martes, 7 de abril de 2015

La vigencia de los buzones Por Eduardo Aliverti

La semana pasada parecía consumirse en la polémica, habitual, ya casi cansadora, por los alcances de un paro al que la falta de transporte público le quitó toda capacidad de sorpresa.

En adelante, el Gobierno podrá tomar, o no, alguna medida satisfactoria para el reclamo sindical sobre Ganancias, que en realidad es más acertado definir como impuesto sobre los ingresos; y los gremios involucrados se darán por satisfechos o lanzarán otro paro, de igual destino que el del martes pasado. Los últimos indicios muestran a los promotores sindicales en serias dudas, porque, al margen de la impresión de feriado causada por la paralización de actividades, saben que careció de apoyo popular auténtico. Lo que se decida de un lado u otro tendrá poca o ninguna incidencia en el horizonte político y social. Se estaba en eso, y en algunas alternativas más calentonas que calientes de la interna macrista capitalina, cuando apareció y sacudió una nota de denuncia enchufada en aquello a lo que ahora se denomina periodismo de investigación. Es decir, a cualquier cosa que contenga unos pocos datos no importa si falsos, unos cuantos números no importa si ridículos, algunas fuentes no importa si sólidas y ciertos testimonios no importa si relevantes. Lejos de ser una cuestión sólo profesional o un aporte de frivolidad inocente, el tema encaja con el accionar político definido, inescrupuloso, que operan factores de derecha a través de sus tanques mediáticos. Los tanques de la actualidad, a falta de los históricos.

Emir Sader, cientista político brasileño, habitual colaborador de Página/12, se preguntaba en este diario (domingo 15 de marzo) “¿qué puede proponer la derecha para Argentina, por ejemplo? ¿Qué actitud puede tener frente a los gobiernos que han recuperado al país de la peor crisis de su historia? ¿Van a cuestionar el modelo de crecimiento económico con distribución de la renta? ¿Van a salirse de los procesos de integración regional? ¿Van a disminuir el tamaño +del Estado, para volver a promover la centralidad del mercado? ¿Retomarán las políticas de paridad con el dólar? ¿Abolirán las políticas sociales, que han hecho que Argentina se recuperase de los terribles retrocesos impuestos a su pueblo por la dictadura militar y por el gobierno neoliberal?”. Sader extiende las preguntas al pasado concreto de la región. “¿No fue la derecha, con el gobierno de Cardoso, la que llevó a Brasil a su más profunda y prolongada recesión, con un inmenso endeudamiento con el FMI, de los cuales Brasil sólo salió con el gobierno de Lula? ¿No fue la derecha la que prácticamente privatizó Pdvsa, la empresa estatal venezolana de petróleo, que intentó derrumbar al gobierno legítimamente elegido de Hugo Chávez con un golpe en 2002? ¿No fue la derecha la que intentó privatizar el agua en Bolivia, intento frustrado por la formidable movilización del pueblo boliviano, liderado por Evo Morales? ¿No fue esa misma derecha la que intentó dividir al país, para bloquear los extraordinarios avances del primer gobierno indígena de Bolivia? ¿No fue la derecha la que entregó las riquezas ecuatorianas en manos de Chevron, promoviendo una brutal contaminación de la Amazonia ecuatoriana? ¿No fue la derecha (...) la que tuvo como candidato presidencial al más grande banquero de ese país? ¿No fue la derecha la responsable por los peores gobiernos que ha vivido el continente (...)? ¿No es la derecha la que quiere imponer un freno a los avances que los gobiernos progresistas han logrado, y forzar un retroceso de gigantescas dimensiones en esos países?”. El cierre del artículo arriesga que “porque no puede decir qué haría, en caso de ganar, la derecha se limita a las críticas; a la difusión de un escenario pesimista sobre la economía y sobre el país; al denuncismo vacío. Porque sólo si al país le va mal le puede ir bien a la derecha”.

El caso argentino llama a invertir el orden de las tácticas señaladas por Sader, porque el denuncismo vacío bien puede ir a la cabeza. El ejemplo ocurrido en los días recientes es asombroso, y cabe subrayar el adjetivo aunque se trate de Clarín. El festín de términos en potencial no es, en sí mismo, el aspecto más deplorable ni sorpresivo de la nota que pretendió enchastrar a Máximo Kirchner con una cuenta oculta y delincuencial en el exterior. Algunos editorialistas del diario –no todos, y también es válido resaltarlo– se caracterizan hace rato por esa costumbre de los condicionales que es una de las antítesis más acabadas del buen periodismo, pero lo hacen mayormente en los escritos de opinión. Llegan a contabilizarse allí entre dos y hasta tres potenciales por párrafo, lo cual, como ya se permitiera indicar hace poco esta columna, implicaría ser rechazado en la admisión a un periódico de barrio (malo). Esta práctica horrible era empleada con frecuencia menor en las notas de información general; y habrá pocos antecedentes, si es que los hay, de haberla instrumentado desde un título central de portada. Colegas y analistas del palo anti K, como Hugo Alconada Mon y Jorge Asís, se sumaron a la advertencia de tener mucho cuidado con el pescado podrido. El alerta no fue por la orgía de potenciales, sino por lo inverosímil de una presunta imputación que hasta equivocó el domicilio donde “estaría” radicada la cuenta del hijo de la Presidenta. La dirigencia opositora esta vez no se prendió; La Nación virtualmente ignoró el tema y algunos periodistas de los medios audiovisuales del propio Grupo Clarín se animaron a presentarlo como una versión, a la que no dieron especial destaque. Mas luego ignoraron la desmentida tajante de MK, retransmitida en el mismo momento por numerosos programas de diferente tendencia que el diario, al día siguiente, aludió como “integrantes de la cadena oficialista”. La acusación pasó a mejor vida, a todo esto, en parte porque el autor de la nota reconoció que debió usar los potenciales al carecer de información precisa; que se limitó a consignar lo que le dijeron fuentes que nunca le fallaron; que no chequeó la data con el involucrado porque es una persona de difícil acceso; que si es necesario pedirá disculpas. Y en parte porque Clarín fugó hacia adelante instalando que el kirchnerismo quiere a Máximo de candidato a algo, como si esa pretensión anulara el mentís de lo inventado. La retroalimentación en el propio jugo es notable, porque 48 horas antes publicaron en tapa que la actual embajadora ante la OEA “habría” participado de una triangulación financiera entre Argentina, Venezuela e Irán, y que la “supuesta” operación “habría” terminado con dos cuentas bancarias en Irán con cerca de 48 millones de dólares. Nilda Garré también rebatió una por una las versiones de esa nota, pero el diario editó su desmentida relativizándola. Un condimento fue la reproducción de lo consignado por el pasquín brasileño Veja, comandante junto con O Globo del movimiento destituyente contra Dilma Rousseff, que especuló con que Irán “habría” enviado dinero para la campaña de CFK en 2007 a cambio de negocios nucleares e impunidad por el ataque a la AMIA. Ese canje, naturalmente, articula con la hipótesis trastornada de Alberto Nisman, cuya muerte ya no sirve para socavar. Vale acotar que Erik Bretas, director de Medios Digitales del conglomerado Globo, anunció en su espacio de Facebook que el 15 de marzo concurriría a la marcha de la oposición para pedir el juicio político de la jefa de Estado. Y vale la obviedad de que el directivo periodístico fue por lo menos más franco que lo abundado por estos pagos.

Sería paupérrimo anclar en un diario, o en una nota en particular, el centro de algún análisis que –justamente– pretenda superar el campo de las conjeturas, la ausencia de datos certeros, los trascendidos sin fundamento. Apuntes como los anteriores, en todo caso, pueden servir para continuar ejercitando el sinceramiento a que dio lugar esta etapa política del país, acerca de cómo juegan los medios de comunicación. Ha sido a costa de un deterioro en la calidad, en líneas generales, pero ningún parto de esta naturaleza es aséptico. Tampoco se trata de abusar y caer en un periodismo sobre periodistas que aliente los prejuicios de cada quien al estilo cloacal de las redes. Pero sí es cierto que una operación de prensa cual la citada, por su nivel de grosería, va más allá del empleo a darle en las escuelas periodísticas o en la ratificación de cómo informan, no ya cómo opinan, las grandes corporaciones del sector. Si es por eso basta reiterar que no hace falta hacer los goles con la mano, cualquiera sea la ideología que se tenga. El tema es que maniobras de semejante tipo revelan hasta qué punto les es necesario ese ardid, a falta de mejores argumentos para sostener sus propuestas indecibles. Pareciera una desesperación por apretar, no condigna con la certidumbre que aseguran tener en torno de estar viviéndose un fin de ciclo decadente e irremediable. Por si fuera pertinente recordarlo, estamos hablando de uno de los medios que fija la agenda opositora. El carácter transitivo determina que no es un simple diario, ni una simple nota. Es una campaña integral, que, en este caso mucho más que en otros, resulta reveladora de los límites a cruzar cuando rige cierta impotencia.

Podrá preguntarse cuál es el negocio de vender falsedades. Podrá responderse que el negocio no es ése, sino ser garante de presentar un clima catastrófico, putrefacto, que tal vez los condujera a asegurar sus negocios de más adelante si hubiera la cantidad de gente necesaria para comer vidrio.

06/04/15 Página|12

 

Y el mundo sigue andando Por Jorge Cicuttin

Por Jorge Cicuttin

Lo dijo un analista cuyos trabajos habitualmente tienen amplio espacios en medios opositores. "Este es un gobierno que llega al final mucho más fuerte que los gobiernos anteriores desde que se recuperó la democracia", sostuvo el sociólogo Eduardo Fidanza sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner que concluirá el próximo 10 de diciembre.

Fidanza es titular de la consultora Poliarquía, que suele publicar sus datos en el diario La Nación, y daba la siguiente explicación en el programa de Marcelo Longobardi en radio Mitre: "Los analistas hemos tenido que quemar muchas bibliotecas. Esta ha sido una década excepcional por muchas cosas, buenas y que no son buenas (…) La imagen presidencial, y cuando decimos esto a veces nos hacemos acreedores de críticas, en el último registro nuestro, subió cinco puntos en el último mes”.

Y sí, hay situaciones en que las bibliotecas se queman. En momentos excepcionales de la historia política de un país, algunos especialistas chocan una y otra vez contra las paredes de sus bibliotecas frente a lo que le demuestra la realidad. Y que después de casi 12 años ininterrumpidos al frente del gobierno, el kirchnerismo, en la figura de Cristina Fernández, se mantenga en altos niveles de aceptación y con una imagen positiva en alza a pocos meses de una nueva elección presidencial es algo que sigue sorprendiendo a aquellos que, en al menos un par de oportunidades, habían "decretado" el estrepitoso final de un ciclo.
De la misma manera que en 2010 sorprendió a muchos furiosos opositores que el festejo del Bicentenario que vendían en televisión como una molestia de tránsito se transformara en un verdadero festival popular con la participación de cientos de miles de personas, hoy no pueden entender que sus pronósticos no se cumplan y que millones de personas disfruten haciendo turismo en distintos lugares del país en dos fines de semana largos consecutivos.

A esta altura, para ellos, Cristina tendría que estar acorralada política, económica y judicialmente. Con un país incendiado, con multitudinarias manifestaciones en su contra, el dólar a 20 pesos, una desocupación agobiante y sin aliados en el exterior. A cuatro meses de las internas abiertas para definir los candidatos presidenciales, Cristina tendría que estar preocupándose por hacer las valijas y entregar el poder de manera anticipada porque no podría manejar un país en llamas.

Pero el proceso electoral sigue democráticamente su curso y Cristina sigue gestionando… y el mundo sigue andando.

Cuando la denuncia de Alberto Nisman sigue perdiendo fuerza en la sociedad al mismo tiempo que la propia justicia le sigue encontrando inconsistencias. Mientras los líderes sindicalistas opositores sólo pueden garantizar un paro cuando no hay colectivos, se apedrean taxistas y se hacen piquetes en puentes. Cuando desde los medios opositores se promociona una denuncia contra el hijo de la presidenta, y se cae porque deben admitir –los propios que la escribieron– que no hay prueba alguna que la sustente.

Frente a todas estas jugadas opositoras, se sigue gestionando y se toman medidas importantes para los sectores más postergados. Y a través de la ANSES, el Estado empezó ayer a pagar compensaciones a los usuarios de garrafas según el Plan Hogar.

No es una medida tan espectacular como la Asignación Universal por Hijo, obviamente, pero sirve para mostrar una forma de gestionar. Concretamente, se hacen transferencias de cada mes por adelantado a la cuenta bancaria o domicilio de cada beneficiario –se inscribieron en el plan más de 1,5 millón de personas y se espera que el número de inscriptos aumente–, evitando los abusos de los comerciantes y, a través de un subsidio directo, garantizar que los hogares de bajos recursos y sin acceso a gas de red obtengan la garrafa a precios populares.

Es un ejemplo de cómo un gobierno sigue gestionando sobre el final de su mandato. Y ese trabajo constante, una vez que pasan los escándalos de turno, hace que su imagen vuelva a crecer. Es lo que explicó Fidanza, a quien mencionamos al comienzo de esta nota. "Cristina –señaló el analista– se venía manteniendo en ese nivel en los últimos siete u ocho meses. Descendió cinco puntos por el caso Nisman pero después los recuperó. No es el mejor momento de ella, que llegó a tener 70 puntos después que ganó con el 54%, pero ciertamente no es el peor momento, que fue durante el aciago invierno de 2008 con la crisis del campo: tenía 19 puntos de aprobación. Está en un lugar intermedio y con fortaleza relativa a nivel internacional para estar a pocos meses de entregar el gobierno."
Los escándalos se generan y van apagándose en la medida en que la gestión continúa y, lejos de preocuparse por subsistir, se piensan nuevas medidas desde el Estado hacia la población más necesitada.

El mundo sigue andando. Y Cristina sigue gobernando más allá de los ataques y de los repetidos pronósticos de catástrofes. Hay una parte de la biblioteca que tiene que releer, porque la famosa imagen del "pato rengo" no pueden aplicarla con este gobierno.

Y eso los descoloca. Otra vez.

iNFO|news

EL FISCAL GENERAL JAVIER DE LUCA EXPLICA LA APELACION EN LA CAUSA CONTRA BLAQUIER “Se trata de una oportunidad histórica”



El funcionario explica los argumentos con los que pidieron a la Corte Suprema que revierta la falta de mérito al dueño del Ingenio Ledesma en las causas en las que estaba procesado por delitos de lesa humanidad.

Por Alejandra Dandan

El fiscal general Javier de Luca sugiere que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani no terminó de leer a los dos autores alemanes que citó en su voto en el fallo sobre el caso de Carlos Pedro Blaquier. De Luca presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar revertir el desprocesamiento del dueño del Ingenio Ledesma por los secuestros de los trabajadores en 1976. El fiscal pidió que se haga lugar a un recurso extraordinario y que se revoque la “falta de mérito”, que definió como una “absolución encubierta”. De Luca entiende que la discusión no es si Blaquier sabía o no sabía para qué se usaban las camionetas de su empresa, sino que hay que comprender y encuadrar el rol que tenía el empresario en el aparato organizado de poder.

Una de las imputaciones contra Blaquier se basa en que aportó las camionetas de su empresa que fueron usadas en el secuestro de personas. Casación dijo que el empresario prestó los vehículos pero que no sabía para qué iban a ser usados. “No es necesario una intención directa en el aporte de las camionetas, sino que basta que yo sepa que estoy colaborando con un aparato organizado de poder, que puede llegar a hacer cualquier cosa con las camionetas. Esta persona, cuando colabora en un aparato organizado de poder, el problema que tiene es que sabe que su colaboración lo es a un grupo de personas que no van a hacer cosas buenas. Van a hacer cosas malas. Pero no hace falta que se represente qué cosas específicas van a hacer. Alcanza con que él sepa que está aportando a una maquinaria criminal. Y ahí es donde se enfila la responsabilidad de todos los civiles”, dice el fiscal.

De Luca tiene sólo una de las dos causas vinculadas al Ingenio Ledesma, la que reúne los hechos del 24 de marzo, una de cuyas víctimas fue el ex intendente Luis Arédez. En este expediente pidió a la Corte que quede en pie el procesamiento de la Cámara Federal de Salta y que la causa vaya a juicio oral. Y también que sean ampliadas las imputaciones de secuestros a tormentos y violación de domicilio. Una presentación semejante hizo el fiscal Ricardo Wechsler, que está a cargo de la causa por los secuestros de julio de 1976, conocidos como La Noche del Apagón. Las querellas de Jujuy encabezadas por María José Castillo y Ariel Ruarte también presentaron recursos.
–¿Qué piden a la Corte?

–El tema es la revocatoria del procesamiento o la falta de mérito dictada por la Cámara de Casación. Es el principal. E intentamos que lo procesen no sólo por secuestros, sino también por tormentos y violación de domicilio. La fiscalía de al lado, de Wechsler, presentó lo mismo en el segundo hecho sobre la misma base.
–¿Cuáles son los ejes centrales de la presentación?

–Decimos que esta resolución de la Sala IV no debió tomarse ahora. Es una sentencia equiparada a una definitiva porque la falta de mérito en casos de lesa humanidad implica una parálisis del proceso. Una suerte de sobreseimiento encubierto. La Corte sobre esto tiene que definirse, de una vez y para siempre: se lo sobresee o se lo manda a juicio oral. Este es el dilema. Nosotros decimos que con hechos razonables como los que hay en esta causa, una persona tiene que ir a juicio, que es el lugar natural para dilucidar la responsabilidad frente a un hecho criminal. Otra cuestión es que la Cámara de Casación se arrogó competencias de un tribunal oral. Se puso a resolver el fondo del asunto haciendo de cuenta que estaba haciendo un juicio cuando la causa todavía está en etapa de instrucción, y esto no corresponde.
–¿En qué se ve que se metió con el “fondo”?

–Para revocar un procesamiento en Casación tiene que darse un escándalo. Algo que no sea delito. Por ejemplo, que se abra una investigación porque una persona fue a un supermercado. Eso no puede ser delito. Pero Casación no puede analizar prueba para decir que no está probado. Porque no está analizando prueba: eso es lo que no entienden. En un juicio oral, hay sensaciones, impresiones, tonos, silencios, preguntas, repreguntas. Todo enfrente de las partes. Los jueces se llevan una impresión de los testigos. A veces condenan a una persona con el testimonio de una sola persona. La víctima. En la audiencia pública hay detalles. La persona explica que se acuerda de algo por tal cosa. Y surgen impresiones distintas que de un acta por escrito.
–Se dice que de hecho fue una de las primeras veces que Casación se mete en una causa sin sentencia, con un procesamiento abierto y sin personas en prisión.

–No sé si nunca debería hacerlo, pero en general no corresponde que evalúen pruebas como lo hicieron. El estándar en esta etapa es la provisionalidad, es decir no de certeza absoluta. Hay que ver si hay pruebas para ir a juicio oral, pero no pruebas para condenar. Pero si empiezan a hablar del dolo, de que no está probado que ellos sabían para qué los camioncitos y demás estamos en un terreno que es más propio del juicio. No de esta etapa. Ahora, lo que sí puedo decir es que en ningún otro caso hacen este examen. Un examen tan profundo sobre las pruebas de la causa. Cuando agarran a un pobre con una moto robada no le preguntan por el dolo: ¿sabe a dónde va? A juicio oral. No hay muchos antecedentes de esto. Lo insólito es que el resultado final es que, además de todo, dicen que hay duda: y eso es lo que no puede ocurrir. Si hay duda, hay que ir a juicio oral.
–Una discusión es el dolo: si el que contribuye sabe para qué lo hace.

–Hay dos temas. Cómo funciona la complicidad como forma de participación criminal, tanto en el derecho penal argentino como en el mundo. Esto es una cuestión de derecho común. Decimos que hubo una interpretación arbitraria. Que Casación interpretó la complicidad de una manera que deja como letra muerta el articulo 45 del Código Penal. Es decir, tanto el aspecto objetivo y subjetivo de la complicidad se estudian o analizan en un contexto. La prueba objetiva –el aporte criminal– cambia según el contexto en que se dé. Si yo soy Lagomarsino y le entrego un arma a Nisman y Nisman me dice: dame un arma que me voy a matar, eso es un aporte. Ahora, si me dice: dame el arma que tenés en la mano que quiero ver cómo es porque mi abuelo tenía una parecida, son dos contextos completamente distintos, pero la fotografía desde afuera es la misma: le dio el arma. Entonces, el contexto modifica el sentido del mensaje, para hablar en términos de comunicación social.
–¿Qué dijo Casación sobre esto y qué respondieron ustedes?

–Casación dice que no está probado el dolo porque no está probado que se supiera que sabían que se iban a usar las camionetas para privar de la libertad a estas personas. Nosotros decimos que no hace falta que lo supiera porque la participación no es directa para el secuestro de esas personas. Basta que yo sepa que estoy colaborando con un aparato organizado de poder que puede llegar a hacer cualquier cosa con las camionetas. Es como la facilitación del terrorismo. La financiación: no sé si con la plata que le di compró un revólver y mató a un político de determinado país o compró cigarrillos. No hay una factura que muestre que voy a usar el gas que usted me dio para matar a seis millones de judíos. No, flaco, no es así. Ese estándar no funciona. Por eso le puse de nuevo los autores que cita Gemignani porque están mal trabajados. El partícipe no domina el hecho, el partícipe le da una colaboración al autor. Esta persona cuando colabora en un aparato de poder sabe que su colaboración lo es a un grupo de personas que no van a hacer cosas buenas. Van a hacer cosas malas. Pero no hace falta que se representen qué cosas específica van a hacer. No hace falta la dirección específica, alcanza con que él sepa que está aportando a una maquinaria criminal. Y ahí es donde se alinean los casos de los civiles. Si vos tenés un grupo empresario que apoyaba al golpe, un grupo empresario que ayudaba a las dictaduras....
–En esa lógica, entran buena parte de los casos de empresas.

–Entra el que hace un aporte claro, idóneo. En el contexto en que lo hace.
–El fallo de Casación tiene un dato interesante: ya no discute el aporte. Lo dan por probado. ¿Es un piso ganado?

–Ellos dan por probado eso. El arma que usaron es la que yo les presté. El tema objetivo no está en duda. Gemignani, a mi criterio, comete el error de quedarse en la primera página de los autores que cita. Nadie está juzgando acá al de la gomería de Libertador General San Martín que emparchaba las gomas de la camioneta o al tipo del tanque de nafta que le cargaba nafta a la camioneta con la que secuestraban gente. Estamos hablando de un socio de la dictadura. Un socio que no se ensucia las manos. Un socio de cuello blanco. Este es el problema.
–Hay una discusión sobre esto: si esa “sociedad” puede probarse por el contexto. Usted dice que ese contexto determina el dolo. ¿Qué datos tuvieron en cuenta ustedes para reforzar esa sociedad?

–Retomamos la historia de la que se habla en la causa. El grupo Azcuénaga. Que se sabía lo que se venía respecto de esas personas. Pero tampoco es el apoyo al golpe de Estado en sí mismo, sino el aporte a las acciones criminales de los golpistas. No se trata de aquel que necesitaba seguir trabajando: antes le vendía la nafta y tengo que seguir vendiendo. No es eso. Este aporte puede alcanzar o no, pero eso tiene que ir a juicio oral. No desvincularlo ahora. Esa es nuestra protesta.
–La causa es mirada desde el exterior porque es una dificultad en todo el mundo entender este tipo de responsabilidad. ¿Cree que a la Corte le interesa esto?

–Es nuevamente una oportunidad histórica para tratar la complicidad de los civiles en delitos de lesa humanidad. Enrolarse dentro de los tribunales internacionales que tocan este tema. Que la Corte argentina dicte un leading case en este tema, que marque cuáles son las pautas de la complicidad en esta materia.

07/04/15 Página|12


 

Militarización y contrainsurgencia Por Stella Calloni




A partir de los años '90, y después de que en 1983 Panamá se negara a continuar manteniendo la Escuela de las Américas en el Comando Sur en la Zona del Canal, comenzaron a cambiar los planes de dominación sobre el sur. Generales del Comando Sur y sectores de inteligencia de EE UU definieron nuevas estrategias hemisféricas y establecieron un esquema para lo que llamaban "los conflictos de los años 2000", junto con la necesidad de estar en los territorios regionales antes de que estos sucesos "estallaran".

El Comando Sur, que llegó a tener 20 bases militares y centros de inteligencia en la Zona del Canal, se había transformado ya en un peligroso "objetivo de retaliación" (de respuesta) ante las nuevas guerras coloniales e intervenciones que se planeaban. Además, EE UU debía salir de Panamá al finalizar 1999 por los Acuerdos Torrijos-Carter de 1977. La estrategia fue trasladar el Comando a La Florida y dispersar –bajo su mando– bases militares, algunas de las cuales ya estaban enclavadas en el continente para la actuación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, preparadas para actuar velozmente en la renovada Guerra de Baja Intensidad (GBI). Además de las bases militares también se diseñaron establecimientos en todos los países, varios de ellos de espionaje y para proteger a pequeños comandos de tropas especiales.

En el famoso Libro Blanco del Comando Central Aéreo de Estados Unidos, dado a conocer por Hugo Chávez en una reunión de UNASUR en 2009, se habla del papel asignado a nuestra región al reconocer "la inclusión de Suramérica en la estrategia de tránsito, lo que permite lograr dos resultados: ejecutar la estrategia de compromiso regional y ayudar con las rutas de movilidad hacia África. Desafortunadamente no tenemos una estrategia disponible de compromiso en Suramérica que recurra a equipos aéreos". Ahora han avanzado en esto. En respuesta a la expulsión de la Base de Manta de Ecuador ese mismo año, se anunció la instalación de siete nuevas bases militares en Colombia.

En estos esquemas no se pueden obviar las características de las invasiones en la región casi a finales del siglo XX, como la ocurrida contra la pequeña Isla de Granada en el Caribe en 1983 y en Panamá en diciembre de 1989, y la contrainsurgencia (acciones ilegales) para justificar esto. Algunos autores consideran como bases militares a las que tienen tropas y señalan 49 en la región, mientras que otros agregan a esta cifra los "establecimientos" (radarización y otras construcciones), lo que suma ochenta.

Ya sean bases con tropas o los Sitios de Operaciones de Avanzada, todas estas formaciones confluyen en la red de militarización de los proyectos de recolonización continental, entre los cuales figuran el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, en supuestas guerras antinarcotráfico o antiterroristas, que en ambos casos produjeron un verdadero genocidio. También aparece la "pata civil" de este armado de contrainsurgencia y militarización.

Esta es la llamada "invasión silenciosa", que funciona desde 1983 bajo el control de organizaciones tales como la Fundación para la Democracia o la Agencia Internacional para el Desarrollo de EE UU (USAID). Bajo estas fundaciones, la "cara social" de la CIA, están las redes de araña de las ONG y los medios masivos de información, concertados bajo un poder único, ubicado estos tiempos en la oficina de GBI y en las guerras psicológicas del Pentágono.

El poder hegemónico maneja el 95% de la distribución de la noticia. Esta es hoy por hoy el arma básica de la injerencia para la desestabilización regional y la guerra bajo distintos métodos, de lo que es reflejo el golpismo. Como dicen sus documentos, para “cubrir las necesidades de control y seguridad” y manejar las amenazas que esta región pueda plantear a EE UU. ¿Quién amenaza a quién?

iNFO|news

 

AUDIENCIA EN EL JUZGADO Arroyo vs. Fein Por Irina Hauser


El expediente sobre la muerte de Alberto Nisman es a esta altura un campo minado por planteos de Sandra Arroyo Salgado, al que ayer sumó otro pedido de nulidad de una pericia criminalística ordenada por la fiscal Viviana Fein que iba a empezar el lunes que viene. De todos modos, antes de resolver sobre la validez de esa convocatoria, así como la de la junta médica que se encuentra en suspenso, la jueza Fabiana Palmaghini tendrá que decidir si sostiene a Fein al frente del caso. Hoy se hará una audiencia fundamental en la que la ex esposa del fiscal fallecido deberá explicar por qué quiere desplazarla de la investigación y la fiscal dará sus razones para quedarse. Por decisión del juzgado, la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino no podrá presenciar ese debate.

Arroyo Salgado ya implementó distintas estrategias para instalar la teoría de que a Nisman lo mataron. El puntapié fue la presentación pública de un informe que hicieron tres peritos contratados en forma privada por ella (los forenses Osvaldo Raffo y Julio Ravioli y el criminalista Daniel Salcedo) quienes llegaron a conclusiones distintas a las de la autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense. Una diferencia básica es el horario de la muerte: mientras los peritos oficiales la sitúan el domingo cerca del mediodía, la querella habla del sábado entre la tarde y la noche, a lo que suma sospechas de que a Nisman lo hicieron arrodillarse, que le dispararon desde atrás, que sufrió agonía y que el cuerpo fue movido. En lo que coinciden ambos estudios es en que el disparo salió a menos de un centímetro de la cabeza y la trayectoria de la bala fue levemente ascendente. La autopsia no encontró lesiones defensivas en el cuerpo del fiscal ni otros rastros de intervención de terceros. Situar el fallecimiento el sábado a partir de la tarde le permitió a Arroyo Salgado empezar a apuntar a Lagomarsino, ya que el joven declaró que le prestó el arma a Nisman y que se la entregó ese día en su departamento. Luego, al introducir la historia de la cuenta compartida en Nueva York, la mujer sugirió una motivación económica.

Para sacar sus conclusiones sobre la muerte, la fiscal Fein convocó primero a una junta médica, con expertos del Cuerpo Médico de la Corte Suprema, los forenses de la querella y de la defensa. Arroyo Salgado pidió la nulidad de esa convocatoria, alegando que debió haberla hecho la jueza, y que no se puede escindir de un estudio criminalístico. Este último es un análisis de la dinámica del hecho, o sea, la mecánica por la que se produjo la muerte. La fiscalía organizó por separado ese análisis. Para comenzarlo, había dispuesto una nueva inspección ocular (ya se hicieron dos) en el departamento de Nisman para el lunes próximo. Con una fundamentación similar a la que usó para atacar la junta médica, Arroyo Salgado ayer pidió la nulidad de esta nueva pericia. Para la fiscalía y la defensa, quienes hacen la autopsia jamás se constituyen en el escenario del hecho sino que hacen su guardia en la Morgue y analizan elementos por separado. Ambas nulidades deben ser resueltas por la jueza Palmaghini. Fein ya planteó abiertamente que la querella de la ex esposa de Nisman hace todos estos cuestionamientos como forma de obstaculizar el avance de la investigación.

Pero antes de decidir si avanza en esas cuestiones, la jueza resolverá si acepta o no la recusación de Arroyo Salgado contra Fein. El pedido de apartamiento va de la mano de la pericia criminalística, ya que la querella le cuestionó a la fiscalía la designación del perito Enrique Prueger para que hiciera una interpretación de la proyección de manchas de sangre en la escena de la muerte. La objeción es que Fein lo contrató sabiendo que el especialista había tenido expresiones inclinadas por la teoría del suicidio de Nisman. La ex mujer sostiene que la fiscalía direcciona la investigación en ese sentido, de ahí que plantee sacarla del juego. En la audiencia oral citada para hoy a las 10 en la Cámara de Crimen, la jueza de San Isidro y la fiscal Fein se verán cara a cara y expondrán sus posiciones. El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, quedó excluido de la audiencia por decisión de Palmaghini, quien dijo que no debería afectarle si el fiscal es uno u otro. Las razones de recusación o inhibición de los fiscales son similares a las de los jueces (por ejemplo, si antes intervinieron de algún modo en el mismo caso, si tiene parientes implicados, si tiene amistad o enemistad manifiesta con algún involucrado) aunque algo más restringidas, ya que los primeros deben ser objetivos, pero no están obligados a ser imparciales, de hecho acusan. La jueza Palmaghini podría resolver en el mismo día o tomarse un poco más de tiempo. Es un punto clave en el devenir de la investigación.

07/04/15 Página|12

Hacer encuestas, fabricar lecturas Por Alejandro Horowicz


La propuesta del establishment para 2015: reforzar el disciplinamiento social, clausurar todas las formas de movilización popular.

"El conocimiento de los propios límites nos preserva de la destrucción", Lao Tse.

País curioso. Casi el 80% de los encustados por Poliarquía, con el auspicio del Institute for Democracy and Electoral Assistance, piensa que el país "vive la mayor parte del tiempo fuera de la ley". Al mismo tiempo, el 91% consideró, según la encuesta publicada ayer por La Nación, que la Constitución es importante o muy importante. ¿Importante para qué? ¿Cómo puede ser importante un artefacto inútil? Máxime cuando la disposición a violar la ley –en caso de creer que se tiene razón en su contra– fue opción válida para el 43% de los encuestados.

Vale la pena detenerse en esta idea: ¿se puede violar la ley y tener razón? Para un ciudadano tipo de los Estados Unidos incumplir la ley no es sencillo. No sólo le impone una tensión extrema, sino que constituye un claro disvalor. Para un argentino remite a su experiencia diaria. No escriturar la casa al precio que realmente se pagó sino uno bastante menor; evitar el pago de IVA vendiendo sin factura, con el consentimiento al menos tácito de la otra parte, constituyen prácticas naturalizadas sin sanción social. Es manifiesto que sólo estoy ejemplificando, ya que los casos en que se quebranta la ley son muy numerosos; resultan menos habituales los casos de taxativo cumplimiento. Y cuando no puede eludirse una ley digamos incómoda, el rango de furia excede el buen decir. Por tanto, la respuesta del 46% (no estar dispuesto a violar la ley) no puede no sorprender. Tantos hombres y mujeres perfectamente honrados conviven con otros tan dispuestos a quebrantar las normas vigentes. Y cómo entender ese comportamiento al lado del 79% que percibe una sociedad donde las reglas se quebrantan continuamente sin demasiada resistencia.

En este punto, la lectura de la encuesta se problematiza. O admitimos una distancia irrecorrible entre las normas y la práctica real, o debemos considerar que la estrategia elaborada para averiguar qué se piensa fue exitosamente contrarrestaba por los encuestados. Dicho sin eufemismos, en lugar de contestar lealmente las preguntas, dieron las respuestas que suponen deben darse desde lo políticamente correcto. O más grave aún: como la distancia entre lo que sucede y lo que debería suceder nos pone todo el "tiempo fuera de la ley" cuando se habla de los demás se reconoce la verdad, pero se la escamotea no bien nos afecta.

Para que se entienda. Tener razón para incumplir la ley no supone una legislación injusta pero vigente, sino sencillamente una que no favorece mi interés personal. En una sociedad sin reglas compartidas, así lo manifiesta el 73% de los encuestados, ya que la igualdad ante la ley no existe, 63%, la única regla "común" se reduce a me conviene/no me conviene. A partir de detectar este elemento absolutamente relevante y por demás conocido todas las preguntas de la encuesta debieron ser reformuladas.

Las preguntas generales, abiertas, para que tengan un mínimo valor explicativo, debieran acotarse, cerrarse. Sólo al señalar directamente el objeto de la pregunta, la respuesta puede ser considerada parte de una serie con aptitud explicativa. De lo contrario se están fabricando las respuestas, cuyo sentido corre por cuenta del medio que las publica. La Nación titula en tapa, a cuatro columnas, con tres líneas tipográficas fuertes: "Para el 79% de los argentinos, en el país se vive al margen de la ley". A la hora de identificar a los responsables de tamaño descalabro un genérico "los políticos" encabeza el ranking, y a la hora de depositar confianza institucional, la universidad pública se lleva inexplicados lauros.

Cuidado, no estoy diciendo que no pueda explicarse tan elevado nivel de prestigio de universidades como la UBA, sino que en semejante encuesta no hay modo de ponderarlo, y lo que es muchísimo más grave, no hay modo de organizar un fotograma fijo que capture acá y ahora los ejes valorativos de esta sociedad.

Claro que si se cruza la proclama militar del golpe ejecutado el 24 de marzo de 1976, con la "lectura propiciada" desde una encuesta inconsistente, queda en evidencia el montaje intencionado. El gobierno de María Estela Martínez de Perón era acusado de permitir el "festín de los corruptos", de los políticos corruptos, que debían ser sometidos al filoso bisturí de la dictadura terrorista para que la ley no siga siendo burlada.

El 24% de los encuestados, según este curioso trabajo de Poliarquía, no valora la democracia, contra el 71% que sí lo hace. Si ese dato pudiera cruzarse con el que mide la segunda fuerza electoral cuantitativa, los que no votan, se podría evaluar la correlación entre el segmento más despolitizado y la derecha más troglodita. Pero por cierto no se puede. Algo queda claro, uno de cada cuatro habitantes de este sufrido país no tiene ningún inconveniente en "cerrar este ciclo" político para inaugurar otro de signo profundamente reaccionario, según sostiene esta encuesta.

De modo que en una sociedad sin capacidad militar para impulsar un golpe de Estado, la retórica requerida para posibilitarlo no ha sido abandonada. No se trata de agitar fantasmas, sino de entender cómo calza esta lógica discursiva con un gobierno de derecha tradicional que accede al poder mediante elecciones libres. Esa es la propuesta del establishment para 2015: reforzar el disciplinamiento social, clausurar todas las formas de movilización popular.

CANDIDATOS PROPIOS, VOTANTES AJENOS. A pocos días de las PASO en la CABA, a pocas semanas de las PASO presidenciales, no apareció ningún tapado. Las tres veredas de la política partidaria conservan referentes electorales tradicionales. Los encuestadores aceptan que la confluencia de PRO con la UCR no potenció la candidatura de Mauricio Macri; eso sí, la diáspora de los intendentes radicales parecería detenida, al tiempo que los movimientos globulares siguen su curso. Margarita Stolbizer, sempiterna reconstructora del radicalismo progre, ya mide en las encuestas, mientras Ernesto Sanz no mueve el amperímetro.

Sergio Massa, al no contar con la bendición mediática que supo tener, corre el riesgo de quedarse sin chequera suficiente. Claro que el perfil de sus votantes –interesados en una cierta continuidad de las actuales políticas públicas– no emigrarían necesariamente en la dirección correcta. Es más fácil que Daniel Scioli los termine sumando, a que opere la dudosa eficacia de los consejos de Duran Barba. Es que conseguir la adhesión de los gerentes asegura la provisión de fondos, pero lograr el voto de sus empleados sigue siendo harina de otro costal.

No se trata de las garantías que los dirigentes sindicales tradicionales –los gordos– ofrecen al gobernador de la provincia de Buenos Aires, si por ellos fuera ya habría ganado, sino de la notable desvinculación entre los dirigentes y los dirigidos en materia política. En las filas del oficialismo es vox populi que Florencio Randazzo juega sus últimos naipes, si en las próximas dos semanas no ronca fuerte, ya fue. Desde el momento en que el balotaje no puede ser descartado, la figura de Scioli crece en la estimación presidencial. En ese punto coinciden los encuestadores, Daniel es el único que puede sumar con la amplitud de Cristina Fernández, los demás no pueden.

Es cierto que el armado final de las listas se hará en la Casa Rosada, pero nadie ignora que la lealtad irresistible a la presidenta depende que lo sea. Por tanto, más alla de incomodidades circunstanciales, el gobernador platense –si fuera el candidato y finalmente ganara, como aseguran las encuestas– será rodeado por el amplio grupo de incondicionales que arrima la victoria. Después de todo, ese ha sido el comportamiento pejotista desde 1983, y nada augura que cambie. Sobre todo, cuando 2019 queda tan pero tan lejos.

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UN FISCAL PIDIO ABRIR UNA CAUSA POR LA CUENTA DE LA FAMILIA NISMAN Y DIEGO LAGOMARSINO EN NUEVA YORK Para investigar la evasión y el lavado

El fiscal fallecido Alberto Nisman no puede ser acusado, pero el juez puede investigar a sus familiares.

El fiscal Juan Pedro Zoni presentó ayer un escrito con el que impulsó la acción de una denuncia realizada por la UIF. Se trata de la investigación de una cuenta no declarada cuya existencia fue revelada por la ex mujer de Nisman.

Por Raúl Kollmann

El fiscal Juan Pedro Zoni impulsó ayer la acción por delitos surgidos de la existencia de la cuenta en Nueva York que, según se comprobó, era manejada por Alberto Nisman. Zoni no pide sólo la investigación contra el informático Diego Lagomarsino, confeso cotitular de la cuenta, sino también contra la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana del fallecido fiscal, Sandra Nisman, y contra el propio banco Merrill Lynch, de Nueva York. Además, Zoni quiere avanzar en las ramificaciones que puede tener el caso: por ejemplo, la existencia de un terreno de Nisman –tal vez a nombre de una sociedad– en Uruguay y los destinos de las transferencias realizadas desde la cuenta en el Merrill Lynch. A priori, la mirada está puesta en los delitos de lavado de dinero o evasión impositiva, ya que la cuenta nunca fue declarada por Nisman ni sus familiares.

La denuncia original fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbattella. La causa recayó en el juzgado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado le dio vista al fiscal y Zoni hizo la presentación ayer, extendiendo la imputación contra la madre y la hermana de Nisman, pero abriendo las puertas para que también se investigue al propio banco y a los manejos que se hicieron con el dinero.

Zoni identifica cabalmente la cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York, y cuyo número es 5v3-50653. Según la documentación que entregó Diego Lagomarsino a la fiscal Viviana Fein, los otros titulares, además del informático, son Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman. El informático aportó también los números de pasaporte que figuran en la cuenta. El punto clave es que el apoderado de la cuenta era el propio Natalio Alberto Nisman, lo que le permitía manejar el movimiento, es decir depósitos y transferencias. El fiscal Zoni menciona notas de Página/12 como una de las bases de su escrito.

Quien hizo pública la existencia de esta cuenta fue la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. La jueza se presentó espontáneamente a declarar ante la fiscal Fein y contó que ella no sabía que en Nueva York había una cuenta. Sin embargo, hace dos semanas, se reunió con los familiares directos del fiscal, la madre y la hermana, y éstas le revelaron que hicieron un llamado al Merrill Lynch de Nueva York porque Nisman les había dado el número, por si le pasaba algo. La comunicación de Sara y Sandra se hizo desde un locutorio y en Nueva York les dijeron que no podían decirles nada a menos que tuvieran el código de la cuenta. La empleada que las atendió les sugirió que le pidieran el código a Lagomarsino, que también es cotitular. La semana pasada, Sandra Nisman declaró ante Fein y dijo desconocer los saldos y movimientos de la cuenta y tuvo un súbito ataque de amnesia porque tampoco recordó desde qué locutorio hizo la llamada al Merrill Lynch. En paralelo, la madre de Nisman, Sara, ya presentó tres certificados médicos para postergar sus citas ante la fiscal. El objetivo de Arroyo Salgado al revelar la cuestión de la cuenta –según sostuvo ante Fein– fue fundamentar una sospecha: que Lagomarsino tenía relaciones económicas con Nisman y lo mató por un conflicto de dinero.

En el escrito de ayer, el fiscal Zoni, a cargo de la Fiscalía Federal Número 8, le pidió a Canicoba Corral que impulse la investigación y transcribió una parte de la denuncia de Sbattella: “La condición de testaferro de Lagomarsino del fallecido fiscal, con pleno conocimiento de que los fondos no eran de su titularidad, impide conocer al titular o beneficiario final de los montos dinerarios movilizados en las mismas. Debe tenerse presente que las Personas Expuestas Políticamente (como Nisman) se encuentran sujetas a controles reforzados en materia de lavado de activos por su condición de tales. En este caso, el sistema de prevención apunta a impedir mediante un sometimiento a un mayor contralor, que aquellas personas que acceden a puestos con acceso al manejo de fondos públicos cometan delitos vinculados con la corrupción y que esos fondos sean legitimados en el sistema económico”.

Zoni señaló en su escrito que se hizo presente en la fiscalía de Fein y que vio los documentos. Por lo tanto, le pidió a Canicoba que actúe de inmediato:

n La idea es investigar todos los movimientos realizados desde esa cuenta. Está la versión –no confirmada– de que en el Merrill Lynch había más de 600.000 dólares y que era dinero que se usaba para inversiones inmobiliarias en Miami, en sociedad con primos del fiscal. Nada de esto está declarado ni se conoce.

n De todas maneras, un punto clave señalado por Zoni es que hay que determinar el origen de los fondos del Merrill Lynch. Arroyo Salgado afirmó que el dinero proviene de una herencia del abuelo del fiscal, algo que habrá que probar. En ese caso, se trataría de un caso de evasión, ya que Nisman –como adelantó Página/12– nunca blanqueó la existencia de esa cuenta en sus declaraciones juradas patrimoniales. Pero si el origen de los fondos no se aclara, se estaría ante un delito más grave: lavado de dinero. Como Nisman falleció, nada se le podrá imputar y habrá que ver qué dice la Justicia respecto de los cotitulares.

n Lagomarsino admitió que él firmó sólo dos transferencias en un año y medio, ambas de 2500 dólares, y que en los dos casos se trató de pagos de expensas de un terreno en Uruguay. Se supone que esa propiedad es de Nisman y, por lo tanto, Zoni pidió que se investigue de qué propiedad se trata. A priori, tampoco está declarada.

n El fiscal también pidió que se investigue al Merrill Lynch. “Deberá determinarse si se utilizó a la sociedad Merrill Lynch Argentina S.A. o Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa como canalizador de los fondos de la entidad bancaria extranjera”. Es decir, Zoni pide que se averigüe si no hubo una operatoria al estilo del HSBC “de entidades financieras que ofrecían servicios para girar fondos al exterior eludiendo los controles del Banco Central”.

La muerte de Nisman dejó secuelas en todos los andariveles. En primer lugar, en la causa AMIA en sí misma, con la denuncia del fiscal –doblemente desestimada hasta ahora– contra la Presidenta, el canciller y otras personas. En segundo lugar, por la revisión que se está haciendo del trabajo de Nisman y el espía Antonio Stiuso a raíz de que no se encuentran las investigaciones sobre el atentado que dijeron que habían hecho. En paralelo, está el expediente de la muerte el fiscal en sí mismo, sujeto a enormes trabas y demoras. Y ahora se suma la causa impulsada por Zoni, que rastrea graves irregularidades y un posible lavado de dinero.

raulkollmann@hotmail.com

07/04/15 Página|12