OBAMA TERRORISTA!!! NO CLARIN?

ACUERDO DE TEHERÁN CON OCCIDENTE, RUSIA Y CHINA

Un pacto nuclear con avances y desafíos futuros

En un mes la república de Irán deberá mostrar que moderó el enriquecimiento de uranio a cambio del fin de las sanciones a su economía.

Obama - El presidente de los Estados Unidos busca limitar el poderío iraní.

El 24 de marzo se cumple el plazo acordado entre Irán y los 5+1, compuesto por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, naciones con derecho a veto en la ONU, además de Alemania, para alcanzar la primera fase de amplio tratado que continuará en junio. El acuerdo debe contemplar el levantamiento de sanciones y la vía libre para que el país persa desarrolle un programa de energía nuclear pacífico. Occidente se quiere asegurar que Irán no aproveche su eventual capacidad de enriquecer uranio para construir una bomba atómica. Teherán siempre ha negado tener este objetivo y exige un levantamiento de las multas que ahogan su economía.
Días pasados, tras semanas de críticas de las voces más conservadoras por el rumbo de las conversaciones, y de posicionamientos que apelan a la defensa del interés nacional, como la reciente moción del Parlamento, el gobierno iraní recibió el apoyo de la máxima autoridad del país, el ayatolá Ali Jamenei. "Yo estaría conforme con el acuerdo previsto por el equipo negociador", dijo Jamenei. 
El sábado pasado se difundió que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantiene una relación epistolar con Jamenei para avanzar en esas negociaciones. 
Las misivas no fueron confirmadas por las fuentes diplomáticas estadounidenses pero sí por funcionarios de la cancillería iraní, según el diario estadounidense Wall Street Journal.
Las fuentes iraníes confirmaron que en octubre Obama le envío la última carta en la que abordó como temas excluyentes "la posibilidad de cooperación entre Estados Unidos e Irán en la lucha contra el Estado Islámico si se podría llegar a un acuerdo nuclear entre ambos países".
El plan de negociaciones, alcanzado en Viena a fines del año pasado, indica que tras acordar los puntos principales, las partes tendrán otros tres meses para afinar detalles tácticos y de ejecución, que harán posible las restricciones al programa nuclear civil iraní, señalado por Estados Unidos, Europa e Israel como una pantalla para desarrollar armas nucleares. 
Por eso, Obama volvió a advertir a la oposición republicana hace unas semanas, durante su último discurso del Estado de la Unión, que vetará cualquier intento de aprobar en el Congreso nuevas sanciones económicas contra la república islámica mientras continúen las negociaciones nucleares en Viena. 
Pese a su deseo, días después de esa declaración, la comisión bancaria del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley a tratarse en marzo en el recinto, para endurecer las medidas económicas contra la república islámica en caso de no llegar a un acuerdo nuclear antes de junio.
Durante la pasada Conferencia de Seguridad realizada en Munich, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, aseguró que su país recibió en la última década más inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) "que cualquier otro país del mundo" y defendió la necesidad de que las partes "definan objetivos comunes". «

18 de Febrero de 2015 Le están buscando el pelo al huevo

Por Alberto Dearriba

Alberto Dearriba

Las declaraciones públicas de la testigo Natalia Fernández, quién describió un jolgorio en departamento de Alberto Nisman durante las pericias ordenadas por la fiscal Viviana Fein, tienden obviamente a desprestigiar una investigación que hasta el momento sólo ha dado pruebas de un suicidio, salvo el barrido electrónico que no halló restos de la deflagración de un disparo en las manos del muerto.  
La joven camarera de un restaurante de la zona fue llevada por prefectos al departamento del fiscal a las 2 y permaneció allí hasta las 8, junto a unas 50 personas que tomaron mate, comieron medias lunas, le ofrecieron café y tocaron todo sin cuidado alguno.  
La fiscal debió salir a desmentir por "descabelladas" estas declaraciones pocos días después que los peritos de parte convocados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, hallaran pelos que no se sabe hasta ahora a quién pertenecen, cerca del baño en el que apareció muerto el fiscal. 
El hallazgo de los pelos un mes después de la muerte del fiscal fue celebrado como un gol por quienes se afanan por probar que no se trató de un suicidio, sin tener siquiera en cuenta que decenas de personas pasaron por el departamento de Nisman después de su muerte sin usar cofia. 
La marcha variopinta de hoy –en la que participan antisemitas, fiscales que embarraron la cancha de la causa AMIA, reivindicadores del genocidio argentino, un jefe de gobierno acusado de espiar a los familiares de las víctimas de mutual judía y otros ilustres gorilas– sumada a la alegría por el hallazgo de los pelos y las declaraciones de la joven testigo revela que la mayoría de los opositores al gobierno no intentan hallar la verdad,  sino convencer a la población de que se trata de un crimen político. 
La muerte de Nisman encierra hasta ahora un misterio que da para que los argentinos den rienda suelta a su imaginación y a todo tipo de teoría conspirativa. La propia presidenta de la Nación pasó de admitir la posibilidad de un suicidio a inclinarse por un crimen. Pero hasta el momento, las pruebas recogidas por la fiscal Fein indican que no hubo otra persona en el lugar del hecho, por lo que guste o no, se trataría de un suicidio. 
En verdad, no existe la certeza absoluta de que el fiscal se quitó la vida, pero tampoco hay pruebas de que lo mataron. Sin embargo, la oposición no hace más que buscarle el pelo al huevo de las pruebas recogidas por Fein, con el objetivo claro de desprestigiar la hipótesis del suicidio. Inducen a la población hacia el consenso de un crimen para arrojar sospechas sobre el gobierno. Pero lamentablemente para los opositores, Fein no ha hallado evidencias de la existencia de un tercero en el momento de la muerte de Nisman. Nuevas pericias pueden cambiar el curso de la investigación, pero por el momento, eso está por verse. 
La adscripción política de los referentes de la marcha indica claramente que no se trata de un homenaje a Nisman ni de la búsqueda de la verdad, sino del aprovechamiento partidario y electoral de una muerte de por sí dudosa. 
No está mal que un sector de la sociedad se exprese, lo que parece tramposo es el modo en que se presenta la marcha. No pueden pedir justicia porque allí hay muchos de los que deben hacerla. 
No pueden compartir consignas porque poseen contradicciones. Pero están de acuerdo en moverle el piso a Cristina Fernández. Y sipara ello es necesario acusarla de asesina, no tienen pruritos. 
En la vereda de enfrente, quienes durante años marcharon en reclamo de la verdad y la justicia, no pueden oponerse ahora a esta manifestación  de quienes difícilmente hayan participado de un reclamo por la muerte de Kosteki y Santillán, de Pablo Ferreira o la desaparición de Julio López. 
La democracia conquistada mientras muchos miraban para otro lado, otorga la posibilidad de expresarse a todos y es bueno que muchos se saquen la careta. Lo que no es digerible es que estén buscando la verdad. 
En realidad, le están buscando el pelo al huevo para demostrar lo que les gustaría que fuera: un asesinato político.

El oficialismo convocó al Congreso al fiscal que imputó a Cristina por la denuncia de Nisman

El bloque de Diputados del Frente Para la Victoria (FPV) convocó al fiscal Gerardo Pollicita el lunes a las 16 a un plenario de Comisiones para pedirle información sobre su decisión de avanzar en la denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Cursaron un pedido para el próximo lunes 23 a partir de las 16 horas, para que el fiscal, asista a informar sobre los motivos del avance de la causa que acusa al Gobierno

La jefa del bloque oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio, anunció en conferencia de prensa que las Comisiones de Relaciones Exteriores; Justicia y Asuntos Constitucionales cursaron un pedido para el próximo lunes 23 a partir de las 16 horas, para que el fiscal, asista a informar sobre los motivos del avance de la causa que acusa al Gobierno de buscar pactar impunidad de los acusados iraníes por la causa AMIA a cambio de un acuerdo comercial. Los diputados entienden que la causa judicial pone bajo cuestionamiento el Memorándum de entendimiento con Irán, que fue aprobado por el Poder Legislativo.

"Hay un sector de la Justicia que quiere un golpe blando contra la Presidenta", afirmó la jefa del bloque oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio. 

"Lo vivimos como un acto legítimo en alguna parte de la población, algunos, pocos fiscales; aunque de otros que se dirijan a la plaza de mayo para pedir justicia me parece una vergüenza"

Además se refirió a la convocatoria de los fiscales opositores al gobierno que marcharán para pedir justicia tras el suicidio del fiscal Alberto Nisman. "Lo vivimos como un acto legítimo en alguna parte de la población, algunos, pocos fiscales; aunque de otros que se dirijan a la plaza de mayo para pedir justicia me parece una vergüenza. Pero todos pueden expresarse y decir lo que quieran", sostuvo.

"Esperemos que sea tranquila y pacífica. Dudo desde la convocatoria, no de la gente que participe. Estoy de acuerdo con que es un golpe blando. Hay un sector de la justica que intenta darle un golpe a la presidenta", concluyó al término de la conferencia en diálogo con la prensa.

ECONOMÍA • Fondos buitre • Miércoles 18 de Febrero de 2015 | 08:03 El Citibank y los bonistas le piden a Griesa que permita a Argentina pagar

ECONOMÍA • Fondos buitre • Miércoles 18 de Febrero de 2015 | 08:03

El Citibank y los bonistas le piden a Griesa que permita a Argentina pagar

Abogados del banco y de los acreedores del canje confirmaron en sus escritos elevados ayer que el bloqueo del juez al pago de intereses de bonos bajo ley argentina impacta en otros tenedores no involucrados en el litigio, reveló el diarioTiempo Argentino.

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El juez de Nueva York Thomas Griesa deberá analizar cuatro escritos presentados por el Citibank, representantes de bonistas, la República Argentina y el fondo buitre Aurelius Capital. Los fondos especuladores intentan bloquear el pago de intereses de los títulos bajo Ley Argentina con vencimiento el próximo 31 de marzo próximo, pero las partes interesadas presentaron argumentos para que Griesa autorice el cobro en la audiencia que se concretará el 3 del mes que viene. El Citibank y los bonistas consideraron que estos bonos no constituyen deuda externa, y que no pueden ser bloqueados por el magistrado.

Este es el argumento de Federico Elewaut, jefe del Tesoro y Trade Solutions del Citigroup. En el escrito que presentó ante Griesa ayer, explicó sobre el procedimiento del procesamiento de los pagos y la imposibilidad de distinguir los bonos del canje de aquellos que no lo son.

Según Elewaut, "la mayoría de los clientes (unos 650 individuos y seis compañías) tienen los títulos en sus cuentas. Pero otros (unos siete inversores institucionales) las tienen para cumplir obligaciones con su propia clientela". Por ello, Elewaut argumentó que la empresa "está obligada a transferir los fondos recibidos para beneficio de los tenedores, como ellos lo demandan. Nunca creí que los fondos a pagar pudieran ser retenidos en la cuenta, y considero que mantener este dinero sería una violación de la obligación del Citibank para con sus clientes bajo los contratos en la Ley Argentina". Elewaut aclara que el banco debe obedecer las leyes bancarias del país, lo que implica el cumplimiento de los acuerdos.

Además de que los bonos se pagan en la Argentina y no en Nueva York, Elewaut recuerda que el número de títulos en manos de sus clientes fluctúa con el tiempo y que los bonos argentinos son fungibles (indistinguibles) porque tienen el mismo número de identificación. Por lo tanto "es operativamente imposible determinar, por cualquier información disponible para la empresa, cuándo o por cuál motivo los títulos fueron emitidos. Me han avisado que esta Corte ordenó a las partes encontrar una forma de encontrar información, pero en mi opinión no hay formas posibles de hacerlo", advirtió Elewaut.

En el mismo sentido se expidió el abogado Juan Duggan, del estudio Hope, Duggan & Silva, quien se presentó a sí mismo como "un asesor legal para inversores institucionales en conexión con los canjes de la deuda soberana argentina". Duggan agregó que los bonos del canje tienen el mismo código de identificación que los bonos emitidos localmente entre 2007 y 2011, los títulos emitidos el 25 de julio de 2011 en forma de un canje por créditos impositivos, y los que se entregaron a Repsol el 29 de febrero de 2014 en concepto de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, ratificado por el Congreso de la Nación.

Duggan, coincide con los argumentos expuestos por Elewaut, y opina que "los bonos no pueden ser hechos valer fuera del país, por lo que concluyo que constituyen 'deuda interna'. Además, ninguno califica como 'deuda externa', desde la perspectiva de la Ley Argentina".

Los buitres también actuaron. Charles Enroe, abogado de Aurelius Capital, envió una moción al juez Griesa adjuntando 114 documentos que, según ellos, "están relacionados con el Citibank". Estas "evidencias", incluyen documentos de la Bolsa de Luxemburgo y del Euroclear sobre las series de bonos en cuestión y 14 reportes públicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los abogados no especificaron cuáles eran los propósitos de estos documentos.

Por último, la República Argentina también presentó un escrito para poder pagar, firmado por Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y en el que pide que "la Corte habilite la moción del Citibank". Para los abogados del país, "la deuda es 'ofrecida' donde está localizada", y por lo tanto, no constituye deuda externa. Por lo tanto, "extender la sentencia necesariamente penalizará el pago de bonos que no están ni estuvieron nunca bajo la cláusula pari passu. Este resultado niega el principio de equidad".

Boccuzzi también se refirió al litigio general: "La realidad es que la República no puede pagar el total de la sentencia inmediatamente, porque podría ascender a decenas de miles de millones de dólares. Las reservas internacionales de la República son menos de U$S 32 mil millones. Ningún país pondría su economía en riesgo con una reducción en sus reservas de esta magnitud, especialmente porque deben ser usadas para propósitos macroeconómicos", explicó el abogado.

Además, atacó a los fondos buitre y los acusó de poseer Credit Default Swaps (CDS o seguros de default, instrumentos financieros que generan ingresos cuando hay una falla en el pago de los títulos). Por ello, Boccuzzi concluyó que "los demandantes no tienen 'necesidad' de una sentencia para exigir 'igual trato' respecto de los bonos argentinos, sino que simplemente están buscando usar la Corte de forma tal que les de permita ganar más dinero a expensas de terceras partes, incluyendo los tenedores de títulos bajo Ley Argentina y el Citibank". 

Buitres piden el "me too"

Los fondos buitre EM, de Kenneth Dart, y NML, de Paul Singer, pidieron al juez Thomas Griesa que acelere la decisión sobre una demanda de "me too" por un total de U$S 4800 millones. Los litigantes demandaron al magistrado que se expida antes de abril. Griesa todavía no ha decidido sobre este dinero, pero les ha ordenado a los holdouts reunirse con el mediador Daniel Pollack para negociar.

Singer forma parte de la demanda inicial junto con Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, por un total de U$S 1660 millones. Sin embargo, una vez que Griesa emitió su sentencia, se acumularon muchas demandas de "me too" (bonistas que reclaman el mismo tratamiento que los buitres). En total, estas demandas suman U$S 8200 millones con intereses y U$S 1400 millones más sin intereses calculados. Hay otros U$S 2100 millones sin intereses, aproximadamente, de holdouts que todavía no han presentado sus mociones. Griesa respondió a Singer y Dart que evaluaría sus peticiones, y solicitó la presentación de argumentos en marzo para aceptar las demandas. 

UN JUEZ DE TEXAS IMPUGNO LA REFORMA DE OBAMA EN EE.UU. Freno al blanqueo migratorio

Un juez federal estadounidense frenó ayer las medidas migratorias adoptadas por el presidente Barack Obama, que contemplan la legalización de cerca de 5 millones de indocumentados. El fallo del juez texano Andrew Scott Hanen, criticado por la Casa Blanca, se conoció el lunes, dos días antes de la apertura del plazo para extender el programa destinado a impedir la deportación de millones de jóvenes indocumentados, conocido como Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, sus siglas en inglés).

Washington rechazó el dictamen de Hanen y anunció que apelará la medida, señalando que el gobierno federal puede establecer las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias. “La decisión de la Corte federal impide erróneamente que entren en vigor estas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia indicó que apelará”, aseguró ayer el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest.

La decisión del juez se anunció en vísperas del comienzo del plazo de inscripción por el que un gran número de indocumentados podía refugiarse bajo el DACA, que posterga tres años su deportación y le permite obtener un permiso de trabajo temporal. Además de la ampliación del DACA, las acciones ejecutivas incluyen también un nuevo programa para conceder permisos de trabajo de ciudadanos estadounidenses o hijos con status permanente.

En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 estados (24 republicanos y 2 demócratas) contra las acciones ejecutivas, explicó que de no frenarlas se produciría un daño irreparable en la economía nacional, dado que la aplicación de dichas medidas implicaría grandes costos para los presupuestos locales. La base de la demanda es la convicción de los estados que la presentaron de que con las medidas migratorias, el mandatario “sobrepasó” los poderes que tiene como presidente y falló así en su obligación de garantizar que las leyes sean cumplidas. El gobernador de Texas –que fue quien presentó la demanda el año pasado, cuando todavía era el fiscal general de ese estado– Greg Abbott, celebró la decisión de Hanen. “El presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de Estados Unidos en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisión de Hanen le pone freno”, señaló Abbott.

La decisión tomada por Hanen recibió críticas por parte de los demócratas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, destacó estar de acuerdo con la iniciativa propuesta por Obama. “Es lícita y consistente con los valores de este país de compasión, inclusión y libertad”, expresó. De Blasio se mostró confiado en que la Corte de Apelaciones, a la que recurrirá el Ejecutivo, apoyará las medidas migratorias. “La ciudad de Nueva York continuará preparándose para la implementación de las medidas ejecutivas del presidente y pidiéndoles a los inmigrantes que se preparen para registrarse cuando estos programas comiencen”, señaló el alcalde. También se ha pronunciado la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, quien lamentó que los estados republicanos amenacen con dejar sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de implementar las medidas migratorias. “Los hechos son claros: el plan de alivio del presidente Barack Obama es constitucional y necesario. Beneficiará al país y sigue el liderazgo de otros presidentes que han tomado acciones ejecutivas en materia de inmigración”, indicó la funcionaria.

Pese al revés judicial, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria expresaron que continuarán trabajando para que las acciones tomadas por Obama entren en vigor. En este sentido, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, confía en que el tribunal superior levantará la suspensión. “No estamos de acuerdo con la decisión de la Corte y creemos que un tribunal superior va a reafirmar la legitimidad de las medidas tomadas, al igual que incontables expertos legales que afirman que el presidente tiene autoridad para actuar”, declaró la mandataria de una de las organizaciones hispanas más influyentes de Estados Unidos.

Página 12

EL FISCAL PIDIO QUE ABSUELVAN A STRAUSS-KAHN El caso DSK se derrumba

Por John Lichfield *

Desde París

El caso de proxenetismo contra Dominique Strauss-Kahn (foto), el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, casi se derrumbó anoche después de que el fiscal del estado en Lille pidió su “absolución pura y simple”. Aunque la decisión final sobre su inocencia o culpabilidad recae ahora en un panel de cuatro jueces, es probable que sea absuelto del único cargo sólo para llegar a juicio después de cuatro años de acusaciones no probadas de mala conducta sexual en Francia y Estados Unidos.

El resultado probable de la saga deja muchas preguntas incómodas para el sistema francés de Justicia. Incluso el fiscal del Estado, Frédéric Fèvre, casi sugirió que el ex político socialista había sido víctima de una caza de brujas moral. Fèvre dijo que estaba “preocupado” porque, de los 14 acusados en el juicio de Lille, sólo uno –DSK– tenía su vida sexual revelada “persistentemente” con “tal obsesión por los detalles”.

El fiscal de Lille había insistido 18 meses antes de que comenzara el juicio en que la acusación de “proxenetismo agravado” contra DSK debía suprimirse, pero dos jueces de instrucción que dirigieron la investigación insistieron que debía comparecer ante el tribunal.

Los activistas por los derechos de las prostitutas protestaron contra la indulgencia de las recomendaciones de ayer de la fiscalía para los 14 acusados, entre ellos Strauss-Kahn. Una pena de prisión fue exigida únicamente contra uno de los acusados, un propietario belga de un club nocturno, Dominique Alderweireld, conocido como “Dodo la caballa”. Emmanuel Daoud, abogado que representa a un grupo de defensa de las prostitutas llamado El Nido, se quejó de que era “incomprensible” que el sistema judicial francés “tuviera dos lecturas completamente diferentes” del mismo caso.

El juicio de Lille, que terminará el viernes, tiene varios casos relacionados dentro de un juicio. Cinco personas, incluido Strauss-Kahn, son acusados de “proxenetismo agravado” por organizar fiestas sexuales con prostitutas en Francia, Bélgica y Estados Unidos entre 2008 y 2011.

Bajo las leyes francesas cualquiera que ayude a organizar actos de prostitución puede ser considerado culpable de proxenetismo, incluso si no obtiene ningún beneficio financiero. Los jueces de instrucción que investigaron el caso creen que Strauss-Kahn era el “instigador” y uno de los organizadores de las orgías-sin-fronteras.

Al ser cuestionado en el juicio la semana pasada, DSK admitió ir a las fiestas sexuales y dijo que obtenía placer en el “libertinaje” o “libertad sexual para todos”. Admitió que su conducta sexual hacia las mujeres era a veces “más brutal que el promedio”. Por otra parte, negó haber organizado las fiestas e insistió en que no tenía idea de que algunas de las mujeres jóvenes presentes eran prostitutas. “Uno podría pensar que yo era juzgado por prácticas de desviación sexual”, se quejó DSK en el banquillo la semana pasada. “Pero ya no existe tal ley en Francia.”

El discurso de clausura ayer de Fèvre sonaba más como un enjuiciamiento a los jueces de instrucción y no a DSK. “¿Organizó DSK estas fiestas?”, preguntó. “La respuesta es no. ¿Pagó por estas fiestas? La respuesta es no. ¿Buscó estas prostitutas? La respuesta es no. Ni la investigación ni el juicio justifican los cargos contra Strauss-Kahn. Pido que él sea absuelto, pura y simplemente.”

Durante un receso en la audiencia de ayer, Strauss-Kahn conversó con los periodistas sobre el caso por primera vez. Hablando antes que la fiscalía anunciara sus recomendaciones, dijo: “No hay nada en mi contra en este caso. He sabido eso desde hace tres años y medio”.

Se le preguntó si dos ex prostitutas que hablaron a la Corte la semana pasada acerca de las “brutales” experiencias con él estaban mintiendo. El respondió: “No, no digo que estaban mintiendo, pero quizás revisaron sus recuerdos”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

SANTA FE › EL JUICIO POR EL CRIMEN DE SILVIA SUPPO SUMA DUDAS SOBRE LA INVESTIGACION Con más puntos oscuros que claridad

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

Los puntos oscuros en la investigación del asesinato de Silvia Suppo volvieron a quedar a la vista en el juicio a los dos acusados por el crimen, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres. Un amigo de la familia de la víctima, el psicólogo Víctor Isaía, relató ante el Tribunal Oral de Santa Fe que horas después del homicidio la Policía de Rafaela realizó una "razzia" - como la llamó- en búsqueda de sospechosos en el barrio Barranquitas, donde cayeron "entre siete y diez jóvenes de 18 a 20 años", entre ellos Emiliano "Bebo" Rodríguez, que luego quedó libre, pero que a su criterio "estuvo más tiempo preso" del que consta en el expediente. "Lo que recuerdo es que estuvo detenido más tiempo", dijo Isaías. Y reveló otra situación llamativa: un procedimiento policial en el que la hermana de Sosa, Mariana, entregó a la brigada que investigaba el caso Suppo un monedero negro y dos monedas extranjeras que Cóceres había dejado en su casa y la testigo que firmó el acta de secuestro es la "madre de Rodríguez". Isaías descubrió el hecho al comparar el domicilio de la testigo que avaló la entrega del monedero porque "es el mismo" que figura en el acta de allanamiento y detención de Rodríguez, en calle Entre Ríos al 600. "Hay cosas que no nos cierran", planteó Isaía. Rodríguez es uno de los dos imputados en la causa que investiga la hipótesis del crimen político que se desglosó del "asesinato en ocasión de robo" y a quien la Cámara Federal de Rosario le dictó la "falta de mérito".

Isaía es amigo de los Suppo desde hace 15 años. Cuando mataron a Silvia, el 29 de marzo de 2010, trabajaba en un espacio de la Municipalidad de Rafaela, en el barrio Barranquitas. El crimen provocó "una conmoción en Rafaela", relató ante los jueces. "Entré en un shock. No me esperaba algo así. Y empezamos a atar cabos sueltos, porque era raro que mataran a Silvia de nueve puñaladas, un hecho de tanta violencia", "un asesinato tan sangriento", dijo.

Pocos días después, el 2 de abril, se realizó una marcha en demanda de justicia en la que "participaron miles de personas". "La consigna era: ¿robo o asesinato político?", recordó. Sin embargo, la "investigación estuvo cerrada desde el primer momento" en la hipótesis del "homicidio en ocasión de robo". "La cerraron antes de que se investigara la otra pista", comentó.

Ante ese hecho, Isaía acompañó a los hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, en la lectura y el análisis de la causa judicial. Y así descubrieron "inconsistencias en la investigación, que nos hace pensar en otros móviles. Hay cosas que no nos cierran", afirmó. "Buscamos la verdad y justicia, que este caso se esclarezca".

En esa línea, Isaía dijo que en las horas siguiente del crimen, la Policía realizó una "razzia" en el barrio Barranquitas, donde uno de los detenidos fue "Bebo" Rodríguez. "Lo que recuerdo es que estuvo más tiempo preso. Lo que figura en el expediente, no coincide con la fecha en que lo liberaron".

Y fue allí cuando mencionó otro hecho. Un procedimiento policial en el que Mariana Sosa - hermana de Rodrigo- entregó a la policía un "monedero tipo sobre" color negro, vacío, y dos monedas extranjeras: una de dos euros y otra de 50 centavos ecuatorianos que Cóceres había dejado en su casa y "no pertenecen a ninguna persona de su familia". El acta de secuestro tiene la firma de una testigo, María Elsa Zapata, que es "la madre de Rodríguez", dijo Isaía, que descubrió la coincidencia porque el domicilio de Zapata "es el mismo" que se allanó y detuvo a Rodríguez. Las dos actuaciones se realizaron el mismo 29 de marzo, aunque el allanamiento fue después de las 20.

El abogado querellante Guillemo Munné le preguntó por qué consideraba que la detención de Rodríguez no coincidía con lo que consta en la causa. "Cuando fui a trabajar al barrio Barranquitas, me cuentan que habían levantado a un motón de pibes que liberaron al día siguiente. Pero a 'Bebo' lo tienen detenido más tiempos. Las actas dicen que lo liberaron el mismo día, pero no se condice con lo que yo vi y conozco porque trabajaba en el barrio", respondió Isaía.

La presidenta del Tribunal María Ivón Vella le preguntó cómo conoció a 'Bebo' Rodríguez.

- Yo trabajaba en un salón de la Municipalidad, en Barranquitas. La casa del Bebo está a 30 metros. Conocí a muchas familias como los Rodríguez - contestó Isaía. Y volvió a plantear que la fecha en que liberaron a Rodríguez no coincide con su recuerdo. "El acta dice que lo liberaron el 30 de marzo y para mi fue después. Estuvo detenido más tiempo. Hay una persona que lo ve en el lugar (a la vuelta del negocio de Suppo), una testigo que lo identifica".

El defensor oficial Martín Gesino le preguntó por lo detenidos en la "razzia" en Barranquitas. "¿Recuerda los nombres y la cantidad?

- Entre siete y diez pibes: el 'Bebo', 'Toti', 'Caio' y unos cuantos más. Entre siete y diez pibes de 18 a 20 años - dijo Isaía

- ¿Vio reflejada esas detenciones en el expediente?

- No recuerdo.

- ¿Sabe por qué la Policía hizo la razzia?

- Es una zona de tres manzanas donde yo trabajaba y se llevaron los pibes.

- ¿En ese barrio vivían los imputados Sosa y Cóceres?

--No. Es la otra punta de la ciudad. Barranquitas está en el norte y el barrio 2 de Abril (donde vivían Sosa y Cóceres) en el extremo sur - concluyó Isaía.