memoria identidad y resistencia

domingo, 3 de abril de 2016

OPINION Capacidad de daño

Por Alfredo Zaiat

Uno de los argumentos expuestos públicamente para convencer acerca del beneficio de acordar con los fondos buitre fue que no había alternativa. El oficialismo y voceros locales de los buitres aseguraban que había una sentencia en contra y el costo de no arreglar era mayor que el de continuar negociando condiciones justas, equitativas y sustentables. Además de lanzar la amenaza la aprobación o el caos, hubo métodos no tan pulcros para sumar voluntades en el Congreso como la extorsión financiera a provincias con el garrote unitario de la Casa Rosada. El primer informe de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación ofrecía opciones a la rendición incondicional en el juzgado de Thomas Griesa, material que fue ignorado pese a que estaba disponible para diputados y senadores, muchos de ellos votando a favor una ley que en el discurso de su fundamentación rechazaron. Esos votos doble personalidad se explican por el republicano apriete financiero del macrismo a provincias y otras amenazas subterráneas a diputados y senadores vulnerables, por ejemplo los que estuvieron vinculados directa o indirectamente a la Anses. En ese valioso documento, una de las secciones plantea “El debate sobre la capacidad de los Estados de limitar el accionar de los fondos buitre” y en otra propone “posibles cursos de acción”. Los embargos a activos argentinos en el exterior y el bloqueo al financiamiento externo fueron las principales armas de presión de los buitres. El anterior gobierno recurrió con bastante éxito a diversos mecanismos defensivos frente a ese ataque. El informe de la Bicameral aporta varias vías que hubiesen servido para desplegar una estrategia ofensiva en la disputa con los buitres, que podían haberse utilizado como un factor de negociación sobre el monto de la sentencia Griesa. Una de ellas, prohibir a fondos buitre o a sus empresas vinculadas realizar actividades económicas y comerciales en Argentina.

La Bicameral presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el economista Eric Calcagno propuso a diputados y senadores no sólo analizar los aspectos financiero y jurídico del problema, sino incorporar cuestiones políticas referidas a la capacidad de daño “dentro de la ley” que tiene el Estado sobre fondos buitre. El informe detalla algunas acciones adicionales de política pública que podía haber instrumentado el Estado argentino para mejorar la posición relativa en la negociación, en lugar de la opción de la capitulación elegida por el gobierno de Macri. Entre ellas, destaca

- la prohibición a los fondos buitre de obtener por los bonos emitidos por un Estado deudor un precio mayor al pagado para adquirirlos. Es replicar lo que establece la ley aprobada por el Parlamento de Bélgica el 12 de julio de 2015. De tal modo se impediría la especulación financiera con deuda soberana en default y reestructurada;

- la aplicación del orden público argentino al cumplimiento de sentencias extranjeras. El documento de la Bicameral explica que si una orden de pago da lugar a una ventaja ilegítima para la parte que recompra el préstamo o crédito a un tercero, es violatoria de la legislación nacional y por ende del orden público argentino. Así se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que negó la homologación de una sentencia adversa a la Argentina del juez Thomas Griesa (caso Claren Corporation c/ Estado Nacional, fallo del 6 de marzo de 2014);

- el procesamiento de los fondos buitre por el delito de usura (artículo 175 bis del Código Penal), consumado o en grado de tentativa. Los fondos buitre como propietarios del 1,6 por ciento de los bonos exigen el pago de la totalidad de esos bonos a valor nominal, más intereses y punitorios. El informe apunta que “conminan que se les pague 1600 millones de dólares por bonos que compraron en 2008 por 50 millones de dólares. Evidentemente exigen una tasa de interés que es usuraria”; y

- la prohibición a los fondos buitre o empresas vinculadas a que realicen determinadas actividades en territorio argentino.

Los fondos buitre desplegaron una guerra judicial que incluyó gran cantidad de demandas monetarias y embargos contra Argentina: 77 demandas judiciales que procuraron obtener sentencias monetarias y 46 intentos de ejecuciones judiciales y embargos, de los cuales 18 fueron en Estados Unidos, 12 en Francia, 7 en Bélgica, 2 en Luxemburgo, 2 en Suiza, 4 en el Reino Unido y 1 en Ghana. Además intentaron embargar desde reservas del Banco Central depositadas en el Banco de la Reserva de Nueva York y bienes de las embajadas argentinas en Estados Unidos, Francia y Bélgica, hasta un satélite de Conae listo para ser lanzado en California. No obstante su enorme artillería judicial, no obtuvieron ningún embargo firme.

Para adelantarse a previsibles impugnaciones de representantes de los intereses buitres en el país, la investigación de diputados y senadores aclara que, acerca de la capacidad de daño del Estado, las medidas contra actividades de fondos buitre en el país no hubiesen sido discriminatorias, porque se hubiese aplicado la legislación vigente. La Ley de Sociedades Comerciales 19.550 dispone que “cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio” (artículo 19).

El anexo 2 del documento de investigación de la Bicameral incluye información muy reveladora del entramado societario de fondos buitre en empresas con actividades en el país. El buitre Paul Singer tiene participación en RR Donnelley Argentina, Iron Mountain Argentina, Delphi Packard Argentina, y Kenneth Dart en Dart Sudamericana.

Las siguientes fueron algunas de las actividades económicas de fondos buitre en Argentina que se judicializaron:

- Elliott Management Corporation y Elliot International LP, fondos buitre controlados por Paul Singer, son accionistas de Iron Mountain Argentina SA (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12).

- La quiebra de la papelera R. R. Donnelley, controlada por el fondo buitre Elliot, fue denunciada por fraudulenta por la AFIP (Juzgado Comercial n 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

- La multinacional Delphi, ligada al fondo buitre Elliot, de Paul Singer, fue denunciada por presunto delito de “alteración del orden económico y financiero” (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3).

- El presunto contrabando cometido por Kenneth Bryant Dart, dueño de Dart Sudamericana, dueño del fondo buitre EM Ltd., en connivencia con Valle del Carmen SA, Woodford SRL y Valle Encantado SA (Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1).

A septiembre 2015, Elliott Management de Singer tenía presencia en 80 firmas financieras internacionales, entre ellas American Capital Agency Corp, Ishares Trust, Spdr Series Trust y Vanguard Index Trust. Esta última es uno de los fondos integrantes de The Vanguard Group, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. El 98 por ciento del capital de Donnelly era controlado por fondos institucionales y mutuos, entre ellos se encuentran esas firmas de Singer, siendo The Vanguard Group el más significativo pues posee acciones de R.R. Donnelly & Sons Company por un valor de 12.890.497 de dólares, equivalente al 7,09 por ciento del capital, a febrero de 2014.

The Vanguard Group también tiene una participación importante en Iron Mountain. Posee acciones por un valor de 26.267.170 de dólares representativo de 12,52 por ciento del capital, según informó en octubre 2014 a la SEC (comisión de valores estadounidense). De ese modo Singer a través de fondos buitre tiene participación en el capital de uno de los mayores depósitos de documentación del país, cuyo incendio en febrero de 2014 –cuya intencionalidad es motivo de investigación judicial– tuvo como saldo la muerte de 10 personas. Un vínculo societario similar se observa en el capital de la autorpartista Delphi Automotive Inc., cuyas filiales en Argentina son Delphi Packard, Delphi Packard Electric Sielin (entidad en liquidación) y Holdcar. Vanguard Group Inc. retiene el 7,36 por ciento de las acciones de Delphi Automotive PLC.

El informe de la Comisión Bicameral de la deuda externa que no fue tomada en cuenta en el debate por el acuerdo pro buitre concluye que “estos son sólo cuatro casos judiciales que atañen a dos de los fondos buitre que más han agredido a la soberanía nacional (Singer y Dart)”. Propone una investigación más profunda que no sólo considere los casos judicializados, puesto que estima la existencia de más actividades de los fondos buitre en la Argentina o de sus empresas vinculadas.

azaiat@pagina12.com.ar

SITUACION DE LAS PYMES, TRAS LA DEVALUACION Y EL TARIFAZO Aumento de costos y estrangulamiento

Por Raúl Dellatorre

Los rubros de calzado y marroquinería, textiles en sus diferentes eslabones, alimentación y varios más en los que el suministro eléctrico es un insumo fundamental, sufrieron con el aumento de febrero un impacto en sus costos del que todavía, muchos, no logran recuperarse. Este mes le tocará a los establecimientos fuertemente consumidores de gas en sus plantas, como la industria metalmecánica, cuyos hornos funcionan con ese fluido como fuente de energía principal. Las pequeñas y medianas industrias, con un panorama de fuerte baja en sus niveles de venta por retracción en la demanda, ven en estas bruscas variaciones de costos una seria amenaza a su estabilidad.

“Es un agravamiento de la situación que se vive día a día, cuando se cae otro cliente, cuando empieza a aparecer otra vez el problema de los cheques rechazados; y en este escenario, no sé cuántas pueden ser las pymes que van a resistir un aumento del 200 o 300 por ciento en el costo de la energía”, opinó Raúl Hutin, dirigente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y titular de una fábrica de telas especiales para el mercado interno y la exportación.

“Hoy entrás a una reunión de empresarios, de esas que se convocan para evaluar la situación, y ya al cruzar la puerta alguien te pregunta: el 30, ¿no? Es el número que parece ser el denominador común: una caída de 30 por ciento de la actividad respecto del año pasado”, describe Hutin. “Desde la devaluación de diciembre no paramos de retroceder; si trabajás con un insumo importado, o local pero con valores dolarizados, con un dólar que pasó de 9 a 15 pesos, sin stock, te descapitalizaste en esa misma proporción. ¿Y cómo cubrís esa diferencia? Resignando parte de tu rentabilidad, aplicando los ahorros propios o a través del crédito comercial, de tus proveedores, o bancario. Son contadas las pymes que puedan contar con márgenes de rentabilidad o ahorros suficientes para cubrir ese bache de capital operativo. El crédito comercial no existe, salvo por un plazo de 30 o 60 días, y el bancario sólo lo podés obtener por descuento de cheques, a un costo del 45 por ciento anual. Con este cuello de botella en el capital operativo y este mazazo del aumento de las tarifas, la única estrategia que te queda por seguir es la de subsistencia: cuánto te vas a tener que achicar para sobrevivir”, cuenta, cruda y dramáticamente, Hutin.

Su fábrica exportaba telas a Brasil para tapizados de la industria automotriz, y en el país asegura que trabaja con más de 80 sectores diferentes. “Conozco lo que pasa con cada uno porque trabajo con todos, y sé que los que viven del mercado interno la están pasando muy mal. Y con la exportación tampoco tenemos una salida, porque nuestro mercado es Brasil. No podemos estar competitivos con un país que está en recesión. Y cuando vas a entrevistarte con las autoridades del gobierno, de Producción, Industria o subsecretaría Pyme, te reciben como si fueras un amigo de toda la vida, te prometen que se van a ocupar y después no te atienden nunca más. Con estos aumentos de tarifas, en una situación como la que tenemos, van a provocar un tendal entre las pymes. No hay quien pueda esperar un año que llegue la reactivación que dicen. Esto mismo ya lo vivimos antes”, remató el experimentado industrial.

IMPACTO DEL TARIFAZO SOBRE EL PODER ADQUISITIVO. QUIENES SERAN LOS MAS CASTIGADOS POR LAS SUBAS DEL GAS Y EL TRANSPORTE La tenaza empieza por el eslabón más débil

Por Raúl Dellatorre

“Sinceramente lo lamento por ustedes, muchachos, pero de la retribución extra de 800 pesos que acordamos por tres meses, el aumento que acaban de anunciar en el transporte ya les comió la mitad”. Así arrancó una reunión entre dirigentes empresarios y sindicales del sector textil este viernes, a pocas horas de que Guillermo Dietrich diera a conocer los nuevos valores del boleto en el autotransporte de pasajero y en los trenes, con aumentos del orden del 100 por ciento. La voz del sector patronal que presentaba su lamento se refería a un pago a cuenta del aumento de paritarias que se resuelva para este año en el mes de junio. Es un ejemplo de los tantos que hay de cómo afecta el tarifazo en el transporte a los trabajadores que deben moverse diariamente entre el segundo o tercer cordón y la Ciudad de Buenos Aires, que pese a no tener otra posibilidad ni opción que viajar diariamente, no podrán gozar de los beneficios de una tarifa social. En el caso del transporte, la tarifa social no contempla a aquellos usuarios cuyos ingresos no superen el doble de un salario mínimo, como en el caso de la luz y el gas. La tarifa social del transporte sólo incluye a jubilados y pensionados con haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y ex combatientes de Malvinas.

Los economistas que trabajan para distintas consultoras en la city porteña empiezan a ajustar las proyecciones de inflación en función del impacto que se espera que tenga esta corrección masiva de los precios relativos de los servicios básicos. De forma aun moderada, nadie arriesga una inflación proyectada para el año menor a un rango del 35 al 40 por ciento. Todos creen, pero ninguno lo confiesa en público, que es más probable que se acerque a 50. El aumento del transporte y del gas anunciado el viernes le pondría un piso de siete puntos a la inflación de este mes, por la incidencia de casi cinco puntos que le aportaría el aumento de tarifas. De ese modo, la suba acumulada en los índices de precios al consumidor del cuatrimestre alcanzaría un nivel del 18 a 20 por ciento (aun cuando marzo, que todavía no se conoce, hubiera dado una variación relativamente baja, del tres al tres y medio por ciento). Es decir que el primer semestre se estaría devorando largamente la proyección oficial de inflación para todo el año (20 a 25 por ciento). No son pocos los economistas cercanos al Gobierno –pero distantes del equipo económico de Prat-Gay– que ya advierten la ausencia de una política de contención de las subas, por no hablar de un más pretencioso rótulo de “plan antiinflacionario”.

Uno de los agravantes de esta situación es que la suba de las tarifas de los servicios públicos está afectando en medida mucho mayor a los hogares de menores recursos relativos que al resto de la población. Una inequidad que el mecanismo de tarifa social está mostrando que apenas sirve como leve atenuante, pero que de ninguna manera compensa la desigualdad provocada. Ya se mencionó más arriba la ausencia del plan de tarifa social sobre la masa de trabajadores que deberá pagar diariamente el doble por sus traslados de ida y vuelta a sus labores. Pero el caso del gas es otro ejemplo de ineficacia de la tarifa social como mecanismo compensador.

Como ocurrió con las tarifas eléctricas a partir de febrero, también en el caso del gas los hogares de menor consumo serán los que paguen mayores aumentos, tal como recordó un análisis del portal especializado El Inversor.com este viernes. Allí se puntualiza que las categorías de usuarios R1 y R2 (con consumos anuales de hasta 500 metros cúbicos en el primer caso, y de 500 a 1000 metros cúbicos en el segundo) pagarán por el gas un 525 por ciento más. Los usuarios de la categoría R3 (que consumen más de 1000 metros cúbicos anuales) sufrirán subas que oscilan entre 178 y 375 por ciento, siempre según el mismo estudio. En esas tres categorías se encuentran abarcados prácticamente la totalidad de usuarios residenciales de gas por redes. Un informe que, pocas horas después, dio a conocer el Ministerio de Energía y Minería señala que el total de usuarios residenciales y comerciales abastecidos por la red de gas natural del país es de 8 millones 240 mil hogares o establecimientos. De ese total, el propio Ministerio estimó que serán 350 mil los hogares alcanzados por la tarifa social: apenas el 4,5 por ciento del total. Una proporción marcadamente menor a la que tendrá que afrontar los megaincrementos de 375 a 525 por ciento en la factura del gas por estar en el escalón de hogares con bajos consumos.

Se observa, así, que pese a la magnitud del tarifazo, el gobierno nacional no promovió un mayor alcance de la tarifa social más allá de los alcances que ya tenía durante la gestión de gobierno anterior. En el caso del transporte, apenas le “otorgó”, como “beneficio”, un aumento menor al que aplicó a los boletos en general. El pasaje en el autotransporte, para los beneficiarios de tarifa social, pasó de 1,80 pesos a 2,70 pesos en los tramos más cortos. Es decir, un aumento del 50 por ciento para quienes el gobierno reconoce como “sectores más vulnerables”. En las tarifas de gas, pese al tremendo aumento para los hogares de menor consumo, los beneficiarios de tarifa social apenas se ampliarán en 80 mil hogares, según el cálculo del propio Ministerio encabezado por el ex Shell Juan José Aranguren: de 270 mil beneficiarios, “saltarán” a 350 mil.

Uno de los diversos estudios realizados en el sector privado para medir la incidencia de los incrementos de las tarifas es el de Instituto de Estudios de Consumo Masivo, ligado a una de las entidades representantes de los supermercadistas chinos. Según ese trabajo, difundido ayer, destaca que los incrementos en las tarifas de agua, gas, transporte público y combustibles previstos para abril, generarán pérdidas en los salarios del 5,3 al 15,4 por ciento entre distintos segmentos socioeconómicos de la población. Miguel Calvete, presidente de la entidad, explicó que las subas en los precios de la canasta escolar (29,5 por ciento en promedio), los incrementos en la canasta de Pascua (24,8 por ciento) y en las tarifas de energía incidieron notablemente en la inflación ponderada para el mes de marzo, que el instituto estimó en el 3,9 por ciento.

Un problema adicional que surge en cada uno de esos estudios de las consultoras privadas es que no hay certeza de que una situación recesiva vaya a ponerle freno a los ajustes de precios. “Los empresarios siguen mirando la tasa de rentabilidad entre sus precios y sus costos antes que sus ventas, entonces aumentan los precios cuando ven que hay tendencia inflacionaria para no perder margen de rentabilidad, según la explicación que usualmente se escucha, aunque el mercado esté parado. ¿Cómo se explica, si no, que los precios de algunos modelos de autos hayan aumentado un 8 por ciento este primero de abril, en un momento crítico para el sector como el actual?”, señaló un consultor con trato diario con empresarios manufactureros.

Pero no se trata sólo del precio de los autos. La suba en febrero de la electricidad y ahora del gas terminó abarcando al conjunto del sector industrial, cualquiera sea su fuente de energía. Esta semana, la Unión Industrial Argentina le llevó al gobierno la preocupación por más de siete mil establecimientos en situación crítica por el fuerte impacto de la suba en la factura de energía en su presupuesto, al punto de poner en riesgo su continuidad. El gobierno nacional prometió dar una respuesta y atención al problema. Pero la misma receptividad habían tenido representantes de sector pyme semanas atrás, al entrevistarse con Francisco Cabrera, ministro de Producción, y la respuesta o solución jamás llegó. El deja vu es inevitable: los más veteranos ya recuerdan haber pasado por instancias similares, con Martínez de Hoz en dictadura o con Cavallo en democracia. Lo que hoy es pérdida de mercados por caída de poder adquisitivo y achicamiento de empresas por imposibilidad de afrontar la suba de costos, muy pronto se transforma en cierres de plantas y desocupación. La historia, y una política económica repetida, así lo indica.

POR LOS DNU QUE AVANZARON CONTRA LA LEY DE MEDIOS Una cita en la CIDH

Por Ailín Bullentini

El gobierno nacional tendrá, el próximo viernes, su primera cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se espera que reciba felicitaciones por lo hecho en poco más de cien días de gestión. Por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom) y algunas otras organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), el organismo internacional citó al Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri para darle la posibilidad de que explique “su ofensiva contra la comunicación popular a través de los DNU que atacan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital”, informaron desde el histórico colectivo. Se prevé que sea el titular de del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, quien represente al Gobierno. La transmisión de la audiencia, que sucederá el viernes a las 10, será seguida en vivo en diferentes puntos del país acorde a una convocatoria que lanzó la CCD. El auditorio del anexo A del Congreso de la Nación fue el escenario elegido en la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia es “importante”, consideró Mariela Pugliese, presidenta de Farco, “no solo porque es la primera decisión de la gestión de Cambiemos que, producto del cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos, de comunicación, educativas y de trabajadores argentinas llega a ser analizada por un organismo internacional. También por la posibilidad que significa de “visibilizar la situación de Argentina, el cerco mediático cada vez más chico que protege al presidente y a sus funcionarios y que no permite que la información sobre medidas y efectos de este Gobierno salgan a la luz por los medios comerciales y de las grandes empresas de comunicación”. “Hay que encontrar otras vías para contar lo que pasa en torno a la violación al derecho a la comunicación, que en Argentina permanecía estable hasta estos decretos”, puntualizó Pugliese.

A mediados de enero pasado, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos de la comunicación comunitaria y universidades públicas que integran la CCD le pidieron a la CIDH y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que intervenga en la situación que generó en Argentina la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 con los que el Poder Ejecutivo mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y su par relativa a las tecnologías de la información (Aftic). El fundamento del pedido fue concreto: las medidas oficiales implicaron una “vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte”, plantearon desde la coalición. Y surtió efecto.

La audiencia, que tendrá lugar el viernes desde las 10, en las oficinas de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Estados Unidos, contará con exposición de la situación que posibilitó el encuentro, y que estará a cargo de ocho representantes de las organizaciones denunciantes –CELS, Farco, Redcom, la Asociación de Radiodifusoras (Arbia), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y las universidades nacionales de Lanús y Quilmes, a la que el Estado nacional deberá responder–. Se prevé, la representación oficial de De Godoy en nombre del Gobierno nacional. La CIDH no puede condenar al país, ya que “no se trata de una denuncia formal ante un organismo judicial”, explicó Pugliese. Sin embargo, el planteo sobre que “los DNU violan los estándares sobre libertad de expresión y comunicación democrática de la OEA e incluso de la ONU, a los que el país adscribió, merece un llamado de atención”, aportó. “Esperamos que esta presentación tenga una respuesta de recomendación concreta al Gobierno nacional de mantener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

La CIDH transmitirá en vivo vía streaming la audiencia, por lo que la CCD organizó encuentros públicos en todo el país para poder hacer un seguimiento de lo planteado allí. En la Ciudad de Buenos Aires eso sucederá en el Auditorio de la Cámara de Diputados, adonde el colectivo de colectivos invitó a diputados, senadores y legisladores porteños, representantes en el Parlasur y dirigentes y referentes de las organizaciones que lo integran “no solo para escuchar qué tiene el Gobierno para decir respecto del abuso a la pluralidad de voces”, sino también para debatir luego sus respuestas. Al final de la audiencia, ofrecerán una conferencia de prensa.

OPINION La hora del desbarajuste

Por Mario Wainfeld

El oficialismo tuvo la delicadeza de no celebrar en el recinto la goleada en la votación de la Ley Buitre. Agrandado por el cambio colosal en la correlación de fuerzas, avanzó a su manera: despidos sin justificación ni reglas claras, tarifazos en servicios públicos esenciales y en transportes. Los condimentó con declaraciones peyorativas sobre trabajadoras o trabajadores cesanteados y agredidos.

Hay augurios transversales de una inflación galopante, que rozará o superará en el primer semestre el 25 por ciento que, según el presidente Mauricio Macri, iba a ser su marca anual.

La asimetría entre los avances políticos del macrismo y el desquicio económico social que provoca adrede signará este año y el próximo, solo para empezar. Los beneficios concedidos a la banca, los grandes exportadores, las patronales agropecuarias, las mineras, los usureros de las finanzas internacionales son fabulosos e irrevocables en el corto plazo. Algunos ya son más ricos, lo serán por décadas.

Otras personas, argentinos, son más pobres o desamparados. Para ellos, el macrismo revierte la máxima peronista: mejor que realizar es prometer. No hay medidas favorables pero sí promesas para cuando lluevan dólares e inversiones. El que apuesta a la lluvia equitativa de dólares venidos de afuera pierde, según corrobora la historia argentina desde el siglo XIX hasta el cierre de esta nota.

Cambiemos avizora otro porvenir, sin precedentes. El endeudamiento es su apuesta para revertir la caída general de producción, empleo y PBI. Ajústense los cinturones, quienes no vuelen en helicópteros privados.

Tómbola perversa: La escena se repitió en reparticiones públicas de todo el país. Los empleados llegan a su lugar de trabajo, se identifican para ingresar. En muchas hay sistemas de control accionables con impresión digital o credencial. La máquina dictamina: “ingreso permitido” o lo deniega. Lo usual ha sido que no les hayan llegado telegramas o cartas documento informándoles el despido. El gobierno de la transparencia y la comunicación on line no movió un dedo para informarlo antes, en reuniones cara a cara o en soportes accesibles y públicos.

Las decisiones se notifican de prepo, en edificios plagados por policías. Ante la protesta general, se cierran puertas de acceso provocando una situación riesgosa en caso de desbande.

La falta de reglas de juego agrava la movida. El “derecho de admisión” es como la Lotería de Babilonia de Borges, que repartía bienes o castigos no estipulados aun a quien no hubiera comprado un billete.

El bloqueo a la entrada le puede caer sin anestesia a un contratado flamante o a un empleado añoso. No hay parámetros expresos ni implícitos. Perversión adicional que propaga el miedo y el estrés.

Fantaseemos, por el absurdo, que Macri hubiera dispuesto echar a las mujeres que pesaran más de 60 kilos o a los hombres que midieran más de 1,75 metros. Sería un poco más arbitrario el método pero “al menos” cada cual sabría a qué atenerse. Es un sarcasmo, no lo propugnamos, se entiende... pero aspiramos a que se sopese cuán brutal es el abuso del enigma.

Tarjeta roja fácil: Se encoge la lista de dirigentes de Cambiemos que porfíen en que las personas cesanteadas son ñoquis. Ese trabajo sucio queda en manos de periodistas de medios dominantes, que sazonan su ruindad con burlas.

La casuística comprueba que se han dejado en la calle a gentes del común con años de antigüedad, con presentismo acreditado, fácil de corroborar. Para matizar también hay casos de embarazadas, personas licenciadas por enfermedad, discapacitadas. La tutela en esas situaciones es absoluta: prohibido despedir. Cuando las denuncias los jaquean los funcionarios macristas vuelven atrás, auto elogian su capacidad de rectificación. Autoestima sorprendente y piel dura, insensible a las secuelas irreparables o duraderas.

Un caso real, no excepcional: Ana Suárez trabaja desde hace años en la Municipalidad de La Plata. Antes fue empleada doméstica y también personal de comercio. Fue despedida por el intendente oficialista Julio Garro, casi concomitantemente con la asunción. Fue a protestar pacíficamente, se movilizó por primera vez en su vida. La Policía regó con balas de goma su nuca, su espalda, la cola. Suárez había concurrido con una hija adolescente descontando que acompañaba una protesta tranqui. Su foto fue publicada en muchos diarios, se hizo conocida. Fue reporteada en el programa Gente de a pie, que se emite por Radio Nacional. Ahí narró su biografía y comentó que había sido reincorporada. Contra el relato oficial: no todo está como era entonces. La víctima tardó semanas en recobrarse físicamente y sigue en tratamiento psiquiátrico. Se le concedió licencia médica. La retractación no borra el daño.

Quienquiera haya sufrido en carne propia la experiencia del despido, la agresión policial o estar desempleado, así sea episódicamente, sabe que, con variantes, su padecer se multiplicará por miles.

Laberintos y tómbolas: El régimen de la función pública está emparchado, necesitado de regularizaciones y supresión de condiciones fraudulentas.

Según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y los convenios colectivos hay dos categorías estrictamente legales. La primera es la Planta Permanente cuyos empleados gozan de estabilidad propia: no se los puede despedir. La segunda es la Planta Transitoria para tareas temporarias o programa que duran un tiempo fijo u otras variantes. Los trabajadores aportan al sistema de seguridad social, tienen derecho a vacaciones y aguinaldo, cobertura de obra social pero se pueden cesar sus servicios cuando vence el plazo. Las tareas transitorias deben corresponder a necesidades reales del Estado. Es habitual que bajo ese velo se encubran relaciones permanentes, es una forma de burlar la ley. Hay otras modalidades de contratación que dejan inerme al empleado público.

En 2003 el porcentaje de contrataciones irregulares era altísimo. El kirchnerismo resolvió muchas situaciones, llamó a concursos... Mejoró el porcentaje de situaciones regularizadas sin poner fin a la dispersión y a la supervivencia de variantes de fraude laboral. Una mirada atenta y necesaria demostraría que el desempeño fuer dispar en diferentes áreas del Estado.

Mejorar la situación es necesario. La praxis macrista va en el sentido inverso, desbaratando lo que hay, perfectible por cierto. No eleva el umbral, arrasa derechos.

Altas por arriba y bajas en otro nivel: El oficialismo creó cuatro nuevos ministerios, 15 Secretarías, 35 subsecretarías. Los nombramientos van en consonancia. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lleva la batuta de los despidos en todas las carteras. La suya es flamante, superpoblada de cargos altísimos. El macrismo es magnánimo al engrosar los rangos más empinados del escalafón. Las bajas recaen en categorías menos favorecidas, en grandes números y en general. Dicho como ejemplo tomado del Boletín Oficial: si se dan de baja 6 empleados que ganan 15000 pesos por mes y entran otros tantos que ganan 50.000 el gasto social crece, pari passu con el desempleo.

Imposible hacer la contabilidad minuciosa, a falta de data proporcionada por el oficialismo. En el ínterin crecen las dudas acerca del ahorro. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que no lo hay, el gobierno calla. Suena una sola de las dos campanas, queremos preguntar.

Sin reparos: El estado o los patrones privados disponen de facultades para rescindir ciertos contratos laborales. Los requisitos y contraprestaciones exigidos son mayores que la media mundial o la regional.

Es una constante (espasmódica, ya explicaremos el oxímoron) de la legislación nacional, diferente a las de otros países. Los nac & pop o la izquierda las juzgamos positivas, algunos hasta piden mayor protección. Para los neo conservadores la falta de “flexibilidad” nubla el clima de negocios, atenta contra la competitividad, una de cuyas patas es la explotación (más) intensa.

Como fuera, existen principios institucionales, incluidos en la Constitución o en leyes. Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa desbarataron o avasallaron conquistas consecuencia de la lucha popular. El kirchnerismo construyó una legislación reparadora que restituyó derechos añejos y añadió nuevos. Sectores relegados por años fueron objeto de atención y cobertura: los peones rurales, las trabajadoras de casas particulares o a domicilio solo para empezar.

Despedir no es una prerrogativa monárquica. Es forzoso notificar las cesantías con recaudos precisos, por escrito, fundamentando. Es el imperio de los “derechos humanos del presente”, que tanto clamor levantan. La dignidad debe mantenerse incólume: los dueños o funcionarios carecen de atribuciones para maltratar a sus empleados. Internalizarlo es difícil para patrones de estancia o CEOs de grandes empresas.

Lanzar al desempleo es de por sí terrible daño; no abre puertas al sadismo o la desconsideración que en la práctica están separados por líneas muy tenues.

Los anuncios del miedo: Los aumentos de luz, gas, combustibles y transportes anunciados en combo garantizan traslaciones a precios, merma del poder adquisitivo de clases medias y proletarias, enfriamiento de la actividad económica. Su impacto y magnitud serán analizadas por periodistas o académicos más calificados. La Vulgata mediática macrista se resigna a decir “ajuste”.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió mudarse del Ministerio de Economía a la Casa Rosada para su respectiva conferencia de prensa. Una protesta de trabajadores lo indujo, un signo de la etapa.

Dietrich es un empresario próspero, vende muchos autos aunque en la ciudad prefiere desplazarse en motos o bicicletas de primera. Es más expeditivo, cuenta. Tal vez por eso subestime lo que pesarán las subas en el bolsillo de quienes andan en subte, tren o bondi.

Comunicar medidas impopulares (o anti, usted sabrá) siempre es desdichado, motivo sobrado para hacerlo con recato y respeto. Dietrich subestimó el impacto en el bolsillo de los usuarios: “en plata es poco”. A título de ironía o de humor negro: si quiere ser más cínico todavía puede argumentar que quienes se queden sin trabajo ahorrarán más en transporte.

Prometió “tarifa social” para mitigar la carga a varios conjuntos de usuarios. La tarifa cubre a 2.200.000 usuarios, confesó. Como la “SUBE”: es herencia del gobierno kirchnerista. Prestaciones del estado fofo, grasoso, bobo... en fin.

Dietrich ve en el horizonte la ampliación de la tarifa a seis millones de personas. Los boletos ya están en la estratósfera, las coberturas son virtuales. Hay dos velocidades de la acción pública. Los aumentos llegan “de una”, para los paliativos habrá que confiar en la eficacia comprobada de los sistemas creados por el kirchnerismo y en la hipotética eficiencia de los funcionarios macristas.

Aumentarán los importes de las tarifas sociales, ya mismo.

Centrales unidas ¡uia!: ATE y las dos CTA sostienen la resistencia y la defensa de los estatales, día tras día, en los lugares de trabajo. Son hoy la mejor representación de la clase trabajadora, una señal de alerta para el kirchnerismo que las relegó. Y para las dos CGT que se manejaban hasta fin de marzo con parsimonia que comenzaron a rectificar. Las cuatro centrales se reunieron con diputados (ninguno del oficialismo) y lo harán con senadores la semana próxima.

Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) comenzaron a dar la cara en conflictos. Alguno habló en los habituales actos de fin de semana en las plazas. La recepción fue dura, lo que puede eventualmente ser injusto con alguno pero refleja una valoración acertada sobre el desempeño de la conducción del gremio.

Una máxima del gremialismo peronista aconseja replegarse a las “organizaciones” en tiempos difíciles. Aun a costa de desamparar un cachito (o un muchito, según) a los compañeros a fin de preservar al sindicato para tiempos más propicios. Siempre fue discutible, sobre todo por la muy desigual libido destinada a cada objetivo. Sería entre un disparate y una canallada apelar a la táctica defensiva en este momento, con la población avispada y consciente de sus derechos frente a un gobierno que ansía conservar legitimidad electoral y consenso masivo.

La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió al ministro de Producción, Francisco Cabrera. El cónclave fue amable en los modales pero el paquete de temores y vaticinios de los hombres de negocios mete pavor.

Todo discurso sectorial es sesgado: seguro que parte del diagnóstico busca allanar terreno para las paritarias y para procurar franquicias del estado. Desagiando ese componente, truena la advertencia de Juan Carlos Sacco, secretario de la entidad, vertida en los oídos de Cabrera y en declaraciones a la prensa. Ponderó que “si no hay algunas medidas rápidas, se pueden perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo” y apuntó que el gobierno “se quiere suicidar” con los incrementos de tarifas. Quienes alertan son compañeros de ruta, que celebraron eufóricos el cambio de gobierno.

Semestre de miedo: La herencia del Estado populista cede paso a una versión aggiornada pero no tan novedosa del estado de malestar de la derecha.

La realidad es dialéctica, los vasos comunicantes son más descriptivos que los compartimentos estancos. El golpe ¿blando? en Brasil, tan ansiado por el establishment local, seguramente causaría un colapso económico con repercusiones tremendas en estas pampas. Derogar o restringir el “impuesto al trabajo”, la demanda laboral más intensa de las CGT y el Frente Renovador, empiojaría la ecuación financiera de los gobernadores, que tan gozosamente aúpan a Macri.

El verano macrista fue arduo para las mayorías sociales, en plena luna de miel. El invierno se insinúa crudo, frío al mango. La fecha del rebote económico M se trasladó al segundo semestre en el cual el gobierno promete “agenda social”, inversiones extranjeras, creación de fuentes genuinas de trabajo en el sector privado. Tendrán que remontar la cuesta abajo: el desempleo creciente, la inflación acumulada, la recesión que ya se percibe.

Las historias de vida de los despedidos o los que sufren ataques al bolsillo se transforman en indicadores sociales. Vale preguntarse cuántas personas padecen emocional o económicamente en forma directa. Y cómo incide la merma de ingresos de las clases populares en la economía general.

El kirchnerismo dejó su herencia, que debe leer en clave de película y no de foto. Niveles de empleo, de informalidad, de consumo popular, de inflación tangibles y estables. Algunos son virtuosos, otros no, el “trabajo en negro” se amesetó en exceso en los años recientes. El gobierno empeoró todos... y va por más.

Las personas normales viven en el presente, quieren (tienen derecho a) comer su porción de la torta ahora y no cuando virtualmente crezca, beber de la copa antes de que derrame.

El macrismo promete un futuro venturoso con inversiones jamás vistas. Es porvenir, incierto por definición En esta semana empeoró el cotidiano de millones de argentinos. Para redondear, ninguneó el impacto y maltrató a trabajadores. Algunos llaman a eso “remedio necesario” o imaginerías parecidas. Otros podemos creer que es defensa de intereses, empecinamiento ideológico. Mal gestionado, además.

mwainfeld@pagina12.com.ar

BEATRIZ SARLO DIXIT

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