sábado, 14 de marzo de 2015

TSIPRAS, OPTIMISTA TRAS NEGOCIAR CON BRUSELAS Deuda griega, problema para Europa

El premier griego, Alexis Tsipras, aseguró ayer que Atenas cumple con sus compromisos y pidió a sus socios solidaridad, a la vez que advirtió que no hay un problema griego, sino europeo. Por otro lado, asumió la presidencia de Grecia el conservador Prokopis Pavlópulos, luego de ser elegido por la mayoría del nuevo Parlamento de ese país durante una sesión realizada el pasado mes de febrero.
Tsipras se mostró optimista de cara a las negociaciones llevadas a cabo en Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. “Grecia ya comenzó a cumplir sus compromisos mencionados en la decisión del Eurogrupo el 20 de febrero, estamos haciendo nuestra parte y lo que esperamos es que nuestros socios hagan la suya. El problema no es sólo griego, sino europeo, y por eso todos debemos colaborar en la solución”, aseguró el premier griego. Además, remarcó la necesidad de establecer mayor diálogo entre Grecia y los demás estados miembro y las instituciones. Por su parte, Schulz remarcó que se viven tiempos difíciles, pero confía en la cooperación como la forma de resolver los problemas. “Hay diferentes puntos de vista e interpretaciones de las decisiones tomadas en la Eurozona, y esto lleva a tensiones. He aconsejado al primer ministro tratar de resolver las tensiones en los próximos días y hoy en Bruselas”, expresó Schulz. Durante el encuentro, ambos se centraron en lograr fondos para la “garantía juvenil griega”, que es la principal herramienta impulsada por la Unión Europea para atajar el desempleo entre los jóvenes. También acordaron mantener el contacto entre el Parlamento Europeo, la Comisión Económica y Atenas para crear un plan específico para Grecia de inversiones y crecimiento con una estrategia de crecimiento y empleo sostenibles para los próximos cuatro meses.
Tsipras también se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien hará de mediador entre Grecia y el Eurogrupo. “La comisión quiere ser útil, no somos el actor principal, las decisiones se toman en el seno del Eurogrupo”, dijo. El luxemburgués reconoció que, pese a la disposición aparente de las partes, hay cierto estancamiento. Sin embargo, descartó un fracaso. “No estoy satisfecho con la evolución de estas semanas, no hemos hecho los avances suficientes, pero excluyo totalmente un fracaso. No es tiempo de división, es tiempo de trabajar juntos”, dijo.
Por otro lado, Prokopis Pavlópulos juró el cargo de presidente de la república y en su primer discurso afirmó que todas las fuerzas políticas deben contribuir a la salida de la crisis y combatir la pobreza y el desempleo. “La política económica de la Unión Europea y de la Eurozona debe ser aplicada, pero también debe estar acorde con los pilares de la construcción europea, que son los valores de la Antigüedad griega y romana y los valores cristianos”, dijo Pavlópulos en una breve alocución junto al presidente saliente, Karolos Papulias, quien lo recibió en el palacio presidencial tras la toma de posesión.

OPINION Destituir a Dilma y liquidar al PT

Por Eric Nepomuceno
Nadie puede negar que existe una concreta y sustantiva dosis de insatisfacción general en la sociedad brasileña, inclusive en parcelas significativas, quizá mayoritarias, de los que eligieron a Dilma Rousseff el pasado mes de octubre. Saber que la verdadera situación de la economía ha sido camuflada durante no sólo la campaña electoral, sino a lo largo de casi todo el año pasado es causa de profunda frustración e inquietud. Ver cómo rápidamente se anunciaron medidas restrictivas que antes eran imputadas a los adversarios, en caso de que lograsen la victoria, también llevó a millones de brasileños a sentirse defraudados.
La inhabilidad política de Dilma al armar su ministerio –uno de los más formidables desfiles de mediocridades en muchos años– fue la secuencia de ese malestar. Luego vinieron los índices de inflación, que todavía están lejos de ser efectivamente dramáticos, pero sí son preocupantes. El paso siguiente en la muestra de desastres fue la articulación, o mejor dicho, la absoluta desarticulación entre gobierno y aliados en el Congreso. Y, por si fuera poco, sigue en curso otro escándalo más, a raíz de denuncias concretas de corrupción en las finanzas públicas, esta vez en la estatal de petróleo Petrobras. O sea: fueron dados todos los ingredientes para una receta de crisis política de buen tamaño.
Pero el problema es otro: por primera vez desde la vuelta de la democracia, luego del régimen cívico-militar que sofocó al país entre 1964 y 1985, surge en pleno esplendor un sentimiento que anduvo bastante alejado del escenario político, y que es el odio.
Más exactamente, el odio de clase. El perjuicio de clase. Las elites y las clases medias tradicionales se lanzan, con furia desatada, no exactamente contra el objeto de sus perjuicios –esa clase ignara y bruta que súbitamente ocupa aeropuertos, que compra heladeras nuevas, que colma las calles con sus cochecitos suburbanos, que exige calidad en educación, salud y transporte–, sino contra los que promovieron ese cambio drástico en el cuadro social brasileño.
De la misma forma que Brasil supo y sigue sabiendo disfrazar dosis colosales de prejuicio racial, nadie se preocupa en contener sus ímpetus de prejuicio social. Las elites urbanas odian a los pobres y más aún a los que dejaron de ser tan pobres. Las elites brasileñas exigen la preservación de sus privilegios de siempre, ahora amenazados por una crisis económica provocada por gobiernos que gastaron ríos de dinero para que los miserables pasasen a pobres y los pobres, a ciudadanos insertos en una economía de consumo, es decir, en el mercado.
Las banderas son las mismas de siempre: moralidad, fin de la corrupción y un vasto etcétera. Pero las razones son otras.
Al fin y al cabo se trata de cambiar una y sólo una cosa: fuera Dilma, fuera PT, fuera Lula. Fuera pueblo.

› OPINION El rey se desnuda

 Por Nils Castro *
El repentino despropósito de que la Casa Blanca declare emergencia nacional alegando que la seguridad y la política exterior de su país están amenazadas por Venezuela, ha causado una coyuntura inaudita. Semejante argumento ofende la sensibilidad y la inteligencia de millones de latinoamericanos y abochorna a millares de ciudadanos pensantes en Estados Unidos. De nada vale la mojigata explicación de que con tal iniciativa se cumple un requisito legal norteamericano. No por eso deja de ser una torpeza que vuelve a dejar mal parado al presidente Obama, también ante sus asociados europeos, que rápidamente se han distanciado de ese discurso y sus inevitables consecuencias.
El contexto de este malpaso estadounidense es la contraofensiva que la derecha venía empujando en América latina por medio de un puñado de viejos y nuevos métodos. Estos coinciden en desacreditar gobiernos legítimamente electos para derrocarlos de una u otra forma y, acto seguido, instaurar un orden “constitucional” a su gusto, mediante escenificaciones electorales propias de una “democracia” reducida a orquestar comicios periódicos que así lo mantengan y reproduzcan. Eso no se inventó ayer; así le serrucharon el piso a Getulio Vargas, a Perón y a Salvador Allende, entre otros. Pero ayer como hoy, todos sabemos que ese género de campañas no funciona localmente, sino a escala global: para implementarla se necesita conspicuo apoyo político, logístico y mediático estadounidense.
Para dorar la píldora, la jerga diplomática de Obama a eso ahora lo denomina “transición”. Ultimamente los ejemplos han evolucionado de unos golpes bastante burdos –como los perpetrados en Honduras y Paraguay– a operaciones metódicamente más sofisticadas, con importantes componentes mediáticos que luego inducen movilizaciones sociales supuestamente no-partidistas y hasta no-políticas, como está haciéndose en Argentina y Brasil.
En Venezuela el mismo esquema se aplicó desde los inicios del proceso revolucionario chavista. Las campañas mediáticas de los primeros años instigaron movilizaciones “apolíticas” y culminaron en un cruento golpe de Estado. Luego, tras la elección de Nicolás Maduro, reprodujeron el esquema suponiendo que sin Chávez eso podía resultar. Pero tal conspiración, con sus “guarimbas”, sólo causó más muertes, destrozos y descrédito sin cumplir el objetivo de defenestrar al gobierno por medios no-electorales. Fiasco que el reciente complot tampoco logró remontar.
Esta reiteración de fracasos deformó el modelo hasta volverlo contraproducente. Venezuela está en vísperas de elecciones legislativas a las que la derecha irá escindida entre quienes se obstinan en repetir la intentona golpista y quienes buscan un relevo constitucional. Si la oposición ganase, el Congreso podría convocar un referéndum para revocar el actual mandato presidencial.
Sin embargo, en el momento más inoportuno este traspié de Obama pone a la vista todas las cartas de Washington como protagonista visible de la crisis venezolana, destruyéndole la excusa de que los problemas y conflictos existentes en Venezuela se debían al malestar causado por desaciertos de su propio gobierno. Al hacerlo, desnuda a Estados Unidos como potencia intervencionista en las antevísperas de la venidera Cumbre de las Américas, donde la normalización de las relaciones ofrecía una notable oportunidad de reacercamiento con América latina.
En medio de los graves líos en que Washington sigue envolviéndose alrededor del mundo, el presidente norteamericano estropea lo poco que parecía listo para salir bien. Hay dos figuras que eso recuerdan: la del torpe que borra con el codo la fina caligrafía que una vez logró trazar, o la del rey que desfila desnudo ante la multitud... con la diferencia de que este monarca se desviste a sí mismo sobre la marcha.
* Ensayista panameño.

BRASIL El pedido de destitución contra Dilma "huele a golpe"

En la víspera de las marchas convocadas por la oposición, el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, aseguró que "carece de base jurídica" la denuncia pública contra la jefa de Estado por el escándalo de corrupción en Petrobras, ya que hasta ahora "no hay un hecho jurídico imputable" que la haga tambalear en el cargo al que accedió por segunda vez consecutiva, tras la elección democrática de hace 5 meses.

Cardoso sostuvo, además, que el pedido de destitución tras el escándalo de corrupción en Petrobras "huele a golpe" de Estado y sugirió que se trata de una "revancha" de los partidos de oposición por "no haber asimilado la derrota" en los comicios de octubre de 2014.
Según el funcionario, la legislación brasileña establece que debe existir un "hecho jurídico imputable" al presidente para iniciar un proceso de destitución y recalcó que "no hay nada a ser imputado" a Rousseff.
El pasado jueves el partido opositor Solidaridad anunció que a partir del domingo promoverá una junta de firmas para solicitar el proceso de destitución y el viernes el diputado derechista Jair Bolsonaro presentó un pedido formal en este sentido a la Mesa Directora de la Cámara de Diputados.
Un pedido de esa naturaleza puede ser presentado por cualquier ciudadano brasileño, aunque debe ser admitido a trámite por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Eduardo Cunha, ya ha dicho que archivará de inmediato cualquier iniciativa formulada en ese sentido.
Varios sectores pretenden demandar este domingo la destitución de Rousseff, aunque otros grupos tan sólo anunciaron su intención de protestar contra la corrupción o contra las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno.
Página 12

› LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL DISPUSO LA FALTA DE MERITO PARA CARLOS BLAQUIER Buena nueva para el poder económico

Por Victoria Ginzberg
El poder económico parece ser el límite al momento de juzgar delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La semana pasada, el empresario Vicente Massot se benefició con una falta de mérito en el expediente en el que estaba acusado de haber sido cómplice del terrorismo de Estado. Ayer, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió de la misma forma en relación al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y al entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Enrique Lemos. La falta de mérito abarca las dos causas en las que estaban procesados: una se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre los que está el ex intendente Luis Arédez. La otra, al secuestro de 20 personas durante la Noche del Apagón, de julio de ese año.
El punto principal analizado por la Cámara Federal de Casación es el de la utilización de camionetas de la empresa Ledesma para los secuestros llevados a cabo en los pueblos en los que el Ingenio tenía influencia, Libertador San Martín y Calilegua.
Al procesar a Blaquier, el juez federal Fernando Poviña señaló, en noviembre de 2012, que Ledesma había dado “el aporte material” a los secuestros llevados a cabo por las fuerzas represivas y que los empresarios tenían voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico que los beneficiaba: “La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma Saaiii contra los dirigentes sindicales de la misma”, decía ese escrito.
En el mismo sentido, la Cámara Federal de Salta, al confirmar en agosto de 2013 los procesamientos, señaló que las fuerzas represivas que “operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa”. Y agregó que “tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su administrador general (Lemos)”. Ese tribunal consideró además que la actividad política y gremial de las víctimas había generado enfrentamientos con la empresa.
Los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Riggi, admitieron en sus fallos que estaba acreditado que Ledesma colaboró con los represores con vehículos, pero señalaron que no se puede afirmar que supieran que se iban a utilizar para cometer delitos. Para los jueces, no hay “mérito para sostener que los imputados se hayan representado que hicieron un aporte a la conducta dolosa de miembros de la fuerza de seguridad que privarían ilegítimamente de la libertad a las víctimas de este proceso”. En su voto, Geminiani sostiene que “si bien es cierto que el préstamo de las camionetas de propiedad de la empresa Ledesma a las fuerzas de seguridad es un hecho suficientemente acreditado, ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua, esto es, una asistencia que, interpretada desde el sentido que la misma representa según las normas sociales, bajo ningún punto de vista puede ser relacionada ya objetivamente con una colaboración en un injusto, y consecuentemente, el destino o uso que a las camionetas se les otorgara resulta exclusivamente imputable al recipiendario, pero en ningún caso al dueño ni al representante de la empresa”.
“Aseguran que Blaquier y Lemos no tenían conocimiento del uso que iba a hacerse de los vehículos, pero lo hacen en base a voluntad política o ideológica de creerles”, señaló a Página/12 Pablo Pelazzo, que actuó como fiscal en el caso hasta que fue separado por pedido de la defensa de Blaquier. Esta medida fue confirmada ayer también por la Cámara de Casación. Pelazzo afirmó que los jueces no tuvieron en cuenta las pruebas acerca del conocimiento que Blaquier tenía sobre los secuestros y el accionar de la última dictadura.
Tal como publicó Página/12, ya en 1975, un años antes de los hechos, el sindicato denunciaba públicamente que se estaban usando vehículos de Ledesma para detener dirigentes gremiales. Al respecto, los jueces sostienen que no hay certeza de que los imputados conocieran esa acusación y, por lo tanto, el uso que se estaba dando a las camionetas.
En los procesamientos de primera instancia y de la Cámara se consideró que Blaquier no podía desconocer cómo actuaba el terrorismo de Estado. Se presentaron pruebas de su participación en el grupo Azcuénaga, sostén político e ideológico de la última dictadura, una solicitada de Ledesma en la que se saludaba el primer aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y una carta a su “querido Joe” que Blaquier escribe a Martínez de Hoz, en la que analiza cómo conseguir fondos entre los empresarios para sostener una campaña de prensa en el exterior que diluya las críticas hacia la Argentina por las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Además, se enmarcaron los secuestros dentro de la persecución político-sindical llevada a cabo directamente por el Ingenio. El caso de Arédez es representativo porque todas las pruebas indican que su persecución se fundó en el importante rol que tuvo en la reivindicación de derechos sociales y en la decisión de cobrarle impuestos a la empresa cuando fue intendente.
“Los militares a cargo de los sucesivos golpes de Estado fueron apoyados y se beneficiaron con la colaboración activa de los mayores grupos económicos del país”, dice aquella resolución. La falta de mérito, de todas formas, no clausura la investigación. Y la decisión, además, va a ser apelada. Será la Corte Suprema el tribunal que defina si ratifica las decisiones del juez de primera instancia y la Cámara Federal de Salta o si, por el contrario, acompaña el criterio de la Cámara de Casación. La empresa Ledesma celebró ayer con un comunicado las novedades judiciales y sostuvo que seguirá “colaborando con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos”.

› OPINION Expertos y pueblo

Por Jorge Alemán *
En el régimen de dominación neoliberal, la apelación a los “expertos” es el recurso último que legitima las decisiones económicas y sociales. Los expertos aseguran con su conocimiento “especializado” que el poder ya no es una fuerza coercitiva, que no impone nada arbitrariamente ya que las decisiones se toman después de importantes evaluaciones y son únicas e irremplazables, porque emanan de la “propia realidad objetiva”.
Los expertos constituyen una pieza clave del dispositivo neoliberal, encarnan el control por parte del saber sobre la población que deja de estar constituida por “sujetos” y se presenta como cosas que deben ser gestionadas y calculadas. De este modo, recurriendo a técnicas contables, gráficos, esquemas teóricos que se presentan como universales, neutros y por tanto desinteresados, construyen el marco de la realidad. Y especialmente, los límites que no deben ser atravesados si no se quiere ser acusado de “irracional”. En este aspecto, los expertos no sólo se sostienen con este simulacro sino que dicho “programa” debe ser acompañado de una retórica que encubra del modo más eficiente posible los antagonismos sociales que se presentan como irreductibles... Por ello, junto a ese relato técnico hay una permanente referencia a los “valores democráticos” que funcionan como la coartada mayor de la estrategia neoliberal: presentar una decisión que nunca fue ni será votada, como si emanara del centro mismo de la democracia. Señalemos al pasar, que si se trata de la TV y las famosas tertulias, aun invitando a quienes sostienen una posición crítica y política con el dispositivo neoliberal, los programas están editados de tal modo que ya han secuestrado de antemano el sentido crítico que se quiere transmitir.
En este despliegue técnico, los expertos deben expulsar y reprimir la cuestión crucial y constitutiva de lo que llamamos lo social: la existencia de una brecha que condiciona toda la realidad y que ningún bien general construido bajo el modo neoliberal puede terminar de borrar. Finalmente, lo verdaderamente insoportable para el saber neoliberal, es que el antagonismo no puede ser absorbido por el espejismo de un consenso, porque es el antagonismo el punto de partida a partir del cual la realidad se estructura. Desde esta pendiente, el antagonismo es lo más “real” de la realidad.
Ese antagonismo es modulado históricamente con distintas significaciones. En nuestro tiempo se ha vuelto evidente el conflicto irresoluble entre los poderes oligárquicos-financieros y sus corporaciones por un lado, y por otro con los trabajadores explotados, los excluidos de distinto signo y las vidas desnudas y sin amparo que son atacadas en lo más íntimo del ser. Por ello, mientras hablen los expertos y determinen las reglas de juego de lo posible, lo que finalmente se produce es una abolición de lo político.
Lo político comienza cuando los expertos no tienen nada que decir, porque ellos han estado sólo presentes y han sido llamados a servicio para suturar la brecha del antagonismo social. Dicho de otro modo, lo político y el pueblo como sujeto, emergen cuando tiene lugar una práctica instituyente cuyo principio es radicalmente distinto al encuadramiento técnico y objetivo de los expertos. La práctica instituyente del pueblo es la acción colectiva por parte de aquellos que han quedado fuera en el cálculo de los expertos. Esa práctica instituyente que surge precisamente como la verdad del antagonismo es asumida por un sujeto popular cuya función principal es rechazar el ordenamiento jerárquico del saber de los expertos. Es evidente que con esta posición no se está sugiriendo que no se respeten las competencias teóricas y técnicas de cada área social. Estamos utilizando el término “experto” en otro sentido, ya que esas áreas pueden encontrar su verdadera operatividad cuando se emancipan del emplazamiento y la inercia que los expertos del régimen neoliberal han impuesto.
Ahora bien, cuando las prácticas instituyentes del sujeto soberano interpelan el relato de los expertos, empieza a surgir el verdadero rostro de los evaluadores de la realidad. Algo bien distinto al conjunto de argumentos que se presentaban bajo las apariencias de lo democrático. Aparece entonces el verdadero reverso de los especialistas económicos y técnicos, surgen las amenazas, las imputaciones, los chantajes que suelen ser modulados retóricamente según las circunstancias: “si no se cumple con esto o con aquello, la catástrofe es inminente”, “se ha gastado lo que no se tenía y ahora hay que pagar”, “es como una familia que consumió lo que no correspondía”, “hay que aprovechar la crisis y transformarla en una oportunidad emprendedora”. Y por último, el recurrente vargallosismo que ha hecho escuela: “el país se arruinó a sí mismo y no sirve buscar culpables ni aludir a “campañas en contra”. En una extrapolación perversa de la tesis sartreana sobre la “mala fe”, donde el sujeto debía responsabilizarse siempre de sus elecciones y no utilizar con “mala fe” argumentos sobre sus circunstancias adversas o su infortunio personal, el vargallosismo advierte, proclama sin ningún pudor que los países deberían actuar del mismo modo que el sujeto sartreano. Olvidándose del propio legado histórico, que habla de una larga secuencia de golpes, desestabilizaciones, masacres, asesinatos, desapariciones de todos los gobiernos o militantes que se hayan propuesto construir una contrahegemonía al neoliberalismo. Cada vez que un país se esfuerza por salir de los estragos del neoliberalismo y empieza a estar asediado internamente y por toda la prensa internacional, no puede referirse a ninguna “campaña en contra”, porque ya existe todo un dispositivo mediático que la presentará como una versión demagógica y paranoica de la situación. Y esto no se frena ni siquiera cuando ya se hace evidente la destitución programada internacionalmente.
El regimiento de expertos entrenados para dar argumentos al neoliberalismo mantiene como propósito esencial el de deshistorizar a las poblaciones, arrebatarles el sentido de sus herencias simbólicas y ocupar sin más el presente absoluto de las “leyes objetivas” de los expertos. Sólo la emergencia, siempre contingente de un sujeto popular soberano, puede abrir un hueco en el marco de la realidad construida por los expertos de la técnica.
* Psicoanalista y escritor.

EL GOBIERNO DISPUSO LA DESCLASIFICACION DE LOS INFORMES VINCULADOS CON LA INVESTIGACION DEL ATAQUE A LA MUTUAL JUDIA El caso AMIA con todos los archivos abiertos

Por Raúl Kollmann
El Gobierno dispuso ayer una amplia apertura de los archivos relacionados con la causa AMIA, lo que incluye grabaciones, desgrabaciones, informes de agentes de la SIDE en estaciones del exterior y de todo el país, cables de las embajadas argentinas en el exterior y todo otro material de Inteligencia relacionado con el atentado contra la mutual judía. La desclasificación fue pedida por los nuevos integrantes de la Unidad AMIA, es decir quienes suceden al fiscal Alberto Nisman: se trata de Roberto Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini. Los fiscales adelantaron que el material estará a disposición de las partes: los familiares de las víctimas, la AMIA y la DAIA. La apertura plantea expectativas porque permitirá una revisión de todo lo que hay en la ex SIDE con una búsqueda que se le reclamó a Nisman y éste –según señaló el juez Rodolfo Canicoba Corral– no abordó: la pista siria, la conexión local y otras hipótesis respecto del atentado diferentes a la pista iraní, la única en la que Nisman se centró. Una investigación sobre el atentado no consiste hoy en realizar escuchas telefónicas porque nadie habla sobre cómo se ejecutó el ataque 20 años más tarde. Una nueva investigación sobre el atentado pasa por un análisis detallado de informes, cables, escuchas y archivos que en su momento tal vez se dejaron de lado.
Según una evaluación realizada ayer, se calcula que el material desclasificado abarca unos diez depósitos de veinte metros de lado por diez metros de fondo, con cajas en estantes desde el piso hasta el techo. Allí se podrán encontrar miles y miles de casetes, porque fueron grabaciones hechas al principio de la investigación, en 1994 y los años sucesivos; toneladas de informes de agentes y cables de embajadas sobre el caso AMIA; y más recientemente grabaciones y desgrabaciones hechas en soportes más modernos, como los CD. Para dar un ejemplo, las escuchas al argentino, líder de la comunidad chiíta en el país, Jorge Yussuf Khalil, abarcan 5000 horas de grabación. Se empezaron en 2007 y continuaron hasta ahora, de manera que esa envergadura de material –de una sola persona investigada– da una idea del volumen que se va a desclasificar y que habrá que revisar.
La primera desclasificación se realizó, por decretos de Néstor Kirchner, en 2003. Fueron los decretos número 785, 786 y 787 de aquel año y permitió una revisión de archivos en la que participaron el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa; familiares de Memoria Activa, el padre de una víctima del atentado contra la Embajada de Israel, Carlos Susevich, y muy pocas personas más. Ese grupo entró a la SIDE e hizo la revisación, trasladándose medio año después todo el material en custodia a la flamante Unidad Fiscal AMIA, que luego quedó a cargo de Alberto Nisman. Es decir, que aquella desclasificación terminó en manos del fiscal recientemente fallecido.
En la revisión de 2003-2004 se encontró, como relata el periodista de este diario Horacio Verbitsky, el cable de la embajada argentina en Israel del 19 de julio de 1994 en el que se daba cuenta de que el gobierno de Itzhak Rabin enviaba a un equipo de rescatistas para ayudar a las víctimas y que en el mismo avión viajaría Dov Schmorak, encargado de Asuntos Latinoamericanos, para coordinar una versión sobre el atentado. Schmorak impulsó la pista iraní desde el primer día. El texto de aquel cable se encontró en los archivos de Cancillería, no en los de la Secretaría de Inteligencia y es muy posible que los nuevos fiscales pidan también la desclasificación de material en otros organismos del Estado.
La apertura puesta en marcha ayer, con un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, abarca el material que no se hubiera desclasificado en 2003-2004 y todo lo que se haya acumulado desde entonces hasta ahora. Más allá de la iniciativa de los fiscales, la desclasificación fue un compromiso asumido por el Gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un acuerdo que se firmó con los familiares agrupados en Memoria Activa.
Quienes cuestionan la investigación del atentado sostienen que la desclasificación de 2003-2004 terminó bajó el control de Nisman y su hombre en la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. “Mostraron lo que quisieron, lo que encajaba con su hipótesis, la pista iraní. Todo lo demás permaneció, desclasificado es cierto, pero bajo la suela de Nisman-Stiuso”, explica uno de los protagonistas de aquella primera apertura.
Aun así, la desclasificación firmada por Néstor Kirchner produjo un verdadero estrépito en el mundo de la Inteligencia. No sólo de la Argentina. Los servicios de Inteligencia de los países más poderosos vieron con muy malos ojos una apertura de esa naturaleza que exponía vínculos, colaboraciones y de dónde salía la información para acusar a tal país, a tal organización o a tal otra. Pero como al final el control lo ejerció Nisman, las cosas no llegaron a mayores.
La apertura de ayer se da en una situación distinta. En primer lugar, porque no está Nisman, de estrechos vínculos con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, Israel y Alemania. La orientación del fallecido fiscal quedó muy documentada con los textos difundidos por la organización Wikileaks y revelados por este diario. En la Embajada de Estados Unidos le insistían a Nisman que no debía “perder tiempo” en otras pistas ni en la causa por las irregularidades en la investigación AMIA. “Eso debilita la acusación contra los iraníes”, le señalaron, marcándole la cancha. Nisman iba en forma continua a la sede diplomática norteamericana, les avisaba a los hombres del FBI cuáles serían sus próximos pasos y en alguna oportunidad les dio para corregir un borrador.
El segundo factor distinto es que ya no está Stiuso como hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia. Jaime, como lo llamaban todos, era también un hombre estrechamente vinculado a la CIA y el Mossad, que suelen jugar sus propios partidos y responden a los sectores ubicados más a la derecha en sus países. Stiuso y el resto de la cúpula de la SI perdieron –más que tardíamente– sus puestos de poder en diciembre pasado.
Ahora hay tres nuevos fiscales y un coordinador, Juan Murray, que mirarán las cosas desde una óptica distinta y renovada. Ayer mismo hicieron saber que los familiares tendrán acceso a todo lo que se desclasifique.
El juez del caso AMIA, Canicoba Corral, polemizó en reiteradas oportunidades con Nisman: “La imputación está demasiado basada en informes de Inteligencia y tiene poco valor probatorio judicial –sostuvo Canicoba–. Además, en el mismo escrito en el que declaré el atentado como un delito de lesa humanidad, le señalé al fiscal que no podía circunscribirse a la pista iraní, sino que debía avanzar sobre la pista siria y, fundamentalmente, en la llamada conexión local”. Es muy probable que los nuevos fiscales aprovechen esta apertura de archivos para ampliar la óptica y mirar los materiales con una visión distinta, aunque es obvio que tendrán que profundizar incluso la pista iraní, buscando pruebas más judiciales que las que existen hasta hoy.
De todas maneras, el trabajo pinta muy arduo. Quienes participaron de la primera apertura se imaginan que ahora todo será de mayor envergadura. Se habla de unos diez galpones llenos de documentación, con gigantescas estanterías y miles de cajas repletas. La idea es que todo sea trasladado a un ámbito único y que allí se haga la revisión. Pero, además, se piensa que éste es sólo el primer paso: es muy probable que se les pida una desclasificación a otros organismos del Estado e incluso a gobiernos extranjeros, teniendo en cuenta que ya pasaron más de 20 años del atentado.
Hoy en día, la investigación del ataque no pasa por nuevos seguimientos ni por escuchas telefónicas ni por averiguaciones actuales sobre dónde estuvo la camioneta o cómo se consiguieron los explosivos. Es muy difícil que se entablen diálogos telefónicos comprometedores dos décadas más tarde ni se podría llegar a encontrar dónde estuvieron los terroristas haciendo un seguimiento.
Los elementos nuevos sobre el atentado pueden surgir –dicen los expertos– de un análisis de la documentación, los informes y los datos de Inteligencia que se obtuvieron en su momento. Las expectativas no pueden ser muy grandes, porque pasaron 20 años, pero los nuevos fiscales quedaron en condiciones de buscar en todo lo que hay. Lo que se abrió ayer y lo que seguro pedirán que se abra próximamente.