Por Alfredo Zaiat
Uno de los argumentos expuestos públicamente para convencer acerca del beneficio de acordar con los fondos buitre fue que no había alternativa. El oficialismo y voceros locales de los buitres aseguraban que había una sentencia en contra y el costo de no arreglar era mayor que el de continuar negociando condiciones justas, equitativas y sustentables. Además de lanzar la amenaza la aprobación o el caos, hubo métodos no tan pulcros para sumar voluntades en el Congreso como la extorsión financiera a provincias con el garrote unitario de la Casa Rosada. El primer informe de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación ofrecía opciones a la rendición incondicional en el juzgado de Thomas Griesa, material que fue ignorado pese a que estaba disponible para diputados y senadores, muchos de ellos votando a favor una ley que en el discurso de su fundamentación rechazaron. Esos votos doble personalidad se explican por el republicano apriete financiero del macrismo a provincias y otras amenazas subterráneas a diputados y senadores vulnerables, por ejemplo los que estuvieron vinculados directa o indirectamente a la Anses. En ese valioso documento, una de las secciones plantea “El debate sobre la capacidad de los Estados de limitar el accionar de los fondos buitre” y en otra propone “posibles cursos de acción”. Los embargos a activos argentinos en el exterior y el bloqueo al financiamiento externo fueron las principales armas de presión de los buitres. El anterior gobierno recurrió con bastante éxito a diversos mecanismos defensivos frente a ese ataque. El informe de la Bicameral aporta varias vías que hubiesen servido para desplegar una estrategia ofensiva en la disputa con los buitres, que podían haberse utilizado como un factor de negociación sobre el monto de la sentencia Griesa. Una de ellas, prohibir a fondos buitre o a sus empresas vinculadas realizar actividades económicas y comerciales en Argentina.
La Bicameral presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el economista Eric Calcagno propuso a diputados y senadores no sólo analizar los aspectos financiero y jurídico del problema, sino incorporar cuestiones políticas referidas a la capacidad de daño “dentro de la ley” que tiene el Estado sobre fondos buitre. El informe detalla algunas acciones adicionales de política pública que podía haber instrumentado el Estado argentino para mejorar la posición relativa en la negociación, en lugar de la opción de la capitulación elegida por el gobierno de Macri. Entre ellas, destaca
- la prohibición a los fondos buitre de obtener por los bonos emitidos por un Estado deudor un precio mayor al pagado para adquirirlos. Es replicar lo que establece la ley aprobada por el Parlamento de Bélgica el 12 de julio de 2015. De tal modo se impediría la especulación financiera con deuda soberana en default y reestructurada;
- la aplicación del orden público argentino al cumplimiento de sentencias extranjeras. El documento de la Bicameral explica que si una orden de pago da lugar a una ventaja ilegítima para la parte que recompra el préstamo o crédito a un tercero, es violatoria de la legislación nacional y por ende del orden público argentino. Así se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que negó la homologación de una sentencia adversa a la Argentina del juez Thomas Griesa (caso Claren Corporation c/ Estado Nacional, fallo del 6 de marzo de 2014);
- el procesamiento de los fondos buitre por el delito de usura (artículo 175 bis del Código Penal), consumado o en grado de tentativa. Los fondos buitre como propietarios del 1,6 por ciento de los bonos exigen el pago de la totalidad de esos bonos a valor nominal, más intereses y punitorios. El informe apunta que “conminan que se les pague 1600 millones de dólares por bonos que compraron en 2008 por 50 millones de dólares. Evidentemente exigen una tasa de interés que es usuraria”; y
- la prohibición a los fondos buitre o empresas vinculadas a que realicen determinadas actividades en territorio argentino.
Los fondos buitre desplegaron una guerra judicial que incluyó gran cantidad de demandas monetarias y embargos contra Argentina: 77 demandas judiciales que procuraron obtener sentencias monetarias y 46 intentos de ejecuciones judiciales y embargos, de los cuales 18 fueron en Estados Unidos, 12 en Francia, 7 en Bélgica, 2 en Luxemburgo, 2 en Suiza, 4 en el Reino Unido y 1 en Ghana. Además intentaron embargar desde reservas del Banco Central depositadas en el Banco de la Reserva de Nueva York y bienes de las embajadas argentinas en Estados Unidos, Francia y Bélgica, hasta un satélite de Conae listo para ser lanzado en California. No obstante su enorme artillería judicial, no obtuvieron ningún embargo firme.
Para adelantarse a previsibles impugnaciones de representantes de los intereses buitres en el país, la investigación de diputados y senadores aclara que, acerca de la capacidad de daño del Estado, las medidas contra actividades de fondos buitre en el país no hubiesen sido discriminatorias, porque se hubiese aplicado la legislación vigente. La Ley de Sociedades Comerciales 19.550 dispone que “cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio” (artículo 19).
El anexo 2 del documento de investigación de la Bicameral incluye información muy reveladora del entramado societario de fondos buitre en empresas con actividades en el país. El buitre Paul Singer tiene participación en RR Donnelley Argentina, Iron Mountain Argentina, Delphi Packard Argentina, y Kenneth Dart en Dart Sudamericana.
Las siguientes fueron algunas de las actividades económicas de fondos buitre en Argentina que se judicializaron:
- Elliott Management Corporation y Elliot International LP, fondos buitre controlados por Paul Singer, son accionistas de Iron Mountain Argentina SA (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12).
- La quiebra de la papelera R. R. Donnelley, controlada por el fondo buitre Elliot, fue denunciada por fraudulenta por la AFIP (Juzgado Comercial n 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- La multinacional Delphi, ligada al fondo buitre Elliot, de Paul Singer, fue denunciada por presunto delito de “alteración del orden económico y financiero” (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3).
- El presunto contrabando cometido por Kenneth Bryant Dart, dueño de Dart Sudamericana, dueño del fondo buitre EM Ltd., en connivencia con Valle del Carmen SA, Woodford SRL y Valle Encantado SA (Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1).
A septiembre 2015, Elliott Management de Singer tenía presencia en 80 firmas financieras internacionales, entre ellas American Capital Agency Corp, Ishares Trust, Spdr Series Trust y Vanguard Index Trust. Esta última es uno de los fondos integrantes de The Vanguard Group, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. El 98 por ciento del capital de Donnelly era controlado por fondos institucionales y mutuos, entre ellos se encuentran esas firmas de Singer, siendo The Vanguard Group el más significativo pues posee acciones de R.R. Donnelly & Sons Company por un valor de 12.890.497 de dólares, equivalente al 7,09 por ciento del capital, a febrero de 2014.
The Vanguard Group también tiene una participación importante en Iron Mountain. Posee acciones por un valor de 26.267.170 de dólares representativo de 12,52 por ciento del capital, según informó en octubre 2014 a la SEC (comisión de valores estadounidense). De ese modo Singer a través de fondos buitre tiene participación en el capital de uno de los mayores depósitos de documentación del país, cuyo incendio en febrero de 2014 –cuya intencionalidad es motivo de investigación judicial– tuvo como saldo la muerte de 10 personas. Un vínculo societario similar se observa en el capital de la autorpartista Delphi Automotive Inc., cuyas filiales en Argentina son Delphi Packard, Delphi Packard Electric Sielin (entidad en liquidación) y Holdcar. Vanguard Group Inc. retiene el 7,36 por ciento de las acciones de Delphi Automotive PLC.
El informe de la Comisión Bicameral de la deuda externa que no fue tomada en cuenta en el debate por el acuerdo pro buitre concluye que “estos son sólo cuatro casos judiciales que atañen a dos de los fondos buitre que más han agredido a la soberanía nacional (Singer y Dart)”. Propone una investigación más profunda que no sólo considere los casos judicializados, puesto que estima la existencia de más actividades de los fondos buitre en la Argentina o de sus empresas vinculadas.
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