La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció una “nueva ola de despidos”, esta vez en el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La entidad gremial aseguró que “cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras” del Instituto “recibieron (el viernes) llamados desde la Dirección de Recursos Humanos, anunciándoles que a partir de mañana no podrán ingresar a la sede”, para llevar a cabo sus tareas habituales. Voceros de la cartera educativa consultados por la agencia Télam, negaron que se esté produciendo “un vaciamiento” del Instituto y agregaron que “no hubo situaciones de de malos tratos ni amenazas a los trabajadores del Instituto”.
Sin embargo, a una semana del comienzo del conflicto en el Instituto Nacional de Formación Docente, la Junta Interna de ATE expresó su “preocupación ante la falta de respuestas de los funcionarios ministeriales sobre los despidos masivos, abusos y maltrato laboral” ocurridos en esa dependencia. La entidad gremial señaló que luego de siete días “en estado de alerta, movilización, asamblea permanente y movilizaciones”, los trabajadores “no han obtenido respuestas satisfactorias” por parte del ministro Esteban Bullrich, la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel, y de la directora y la vicedirectora del Instituto, Cecilia Veleda y Florencia Mezzadra, respectivamente. Ante la situación, la Junta Interna declaró el “estado de asamblea permanente en todo el Ministerio”.
El Instituto de Formación Docente es el que coordina y dirige las políticas de formación docente de Argentina, en articulación con las 24 jurisdicciones. El organismo nuclea a todos los institutos y profesorados e impulsa programas destinados a educadores y estudiantes del nivel superior. ATE denunció que “el gobierno de Cambiemos profundiza el vaciamiento de nuestro organismo, en el marco del recorte de políticas públicas que viene llevando adelante desde su asunción”.
La organización gremial aseguró que “de esta manera, el Estado deja de ejercer su rol como garante de los derechos establecidos en la Ley de Educación Nacional N°26.206” y denunció que “esa situación impacta directamente en la calidad educativa a través de la subejecución presupuestaria, el cierre de áreas y el vaciamiento de contenidos”. Recordó que desde el 10 de diciembre pasado, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación “se han suspendido los programas de radios socioeducativas y derechos humanos, a la vez que corre riesgo el Programa Nacional de Formación Permanente ‘Nuestra Escuela’, que brinda capacitaciones gratuitas para docentes de las más de 50 mil instituciones educativas del país”.
ATE consideró que desde el 10 de diciembre pasado “los y las trabajadoras somos una variable de ajuste a través de la caída de contratos, la reducción de salarios y la precarización”. En estos momentos “decenas de trabajadores/as” del Instituto de Formación Docente “realizan sus tareas sin contrato, mientras que otros/as 47 tienen fecha de caducidad el 31 de agosto”. En ese marco “las autoridades del organismo no dan respuestas sobre la continuidad laboral de cientos de trabajadores contratados precariamente, a través de convenios basura, a la vez que amenazan con despidos masivos”.
Mientras tanto “las autoridades (del Instituto) perciben salarios que superan los 70 mil pesos mensuales, han ofrecido pases a planta transitoria –seleccionados con criterios arbitrarios– que suponen reducciones salariales que, en la mayoría de los casos, superan los cuatro mil pesos en mano”. Los trabajadores denunciaron “el estado de situación crítica, la extorsión y la total incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales”, mientras desde el Ministerio de Educación nacional “se habla sobre la educación como una prioridad de gestión, cuando en realidad destruyen el sistema educativo”.
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