Familiares de Desaparecidos.

–Ella es tan fuerte. La vi ayer en un programa de televisión y estaba tan alegre por el fallo. Tiene una energxía enorme. Ella, como las otras Abuelas, las Madres. Uno se pregunta ¿cómo viven después de un episodio como ese? Yo pienso que después de perder a un hijo lo que uno debe querer es morirse. Una de mis hijas me decía anoche “papá, viven mucho tiempo y así porque quieren lograr lo que ahora lograron”. Incluso con la esperanza loca de recuperar a sus hijos con vida. En el primer momento los buscaban todavía con vida. Ahora buscan los restos… Se mueren viejas viejas porque su fuerza de vida es esa búsqueda. Muchas veces me han impresionado ellas y también los familiares. Si me hubiese pasado lo que a ellos, si hubiese venido a una audiencia y los hubiera visto a los imputados sentados ahí, tal vez me hubiera acercado, les hubiera dicho algo, pegado un sopapo… pero ellas, ellos no. Siempre me ha asombrado la entereza, la templanza de esta gente que ven ahí, al asesino de su hijo, y no le hicieron nada. Y cuando se les escapaba algo yo les decía que se callen y se callaban. Incluso en la última audiencia, en la sala de audiencia no volaba una mosca cuando yo leía el veredicto. Afuera (la multitud de más de diez mil personas) sí, se escuchaba el bramido a cada condena. Adentro no. Esperaron hasta el final para estallar, para explotar. Y encima los imputados los insultaban y a nosotros, nos amenazaban.

–Cuando declararon los hermanos de Diego Ferreyra, cazado a balazos por Héctor Vergez frente a sus padres, Vergez se dio vuelta y con su mano simulando un revólver, le disparó a la foto de Diego que sostenía un hermano. El lo soportó mirando al asesino directamente a los ojos.

–No sé cómo pudo soportarlo. Es increíble por lo que han pasado los familiares. No deja de conmoverme la actitud permanente de Madres, Abuelas, los familiares y los sobrevivientes: mantuvieron esta conducta increíble ante las provocaciones de estos imputados y sólo reclamaron justicia. Nada más que justicia.

–¿Los criminales de lesa humanidad, deben seguir en la cárcel aún con más de 70 años?

–Creo que sí. Erich Priebke murió a los 101 años en la cárcel de Roma. Tienen que estar ahí mientras que el encierro carcelario no sea motivo de profundización de su enfermedad si ésta no puede tratarse como se debe en prisión. Se debe ser claro en eso. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así que dentro de veinte años deberán seguir siendo juzgados. Por eso es que, para no prolongar esto, hay que hacerlos ahora. Para lograr terminar con todo esto, hay que seguirlos. Hay que pensar que éstos son los primeros juicios que se hicieron después de 40 años de cometidos los crímenes… Arrancamos recién en 2008.

OPINION El modo de bajar los costos

Por Mario Wainfeld

Guadalupe Lombardo

El Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que el índice de desempleo llega al 9,3 por ciento. Su titular, Jorge Todesca, lo describió como “una situación muy grave del mercado de trabajo”. Tiene toda la razón, más allá de debates o precisiones sobre comparación de los índices o con “la herencia recibida”. Lo principal e innegable es que durante el gobierno de Mauricio Macri se elevó la desocupación y se produjo una oleada de despidos. El fenómeno no es consecuencia del azar, ni siquiera de errores de gestión: forma parte del programa económico de Cambiemos.

Abaratar “el costo laboral” está en el menú del macrismo, en esta semana lo sinceró con todas las letras el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

La noción oficialista de competitividad supone la reducción masiva de los salarios, para emparejarlos al nivel de otros países de la región.

Si se buceara en la obra de Adam Smith, leída por neo-cons, se podría decir que si el trabajo es una mercancía y se aumenta la oferta de mano de obra, el precio (sueldos) baja. Si se prolongara en versión libre la tradición del marxismo se podría hablar del “ejército de reserva” que facilita la explotación capitalista.

Si prescindimos de las bibliotecas y optamos por la mirada localista se puede contar que el oficialismo produjo una ofensiva inmediata contra el empleo público. El impacto de las cesantías sobre el gasto público es dudoso porque muchos laburantes salientes fueron reemplazados por otros: menos en número pero con salarios mayores. O sea, el nuevo truco de trocar diez personas que ganaban (es un decir) 100 por tres que ganan 500 o más. Se crearon nuevos ministerios y hubo prodigalidad en designaciones con rango salarial de Subsecretarios o secretarios de estado aunque con funciones menos exigentes y a menudo imprecisas. La finalidad no es “que las cuentas cierren” sino aumentar la masa de desempleados y transmitir una señal al sector privado: vamos, que sí se puede.

La segunda ola, la de despidos en actividad privada, continuó entonces la secuencia, que se prolonga.

Según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), fundado en datos del actual Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 más de 95 mil trabajadores registrados del sector privado perdieron su empleo principal, Los cálculos oficiales llegan hasta ahí y, dado que el segundo semestre no fue la fiesta esperada, es sensato calcular que la cifra creció y seguirá en ascenso.

Sobre despidos en sector público hay referencias opacas que no facilitan llegar a un número indiscutible pero es clavado que son decenas de miles.

Frisa con lo imposible proponer guarismos sobre trabajadores no registrados, por definición. La experiencia prueba que quienes laburan “en negro” o hacen changas son, siempre, el sector más vulnerable a las recesiones y las mermas de demanda de trabajo.

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Hacer sistema: Cuando el presidente reprocha a quienes “ponen palos en la rueda” lo hace desde un sesgo clasista. Para él, son los trabajadores que abusan del ausentismo o de “la industria del juicio”. Habla un patrón y no un funcionario. Las empresas que evaden cargas fiscales no caben en la crítica aunque dicha ilegalidad es la mayor causa del trabajo informal. Tampoco hay una frase presidencial que apunte a quienes vacían establecimientos o fugan divisas. El maniqueísmo es patente: los palos solo los inserta el proletariado.

Si el discurso explícito del macrismo no bastara, se puede observar el conjunto de la política económica. La merma del valor adquisitivo de los salarios y de su peso relativo en la distribución del ingreso son, de nuevo, fines buscados. Portavoces “light” o culposos del oficialismo alegan que el gobierno quiere bajar los salarios sin afectar al empleo. No ahondan cuál de los dos deseos se está cumpliendo (adivinen…) ni se preguntan si son compatibles.

La devaluación, la baja o supresión de las retenciones que eleva precios en el mercado interno, el jubileo en las importaciones que devasta a ramas enteras de la actividad van en combo. Las ventas “puerta a puerta” son mala nueva para los comercios locales, menos frecuentados y con facturación en baja.

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Indices y pulgares para abajo: Todesca y su equipo remarcaron que el INDEC se vale de un nuevo diseño de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) lo que impide comparaciones lineales con los índices de 2015. Tiene razón en ese aspecto: son series estadísticas diferenciables.

La trampa estriba en lo que Todesca calla y reiteramos, a riesgo de ser cargosos: el desempleo y los despidos crecieron desmedidamente desde el 10 de diciembre. El funcionario tuvo la prudencia de no aducir lo contrario, el aparato de comunicación macrista dobló la apuesta y atribuyó la suba al cambio de metodología. Así dicho, es una falacia, un encubrimiento conceptual.

El ex diputado Claudio Lozano publicó, junto a Tomás Raffo, un estudio en el que analiza el informe del INDEC. Opositor al kirchnerismo y al macrismo, Lozano concluye que las diferencias entre los indicadores de desempleo de 2015 y 2016 tienen dos orígenes. En parte son fallas de los anteriores índices del INDEC. Pero “un mínimo de 205.869 (nuevos desocupados) y un máximo de 360.424 le correspondería al efecto de la política económica desplegada por el Gobierno de Macri”.

La devastación del INDEC fue, tal vez, la peor política pública del kirchnerismo. Trajo aparejada, entre otros problemas, la pérdida de credibilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No hay motivos para negarlo porque (primero) afectó la reputación del Estado y, en segundo lugar, facilitó el bartoleo de índices berretas.

El descrédito, vale aclararlo, no se propagó a otros indicadores estatales. En un reportaje publicado en La Nación, el uruguayo Rafael Diez de Medina, Director Global del departamento de estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “consideró que los índices laborales no fueron afectados al nivel al que sí lo fueron los de precios”. Volvamos al núcleo.

La desocupación de dos dígitos, a las que el macrismo va arrimando peligrosamente, es relativamente nueva en la Argentina. Ese límite, concreto y “psicológico”, se traspasó por primera vez en 1993, cuando empezaban a notarse los efectos devastadores de la Convertibilidad de Carlos Menem-Domingo Cavallo. Se sostuvieron, en alza: cuando asumió el presidente Néstor Kirchner trepaba al 18por ciento. Se consiguió a partir de entonces una colosal disminución del desempleo y del trabajo no registrado. En 2006 se anunció que el desempleo era menor a dos dígitos y se dejó sin efecto la “ley anti despidos” o de indemnización agravada que Macri no quiso volver a implantar. Vale la pena recordar que la intervención aciaga del INDEC comenzó recién a fines de 2006: no contamina esas mediciones.

En el lapso del largo cuatrienio de Kirchner la pobreza se redujo del 55 por ciento al 27 por ciento.

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Herramientas y revisiones: Los mejores años del kirchnerismo se prolongaron hasta 2011, aunque padeciendo el freno que impuso la crisis mundial de 2008 y 2009. A partir del 2012 el “modelo” topó con límites en la generación de trabajo, en el casi total amesetamiento del porcentaje de trabajadores no registrados. La clásica “restricción externa” se hizo sentir, en consonancia con la pérdida de dinamismo de la actividad industrial.

Para conservar sus valiosos objetivos, el Frente para la Victoria (FpV) debía renovar sus instrumentos, lo que logró solo en parte. Quien anhelara conservar el modelo basado en altos niveles de empleo y consumo, con la demanda interna como motor de la economía debía remozarse y en cierta medida relanzarse. A menudo los gobernantes se enamoran de sus herramientas, que son medios sujetos a revisión y correcciones.

Macri propone un nuevo proyecto de país, algo lógico en la alternancia democrática, lo que no impide que se lo discuta encarnizadamente. Los intereses que se privilegian son otros, el crecimiento se imagina motorizado por la inversión extranjera, el endeudamiento externo. Y, en un futuro impreciso, el “derrame” de la riqueza, ulterior a su concentración en pocas manos.

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La CGT en escena: Los alineamientos sindicales responden al cambio de escenario. La reunificación de las dos CGT testimonia el nuevo cuadro de situación. El Congreso del lunes 22 ungió a un triunvirato que se define como opositor al gobierno o, si usted prefiere, toma nota de que fue empujado a esa posición.

El secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, elevó la voz sin romper, en un cónclave tranqui y ordenado por demás, filo-escandinavo. El sector financiero es un ganador del nuevo modelo, tampoco le iba mal con el anterior. Palazzo, un radical de origen, pronunció un discurso combativo, compatible con la defensa encendida y exitosa de los trabajadores de su gremio que habían sido echados del Banco Central. No es exótico ni novedoso que haya sindicatos “favorecidos” con dirigentes luchadores: el camionero Hugo Moyano supo serlo desde los ‘90 hasta hace contados años. También lo fueron los gremios que encabezaron el “Cordobazo” en mayo de 1969, para estupor de los dictadores militares de aquella época.

Los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña (mencionados en orden decreciente de peso específico y potencialidad futura) le mostraron los dientes al macrismo. Rehusaron hablar de un paro general y, claro, fecharlo. En la coyuntura, es casi seguro que lo concretarán antes de fin de año. No lo harán en septiembre porque ya empieza y porque no le pinta darle el gusto a Palazzo y las dos CTA, que se lo exigen. Diciembre, el mes del calor y las fiestas, es un momento poco aconsejable. Todo indica que la huelga general llegará entre octubre y noviembre, como correlato inexorable de la agresión a los derechos de los trabajadores.

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La clase segmentada: Entre 2003 y 2015 se produjo un ascenso notable, aunque no uniforme, de la clase trabajadora. La socióloga Gabriela Benza lo aborda en un notable ensayo publicado en el libro “La sociedad argentina hoy”, compilado por Gabriel Kessler. Según Benza “fue notoria la contracción, absoluta y relativa, de los núcleos no calificados y marginales de sectores populares, acompañada de un importante incremento de las posiciones ubicadas en la parte intermedia de la estructura (social)”. Añade que “las remuneraciones de los asalariados calificados de las clases populares fueron las que más crecieron”. El cuadro expresa una elevación colectiva, acompañada con nuevas formas de segmentación y desigualdad en la clase trabajadora.

Los más relegados son ahora los trabajadores de la economía popular, los informales, los desocupados de ayer y flamantes.

Las organizaciones sociales que tratan de representarlos se reunieron con el bloque de Senadores del FpV, encuentro al que asistieron diputados de esa fuerza y de otros partidos de la oposición. Se pactó promover una “Ley de Emergencia Social”, presentada por el bloque de senadores del FpV que, de votar unido, garantiza una aprobación sencilla en la Cámara Alta. En Diputados deberá congregar aliados, repitiendo el esquema de la Ley Anti despidos.

Los senadores del FpV son un conjunto variopinto en el que prevalecen grupos muy transigentes con el oficialismo, por motivos variados: el oportunismo no es el menor. Pero el oportunismo de los justicialistas jamás equivale al suicidio. Hasta los semi opositores advierten cuán piantavotos sería acompañar al oficialismo, sin diferenciarse.

Si se llega a plasmar la iniciativa, el presidente podrá recurrir al veto, su peculiar modo de traducir el consenso parlamentario. Habrá que ver.

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El pulgar hacia abajo: Cualquier gobierno procura resultados difíciles, en parte contradictorios con algunas de sus medidas. El macrista, por caso, genera inflación y recesión (que desea reducir y revertir) con sus políticas públicas. El desempleo, en cambio, es anhelado, funcional a su paradigma market friendly: condición necesaria para la baja de los salarios, requisito sine qua non para la lluvia de inversiones extranjeras.

En ese camino, se llegó en tiempo record a una cantidad de despidos que no se padecía desde los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El índice de desempleo también remonta hasta esa etapa pasado. Kirchner la llamaba “el infierno”, apodo que le calzaba justo.

mwainfeld@pagina12.com.ar

OPINION Primer escalón Por Alfredo Zaiat

La foto del mercado laboral que entregó el último informe del Indec muestra una situación del empleo muy delicada. La controversia acerca de la confiabilidad de los datos en el período 2007-2015 no permite disimular el aumento de la desocupación provocado por la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Como se viene reiterando aquí, existían importantes tensiones en varios frentes de la economía, y uno de ellos era el laboral, pero la estrategia oficial ha convertido esos desafíos en una crisis que recién ha comenzado.

La pérdida de puestos de trabajo impulsada inicialmente por la administración macrista despidiendo a miles de empleados públicos abrió las puertas para que el sector privado transite el mismo camino. Sin redes de contención oficial diluyendo el programa Repro del Ministerio de Trabajo y vetando la ley antidespidos, aumentó la desocupación. El último dato proporcionado por el Indec es una tasa de desocupación del 9,3 por ciento, de subocupación total del 11,2 por ciento y ocupantes demandantes de empleo (un aporte interesante de la nueva gestión) del 15,7 por ciento -indicador que incluye la subocupación que busca empleo–. Estas cifras revelan que 3,9 millones de personas de un total de 12,5 millones de la Población Económicamente Activa (PEA) tienen graves problemas laborales.

En el actual contexto económico, el debate central no es acerca de las estadísticas pasadas y presentes. Es una polémica que no debe eludirse pero la conclusión no es tan lineal como parece: Cynthia Pok, una técnica reconocida local e internacionalmente, desplazada en la anterior gestión del Indec y hoy responsable de la Encuesta Permanente de Hogares, advierte sobre irregularidades en la confección de los indicadores, pero Rafael Diez de Medina, director global del departamento de estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que “los datos laborales no fueron afectados al nivel de los de precios” (reportaje de la periodista de La Nación Silvia Stang, del 14 de agosto pasado). Lo cierto es que existieron cuestionamientos a los índices de precios, del intercambio comercial, de pobreza e indigencia y del Producto Interno Bruto. No los había generalizados y convincentes a los del mercado laboral.

Economistas del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala avanzan sobre esa controversia en un reciente reporte al afirmar “que el desempleo está subiendo -y no por motivos ‘estadísticos’- parece ser innegable en un contexto de importante caída de la actividad económica”. Además observaron críticamente las afirmaciones de las autoridades del Indec en conferencia de prensa acerca de que había desocupados que figuraban como ocupados. Es una habitual sentencia conservadora referida a que los titulares de los planes sociales no trabajan y no figuraban como desempleados. Es una afirmación con un evidente sesgo político, que es inconveniente para técnicos del organismo encargados de producir estadísticas públicas con el objetivo declarado de recuperar capacidades en el Instituto. Analizando el informe del Indec, los economistas del ITE Germán Abdala indicaron que “las propias cifras publicadas dejan claro que el traspaso fue de inactivos a desocupados”, para ilustrar que “el supuesto mal registro de los beneficiarios de programas sociales no puede explicar las diferencias en la tasa de desempleo entre esta medición y la anterior”.

Regresivo

Las estadísticas son importantes pero lo son aún más las características de la política económica. Para los trabajadores lo relevante es el cambio de la orientación del modo de intervención en la economía. “Un nuevo régimen”, como presume el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Política que está agudizando la fragilidad del mercado laboral. La concepción oficial es que el problema del empleo está originado en los elevados costos laborales y las regulaciones estatales que desalientan la inversión privada. Se abandona de ese modo la idea que la política de ingresos es un factor determinante de la demanda y, por lo tanto, capaz de estimular la actividad y la generación de empleo. Y pasa a descansar en el factor dinamizador de la inversión privada, que motivada por menores presiones por el lado de los costos laborales pasaría a ser el motor del crecimiento del empleo. Para conseguir liberar esas fuerzas emprendedoras reprimidas se propone la eliminación de regulaciones estatales en el mercado de trabajo. Es una receta que en experiencias pasadas en la economía argentina no ha tenido los resultados postulados. El cambio de régimen de la política económica con reducción del nivel de actividad, del empleo y de los salarios ha derivado en una veloz redistribución regresiva de los ingresos.

La embestida oficial sobre derechos de trabajadores no se limita a plantear aumentos salariales por productividad o reformular el mecanismo de indemnización. Estas iniciativas como otras de flexibilización laboral son formuladas por funcionarios y abogados laboralistas del poder económico. La única iniciativa oficial para estimular el crecimiento del empleo es la Ley de Primer Empleo, que consiste fundamentalmente en la reducción de las contribuciones patronales. El presidente Macri fue el más directo para precisar cuáles son los objetivos del gobierno en el campo laboral. Para que quede claro lo hizo con definiciones despectivas hacia los trabajadores. Los acusó por la existencia de un elevado ausentismo en las plantas sin ninguna cifra que lo respalde, cargó contra los juzgados laborales porque protegen a los trabajadores y directamente culpó a los trabajadores por la escasa inversión privada debido a que tienen el privilegio de iniciar juicios en defensa de sus derechos. “Ponen palos en la rueda”, afirmó. Hay que remontarse bastante en el tiempo para encontrar una declaración anti obrera tan franca por parte de un Presidente de la Nación.

El retroceso en la concepción política acerca del mercado laboral del macrismo viene acompañado de otro en términos cualitativos sobre la situación de los trabajadores, además del incremento del desempleo. El economista Demian Panigo explicó que en uno de sus investigaciones de campo las encuestas personales a trabajadores brindan resultados que no se registraban hace década y media atrás: muestran la existencia de más problemas de salud y deterioro del estado de ánimo asociados a problemas en el empleo o directamente por estar desocupado.

La tasa del 9,3 por ciento de desempleo del primer semestre del año refleja la ola inicial de despidos que el gobierno no tuvo ni vocación política ni interés económico de detener. En la segunda parte del año se está desplegando una ola de suspensiones que si se continúa la misma estrategia económica–laboral se convertirá en otra ola de despidos. Las empresas suspenden personal cuando tienen caída de la actividad pero manteniendo expectativas de una reactivación. Pero si la mejora en las ventas se demora el siguiente paso será el despido de ese trabajador enviado a su casa con un 50 al 75 por ciento de su salario. Despidos, suspensiones, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones, recorte de horas extra y fuerte caída del salario real es el escenario desfavorable que hoy padecen los trabajadores.

Es tal la descoordinación en la gestión de la política económica del macrismo que está teniendo resultados que sorprende tanto a críticos como a seguidores. Como se sabe, la economía enfrenta el trilema de empleo, inflación y crecimiento. Los tres objetivos a la vez con saldo positivo es muy difícil de conseguir, entonces se privilegia a dos de ellos. El anterior gobierno optó por el crecimiento y el empleo, con mejoras en la distribución del ingreso, pero con el costo de una tasa de inflación elevada. El macrismo planteó en cambio que su principal meta es bajar la inflación e impulsar el crecimiento. Pero el saldo de su intervención está siendo caótico: la tasa de variación de los precios apunta a ser la más alta desde el 2002, aumentó el desempleo y la economía está en recesión. No alcanzó saldo positivo en ninguno de los objetivos que plantea ese trilema. Además la inflación que más avanzó es la de los productos de consumo de la canasta de los sectores más vulnerables, que son a la vez quienes están perdiendo el empleo.

La forma más brutal de contener la demanda de los trabajadores es con la represión, como la dirigida hacia los trabajadores del Ingenio Ledesma en Jujuy, de la azucarera Tabacal en Salta, de Cresta Roja o municipales en Mendoza. Otra más general es el aumento de la tasa de desempleo. Su primer escalón en el 9,3 por ciento es el intento de empezar a moldear la herramienta de disciplinamiento de los trabajadores.

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