OPINION A cuarenta años del golpe

Por Tununa Mercado *

La primera vez que regresé a la Argentina apenas restablecido el gobierno democrático, una amiga me ofreció dar una vuelta en su auto por Buenos Aires. Remontamos Avenida del Libertador hacia el norte. Ella se puso tensa. Algo la perturbó y sólo unas cuadras después me dijo que acabábamos de pasar por la Escuela de Mecánica de la Armada. En los últimos diez años había evitado ese camino y pensó que había llegado el momento de enfrentar lo que durante tanto tiempo había eludido: ese lugar, me dijo, es la ESMA. Se lo decía también a sí misma, como si palpara la realidad y la hiciera suya. Una semana después fui a Córdoba. En el trayecto en ómnibus hacia el Valle de Punilla, en voz muy baja, mi hermana me dijo “Esa es ‘La Perla’”. Pero ya habíamos pasado y sólo pude ver unos edificios, lejos de la carretera, sin fijarlos. La misma ansiedad, el mismo espasmo, la precaución aprendida y sedimentada durante los años de la dictadura.

Esos dos reconocimientos topográficos materializaban lo que ya sabíamos en México por los testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración. Allí estaban, emplazados, se erguían sobre cimientos. “La Perla” más escondido entre sierras bajas. La ESMA un conjunto de edificios propios de una institución militar, urbanos, académicos. Se podía pasar frente a la ESMA. Hasta que el presidente Kirchner liberó el campo y en los años previos al 2004, se podía pasar frente a la ESMA, estar frente a las rejas de la entrada, gritar, maldecir a los que aparecían ocasionalmente o ex profeso en las ventanas, percibir maniobras en el interior, oficinistas, personal; afuera, a lo lejos, un campo de deportes. Incluso, se pudo “intervenir” las rejas con siluetas realizadas por artistas plásticos con diferentes técnicas y materiales para crear una figuración de las víctimas, para hacerlas presentes.

Ver fugazmente durante veinte años La Perla, a lo lejos desde la carretera, en auto o en ómnibus. Veinte años después de aquel regreso a la Argentina entrar en la ESMA. Dos acciones y sus efectos: una cosa pasar y mirar, y otra atravesar las puertas de lo que fue un centro clandestino de detención y de exterminio en plena Ciudad de Buenos Aires, que será convertido en un Espacio para la Memoria. ¿Cómo será esa Memoria?

Somos un grupo de unas quince personas: Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, gente que estuvo en el exilio y regresó, miembros del proyecto de recuperación de esos espacios; un sobreviviente, Víctor Basterra, que pasó cuatro años en ese lugar y cuyo testimonio es capital para juzgar a quienes en esos lugares torturaron, vejaron, esclavizaron, mataron. No vamos a recorrer las 15 hectáreas del predio, sólo la parte que nos importa, la que estuvo habilitada como campo de exterminio, rodeada por una valla de lámina que la separa del resto, donde siguen funcionando de manera provisoria los pabellones de la Armada. Singular y paradójica decisión oficial la de ese “destierro” que experimentan ahora los oficiales y cadetes de la Marina, veinte años después de que sus colegas de armas compartieran como victimarios el mismo espacio que sus víctimas. Están “exiliados” detrás de la barda; se los ve en sus tareas, al fin los exiliados son ellos, intrusos, por añadidura, porque deberán abandonar el sitio, se supone que pronto, no se sabe cuándo.

El recorrido flanquea la barda divisoria. Repite el que hacían los secuestrados cuando eran llevados a la Esma. El ingreso es por un “playón” de estacionamiento. La misma senda de los prisioneros, el mismo trayecto: la “huevera” o sala de tortura, así llamada porque “era un lugar muy hermético, muy cerrado”, dice Víctor Basterra ; la “maternidad” en la que las prisioneras parían a sus hijos que serían robados por sus verdugos; los altillos –los llamados “capucha” y “capuchita”– en los que se hacinaban los detenidos, tabicados, esposados y con grilletes –hay muescas en el borde de los peldaños provocadas por las cadenas–; el “pañol” que atesoraba el botín conquistado en los operativos de secuestro; los sectores de “inteligencia”: documentación, fotografía, supuestamente una imprenta.

No tenemos conciencia de las relaciones con ese espacio hasta que nuestras antenas calculan por nosotros las dimensiones reales de un recorrido y de un lugar. Si “pasaron” por allí cinco mil personas, esa población tuvo que ser permanentemente diezmada para que cupieran todos, más los propios oficiales entrenados en el terror y otros que podían convivir allí sin molestarse por lo que sucedía a su alrededor, un piso más abajo. En el transcurso de varios años de su funcionamiento el interior de esos edificios fue modificado, para disimular las tareas que allí se habían ejecutado, lo que no impide una reconstrucción precisa de lo que allí pasó.

He descrito sintéticamente ese recorrido. Fue lento el desplazamiento de la mirada y la conciencia se agolpó en el cuerpo, preparándose para después, para cuando la impresión fatídica cediera y fuera posible pensar. Nos señalan una escalera clausurada, aunque hay marcas que delatan su existencia. Allí, en los primeros escalones, Martín Grass, un sobreviviente, vio el cuerpo de Rodolfo Walsh acribillado y pudo recuperar ese momento sólo hace poco, cuando se abrió la ESMA y “exiliaron”, “trasladaron”, “concentraron” a los marinos detrás del cerco. Adviértanse las comillas que connotan estos verbos.

Sabemos por Lilia Ferreyra, mujer y compañera de Walsh, que en el verano de 1977, unos meses antes de su muerte, había empezado a escribir la Carta de un escritor a la Junta Militar y que había terminado un cuento, Juan se iba por el río, entre otros textos. El grupo que lo emboscó y mató en las inmediaciones de la Avenida San Juan, terminó la tarea entrando a saco en su casa de San Vicente y llevándose todos sus escritos inéditos.

El relato que sigue me fue entregado por Lilia Ferreyra.

“En el año 82 viajé a España desde México, donde estaba exiliada. En Madrid conocí a Martín Grass, sobreviviente de la ESMA, con quien hablamos durante una larga noche sobre la historia del horror en ese centro clandestino. Mi primera pregunta fue ¿qué pasó con Rodolfo? Escuché la descripción pausada, casi cuidadosa, de la imagen brutal de la muerte que vio en el sótano de la ESMA: el cuerpo acribillado de Rodolfo, con el pecho cortado por una diagonal de impactos, tirado en el cemento frío. Martín lo reconoció y se estremeció. Había visto otros muertos por las balas, pero nunca un cuerpo al que le hubieran disparado con tanto odio, quizá porque querían agarrarlo con vida y Rodolfo se resistió para impedirlo. ¿Y qué hicieron con él?, pregunté. No sabía; suponía que quizá lo hubiesen quemado, porque difícilmente preparaban un vuelo para tirar sólo un cuerpo al río. En estos casos, en la ESMA solían desaparecerlos con lo que ellos llamaban un ‘asadito’”.

“... La Perla ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel clandestina... los subversivos estaban ahí más a resguardo de sus pares...”. (Luciano Benjamín Menéndez, 15 de marzo de 1984, Revista Gente).

“Para mí, el campo de concentración significó una gran explosión dentro de mi cerebro.” (Teresa Celia Meschiati, Testimonio)

Voy de un sitio a otro de la información electrónica; encuentro el emplazamiento de La Perla, busco nombres, un plano me sitúa en la ruta 20, de Córdoba a Carlos Paz, dos ciudades que fueron mías por nacimiento y por frecuentación. A un costado, Malagueño, un pueblo que para mí siempre fue sólo el nombre de una estancia o finca de la aristocracia, donde se hacían “bacanales” según la óptica de la beatería cordobesa que no soportaba que gente de su propia clase diera escándalo. ¿No estuvo allí el Che Guevara, jovencito, enamorado de alguna Ferreira?

Teresa Celia Meschiati, sobreviviente de La Perla, menciona un puente nuevo que permite la entrada a ese pueblo. Leo: “Sobre un terreno elevado, a la derecha, se encuentra el campo de concentración. El mismo es visible desde la ruta, llamando la atención las cuatro garitas que lo rodean. Durante 1979 comenzó a funcionar una unidad de caballería. Aparentemente no se modificó la construcción, pero sí los aspectos exteriores (pintura, plantación de árboles, etc.) (...) Desde el patio externo del campo los prisioneros podían ver la fábrica de cemento Corcemar (llamada Calera de Yocsina)”.

Y más adelante: “Señalo especialmente la ‘cuadra’ (lugar por el cual pasaron entre 1500 y 2000 personas), con capacidad para setenta personas acostadas en colchonetas de paja sin separación ninguna, las cuales estaban dispuestas contra las paredes y en el centro del salón”. Reconozco en el testimonio el mismo sistema de tortura que en la ESMA: “Me atan los pies y las manos a los barrotes de una cama, quedando suspendida en el aire. Me ponen un cable en el dedo del pie derecho”. La misma descripción estaba haciéndonos Víctor Basterra en la visita a la ESMA cuando inesperadamente, apoyada en una pared de “Capucha”, donde el hacinamiento fue igual que en la “cuadra” de La Perla, hay una cama de hierro, la típica de los cuarteles. Una sola. ¿Se les olvidó? ¿Sería esa una de las camas que conoció Basterra?

Evoco el paisaje de ese valle suave que empieza ya a la altura de Yocsina, vuelvo a repasar de memoria el momento en que las construcciones de La Perla se ven desde el camino. En efecto, en mi primer viaje de hace tres décadas, había árboles que no dejaban ver los edificios bajos. Ahora tengo incorporadas las imágenes que vieron y reconstruyeron los sobrevivientes. En esos textos el paisaje descansa sobre la muerte. Meschiati relata en su testimonio una conversación escuchada durante su cautiverio.

A mediados de 1978, estando presentes el teniente primero Villanueva, el suboficial mayor Vega, los sargentos Aytes Ríos y Padivani, y el civil Yañez conversaban sobre el suboficial que arrendaba los campos vecinos a La Perla para sembrarlos. La jefatura del III Cuerpo no quería renovarle el contrato. Este señor, a pesar de plantear su desacuerdo con la mencionada jefatura, prefería esta resolución... “porque mientras roturaba la tierra, había encontrado restos humanos”.

El campo de concentración no cesa de estallar en el cerebro, es cierto. Las partículas que esa bomba de fragmentación ha dejado a lo largo de la historia en circunstancias semejantes no han dejado de estallar. Una frase, sin embargo, puede configurar una nueva significación: los restos, en efecto, son humanos; tienen un destino de perduración precisamente en los atributos de su humanidad: la palabra, la memoria, la escritura. Son tierra fértil.

* Escritora.

› LA DEFENSA DE LAGOMARSINO QUIERE EVITAR EL CAMBIO EN LA CAUSA NISMAN La pulseada por el fuero

Por Irina Hauser

La defensa de Diego Lagomarsino intentará evitar que la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman pase al fuero federal porteño, como lo dispuso en su fallo sorpresivo la jueza Fabiana Palmaghini en base al testimonio del ex jefe de Operaciones de la ex SIDE Antonio Horacio Stiuso y al de Carlos “Moro” Rodríguez, otro ex espía amigo del fiscal, quienes afirman que fue asesinado. Para eso presentará su apelación a más tardar el lunes por la mañana y la Cámara del Crimen tendrá que saldar la disputa con una nueva resolución. Como para poner presión e instalar una única versión de los hechos, el fiscal que actúa ante la Cámara, Ricardo Sáenz, alineado con la querella de Sandra Arroyo Salgado, salió a decir públicamente que “se está empezando a afirmar que estamos frente a un homicidio” y que Lagomarsino debería ser imputado por ese delito y no solo por haber prestado su pistola Bersa a alguien que no era legítimo usuario. La fiscal Viviana Fein no apelará el pase al fuero federal, no porque acuerde con Palmaghini sino porque ya se conoce la postura de Sáenz, que es su superior y será el fiscal que actúe ante la Cámara previo a un fallo. Cualquier cosa que ella diga perdería sentido y se volvería abstracta, razona. Entonces, ya se sabe que Sáenz apoyará el cambio de fuero cuando llegue la apelación de Gabriel Palmeiro, el abogado de Lagomarsino. Habrá que ver qué postura adoptan los camaristas Mario Filozof, Marcelo Luicini y Rodolfo Pociello Argerich, y cuán independientes se muestran de la operación desplegada en estos días.

Al mirar en perspectiva los últimos hitos judiciales del caso, se advierte que Sáenz –quien encabezó el año pasado la marcha del 18F– preparó una parte importante del terreno para todo lo que está pasando ahora. Hace dos semanas presentó un dictamen donde afirmaba que a Nisman lo asesinaron. Invocaba argumentos tramposos, como –entre otros– que no se encontraron rastros de fulminante en las manos de Nisman, lo que no es cierto de acuerdo al estudio que se hizo en el laboratorio del Ministerio Público de Salta, que decía que “se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo”. Su escrito repetía argumentos de Arroyo Salgado y de la querella de la madre del fiscal, Sara Garfunkel, y afirmaba que fue un homicidio vinculado a la actividad de Nisman en el caso AMIA y su denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento. Todo eso era para justificar que la causa debe tramitar en el fuero federal, siempre dócil a negociados políticos, operaciones y ahora fuente de confianza del macrismo.

Ese planteo fue presentado por Sáenz ante la Cámara que debía resolver un pedido de las querellas para que Palmaghini se aparte, algo que la jueza esa vez había rechazado. Faltaban cuatro días para que se concretara la declaración testimonial de Stiuso. Y casualmente, dos semanas antes, el 15 de febrero, había testificado “Moro” Rodríguez, un amigo de Nisman que fue personal civil de inteligencia, quien le había presentado a Lagomarsino, y declaró que estaba convencido de que lo mataron. No creía que pronto se hubiera convertido en “un mal padre, mal amigo”, que “dejaba a la madre con un lío, a las hijas destrozadas”, y además “no le gustaba perder ni a la bolita”, “un suicida para él era un perdedor”.

Así, ni el fiscal Sáenz, ni Stiuso ni Rodríguez, aportaron nada concreto acerca del supuesto asesinato. Sin embargo, cada uno en su ámbito, de pronto se volvieron claves como sustento de esa teoría. La declaración de los dos ex agentes fue la excusa que usó la jueza Palmaghini para justificar su propio golpe de timón, después de haber dicho que la competencia en el caso era suya en una resolución firmada tres días antes de la declaración de Moro. Stiuso llegaría luego con su versión de que a Nisman lo mató un grupo vinculado al gobierno de Cristina Kirchner, tras la denuncia por encubrimiento que tenía que ir a defender al Congreso; dijo que el Poder Ejecutivo no quería que investigaran a Irán y que hacía llegar advertencias; que había negocios de fondo. Nada de esto había dicho en su primera declaración hace algo más de un año, cuando afirmó que la muerte del fiscal lo había tomado por sorpresa y la asociaba con suicidio. Esta vez, para allanarse el camino, acusó a la fiscal Fein de haber omitido que dijo que relacionaba la muerte con su trabajo en la UFI AMIA.

En definitiva, el viraje de la causa comenzó con el cambio de gobierno, en diciembre último, cuando Palmaghini decidió asumir la investigación que había manejado hasta entonces Fein. Su postura y la de Sáenz ahora ignoran las pericias forenses y criminalísticas que decían que no había nada que acreditara la presencia de terceros, ni rastros de homicidio ni de que hubieran movido el cuerpo. Después de un año la jueza dice que la base está contaminada.

A diferencia de Stiuso, que no vincula a Lagomarsino con la muerte, Sáenz sugiere que sí y que su presunta participación puede haber sido una puesta en escena para ocultar su verdadero papel. Tampoco justifica el razonamiento ni explica cómo es que las cámaras de la autopista lo toman volviendo a su casa en la nochecita del sábado 17 de febrero y otras haciendo compras la mañana siguiente, cuando el horario de data de muerte es del domingo entre la mañana y el mediodía.

OPINION Las vías abiertas de América latina

Por Emir Sader

Nunca como ahora el futuro de América latina está abierto. Hemos pasado por un momento, especialmente en los años 1990, en que la historia del continente parecía congelada. Se imponía un modelo de forma avasalladora, que pretendía invertir y cerrar ciclos históricos que apuntaban en otra dirección. Ya no más desarrollo económico, sino equilibrio fiscal. Ya no más distribución de renta, sino concentración en manos de los más competentes. Ya no más derecho, sino concurrencia en el mercado. Nunca más Estado, sino empresas.

Se arriesgarán, en medio de consensos que creían definitivos, a anunciar el fin de la Historia, que reposaría eternamente en los brazos de la democracia liberal y de la economía capitalista de mercado. Enterradas las alternativas, el capitalismo y el imperialismo podrían rediseñar el poder en el mundo.

América latina era protagonizada por personajes como Carlos Menem, Alberto Fujimori, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Andrés Pérez, Sánchez de Lozada, Salinas de Gortari, Lucio Gutiérrez, entre otros, consagrados entonces por los medios internacionales como los “modernizadores”, los “liberalizadores”, los “globalizadores” de nuestras sociedades, al fin salvadas del “populismo”, del “estatismo”, del “nacionalismo”.

Víctima privilegiada de las grandes trasformaciones regresivas ocurridas en el mundo y, en particular, América latina, donde ocurrieron más gobiernos neoliberales y los más radicales, reaccionó como ya pocos creían posible. Y se ha vuelto la única región del mundo con gobiernos antineoliberales, con procesos de integración regional, con capacidad para revertir las fuertes tendencias a la desigualdad social y al aumento de la pobreza y la miseria en el mundo.

América latina ganó el derecho a definir su historia a partir de su capacidad para reaccionar frente al modelo neoliberal y a la globalización. Gracias al liderazgo de dirigentes como Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros, ahora América latina se enfrenta a los efectos duraderos de la recesión internacional y a articulaciones derechistas internas, generando crisis en varios de nuestros países.

En este momento, en medio de la segunda década del siglo XXI, se puede decir que el futuro del continente está abierto. Nadie puede garantizar que los gobiernos antineoliberales se van a consolidar definitivamente, menos aún que los intentos de restauración conservadora se van a imponer.

Las dos vías están abiertas. Lo que se puede decir es que el escenario político latinoamericano será nuevo a partir de ahora. Ya no se contará con precios altos de los productos de exportación, al contrario, la recesión internacional tiende a extenderse. Tampoco será posible que cada país reaccione aisladamente frente a la recesión internacional.

La vía de la restauración está siendo puesta en práctica en Argentina y rápidamente demuestra cómo sus planteamientos profundizan la recesión, el desempleo, el endeudamiento y hasta la misma inflación. Es una vía que recorta los derechos sociales, concentra renta, subordina los intereses del país a los grandes capitales internacionales y derechamente a Estados Unidos. Conocemos hacia dónde ella podría conducir a nuestros países, hemos vivido el auge del neoliberalismo en los 90, sabemos que es una vía trágica para nuestros países y para nuestros pueblos.

La otra es la vía de consolidar los extraordinarios avances logrados y avanzar hacia una América latina todavía más integrada, por el Mercosur, por Unasur, por Celac, más vinculada al destino del Sur del mundo, a los Brics, a su Banco de Desarrollo. Con gobiernos antineoliberales articulando y poniendo en práctica un modelo integrado de desarrollo con distribución de renta, profundizando incesantemente sus mercados internos de consumo de masas, fortaleciendo y democratizando más a sus Estados, con procesos de formación democrática de sus opiniones públicas, construyendo modelos de superación del neoliberalismo y de construcción de sociedades basadas en el derecho de todos.

Cuál de las dos vías va a triunfar, es lo que se está decidiendo en este momento en el continente. Las fuerzas democráticas y populares ya no tienen derecho a volver o seguir cometiendo los errores que han cometido y que se siguen cometiendo. Es el destino de nuestros países en toda la primera mitad del siglo XXI lo que se está decidiendo. Conciencia real de los problemas que estamos enfrentando, de las fuerzas con que contamos y con las que podemos contar, de los errores cometidos, capacidad de renovación hacia las nuevas generaciones, hacia las mujeres, hacia las capas populares todavía postergadas, hacia el espíritu democrático y la capacidad teórica creativa, nos pueden llevar, por la vía democrática y popular a superar la crisis actual.

Las dos vías están abiertas. Las duras peleas actuales son para decidir cuál de las dos se va a imponer.

EL ESTADO DEBERA DAR EXPLICACIONES POR LA DETENCION DE MILAGRO SALA A responder ante la ONU

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dio curso a la denuncia contra el Estado argentino por el encarcelamiento de Milagro Sala, que había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Ahora el Estado nacional debe responder ante la Organización de las Naciones Unidas por la detención de la referente de la agrupación Tupac Amaru.

Milagro Sala fue denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos ilícitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar de un acampe. El 16 de enero fue detenida en forma arbitraria y así permaneció por casi dos semanas, hasta que el 29 de ese mes el juez de la causa resolvió excarcelarla. Sin embargo, la dirigente de la Tupac no fue puesta en libertad ya que ese mismo día fue ordenada su detención por otra causa iniciada durante la feria judicial, en la que se la acusa de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita.

El CELS recordó que, tal como expresaron en su denuncia, “el gobierno provincial desarrolló una profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en la provincia de Jujuy”. El organismo informó que “la detención por esta segunda causa se asemeja mucho a un intento de justificar su privación de libertad por la causa por la protesta con el objeto de que permanezca alojada en un centro penitenciario y, de esta manera, coartar su derecho a la libertad de expresión”.

La semana pasada la Justicia jujeña emitió una nueva orden de detención contra Sala. Esta vez fue el juez de instrucción Pablo Pullen Llermanos, por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una causa originada por un enfrentamiento armado sucedido en 2007, y en la cual hay dos acusados por tentativa de homicidio. Para el juez, la líder de la Tupac habría concedido “favorecimiento personal” a uno de los prófugos, Jorge Rafael Páez, ya detenido en Tartagal.

En tanto, fueron denunciados ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy los jueces y la fiscal que privaron ilegalmente de su libertad a Sala. Los abogados de la dirigente presentaron hace pocos días una denuncia penal contra los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau por incumplimiento de sus deberes, y pidieron que sean removidos de sus cargos. Tras el dictamen emitido por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en el que confirmó la vigencia de los fueros parlamentarios en el caso de Milagro Sala por ser diputada del Parlasur, y la ilegalidad de su detención, el abogado y diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, y el abogado Fernando Barea presentaron esta denuncia contra los funcionarios que intervinieron en el encarcelamiento de la dirigente.

Desde su detención, Sala fue recogiendo muestras de apoyo que van desde pronunciamientos como el de Amnistía Internacional y la Procuvin hasta marchas y manifestaciones públicas de organizaciones kirchneristas y de partidos de izquierda, así como de sindicatos. Hace dos semanas, un numeroso grupo de organizaciones sociales, políticas y gremiales desarrollaron la denominada “jornada nacional de lucha” con cortes de rutas y calles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, en reclamo de la libertad de la dirigente social, que lleva casi dos meses presa en Jujuy.

Por otra parte, Página/12 publicó el domingo pasado que dos enviados del gobierno macrista visitaron a Sala para proponerle que pidiera la detención domiciliaria antes de que el presidente Mauricio Macri viajara a Italia para su audiencia en el Vaticano con el Papa Francisco, en una implícita admisión del control que el Ejecutivo tiene de la Justicia jujeña. Según el artículo del periodista Horacio Verbitsky “Sala no aceptó la extorsión”. El macrismo aspiraba a aliviar la tensión con el Papa, quien le envió un rosario a Sala.

DESPIDIERON A LOS SETENTA TRABAJADORES DE CONECTAR IGUALDAD El Gobierno colgó las netbooks

 Por Julián Bruschtein

La campaña de despidos en el Estado desplegada por el macrismo no se detiene. Los setenta trabajadores del programa Conectar Igualdad, que depende del Ministerio de Educación, fueron despedidos ayer por las autoridades. “No sabemos qué va a pasar con el programa pero lo que sabemos es que no quedó ningún trabajador vinculado al programa nacional”, explicó a Página/12 Javier Castrillo, coordinador de investigación y desarrollo del programa que repartía netbooks en las escuelas.

“Desde diciembre que dejaron nuestro trabajo en suspenso, diciendo que teníamos que esperar pero sin darnos tareas. No nos pagaron enero ni febrero y hoy (por ayer) blanquearon los despidos”, aseguró Castrillo que trabajaba desde hace más de cuatro años en Conectar Igualdad. Así, los trabajadores que sostenían el programa que estaba orientado a “reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública en la escuela secundaria para promover valores como la integración y la inclusión social”, se suman a los más de 25 mil empleados estatales que la administración de Mauricio Macri dejó sin trabajo en apenas dos meses de gestión.

“Una sola vez se presentó un funcionario de la actual gestión y nunca más volvió a aparecer nadie. Se siguió trabajando de igual manera, con la misma intensidad e incluso en febrero que las escuelas empiezan a organizar el año comenzaron a llamarnos como siempre y no pudimos dar mayores precisiones de lo que iba a pasar”. explicó Castrillo, dando una idea del trabajo diario que realizaban en Conectar Igualdad, que entregó más de cinco millones de computadoras a alumnos de escuelas públicas. “Es curioso, porque el propio Bullrich votó a favor del programa junto a los ministros de Educación de todas las provincias que componen el Consejo Federal de Educación y ahora lo desarticula”. agregó el especialista en nuevas tecnologías despedido.

“Hay mil trabajadores más que están comprendidos en el programa en las provincias. La respuesta que nos dio el funcionario que nos atendió fue lo peor: ‘Lo más sano es que dejen de trabajar acá’, y nos dijo que las provincias van a tener que definir qué es lo que hace cada una en sus distritos”, apuntó Castrillo recordando a los trabajadores que complementan las tareas en el interior. Mientras los trabajadores despedidos organizan junto a ATE Capital una concentración frente al ministerio para hoy a las 12, Castrillo aseguró que “lo más probable es que entreguen el programa a alguna corporación, pero vamos a seguir luchando”.

LAS AGRUPACIONES QUE TRABAJARON EN LA LEY DE MEDIOS SE REUNIERON PARA DEFENDER LA NORMA MODIFICADA POR EL MACRISMO Para volver a democratizar la comunicación

Por Ailín Bullentini

Agrupaciones sociales, académicas y de trabajadores de la comunicación se reunieron para elaborar estrategias para defender la ley de medios.
Imagen: Jorge Larrosa.

Cinco años antes de que el Congreso sancionara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un conjunto de organizaciones, agrupaciones, colectivos informales e individuos relacionados con la comunicación –trabajadores, profesionales, académicos, universitarios– emitió un documento que sirvió de germen de esa norma. El debate de aquellos 21 puntos por el derecho a la comunicación en todo el territorio nacional y su transformación, luego, en norma fue un proceso que ubicó al país como ejemplo mundial en cuanto al respeto y fortalecimiento del derecho humano a la comunicación. 12 años después, la Coalición que forjó esa base volvió a reunirse: bajo el lema “Si el derecho a la comunicación está en peligro, todos lo están”, sus integrantes se reencontraron en un Congreso nacional con el objetivo de pensar cómo reconstruir lo que el gobierno de Mauricio Macri quiere destruir a través de los decretos que, desde diciembre del año pasado, mutilaron la Ley de Medios. Le reclamaron a los diputados que rechacen la validez de los DNU y alumbraron un nuevo documento que recoge el espíritu de aquel originario y, a la vez, amplía el espectro del debate en torno de la democratización de la comunicación.

“Estamos acá no sólo en defensa de la ley sino también con la madurez suficiente para pensar unos nuevos 21 puntos que reivindiquen los de 2004 y amplíen el debate en este contexto”, remarcó Daniel Badenes, integrante, en calidad de titular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) y de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (Arecia). Ambos colectivos integraron el corazón organizativo del nuevo Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática, la “organización de organizaciones”, como la definieron ayer, que exige, empuja y defiende desde hace años avances en leyes y en políticas públicas destinadas a que el Estado argentino garantice el derecho a la comunicación de cada uno de sus habitantes.

La urgencia

El subsuelo del anexo A del Parlamento nacional se colmó pasada la media mañana de ayer. Hombres y mujeres; jóvenes y maduros se saludaron aunque nostálgicos, sonrientes. Las caras nuevas estrecharon manos y se preocuparon por anudar en su memoria nombres a espacios de referencia: universidades nacionales, radios y televisoras comunitarias; sindicatos, productoras, pequeñas empresas, cooperativas y mutuales; diarios y revistas culturales independientes; organismos de derechos humanos, organizaciones de personas con discapacidad, agrupaciones de mujeres, de migrantes, el colectivo Lgttb, pueblos originarios y más. Una década después, la fuerza del quehacer colectivo comenzaba su retorno con la inauguración de una voz que supo constituirse en el broche de las principales asambleas en medio del fragor del debate preLSCA: “Nunca soñamos que íbamos a estar peleando tantos años por esta ley, mucho menos soñamos lo que pasa hora. Pero lo más importante es que tengamos conciencia de que no tenemos que parar”, atizó las brasas la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien consideró los DNU de Macri “una burla hacia el pueblo” y convocó a “reventar las plazas” el próximo 24 de marzo, cuadragésimo aniversario de la última dictadura cívico militar. “A veces los pueblo nos damos cuenta de que los problemas no se arreglan en el Parlamento o en la Justicia, sino en las plazas”.

Macri estrenó su gestión presidencial con una batería de decretos de necesidad y urgencia que modificaron la LSCA y la ley 27.078 de Argentina Digital hacia una única dirección: el abandono de parte del Estado de su rol regulatorio en el campo de la comunicación y las telecomunicaciones y la disposición del “mercado en el corazón del sistema de medios”, resumió ayer Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Frente al nuevo escenario, la CCD se vio convocada a “defender lo conquistado”: “Reafirmamos los principios que formaron la iniciativa ciudadana de 2004, rechazamos lo actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia de las leyes votadas democráticamente y presentamos un nuevo documento que amplía el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas”, sostuvieron en la introducción de los nuevos “21 puntos por el derecho a la comunicación”.

La mutilación implementada por los DNU del Ejecutivo tuvo dos vías: desaparecieron los consejos con participación federal y multisectorial encargados de monitorear las dos leyes afectadas por los DNU y se dio luz verde a la concentración económica y geográfica tanto en el ámbito de la comunicación audiovisual cuanto en el de las telecomunicaciones.

“Los decretos implican un retroceso inédito”, destacó Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público, uno de los pocos organismos creados vientre adentro de la LSCA que aún sobrevive. “Las concentraciones en el sistema de la comunicación conspiran contra la democracia. Estamos regalando nuestra interculturalidad, nuestra historia, la decisión de nuestros pueblos a los pocos dueños del dinero y del poder”, continuó, razón en la que basó el reclamo a los diputados para que rechacen los decretos. “Lamento que sean muy pocos los que están acá”, salvó. Liliana Mazzure, Guillermo Carmona, Eduardo Seminara fueron los asistentes entre una decena de invitados.

El repaso por las medidas judiciales presentadas por diferentes actores tanto ante la justicia nacional como en la internacional también tuvo su lugar en la jornada de ayer. “El Estado argentino se apartó de los estándares internacionales”, postuló el abogado Damián Loretti, uno de los representantes de la estrategia legal que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras agrupaciones de la CCD impulsaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La semana próxima llegarán novedades desde aquella instancia, aunque Loretti consideró muy posible que se logre una audiencia porque el relator de libertad de expresión, Edison Lanza, advirtió que se está siguiendo con “particular atención” el caso argentino. No obstante, “el camino va a ser largo”, remarcó. De suceder, la audiencia tendría lugar recién en abril.

Los desafíos

“De este documento se desprenden muchas leyes”, expresó Badenes. A diferencia aquellos 21 puntos creados y difundidos en 2004, que se ceñían al ejercicio audiovisual de la comunicación, esta flamante declaración implica no solo una apertura del núcleo de atención sino también una madurez notable respecto de la declaración de principios que significa (ver aparte).

El nuevo punteo sienta posturas sobre las problemáticas del ejercicio gráfico de la comunicación, sobre todo en lo que atañe a la concentración del papel y a la distribución de radios y revistas, algo en lo que trabajaron y reivindicaron referentes de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. “Valoramos los 21 puntos para la defensa y la profundización de lo conseguido con la LSCA y su ampliación hacia la democratización de la prensa gráfica, un sector que nunca dejó de sufrir las prácticas concentracionales que la ley modificada por los DNU intentó evitar”, saludó el presidente de ese colectivo y editor de Revista NAN, Nahuel Lag, y completó: “Aquí estamos para defender lo alcanzado e ir por más”. La nueva declaración en pos del derecho a la comunicación opina sobre las prácticas comunicacionales en internet, la necesidad de normas que regulen la publicidad tanto pública como privada y que aseguren el acceso a la información pública; y se expide sobre los puestos de trabajo generados y criados por el sector de la comunicación. “No estamos planteando un techo, sino un piso, una plataforma de principios sobre la cual pararse y andar en la etapa que viene, siempre desde la defensa irrestricta de derechos”, concluyeron ayer. Luego, llegaron los aplausos.

UN PROCEDIMIENTO CON OLOR A PERSECUCION

Lula: "Me sentí un prisionero"

"Estoy indignado porque se me juzga anticipadamente", exclamó el expresidente de Brasil Luiz Inacio Da Silva durante una conferencia en la sede del PT, a horas de que la Policía Federal de ese país allanara su vivienda de San Pablo y lo llevara hasta una comisaría para tomarle declaración por estar acusado de recibir dádivas de empresas comprometidas con la trama de corrupción de Petrobras. "Pasé por muchas cosas, pero hoy me sentí un prisionero", lamentó el líder del partido gobernante y subrayó: "No le debo nada a nadie ni le tengo miedo a la Justicia".´

Por la mañana, la Policía Federal hizo una operación "de allanamiento e incautación" de documentos en la casa de Lula Da Silva, del Instituto Lula y "de una serie de asesores y personas de su familia", dijo a la AFP José Chrispiniano, asesor de prensa del expresidente y del instituto que lleva su nombre. Durante el procedimiento judicial de esta mañana también fueron llevados uno de sus hijos, Fabio Luíz Lula da Silva, y Paulo Okamoto, presidente Instituto.

A través de un comunicado, la fiscalía del estado de Paraná aseguró que "hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte".

En el caso "también son investigados pagos al expresidente realizados por empresas investigadas en la Operación Lava Jato, a título de supuestas donaciones y conferencias", añadió. En tanto, la policía informó que cerca de 200 agentes federales y 30 auditores cumplen 44 mandatos judiciales (33 de búsqueda y aprehensión y 11 de conducción coercitiva) en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahía.

La operación formó parte de la indagatoria de crímenes de corrupción y lavado de dinero vinculados a la trama que desvió más de 2 mil millones de dólares de Petrobras, y no incluye órdenes de prisión.

Los allanamientos se produjeron un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista acusando a la presidenta Dilma Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula, que gobernó el país de 2003 hasta 2010, de estar al tanto del esquema de corrupción.