“Lo que ha ocurrido con el massismo es un amontonamiento”

Entrevista al periodista Jorge Colman sobre la situación actual de la distribución de intendencias, internas y posibles cambios en la zona oeste.

Por José Cornejo

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es la agenda política en el Oeste?

Jorge Colman: Estamos rodeados de intendentes que tienen que ver con el Frente Renovador (FR), es el caso de Tigre particularmente, donde salió Sergio Massa, en Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, uno de los intendentes que se propone dentro del massismo como candidato a gobernador, Joaquín De La Torre en San Miguel, Guzmán en Escobar y Succaro, que está en este momento bastante mal de salud, en Pilar. Solamente, más hacia el oeste tenemos al intendente de José C. Paz que pertenece al Frente Para la Victoria. Es todo un tembladeral en estos momentos porque estamos, como se diría en el fútbol, en épocas de pases, donde algunos de los intendentes parecen ser que se van.

APU: Si bien no se ve una estambida del massismo al macrismo, se ven algunos vector de ellos en la primera sección electoral. El caso de Gustavo Posse en San Isidro por ejemplo....

JC: Cariglino fue uno de los primeros intendentes que fue migrando de un lugar a otro: estuvo en el PRO, con De Narváez, con el duhaldismo, con el FpV y finalmente en el FR. Pero parece ser que Posse, está tendiendo un puente con Cariglino y lo que yo llamo el "Tridente de intendentes" acá en el oeste: Succaro, Acuña y Guzmán. Van yendo hacia el macrismo. Hay señales muy claras en ese sentido, desde el punto de vista electoral se ha abandonado ya, en estos distritos, el uso de los colores, símbolos que eran particularmente del massismo.

APU: Las cuadrillas empezaron a pintar de vuelta...

JC: Hay algo mucho más notorio. En Malvinas Argentinas, cuando viene gente de Tigre o gente del massismo puro salen a ser tapados por el mismo intendente Cariglino con carteles con colores propios, que no son ni parecidos a los del massismo, esto también evidencia las tensiones internas dentro del FR. Incluso hay versiones muy fuertes de que, por ejemplo, Joaquin De La Torre, estaría viendo con buenos ojos volver al FpV, algo que se discute y genera un ruido político muy particular.

APU: En provincia de Buenos Aires pareceria que le sobran candidatos al massismo. Esa tensión tiene que resolverse: O los candidatos del massismo para gobernador migran al macrismo o el macrismo logra construir una fuerza nacional que le permita absorber a esos candidatos y los mantenga adentro. Hoy eso parece insustentable. ¿Qué opinión tiene al respecto?

JC: Hablar de crecimiento me parece que no corresponde, yo creo que lo que ha ocurrido con el massismo es un amontonamiento y, particularmente con esto que vos mencionás se nota mucho más. Hay una multitud de precandidatos a gobernador por el massismo que verdaderamente hacen un show de candidatos que es muy difícil resolver para Massa, si a cada uno que ingresa al massismo no tiene cierta centralidad política que le permita decir éste es el referente de la provincia o éstos son mis candidatos se le complica mucho más a Massa y más cuando vienen con una profunda ambición para ser candidatos y lo que menos hay es principios de unidad entre ellos, es más, generalmente aparecen los viejos enconos que terminan enturbiando y desgastándose dentro de lo que es el FR, por eso me parece más un amontonamiento que un proceso de crecimiento.

APU: ¿Eso a usted le parece que está llamado a migrar al macrismo?

JC: No lo afirmaría, creo que, en evaluación hay varias hipótesis, parte de los intendentes que hoy están en el massismo migrarían al PRO pero hay algunos otros que también migrarían o regresarían al FpV. No hay que descartar la posibilidad de que presente algún lema particular medio "independentozo" partido provincial que tiente como una alternativa a estas enormes ambiciones

La Corte Suprema decide no investigar torturas en Malvinas

En una resolución de tres párrafos, fechada el día 19 de febrero de 2015, la Corte establece que las denuncias de los colimbas que sufrieron vejámenes, torturas y aberraciones en la Guerra de Malvinas no se deben investigar.

A continuación, el comunicado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM - La Plata)

Una nueva imposición de silencio para los ex combatientes de Malvinas

La Corte Suprema de Justicia en una resolución de tres párrafos, fechada el día 19 de Febrero de 2015, establece que las denuncias de los colimbas que sufrieron vejámenes, torturas y aberraciones en la guerra de Malvinas no se deben investigar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas CECIM La Plata, de la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2015, que decide desestimar el recurso de hecho presentado por el Organismo de Derechos Humanos durante el largo camino procesal, por lo que clausura la posibilidad de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por Oficiales y Suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos.

La causa por violaciones a los DD HH cometidas contra los soldados en Malvinas por las FF.AA de la dictadura cívico militar, comenzó a tramitarse en el año 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande (TdF)con más de 120 hechos denunciados, cuyos testimonios aberrantes cuentan de asesinatos de soldados, torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos.

La Corte Suprema de Justicia está ratificando con la resolución, que todo lo decidido por la junta encabezada por Galtieri estuvo bien, en contraposición de lo dictaminado por el entonces procurador subrogante  Dr. Luis Santiago González Warcalde que el 10 de agosto de 2012 en el marco del expediente sostenía, que el tratamiento del Recurso Extraordinario Federal presentado por el organismo debía prosperar, dado que la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal es equiparable a sentencia definitiva, pues, al sostener que los casos denunciados no podían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, ponía fin al proceso, dado que los delitos comunes son alcanzados por el instituto de la prescripción.

Asimismo, el entonces Procurador comprendió que, de mínima, nos hallábamos frente a la presencia de graves violaciones a los derechos humanos, y dejó algunas líneas para ponderar su tipificación como delitos de lesa humanidad.

No obstante ello, con fecha 20 de febrero de 2015, el CECIM fue notificado de la Sentencia Definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que mediante la utilización de una fórmula decide desestimar el recurso extraordinario, por comprender que no se dirige contra una sentencia definitiva. La decisión fue firmada por los Ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Textual  “Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48) Por ello, se la desestima”.

Redactar las tres líneas de la fórmula les llevo a los “Supremos” el módico lapso de tres años, negando así las voces de los soldados que sufrieron vejámenes y aberraciones en la guerra de Malvinas llevada adelante por una decisión de la dictadura cívico militar, para negar el derecho a la verdad y darle la razón entre otros a Galtieri, Anaya y Lami Dozo.

Distintos organismos de DD.HH acompañaron a los ex combatientes en sus denuncias presentándose como Amicus Curiae ante la corte, tal es el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación Hijos y la DAIA que asistieron a los soldados de origen judío que fueron torturados en Malvinas.

La Corte Suprema con esta resolución nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso, con esta resolución la Justicia Argentina retrocede en lo que hemos avanzado en materia de DD.HH donde somos un ejemplo a nivel internacional.

Resulta imprescindible remarcar que, mientras sigan existiendo caminos y posibilidades mantendremos encendida la llama de la Memoria, la Verdad y La Justicia. No retrocederemos en las conquistas en materia de derechos humanos y no descansaremos hasta que se investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

El próximo miércoles 25 de Febrero a las 13 hs. convocamos a una conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia donde presentaremos un pedido de revocatoria y aclaratoria entendiendo que los jueces han cometido un grave error jurídico.

Nuestro pueblo debe saber la verdad de lo ocurrido con sus soldados en la guerra de Malvinas.

Mario Volpe - Presidente

Ernesto Alonso - Secretario de Relaciones Institucionales

Soberania naval: re-activación de la flota de bandera

El dirigente del Sindicato Argentino de Obreros Navales, Juan Speroni, se refirió al proyecto de ley de promoción de la industria naval y marina mercante que el sindicato junto diversos actores del sector impulsan en el Congreso de la Nación.

Por Nahuel Placanica

A través del diputado nacional Gastón Harispe, el Sindicato Argentino de Obreros Navales impulsa junto a distintos actores del sector el proyecto de ley de promoción de la industria naval y marina mercante. La normativa contempla un sistema de leasing naval, un fondo fiduciario para re – equipar astilleros y talleres navales, la eliminación del régimen de tratamiento de bandera de preferencia y el establecimiento de un régimen fiscal promocional.

En el último año legislativo de la presidenta Cristina Fernández en el gobierno, el dirigente del SAON, Juan Speroni, aspira a que en este 2015 se avance sobre esta normativa que permita la re - activación del sector y la consolidación de una flota de bandera.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuáles son los lineamientos generales?

Juan Speroni: El proyecto lo estamos impulsando en forma conjunta con la Mesa de la Concertación de la Industria Naval Argentina, que nuclea a técnicos, profesionales, universidades publicas, unidades productivas, astilleros y talleres.

Durante 2014 estos actores sectoriales impulsaron una agenda de vital importancia. El primer tema fue la resolución 08 que tenia que ver con el trasbordo de carga en los puertos argentinos. El otro elemento central fue la modificación de la tasa del Canal de Magdalena. El tercer elemento fue la reforma del Código Aduanero. Y por último, tenemos el proyecto de ley de Marina Mercante e Industria Naval.

Se realizó una marcha sectorial multitudinaria en un contexto que la Argentina afrontaba el primer pico de crisis con los Buitre en el escenario internacional. Nosotros cuestionamos a los Fondos Buitre que querían poner de rodillas a nuestro país, apoyando al gobierno en esa disputa, y en ese marco, buscamos instalar en el Congreso de la Nación el concepto de la necesidad de que convertir en ley estos instrumentos.

A partir de entonces se abrió un canal de negociación con el gobierno. Tenemos la esperanza que en este 2015 sean sancionados todos estos proyectos.

APU: ¿Cuál es la importancia para los trabajadores del sector?

JS: Esta matriz va a echar por tierra todo el andamiaje técnico jurídico que se empezó a formar a partir a principios de la década del noventa con la desregulación portuaria, donde aniquilaron la legislación de marina mercante que sostenía el financiamiento, reemplazando a su vez la bandera nacional por la bandera de conveniencia.

De esta manera, los instrumentos quedaron al servicio de un modelo de entrega con sus consecuencias de desempleo. Nosotros entendemos que debemos recuperar estos instrumentos para transformar el concepto logístico del país y para que el sector pase a formar parte del proceso de industrialización del país. Los trabajadores tenemos mucha expectativa en este proyecto porque creemos se van a quintuplicar el escenaro de trabajo en los puertos, los astilleros y la navegación en general.

APU: ¿Cómo canalizaron en el parlamento esta propuesta parlamentaria?

JS: Con la presentación que hicimos en diciembre de 2013 con el diputado Gastón Harispe y con la Comisión de Intereses Marítimo, Pesca y Puerto. El proyecto no pudo avanzar en el Congreso pero logramos una reunión de la  Mesa de la Concertación de la Industria Naval Argentina con el Poder Ejecutivo.

APU: ¿El país tiene mano de obra calificada para hacerse cargo de este desafío?

JS: Absolutamente. Con el proceso de re-calificación de mano de obra a partir de 2003 nosotros nos pusimos en la tarea de rescatar unidades productivas y conformar capacitación para los trabajadores. Para la demanda que va a generar el proyecto de ley tenemos la mano de obra necesaria para afrontar esta situación.

APU: Teniendo en cuenta las tensiones propias de la relación sindicato – empresas, ¿Cómo logran consensuar actor empresario y actor sindical políticas conjuntas?

JS: Si miramos la hiperinflación en los ochenta, las políticas de los años noventa y la crisis del 2001, nos encontramos con que cada sector miraba al país desde la perspectiva de la actividad que representaba. La realidad es que el interés nacional debe estar por encima de los intereses de determinados sectores.

Economia popular: legislación para una realidad efectiva

A pesar del crecimiento experimentado en los últimos años, la economía popular tiene como desafío pendiente conquistar un marco normativo afín a sus necesidades y que de cuenta de su particular dinámica del sector. Las propuestas de la CTEP y el desafío de legislar sobre una realidad efectiva.

Por Secretariado Nacional de CTEP

1.    Ley de Lucha contra el Trabajo Informal

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció en diciembre que impulsará una reforma laboral que prevé medidas contra el trabajo informal y al menos dos importantes reivindicaciones laborales: el aumento de la indemnización mínima y la ampliación de la licencia por paternidad.

Para el primer punto, es importante realizar un análisis crítico del concepto de “trabajo informal”. Desde luego, consideramos que se trata de un término que aborda la problemática de los más postergados desde la óptica de la burguesía y la burocracia estatal. Porque la noción de “trabajo informal”, además de no ir al fondo del problema  -por limitarse a reflejar el grado de institucionalización de una relación laboral desde la perspectiva del Estado y no su verdadera naturaleza desde el punto de vista del Trabajo- es ciertamente ambigua. Existe una heterogeneidad de situaciones que no responden a las mismas causas ni pueden abordarse de la misma manera. Sucede que la clase trabajadora está fragmentada en un caleidoscópico universo de relaciones laborales cualitativamente distintas. Una tipología del trabajo actualizada que contemple al sector popular tiene que analizar no sólo la situación del trabajador ante los registros oficiales (formalidad / informalidad) sino la integralidad de sus condiciones laborales (grado de precariedad laboral, características de la unidad económica, tipo de relaciones laborales que se establecen en el proceso de trabajo, etc). Ni todos los trabajadores son dependientes ni todos los independientes son económicamente autónomos. Comprender la situación de los trabajadores sin patrón pero económicamente dependientes es indispensable para encontrar soluciones.

2.    Ley Federal de Economía Popular

El Presidente del INAES, Patricio Griffin, anunció que impulsará un debate nacional sobre una “ley federal de economía solidaria”, concepto con el que el funcionario hace referencia al modo en el que se estructuran las relaciones sociales dentro de una unidad económica y los fines que persigue. El dogma cooperativista nos habla de gestión democrática, propiedad colectiva, distribución equitativa de las ganancias y finalidad social. Más allá de que la práctica real del cooperativismo tradicional está bastante alejada de la teoría, incluso si se acepta acríticamente las bondades de la economía social, este concepto diluye un tema que, mal que nos pese, existe y es definitorio de la real naturaleza de una unidad económica: su ubicación dentro de una sociedad estratificada y excluyente, la ineludible cuestión de clase y, más específicamente, la creciente proporción de trabajadores “sobrantes” desde la perspectiva del Capital. Desde el punto de vista del sujeto social, también se invisibiliza un factor determinante y diferenciador: la cultura popular.

El concepto de economía social y/o solidaria engloba indistintamente al Banco Credicoop  y a la Cooperativa Obreros del Cartón. Es evidente que las diferencias son abismales. ¿Cooperativismo Tradicional o Cooperativismo Popular? Dentro de la llamada “economía solidaria”, la modalidad paradigmática es la cooperativa mientras que en la economía popular, la cooperativa es una forma de excepción (gracias, entre otras cosas, al pésimo trabajo del INAES). Sin embargo, aun cuando los sectores populares constituyen cooperativas como forma de institucionalizar sus unidades económicas, bien distintas son estas cooperativas de las tradicionales, ni que hablar del cooperativismo agroexportador, financiero o de seguros.

El origen del cooperativismo tradicional es indudablemente popular. Las primeras cooperativas eran una forma de proveer servicios que nadie prestaba, reducir costos, mejorar la vida del obrero. El cooperativismo inicial, el de los pioneros de Rochdale y sus seguidores, fue un subproducto de la sociedad industrial y un instrumento de lucha económica de los trabajadores asalariados y sus familias. En países como el nuestro cumplieron un rol fundamental en el desarrollo de los pueblos, la provisión de servicios públicos y el gremialismo agrario, el de los colonos y chacareros, por entonces pobres y oprimidos.

La receta es eliminar completamente los aspectos burocráticos y acompañar el desarrollo progresivo de las cualidades esenciales del cooperativismo: gestión democrática, distribución justa de los frutos del trabajo, propiedad colectiva de los medios de producción. En ese sentido, la intervención de la CTEP en el debate parlamentario apuntará a garantizar que los preciosismos normativos no atenten contra los derechos de los compañeros. Vale la reiteración: las formas institucionales deben adaptarse a la realidad porque la realidad se resiste a adaptarse a ella. Tenemos buenos ejemplos en Ecuador, Bolivia y Venezuela para iniciar el debate.

3.    Ley de Asociaciones Sindicales

Existen varias iniciativas parlamentarias para la modificación de la LAS como la de Facundo Moyano que apunta principalmente a cuestiones vinculadas a la democracia y libertad sindical. Como se dijo anteriormente, la LAS está totalmente obsoleta. Sancionada durante el gobierno radical de Alfonsín en 1988, mientras el Ministerio de Trabajo estaba a cargo de Ideler Tonelli (autor de la Ley de Obediencia Debida) dicha normativa tiene serias deficiencias para abordar la realidad laboral de la actualidad.

Uno de los problemas más graves es el impedimento (más doctrinario que propiamente legal) de formar sindicatos de trabajadores que trabajan bajo modalidades distintas a la relación de dependencia. Este punto toca particularmente a la CTEP que se caracteriza, precisamente, por agrupar trabajadores que están fuera del mercado laboral institucionalizado y en general trabajan en forma “técnicamente” independiente, en cooperativas o unidades productivas familiares.

Paradójicamente, se niega a los últimos de la fila la formación de sindicatos. Los “informales” no pueden sindicalizarse. Algunos dirigentes obreros abonan este impedimento con argumentos que chocan de bruces con la realidad a diario. Olvidan que, en sus orígenes, todos los sindicatos fueron creados por trabajadores informales, ya que en la época cuando los sindicatos fueron inicialmente organizados toda la economía era informal. Los sindicatos eran, y todavía lo son, organizaciones de autoayuda de trabajadores que, a través de la acción colectiva, buscan regular sus salarios y condiciones laborales con el fin de eliminar las peores formas de explotación, es decir, formalizar / dignificar una situación informal.

4.    Ley Integral de Reciclado Social

Cada día, los cartoneros de todo el país recuperan 1.600 toneladas de residuos sólidos urbanos, aproximadamente un 10% del total de los desechos que produce nuestra economía. Ninguna empresa, ningún municipio, ninguna ONG ambientalista se acerca a esa cifra. Ha sido y es la participación activa de cartoneros los que han permitido que la crisis de la basura que sacude a todas las principales ciudades del país no haya terminado colapsando los lugares de disposición final. Ese trabajo silencioso, sin derechos, mal pagado, en muchos casos con los hijos a cuestas, ha demorado la catástrofe ambiental que hoy todos pronostican.

Fueron los trabajadores cartoneros, desprovistos de todo derecho, despreciados por los supuestos ambientalistas, los que revirtieron la idea de un "reciclado de marketing" por una Gestión Popular de los Residuos Reciclables. Fue en la lucha callejera, en los cortes de puentes, rutas y vías, en los enfrentamientos con vecinos que nos rechazaban, contra la represión estatal y policial, donde se gestaron los gérmenes de una nueva perspectiva para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos.

Así, con las plantas sociales arrancadas al CEAMSE por los trabajadores del relleno sanitario de José León Suàrez como la Cooperativa ECOMAYOhasta la experiencia de gestión mixta estatal-cooperativa en la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores vienen marcando un camino, desarrollando un Sistema Popular de Gestión de los Residuos, que el Estado nacional y los estados provinciales y municipales deben recoger. Por eso, impulsamos un sistema nacional de reciclado social que incluya al menos estos puntos: Plan de Inclusión Social de Recuperadores Urbanos (PISRU); Plan de Erradicación del Trabajo Infantil Cartonero (PETIC); Plan Integral de Logística (PIL); Plan de Centros Verdes, Plantas Sociales y Comercialización Colectiva (PCV); y Reconversión del Trabajo en Basurales (RTB).

5.    Ley Especial de Expropiaciones de Unidades Productivas

Con esta ley se consolidarían jurídicamente las 184 empresas ya recuperadas.
Con esta Ley se pueden recuperar rápidamente 50.000 puestos de trabajo. Hoy las Empresas están cerradas, con sus máquinas adentro y sus trabajadores afuera, sin poder conseguir empleo.
Con esta Ley aseguraríamos que no se pierda ningún puesto de trabajo más en Argentina. Que cada Empresa que cierre tenga continuidad gestionada por sus trabajadores.
Con esta ley, aportaríamos a un serio desarrollo local, ya que muchas de estas Empresas se encuentran en el interior del País. Además, evitaríamos las quiebras fraudulentas, los abusos de tantas patronales, dándose en el marco de la democracia, donde los trabajadores han perdido casi todos sus derechos, es justo que alguna vez se legisle a favor del pueblo.

6.    Estatutos de Actividades y Oficios Populares

Impulsamos la creación de estatutos para todos los oficios y actividades populares donde queden fijados presupuestos mínimos de derechos y obligaciones y quede establecido que el ámbito para la resolución de los conflictos es el Ministerio de Trabajo. 

Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos

Martín Sabbatella

Oscar Parrilli