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sábado, 9 de enero de 2016
EL PAIS › UN DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA DE MARIA EUGENIA VIDAL ANULO LAS NEGOCIACIONES SALARIALES DE LOS MUNICIPALES Con urgencia para suspender las paritarias
Al menú de despidos que se cuentan por miles y la represión de ayer frente a la sede comunal de La Plata, María Eugenia Vidal sumó la anulación, vía decreto de necesidad y urgencia, de las paritarias de los empleados municipales de la provincia. El decreto 26/15, con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado en el Boletín Oficial recién el martes, suspende por 180 días una ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una vieja ley del duhaldismo que le permitirá a los intendentes fijar los salarios de este año de manera unilateral. “El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores”, describió a Página/12 Lucas Arakaki, abogado de ATE.
A través del decreto, Vidal restablece la vigencia de la ley 11.757, una vieja norma sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde y que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos, como consecuencia del reclamo sindical. El año pasado, comenzó a regir una nueva ley, la 14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente. La última etapa de implementación de la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un plumazo.
“Se suspende, hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y modificatorias”, reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas de Vidal y de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15 de diciembre.
Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a “disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión”, y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. “Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos”, dijeron en un comunicado en el que resumen las últimas negociaciones con el ministro de Trabajo sobre el tema.
180 días
El plazo establecido para la anulación de las paritarias es de 180 días. “Eso es una falacia”, explicó Arakaki, “porque en general los decretos de este estilo se prorrogan automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una ley”. “Y si suponemos que es sólo por 180 días la paritaria para los municipales se anuló, porque estarían discutiendo salarios recién en junio”, aseguró.
En sus fundamentos, el decreto aduce que la ley derogada no se puede implementar debido a “a las demoras generadas por el recambio de autoridades acaecido a raíz del proceso eleccionario”, argumento que fue considerado falaz por las organizaciones gremiales, dado que la supuesta “negligencia” les impediría convocar paritarias, pero no fijar vía decreto el techo salarial.
DNU
La mecánica de los decretos de necesidad y urgencia parece no circunscribirse únicamente al ámbito del Ejecutivo nacional. De la misma forma que el decreto 267 disuelve la ley de medios, el decreto 26 de Vidal arremete contra una ley con amplio consenso entre las organizaciones sindicales de la provincia. La ley 14.646 establecía los derechos básicos de los trabajadores municipales, entre ellos la discusión paritaria libre, que de todas formas, señalan desde CTA, no se aplicaba a todos los municipios. “Fundado en una supuesta necesidad y urgencia, el decreto viola la división de poderes del sistema republicano y suspende una ley mucho más favorable para los municipales que la que deje en pie”, explicó Arakaki.
“No se entiende cual es la urgencia, en ningún tramo del decreto está justificada”, aseguró Ponce Núñez, para quien no es casualidad la fecha de publicación, en plena feria judicial. “La situación de precarización de los trabajadores ya era de por sí preocupante, dado que en la mayoría de los casos eran contratados”, afirmó sobre la planta de municipales, que estimó en más de 300 mil empleados. “Pero ahora, con represión, ajuste sobre el salario y sin paritarias, la situación es cada vez más grave”.
Informe: Matías Ferrari.
El PRO desactiva programas para las mujeres, blindado por el bloqueo informativo
Los despidos de personal en dependencias estatales en varios distritos gobernados por el PRO abarcan actividades y programas dedicados específicamente a atender a mujeres víctimas de violencia y expuestas al delito de trata y a explotación, como está ocurriendo en el gobierno nacional, en La Plata y en la capital de Neuquén.
Estos hechos vienen sucediéndose en las últimas semanas pero la circulación condicionada de información dificulta determinar su dimensión exacta. Además de los tres casos mencionados, los despidos decididos en la intendencia de Quilmes abarcan el área de Desarrollo Social dedicada a la promoción de los derechos de niñez y adolescencia.
ORGANISMO NACIONAL
El Gobierno Nacional mantiene al borde de la parálisis al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que hasta el 9 de diciembre estuvo a cargo de Cecilia Merchán.
La funcionaria renunció ese día y las nuevas autoridades, transcurrido casi un mes, no designaron reemplazante ni renovaron los contratos de las 20 personas que trabajan en el organismo, que depende de la Jefatura de Gabinete.
La mayoría de ellas recibe sus salarios merced a un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por lo que no está en juego una supuesta intención de darle eficiencia al Estado con el despido de trabajadores presuntamente “sobrantes”, sino el desinterés del gobierno macrista por la función que el Comité cumple.
Dadas estas anomalías, un grupo de organizaciones defensoras de la igualdad de género difundieron un comunicado que recordó que el Comité fue creado por una ley (la 26.842) que busca que el Estado cumpla con su obligación de combatir este delito y ayude a las víctimas.
Firmaron este pronunciamiento Antroposex-Grupo interdisciplinario de estudios sobre sexualidades y género; Católicas por el Derecho a Decidir; Mujeres del Nuevo Encuentro; Frente de Mujeres del Movimiento Evita; Secretaría MUJER PJ Nacional y PJ CABA, Kolina – Derechos Humanos y Mujeres del Sur, entre muchas otras.
Las entidades reúnen firmas para respaldar su reclamo, en la dirección electrónica
DESPIDOS EN “0800 MUJER” DE NEUQUÉN
Seis de nueve trabajadoras del equipo de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia de la ciudad de Neuquén fueron despedidas en los últimos días por decisión del intendente Horacio Quiroga (PRO), con lo que el servicio, que ya tenía dificultades y precariedad, está en riesgo grave.
Las afectadas, junto con legisladoras opositoras, dirigentes sindicales y compañeras y compañeros de otros organismos denunciaron en conferencia de prensa que el intendente derechista busca vaciar el servicio, en el que se desempeñaban desde hace cuatro años.
Una de las trabajadoras despedidas, Florencia Romero, advirtió que Quiroga se propone designar personal que no está capacitado para la función. Dijo que “durante los cuatro años que trabajamos pedimos más personal, más capacitación, más contención y no tuvimos respuestas”.
Las autoridades respondieron con acusaciones de mal desempeño a las despedidas, y hasta de ser agresivas con sus compañeras, lo que fue calificado como un simple acto de difamación.
DESPIDOS Y PARÁLISIS EN LA PLATA
El Centro Integral para la Mujer de La Plata fue desactivado por el intendente, Julio Garro, también del partido político del presidente Macri, y la organización no gubernamental Las Mirabal denunció que ello significa la afectación directa a 700 mujeres.
La entidad sin fines de lucro trabaja en la prevención de la violencia de género y en la contención de las víctimas.
Las Mirabal dijo en un comunicado que el intendente macrista anunció los despidos y la cancelación del financiamiento que permitía el funcionamiento del servicio.
“Lamentamos esta errada decisión que deja sin atención a miles de mujeres en situación de violencia de género”, agregó.
Estos hechos se registraron antes del viernes 8, cuando la intendencia de La Plata lanzó una operación represiva contra trabajadores que se manifestaban pacíficamente para reclamar por despidos dispuestos por Garro, quien asumió el 10 de diciembre.
LOS FUGITIVOS...?
Por Raúl Kollmann
Tres individuos, uno vestido de gendarme, entraron anoche en una quinta propiedad de una familia boliviana en la ciudad de Recreo, Santa Fe, a unos 60 kilómetros del galpón en el que el jueves descubrieron a los prófugos del penal de General Alvear. Según fuentes de la zona, los sujetos irrumpieron, mataron a un amigo de la familia, hirieron a una mujer y a un hombre. No está claro si los atacantes huyeron en una moto o en una camioneta. No era seguro que los atacantes fueran los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, pero las fuerzas de seguridad nacionales y santafesinas convergieron al lugar convencidos de que se trata de los hombres escapados. Al cierre de esta edición, el intendente de Recreo, Mario Formento, relativizaba la posibilidad de que se tratara de los prófugos y especulaba con que fuera un robo común.
Cerrojo
Si quienes concretaron este ataque son los prófugos, queda claro que pudieron romper el cerrojo que se les tendió en unos 30 kilómetros alrededor de San Carlos, donde estaba el galpón en el que habían pernoctado y en el que se encontró la camioneta Kangoo de la suegra de Cristian Lanatta. Es que el asalto a la familia boliviana se produjo relativamente lejos del galpón, a más de 50 kilómetros, una distancia que, en teoría, no pudieron recorrer a pie.
Después de la medianoche se estaba tendiendo un nuevo cerrojo, esta vez alrededor de la casa de la familia boliviana, en Recreo, muy cerca de la capital de la provincia de Santa Fe. A unos mil metros de la vivienda atacada se aglomeraron policías federales, gendarmes, policías de seguridad aeroportuaria, policías bonaerenses y santafesinos. Pocos minutos más tarde empezó a sobrevolar un helicóptero que trataba de iluminar la oscurísima noche en la zona rural santafesina.
La primera versión es que tres individuos irrumpieron en la vivienda de la familia boliviana y reclamaron un vehículo, visiblemente nerviosos. Un hombre de 50 años, que era amigo de la familia dueña de casa, reaccionó ante la irrupción de los desconocidos. Se produjo un tiroteo en el que resultaron heridos dos hombres y una mujer. Convocada de urgencia una ambulancia, uno de los varones falleció en el trayecto hacia el hospital. Las versiones indican que los tres individuos se llevaron una moto, pero no estaba claro si lograron alejarse del lugar. Las fuerzas de seguridad, en la más absoluta oscuridad, trataban de buscar a los atacantes que, según parece, estaban escondidos en una tapera cercana a la vivienda. Otra versión indica que consiguieron una camioneta Ford Ranger con la que pretendían huir, aunque los vecinos sostienen que no es fácil encontrar caminos entre los maizales.
Juzgado
A lo largo de la jornada de ayer, el juzgado federal que está a cargo de Sergio Torres no emitió ninguna orden de allanamiento ni de registro. Significa que no se encontró un lugar en el que pudieran estar escondidos los fugados y que, por lo tanto, requiriera una orden judicial para irrumpir. Todo indica que se había perdido el rastro de los prófugos hasta que anoche se produjo el ataque a la vivienda de El Recreo, bastante lejos de donde se estaba buscando a los Lanatta y a Schillaci.
Del juzgado de Sergio Torres salió el miércoles el dato de que los prófugos estaban en un galpón o depósito en desuso de la zona de San Carlos. La información, aportada por la Gendarmería, no vino de trabajos de inteligencia sino de testigos, como adelantó Página/12. Esas personas, con lógico temor, pidieron ser sumados al programa de protección al testigo. Por lo que se sabe, no reclamaron todavía la recompensa, pero todo indica que lo harán porque aportaron un dato que resultó preciso. El problema es que luego el operativo falló, hubo dos enfrentamientos, y los Lanatta y Schillaci no pudieron ser detenidos.
Del análisis de lo encontrado en el galpón de San Carlos quedó clarísimo que quienes pasaron la noche allí fueron los prófugos. Se hizo un levantamiento de huellas, que todavía no se mandaron a comparar, pero los celulares que quedaron en el lugar coinciden con los que estaban siendo investigados. Respecto de la Kangoo, por las patentes es la supuestamente robada a la suegra de Martín Lanatta: anoche se hacía un peritaje sobre el número de chasis y de motor. Para el juzgado, no hay dudas que en el galpón durmieron los hombres buscados. Por eso la sospecha del ataque en El Recreo recae sobre los prófugos, aunque también podrían ser ladrones comunes. Vecinos de la zona señalaron que ya hubo algún ataque de esa naturaleza en oportunidades anteriores.
Operativo
Sin hacer una embestida pública, los jefes policiales santafesinos fueron muy críticos del operativo que se armó el jueves a la mañana. “No es cierto que hayan llegado 150 efectivos de la Gendarmería. No vinieron en vehículos para esa cantidad de gente. Eran pocos, 50 o menos. Después del tiroteo no tenían la cantidad de efectivos para hacer el operativo cerrojo y recién ahí nos convocaron. Ya habían pasado tres horas. En ese tiempo es probable que los prófugos hayan hecho bastantes kilómetros saliendo del círculo que se armó demasiado tarde. Por eso, no es improbable que hayan llegado a El Recreo”, diagnosticó un alto oficial de la fuerza.
Por lo general, cuando se hace un operativo en una zona la tendencia es a no avisarle a la policía del lugar, justamente por las complicidades que pudieran existir. Y lo cierto es que el trabajo de captura fue encomendado a la fuerza que consiguió la información sobre el escondite: la Gendarmería. El pase de facturas se produce ahora, una vez que el operativo, al que en el argot llaman matar a la víbora, falló. Y, si los atacantes son los prófugos, el error en el operativo se estaría pagando muy caro, con la muerte
Búsqueda
Las fuerzas de seguridad nacionales seguían ayer buscando en la zona del galpón de San Carlos y unos 30 kilómetros a la redonda. Para ellos, la versión más firme seguía siendo que los prófugos están a pie y que no pueden haberse alejado demasiado. Pero sumada toda la jornada del jueves y toda la del viernes, 30 horas de luz, no se pudo encontrar a los escapados. La posibilidad de que los individuos hayan escapado al cerrojo, ya no se descartaba después del mediodía de este viernes.
Un indicio partió del hecho de que la propia Gendarmería realizó ayer operativos en Laguna Paiva, a 80 kilómetros de San Carlos. También hubo acciones en Coronda, fuera del radio del operativo cerrojo. Esto indica que las propias fuerzas de seguridad nacionales están evaluando alternativas distintas.
Por su parte, los medios de comunicación de Santa Fe reportaron que ayer por la tarde se produjo un repliegue de los efectivos provinciales que intervinieron en la búsqueda. Los policías retornaron a sus puestos originales. Esa movida llevó a pensar que se barajaba el diagnóstico de que los prófugos ya no estarían en territorio santafesino. Habrá que ver si el ataque de anoche desmiente ese diagnóstico.
Según dijeron ayer los jefes comunales del departamento de Las Colonias, donde está San Carlos, ya se percibieron menos vuelos de helicópteros e incluso se redujeron los operativos. De manera que, pese a la óptica de los jefes de la fuerzas nacionales, la búsqueda tiende a bajar en esa zona y se extiende de manera indeterminada. Por de pronto, están en alerta Córdoba y Entre Ríos y hubo un comunicado de la Procuraduría de Narcocriminalidad, que encabeza Diego Iglesias, en que se decidieron coordinar acciones fiscales de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy y Santa Fe. Incluso el juez de La Plata César Melazo reiteró una orden de captura internacional y pidió la colaboración de Interpol.
La ampliación del área de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad y la Justicia es una especie de reconocimiento de que se le perdió el rastro a los prófugos. A la medianoche, el ataque en El Recreto produjo un terremoto. En el juzgado de Sergio Torres estaban buscando confirmación de que quienes irrumpieron y mataron fueron los Lanatta y Schillaci. Pero desde el mismo lugar de los hechos, nadie podía confirmarlo al cierre de esta edición.
raulkollmann@hotmail.com
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