MEMORIA ACTIVA RATIFICO QUE NO MARCHARA EL 18F "Lejos tiene que ver con que quieran verdad y justicia"

"Nos parece que todos estos tejes y manejes y todo esto que hay alrededor de la causa AMIA y de la muerte del fiscal Nisman lejos tiene que ver con que quieran verdad y justicia", aseguró Malamud.

Reiteró que Memoria Activa no participará de la marcha convocada por un grupo de fiscales a un mes de la muerte de Nisman. "Los fiscales que la están convocando han sido denunciados por nosotros en reiteradas oportunidades por entorpecer el curso de la investigación y la causa por encubrimiento", manifestó en diálogo con Radio Continental.

Malamud también recordó la postura crítica de la organización respecto a la actuación de Nisman en la causa AMIA y remarcó que desde Memoria Activa denunciaron al fallecido fiscal "ante la procuraduría general de la Nación en tres oportunidades" porque "en los diez años que Nisman tuvo la causa en sus manos no se avanzó nada, ni un pasito".

Página12

Ucrania y la amenaza de guerra nuclear Por Ángel Guerra Cabrera

La inteligencia y prudencia de Vladimir Putin y de la diplomacia rusa, y la exitosa contraofensiva militar de las repúblicas populares de Donietsk y Lugansk, han sido las que finalmente empujaron a viajar a Moscú a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente francés, Françoise Hollande. Cinco horas con el presidente ruso condujeron a la reanudación del fenecido proceso de paz de Minsk, capital de Bielorrusia.

Por su parte, el multimillonario Poroshenko, cabeza visible de la junta fascistoide de Ucrania, quien ordenó romper la tregua en septiembre pasado y lanzar una brutal ofensiva "antiterrorista" contra el sureste del país, se ha visto obligado a asistir a Minsk, no porque quiera la paz, sino en un intento de preservar en las pláticas lo que ha perdido en el campo de batalla.

Merkel y Hollande, aunque incapaces de desprenderse de la tutela de Washington, comprenden que para Europa, hundida en la debacle económica neoliberal, la debilidad del euro y la amenaza al estatus quo representada por la victoria de Syriza en Grecia, sería desastroso verse arrastrada a la intensificación del conflicto en Ucrania, a cuya génesis no son ajenas Alemania y Francia, pero del que Estados Unidos ha sido el promotor principal.

Ucrania es, en muchos sentidos, la última trinchera en la defensa de la integridad territorial y la soberanía de Rusia, que ha visto abalanzarse sobre sus fronteras un creciente despliegue militar de la OTAN. Algo cuya continuación no está dispuesto a permitir Moscú. De modo que no aceptará nunca que Kiev pase a formar parte de esa organización ni tampoco una sustancial ayuda militar estadunidense a la junta de Porochenko, como pretende Obama. A Kiev no le ha servido de mucho la asistencia militar europea y estadunidense pues sus tropas carecen de moral combativa y motivaciones patrióticas, a diferencia de las autodefensas.

Para Putin hace rato quedó claro que Estados Unidos no está dispuesto a resignarse a su pérdida de hegemonía y, por consiguiente, a convivir en un mundo pluripolar. Lo testimonia que no haya reparado en sus descalabros militares ni en haber ocasionado la muerte de cientos de miles de civiles y el arrasamiento literal de Afganistán, Irak, Libia, Siria, las zonas tribales de Pakistán y ahora del sureste de Ucrania, donde ya hay cinco mil muertos y un millón y medio de civiles desplazados. Putin sabe también que Washington no quedará satisfecho con convertir a Ucrania en una colonia, a la que ya está saqueando sus ubérrimos recursos naturales, sino que su objetivo principal es debilitar y destruir a Rusia como Estado nación y convertirla en otro vasallo de sus desenfrenados planes de acumulación capitalista; como también a China.

Merkel y Hollande ven cómo la política injerencista y guerrerista de Estados Unidos lleva inexorablemente al escalamiento del conflicto por la vía militar, que es la razón por la que el títere Poroshenko se muestra tan belicista. No es necesario ser un estratega militar para darse cuenta que ello conduciría a la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Una guerra que no puede ser más que nuclear y de la cual entre las principales víctimas estarán las naciones de Europa.

No es casual que la mendaz mafia mediática mundial, sierva incondicional de Washington, no le haya prestado apenas atención al dictamen reciente publicado en el Boletín de Científicos Atómicos. Según los científicos estamos a tres minutos de la "medianoche", es decir, del holocausto, la segunda medida más baja desde que comenzaron estas mediciones en 1947. Únicamente superada por los dos minutos de 1952, cuando en plena guerra fría Estados Unidos realizó la primera prueba con la bomba termonuclear, o de hidrógeno. El razonamiento de los hombres (y mujeres) de ciencia se basa casi exclusivamente en la disponibilidad de armas nucleares y la voluntad de las potencias para utilizarlas en este momento. Los científicos también toman en consideración la creciente amenaza del calentamiento atmosférico. Estas condiciones, afirman, "plantean extraordinarias e innegables amenazas a la continuidad de la existencia de la humanidad".

Al cierre de este artículo habían concluido las pláticas entre los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania con el acuerdo de crear una zona desmilitarizada y el inicio de un diálogo de paz entre los rebeldes del sureste y la junta de Kiev. Faltaba lo fundamental: definir si las demandas de las autodefensas serán tomadas en cuenta. Si no es así, continuará la guerra.

Twitter:@aguerraguerra

La Jornada de México

Ganó Rusia

El acuerdo firmado en la madrugada de ayer en Minsk por todos los involucrados directa o indirectamente en el conflicto ucraniano vuelve a mostrar, esta vez más contundentemente que otras, hasta dónde ha llegado el desgranamiento de la unipolaridad norteamericana, en un novísimo escenario que abre una gran cantidad de interrogantes y, por qué no también, esperanzas.

Por Mariano Ciafardini

No sólo no se discute ya, de ningún modo, la incorporación de Crimea directamente al territorio nacional ruso, hecho que la gran prensa a tratado de digerir lo más rápido posible atenta a la dimensión que adquiere la imagen del poderío ruso con la sola mención de este hecho inconcebible en la política internacional de hace apenas unos años atrás, sino que ha quedado establecida una nueva frontera en el punto exacto donde Vladimir Putin la quería y, por supuesto, donde también la querían los separatistas de Donetsk y Lugansk, las dos "óblasts" ucranianas que están por la autonomía y son claramente partidarias geopolíticas de Rusia.

Para los fascistas y ultranacionalistas de Kiev, que asedian al presidente ucraniano Petro Poroshenko con sus reclamos de una actitud bélicamente más agresiva, ha de ser un trago difícil, y para Poroshenko mismo una situación de tensión que tendrá que saber manejar (y reprimir llegado el caso). Pero ello es el precio que debe pagar por haber cedido a esas presiones y no haber concurrido a la última cita anterior en Minsk, que la gran prensa también oculta, ya que no fue la reiteradamente mencionada del primer acuerdo de septiembre de 2014, sino la que estaba prevista para el 18 de enero, día anterior al comienzo del alto el fuego acordado en noviembre. En lugar de ello, cediendo a las presiones fascistas y especulando con involucrar a EEUU en forma directa en el conflicto, Poroshenko ordenó un ataque masivo en toda la región del Donbass. Así le fue, el ataque fue repelido y los rebeldes pudieron ocupar un territorio más extendido que el que tenían, que es el que queda ahora establecido como punto de partida para la línea de seguridad controlada por el consejo europeo en el acuerdo que se acaba de firmar.

Pero lo más impactante como noticia geopolítica es el desplazamiento hacia los márgenes del conflicto que sufrió EE UU. En el viaje de apuro que tuvieron que hacer Angela Merkel y François Hollande para ir a tocar, humillantemente, la puerta del Kremlin, desesperados por la profundización de la crisis europea, que el conflicto y el "bloqueo" a Rusia no hace más que agravar, y con la mecha encendida por el resultado de las elecciones en Grecia, los dos grandes especuladores de la política europea "olvidaron" llevar o, al menos, avisar a Washington. A Barack Obama y John Kerry lo único que les quedó para intentar "salvar algo de ropa" fue emitir un tardío y desubicado ultimátum bellus aparentando una presión supuestamente destinada a intimidar a Rusia, cuando, en realidad, ya estaba todo acordado sin ellos. Después de todo, ¿qué tiene que hacer EE UU en Ucrania, no?

iNFO|news

Caso Nisman: ¿una aberración argentina? Por Atilio Boron

Se ha convertido un lugar común decir, a propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como estas sólo ocurren en la Argentina”. Una nota aparecida en la página de opinión del New York Times del Martes 10 de Febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquico-imperialista empeñado en acelerar, también en la Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la legislación electoral. Y decimos supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes en las principales democracias del mundo. Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y culpables de menos que improbable verosimilitud.

En lugar de sermonear a los argentinos por el caso Nisman el New York Times podría hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F. Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que murieron bajo asombrosas circunstancias, para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario para matar a JFK y herir al Gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y narcotraficante de Dallas, hizo lo mismo al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron tanto al descrédito del sistema judicial de EEUU como ese informe refrendado por la Corte Suprema de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak haría bien en tratar de develar las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama Bin Laden, cuya supuesta muerte en Mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades del Océano Índico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad de la justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros misterios -cada vez menos herméticos y más cuestionados- que rodean los sospechosos atentados del 11-S. La lista sería tan extensa que necesitaríamos una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos el caso de dos exdirectores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976 falleció en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por sus colegas en la Agencia porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus operaciones secretas. Otro ex Director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre 1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico, carecía de los escrúpulos que le llevaron a su predecesor a sufrir un fatal accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación Irán-Contra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los setentas presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el papel de la CIA en el golpe de estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se descubrió que la CIA estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima sin que esta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un amigo y consejero del Presidente Clinton que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.

Como vemos, el NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher Kelly. Había sido inspector de la ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la postura de los secuaces parlamentarios del Primer Ministro Tony Blair, íntimo aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después y en medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones Kelly apareció muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Nisman la comisión parlamentaria dirigida por Lord Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del cadáver) y resguardarlos como material clasificado ¡por un plazo de 70 años! Este sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura jurídica para acusar al gobierno nacional de ocultar la responsabilidad de Irán en la tragedia de la AMA. Políticos y publicistas que demuestran su incoherencia (o mala fe) cuando se cuidan de aplicarla a quienes -como el propio Nisman al seguir las orientaciones de la CIA y el Mossad- encubrieron “la pista siria” y la “conexión local” involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la cual sorprende lo muy poco que se habla.

Podríamos seguir con este listado de muertes sospechosas en suelo europeo: mencionemos sólo otros dos. La del Papa Juan Pablo I que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, progresista primer ministro sueco asesinado en las escalinatas de una calle céntrica de una ciudad tan segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás hallado al magnicida cuando en ese país hasta el ratero más insignificante es aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.

De lo anterior se desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante “excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman -para ni hablar de la AMIA- o ante la parálisis de la pesquisa sobre la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio del depósito de archivos y documentos almacenados en Iron Mountain, en el barrio de Barracas, entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que tragedias como las del fiscal Nisman sólo pueden ocurrir en la Argentina.

- Dr. Atilio Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: http://twitter.com/atilioboron Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002

http://www.alainet.org/active/80813
 

Servicios pornográficos Por Mariana Moyano

Fue tan brutal, tan explícito, tan de exhibicionista, que -tal vez, precisamente por eso- muchos lo pasaron por alto. Cuando algo es extremadamente obsceno, las personas con pudor tenemos una especie de anticuerpo: nos ponemos refractarios y, aunque lo que tengamos enfrente sea un elefante, sencillamente, no lo vemos. Era lógica la actitud: con pornografía en la tapa de los diarios, a los seres más o menos prolijos les provoca algún grado de rechazo. Da vuelta la cabeza, no mira y, en consecuencia, no ve.

Al día siguiente del anuncio presidencial sobre los cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, el diario La Nación mostró la orgía en tapa. De entrada. No se anduvo con vueltas, ni con principios sonsos, o moralinas de otro siglo. Explícito. Una verdadera película triple X desde el primer párrafo: “En un intento por frenar las operaciones políticas que afectaban a su gobierno y las investigaciones judiciales que avanzan sobre altos funcionarios, la presidenta Cristina Kirchner resolvió ayer sorpresivamente descabezar la SI, ex SIDE”.

“¿Cómo?”, me acuerdo que pregunté en voz alta. No había nadie. Era otra más de esas tantas escenas a las que varios ya estamos acostumbrados. Hablarle a los diarios. Solos. Es decir, que las cosas que se escriben nos pongan en el delicado estado de terminar locos. ¿Dan por sentado que la SIDE puede interferir con operaciones políticas en la Justicia Federal? ¿Así como así, el diario de mayor peso histórico/político de la Argentina reconoce que desde la cueva de los espías se arman y desarman causas en los fueros federales, según las conveniencias de la coyuntura política y no necesariamente bajo el visto bueno de un gobierno en ejercicio?”

Atónita quedé. O me había vuelto de una candidez que me convertía en estúpida, o lo que estaba leyendo era de una impudicia pocas veces vista. Seguí con la lectura y comprobé que –por suerte- cierto aspecto inocentón aún lo conservo, pero en este caso no se trataba de mí: el inmenso actor político que es el diario La Nación –sobre todo cuando se trata de cuestiones imbricadas con esa parte del Estado que aún dominan los poderosos y los que trabajan para ellos, sencillamente, porque la clase dominante es la que más tiempo tuvo la administración pública bajo su bota- había decidido gritar lo que siempre se dijo en susurros. ¿Impunidad?, ¿certeza de saberse ganador de la jugada que vendría?, ¿o la muestra de que empezaba otro partido, el más feroz de todos los jugados hasta aquí? No lo sabía ese día. Aún no había ni denuncia contra la Presidenta, ni tachos de basura, ni tachonazos, ni reflotes del Memorándum con Irán, ni Alberto Nisman y mucho menos tiros en la cabeza y la guerra subterránea de los servicios de inteligencia subida a la superficie y a plena luz del sol.

“Un servicio que es, desde hace mucho tiempo, un Estado dentro del Estado”, escribió con total soltura Joaquín Morales Solá en un reconocimiento explícito digno de sorpresa. “La SIDE sumida en un cúmulo de internas que le abrieron al Gobierno un complicado frente judicial”; “un sector de los espías motorizó operaciones judiciales para que avanzaran las causas contra sus funcionarios en problemas”; “de lo que nadie tenía duda ayer en Comodoro Py es de que la jugada presidencial lejos de conjurar una interna, no hizo más que avivar una pugna que recrudece. Significa quebrar un statu quo de más de 11 años”; el nuevo código procesal, “que da enorme poder a los fiscales y que es resistido por los jueces federales, hoy, enemigos centrales del Gobierno”. Todo La Nación dixit. El diario del creador del modo del Estado y la historia oficial mitrista nos presentaba abiertamente y en sociedad al nuevo partido que se calzaba los guantes para darle pelea al gobierno constitucional: el partido Judicial. Así como con la resolución 125 habían inventado al “partido del campo”, ahora la fachada iba a ser el Poder Judicial, el Federal, para más especificaciones. Pero con las mismas corporaciones, poderes de facto y medios de comunicación por detrás, como hinchada, propaladora y espacio de definición de directriz. Pero, esta vez, además, con espías. Servicios que conocen las sombras, ahora en la calle y sueltos. Lo que en la Argentina de la democracia siempre implicó cadáveres: Osvaldo Sivak, La Tablada, Carlos Menem Jr, Axel Blumberg y Alberto Nisman, por citar apenas algunos y no quedarme detenida sólo en nombres propios.

No creo haber sido extremadamente original, pero estos días me fue inevitable volver a una de las tantas magníficas obras de Noman Mailer, ese gigante del periodismo y la literatura que supo como nadie contarnos una época a través del recorrido de un personaje. Me refiero, obviamente, a la magnífica “El fantasma de Harlot” que, como explica la contratapa, se trata de “la historia reveladora de la CIA”. “Harlot es el nom de guerre de una figura consular de la CIA, un hombre tan transformado por su oficio de engañar que hasta ha dejado de comprender sus propias motivaciones”. En ese monumental trabajo, Mailer escribe que “cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan. Shakespeare por cierto, creía en eso. No hay otra explicación para Macbeth o Lear”.

Es absoluta y completamente imposible desmentir semejante aseveración en este momento político de la Argentina. Alberto Nisman, que queda “colgado del pincel” –como se definió con un costumbrismo de acceso fácil la situación del ex fiscal-; la cercanía del juicio de los dos encubrimientos de la voladura de la AMIA; el cambio de alineamiento internacional de la Argentina y la –a la vista de todos- actitud de dos gigantes como Rusia y China que le otorgan relevancia a nuestro país; la muestra de que va en serio la idea gubernamental de meterle desinfectante a los Tribunales federales; la reapertura de la causa por la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz durante el copamiento de la Tablada (juicio que iba a manchar hasta la cabeza a Nisman porque fue él el secretario a quien se encomendó averiguar el paradero de estos jóvenes y quien decidió meter en el expediente sólo la versión de los servicios y del Ejército); la aparición de Maximiliano Rusconi como abogado de Diego Lagomarsino, el mismo letrado que defendió a Carlos Menem por la venta ilegal de armas; y un engranaje, un encadenamiento, una red, una matriz, una lógica a la que vamos accediendo cada vez que tiramos de una nueva hilacha como es la aparición de un nuevo nombre propio en el escenario político de estos días.

Porque, que quede claro. Ya no estamos hablando ni de Nisman, ni de su denuncia. Se hizo obvio con la novelita de Clarín de las tachaduras y el la información de cesto de basura y proveniencia policial. No sorprende, por supuesto, que la misma editorial que a través del periódico MUY no tuvo problema en mostrar el cadáver de Ángeles Rawson revuelto entre los desechos del Ceamse, avanzara raudo en la publicación de lo encontrado –supuestamente- en la basura del fiscal muerto. Lo llamativo aquí no es eso, sino ¿por qué para ellos, que era central la denuncia presentada por Nisman, hoy el eje ha cambiado y lo fundamental son los papeles hallados en el cesto de papeles y que el fiscal jamás presentó? ¿No será, acaso, que ya todos saben -y saben que sabemos- que aquella presentación carece de cualquier valor jurídico y lo único importante es seguir metiendo ruido y hojarasca? Sí, Mariana. Respondete que sí tranquila. Porque se ven los hilos. Pero, además de verlos, tirá de ellos porque si no, dejás arrinconada tu función de ciudadana y te quedás en el cómodo sitial de comentarista.

Bueno, a seguir desarmando la urdimbre, entonces.

Esta semana aparecieron en escena varios personajes más. Algunos, ligados estrictamente al/los expediente(s) Nisman. Otros, ligados estrechamente a la matriz en que funcionó desde siempre en este subsuelo de alimañas y que hoy -por primera vez en la historia política- vemos en la superficie gracias a que algunas (mujeres, ¿cuándo no?) se atrevieron a usar un martillo neumático y perforar concreto, asfalto, historia reciente y hormigón para que toda la porquería escondida bien abajo salte hacia afuera de una buena vez.

Sebastián Blanco Bermúdez se llama uno. Es el que se presentó como abogado de Antonio “Jaime” Stiuso, el personaje definido por La Nación (en otro acto no de sugerencia, sino de política triple X) “el dueño del expediente AMIA que administraba Nisman” y como el “hombre de más poder” en la inteligencia local. Se conocieron en la SIDE y fue, además, abogado de la familia de Pedro Tomás Viale, el “Lauchón”, la mano derecha de Stiuso, que fue muerto en su casa de La Reja, cuando la bonaerense ingresó por un operativo antidrogas. Viale, un íntimo amigo de Stiuso y que, según Lorena Martins, conformarían junto a su padre –un ex SIDE- un triángulo de temer.

Hasta ahí, nada demasiado extraño: dos agentes de la SIDE, mismo bando, misma amistad comparten abogado a quien conocieron en la cueva. Lo que no es tan sencillito de digerir es que Blanco Bermúdez era fiscal federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón –el de Larrambebere- cuando tuvo lugar el copamiento de La Tablada. Y a él y a Nisman les encargaron las investigaciones por las desapariciones de Ruiz y de Díaz.

La extensa trama de inteligencia, como la definió un estimado compañero, se va abriendo a una velocidad a la que no le hubiera dado crédito hace apenas días. La misma confusa jornada en que Stiuso debió presentarse en la fiscalía, pero debido a que el secreto no estaba levantado, que la casa en San Justo que figuraba como propia no era tal, que las oficinas que supuestamente le pertenecían parece que no le pertenecían tanto y otra cantidad de motivos iguales de confusos a la jornada, Lorena Martins –la hija de este otro ex espía devenido famoso y millonario proxeneta y, según la denuncia, miembro de una importante red de trata de mujeres- envió por twitter un mensaje que detuvo el tiempo y puso a este caluroso febrero en clima de heladera: “STIUSO, ex jefe de CONTRAINTELIGENCIA dice q NO conoce a mi viejo (ex SIDE Martins). Jaime, mirá lo que tengo en casa”, escribió y cerró su envío con el emoticón de una sonrisa segura y una foto de un viejo tarjetero con el grabado de “Dirección de Contrainteligencia” y el inconfundible logo de la sigla SIDE.

Lorena Martins nunca logró que la causa abierta contra su padre avanzara. Ella, según indica la ley, en tanto hija y no directa perjudicada, no puede culpar a su progenitor. La causa quedó en cero en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Pero con lo que está saliendo a la luz, es inevitable la sospecha.

Raúl Martins provenía de estudio y educación católica, algo que en algunos espacios aún hoy es sinónimo de respetabilidad. Estudiaba derecho y trabajaba en la SIDE en los oscuros 70, cuando la principal función era marcar militantes para que fueran secuestrados y llevados a los centros clandestinos de detención. Específicamente uno, indican algunos. Según se cuenta y ratifica Lorena, Martins conoció en la Secretaría a “La Negra” Norma Esther Oviedo, espía y proxeneta, con quien a fuerza de dinero y extorsión hizo crecer el negocio. Hay un juez (MF son las iniciales y aunque sabemos el nombre, no lo daremos a conocer) a quien Martins tiene agarrado de ahí abajo porque asegura que posee una cinta en la cual se lo ve al Magistrado en uno de sus locales con una de las mujeres de esa red. Uno de los tantos videos que Martins usa como escudo fue encontrado por el fiscal José María Campagnoli en marzo de 2001 al allanar una caja de seguridad del ex espía. Al día de hoy no conocemos el destino de esa cinta.

Lorena cuenta que se pasó un largo tiempo amenazada por el Lauchón, por orden de Stiuso y, por supuesto, de su padre, quien vive lujosamente en Cancún, donde se fotografía con Mauricio Macri y su elegante esposa, Juliana Awada. Esta mujer de 38 años no se enfrenta a peces flacos: un dato al pasar, el abogado de su padre es nada menos que el mismo del temible Triple A Aníbal Gordon, Teodoro “Teo” Álvarez.

En la SIDE, Martins se hacía llamar “Aristóbulo Manghi” y en los años del menemato y la impudicia se hizo conocido por comandar el sexo VIP de Capital Federal. Cuando aquí no anduvo tan de parabienes se escapó a México y allí a voz en cuello, los que saben, lo relacionan con “Los Zetas”, el tráfico de drogas y de mujeres. Todavía hay hilitos pendientes en el poder judicial local y parece que el tema más pesado, aunque no haya sido judiciable, es que tiene pagos en ciertos juzgados federales a cambio de protección.

En México no es un anónimo. Lydia Cacho, una periodista que no descansa en su combate contra las redes de trata en el mundo entero, habla de él en su libro Esclavas del poder: “Raúl Martins fue agente de la SIDE de 1974 a 1987(…) En 2002 llegó a México. Martins tiene abiertas cuatro causas penales que en conjunto suman cargos por 12 delitos (…) Claudio Lifschitz, que aún defiende a los represores de la dictadura en Argentina, fue abogado de Martins durante 7 años en Buenos Aires y México hasta que se peleó con él y regresó a Argentina por temor a represalias. Para protegerse reveló las operaciones de su ex cliente y dijo estar dispuesto a declarar ante la justicia mexicana si le daban garantías. Las diferencias comenzaron después de que Martins lo presionara para que ´cambiara su testimonio en una investigación que involucra a altos funcionarios del ex presidente Carlos Menem´. Martins quería que Lifschitz se desdijera en la causa por un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la que el abogado había encontrado y denunciado el encubrimiento de los culpables de la matanza”.

Y desde México, en medio de redes de trata, prostíbulos y servicios de inteligencia, vuelve a colarse la AMIA, una causa en la que se vendió carne podrida desde el inicio, con víctimas de todo tipo. Y con extensiones hasta vaya uno a saber dónde.

El 8 de diciembre de 2013, Fernando Oz –el mismo periodista que asegura haber intercambiado mensajes con Nisman y que en ellos el fiscal le indicaba que su vuelta a Buenos Aires recién sucedería el 23 de enero- escribió sobre las ramificaciones de los servicios de inteligencia en la causa Ciccone. “El torbellino –escribió Oz- se produjo cuando en la central de espías de la calle 25 de Mayo observaron las imágenes de Nicolás Ciccone saliendo de los tribunales de Comodoro Py junto a uno de sus abogados, Marcelo Ruiz”

Marcelo Ruiz lleva causas de derecho laboral en el estudio Anzorregui. Con Hugo, se conocen porque durante el gobierno de Menem, Ruiz “llegó a ser el jefe de los espías criollos en Londres hasta 1999”. Pero él no es penalista, de modo que buscaron a otro letrado que armara la estrategia. ¿Quién? (Cuánta razón tenía Mailer: “cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan”): Maximiliano Rusconi, el mismo que defendió a Menem y que ahora le cubre los pasos al hasta hace unos días miembro de la SIDE, luego sólo joven informático y ahora no-sé-quién-sos Diego Lagomarsino. El dueño de la bersa 22.

La dupla Ruiz-Rusconi tiene bien aceitados sus contactos en los Tribunales Federales. Rusconi es abogado de Raúl Moneta, y Ruiz tiene estrechos vínculos con “Alfredo ´Freddy´ Lijo, hermano de Ariel Lijo, el juez que investiga el caso Ciccone. Ruiz y Freddy invitan todos los años a jueces y fiscales a pasar unos diez días en Londres para realizar un seminario en Cambridge denominado ´The Cambridge International Symposium on Economic Crime´”.

“Los fiscales”, les gusta decir a los medios que se están haciendo un festín tanto con el cadáver de Nisman como con la confusión reinante en esta telaraña servicio-judicial. Ellos, “los”, es decir, un supuesto todos del ministerio público convocan a una manifestación para el 18 de febrero que no será otra cosa que un aquelarre opositor de personas que no quieren perder privilegios, personajes que necesitan que nada se sepa, políticos oportunistas, cacerolas odiadoras, un sin número de profundos desconocedores del CV –o prontuario- de los convocantes y algún grupo con genuino enojo que -permítanme pensar- será el más pequeño.

Una perla del absurdo de la manifestación es que uno de los adherentes -o ideólogos, según quiera verse- a una manifestación en la cual se exigirá “justicia” por Alberto Nisman es Ricardo Sáenz, el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Saénz fue candidato a la Vicepresidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) en representación de los Fiscales por la Lista Bordó, la que viene gobernando la AMFJN desde hace 12 años y en su foto de campaña se lo ve feliz y abrazado a Ricardo Recondo, un magistrado de gran millaje y amigo de las cautelares de algún multimedio poderoso.

Pero además, Sáenz es el jefe de Viviana Fein, o sea, de la fiscal que lleva a cabo la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Su jefe convoca a una manifestación para que haya justicia en una causa que una subordinada lleva adelante. Flor de presión para la fiscal que está a punto de jubilarse y que debió cambiar la fecha de sus vacaciones.

Dos de los otros protagónicos propiciadores de la manifestación son Guillermo Marijuán y el Fiscal de la Cámara de Casación Raúl Pleé.

Marijuan fue denunciado por seis organismos de Derechos Humanos, entre los cuales figura Abuelas de Plaza de Mayo. En noviembre de 2013 lo acusaron de “poner en riesgo las causas por crímenes de lesa humanidad”. En el escrito, Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre indican que con sus “acciones sin fundamento busca paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante la dictadura cívico-militar”.

No fue el único enfrentamiento que tuvo en los últimos tiempos. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y Marijuán tienen un vínculo, digamos, jurídicamente conflictivo. Marijuan acusó a Gonella y pidió la indagatoria de la procuradora Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en los nombramientos de fiscales. El argumento básico de Marijuán es que Gonella, al ser fiscal ad hoc, no debe tomar causas en las cuales no es el fiscal “natural”. Se trata de un argumento llamativo, sobre todo viniendo de quien es el “fiscal natural” de la causa AMIA, ya que en él recayó luego de que los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia fueran apartados por delitos. En la causa AMIA no sólo no se preocupó por hacerla avanzar jamás y por eso fue denunciado por familiares, sino que le dejó el paquete completo a Nisman y a su Unidad y jamás se interesó en los avances. Por otro lado, y como si no fuese esto suficiente para tener una pincelada del perfil de este hombre al que le gusta codearse con la creme del Poder Judicial, Marijuan es quien tiene la causa de Hernán Arbizu, el ex directivo de la banca Morgan que reconoció haber fugado dinero de Clarín, de sus accionistas y de 469 empresas, pero a quien el preocupado hombre del Poder Judicial no cita.

Raúl Pleé es el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, es decir, la última instancia antes de la Corte. En diciembre de 2000, dictaminó en favor de que se rechace el recurso que presentó el Gobierno de Fernando de la Rúa para que la Justicia revise el fallo de los 20 condenados por el ataque al cuartel de La Tablada.

Por aquellos años, el gobierno nacional estaba preocupado por al caso Tablada debido a que la huelga de hambre de los presos había adquirido relevancia internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenía la cuestión en vista. Para Pleé no había “peligro de sanción internacional" a la Argentina por el incumplimiento de las recomendaciones efectuadas en 1997 por la CIDH, frente a la violación del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, no le parecía relevante que este organismo internacional hubiese dicho que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz, investigación que habían llevado adelante (mal, a la vista de la máxima instancia de DDHH de América) Nisman, Blanco Bermúdez y él.

Hasta al entonces Ministro de Justicia de esos años, Jorge de la Rúa, le había parecido “previsible” el dictamen de Pleé, ya que “justamente fue el fiscal del juicio realizado en 1989 contra los condenados que reclaman la revisión de su sentencia”.“Este fiscal es el mismo que durante el juicio ha desconocido torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército”, cuestionó Rodolfo Yanzón, abogado de los detenidos.

Si los camaristas Pedro David, Raúl Madueño y Juan Fégoli seguían la postura de Pleé, el Procurador del Tesoro se iba a presentar en queja ante la Corte. El 30 de diciembre del año pasado, la Corte se expidió. 14 días antes de la presentación de Nisman contra la Presidenta Cristina Fernández, los Supremos habían decidido la reapertura de esa causa para que se investigue, entre otras tantas cuestiones, el accionar judicial de entonces.

Pleé fue el mismo que en tanto fiscal ante la Cámara Federal de Casación, pidió a ese tribunal que confirme la inconstitucionalidad del memorándum. Raudo, diligente, como Nisman en este tema y en este año. Extraño, también todo ese proceso ya que el propio Nisman había reconocido en una nota con el periodista Gustavo Sylvestre en A24 que nada tenía que ver el memorándum con su posibilidad o no de investigar y avanzar.

En fechas cercanas, Pleé había sido corrido de la lucha contra el lavado de dinero porque su tarea había obtenido muy pobres resultados mientras estuvo al frente de la Unidad Fiscal encargada de investigar ese delito. 11 años de vigencia de la ley antilavado y apenas dos condenas en las cuales, encima, Pleé no había tenido ninguna participación en esos logros. Página 12 explicaba que “Desde el Gobierno cuestionan la supuesta permeabilidad de Pleé frente al lobby de consultoras y estudios jurídicos encargados de asesorar y representar a grandes corporaciones en temas de lavado. El vínculo más llamativo es el que mantiene con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, que hoy se desempeña como asesor de empresas en cuestiones de lavado (entre otras, el Grupo Clarín). La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo y se muestran juntos en charlas, congresos y eventos públicos”. Cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan.

Pleé ingresó al Poder Judicial en 1972, por esas coincidencias de la vida, el mismo año que Stiuso a los Servicios de inteligencia. Fue relator en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, tribunal que tuvo un rol clave en el entramado burocrático-judicial del terrorismo de Estado. En 1977 fue nombrado secretario de Juzgado Nacional de Primera Instancia y estuvo allí hasta 1984. Pero es en 1988 cuando es nombrado fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín. Desde allí llevó adelante la instrucción de la causa por copamiento de La Tablada.

Fue acusado en diferentes instancias por obtener evidencia y testimonios en base a torturas y por pasar por alto, justamente, las denuncias de estas torturas y de ejecuciones sumarias. Todas las rechazó.

42 militantes participaron del copamiento. Durante 30 horas, 3600 efectivos llevaron adelante la recuperación del cuartel. Se recurrió a blindados, a fósforo blanco –prohibido por Naciones Unidas- y a desapariciones. Pleé nunca intentó, por supuesto, que se aclarasen los tantos de lo ocurrido aquel 23 de enero de 1989. Hubo 28 muertos civiles y 4 desaparecidos. La policía y el Ejército tuvieron 11 muertos, en su mayoría, como consecuencia de los bombardeos. Los atacantes fueron condenados basándose en la Ley de Defensa de la Democracia, lo que implica que los procesados no tienen derecho de apelación.

En 2008 por decreto 1578, la Presidenta otorgó acceso irrestricto a los archivos de inteligencia para que la Justicia pudiese tener todos los elementos del caso y para conocer en detalle qué ocurrió allí aquel día.

Roberto Felicetti, uno de los detenidos le contó al juez Federal de Morón, Gerardo Larrambebere, que había sido salvajemente torturado y le mostró sus dos brazos fracturados. El magistrado no hizo nada, llevó adelante una instrucción tan bochornosa que el mundo la mira mal y fue ascendido a juez del Tribunal en lo Criminal N° 3.

Cuando debió iniciarse la instrucción, el fiscal Federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez –actual abogado de Stiuso, como ya se relató aquí- pero por esos días gozaba de licencia. Al cuartel accedieron, entonces, el entonces fiscal de la Cámara Federal de San Martín Raúl Plée y el entonces defensor oficial del juzgado Federal de San Isidro Pablo Quiroga. Según relata Eduardo Anguita, “este último, producto de la presión de la corporación militar –especialmente de Inteligencia del Ejército– fue nombrado ´fiscal subrogante´, a partir de lo cual abandonó la función de defensor oficial (…) De las primeras páginas de la causa surge que los fiscales Pleé y Quiroga pidieron al juez una cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios y calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En esos pedidos no aparece el origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado planos y anotaciones relacionados con el ataque”.

Fue esa documentación –hoy sabemos proveniente de qué cueva- la piedra basal para la acusación contra los miembros del MTP. Jamás se explicó cómo murieron los 28 civiles -la mayoría con sus cuerpos ardiendo por el fósforo blanco- ni qué pasó con los cuerpos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, estos dos últimos los nombres que lleva la carátula que la Corte reabrió y que salpicarán, entre otros, los apellidos de Nisman, de Blanco Bermúdez y de Pleé.

“Cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan. Shakespeare, por cierto, creía en eso. No hay otra explicación para Macbeth o Lear”. Varios de esos intereses y varias de esas coincidencias van a marchar este 18 de febrero con la excusa –burda porque es sólo un pretexto- de cumplirse un mes de la muerte de Nisman. Shakespeare aquí no está. Pero nosotros debemos creer en eso porque no hay otra explicación, ni para Macbeth, ni para Lear ni para la tragedia que quieren crear para llevarnos puestos.

Diario Registrado

La paz en Ucrania y los intereses de Occidente Por Camila Bonetti

A días de cumplirse un año de la renuncia del presidente de Ucrania Viktor Yanukovich que desató una crisis sin precedentes en ese país y culminó con la posterior independencia de Crimea y la guerra civil entre pro-europeos y pro-rusos, finalmente Merkel y Hollande buscan un plan de paz definitivo ante una difícil situación que ya dejó más de 5300 muertos. Contrariamente a esta búsqueda de consenso, Estados Unidos fue el principal promotor a la hora de sancionar económicamente a Rusia y es el país que más armas ha entregado a los ucranianos que combaten en el este.

Nadie imaginaba que la renuncia del presidente de Ucrania tras las presiones, por un lado, de la UE para sumarse a la comunidad y así luego abrir las puertas para una futura alianza con la OTAN y, por otro lado la oposición de Rusia y el ofrecimiento de venderle a su país vecino gas a bajo costo, fuera a desatar una crisis sin precedentes en el este de Europa. La huida de Yanukovich y la puja por el poder dejó entrever los fuertes intereses que recaen sobre su territorio entre los altos mandos europeos y Estados Unidos para "occidentalizar" a Ucrania. En este contexto, un diputado del entonces gobierno de Kiev, Olev Zarov, denunció públicamente que el embajador de Estados Unidos, Geoffrey Pyatt, estaba impulsando una guerra civil en Ucrania. Fue así como mientras tomó el poder un presidente títere de occidente, miles de civiles y militares desplegaron violencia y protestas que culminaron primero con la independencia de Crimea y finalmente en un sangriento combate interno que aún perdura.

Los roces entre Estados Unidos y Rusia de los últimos años hizo de Ucrania un sector clave en la puja de poder. Es que si finalmente se sumaba a la Unión Europea entonces Putin iba a perder a un aliado estratégico y a su vez la OTAN, comandada por el gigante americano, iba a vigilar de cerca. Fue ahí cuando, con los principales funcionarios de Bruselas y Obama controlando Kiev, entró en juego un nuevo factor de interés en la disputa, Crimea, una región clave a nivel geográfico, con salida al mar, y con una importante base militar rusa. El objetivo de Putin era no perderlo, y lo consiguió al lograr la incorporación de ese sector ucraniano a su país.

El capítulo siguiente en esta compleja historia continuó con una guerra civil desatada entre los ucranianos pro Europa y los pro Rusia, donde no faltaron centenares de infiltrados de ambos bandos. Las sanciones económicas impulsadas por Obama no tardaron en hacer efecto en el gobierno de Putin, que se vio golpeado en el comercio, su moneda y el PBI. Sin embargo, resistió a los embates y es por ello, además del miedo a una inminente guerra mundial, que Merkel y Hollande tomaron las riendas del asunto y a través del diálogo buscan una solución definitiva al conflicto. El presidente norteamericano por su parte tiene dudas y desconfianza en su par ruso y prefiere armar a los combatientes ucranianos, mientras que la OTAN ya desplegó más de 15 mil nuevos soldados en Europa del Este.

Esta Guerra Fría entre oriente y occidente del siglo XXI esconde intereses políticos y económicos que van más allá de cualquier intento por detener este conflicto. En esta ocasión la puja no se da entre el sistema capitalista y el comunista, pero sí rememora la lucha de poderes entre dos gigantes de la geopolítica mundial. Obama y Putin no están dispuestos a ceder, pero ambos son concientes, como sucedía décadas atrás, que una contienda bélica no es viable ante la magnitud de las consecuencias que puede provocar. Y en medio de esta disputa una vez más queda la población, bajo el fuego y los egos.

Diario Registrado

EMPIEZA EN ROMA UN JUICIO CONTRA 32 MILITARES Y CIVILES LATINOAMERICANOS CON UN SOLO ACUSADO PRESO Italia juzga a los represores del Plan Cóndor

Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la causa. También están acusados, aunque ausentes y libres en sus respectivos países, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la desaparición de 43 personas.

Por Elena Llorente

Página/12 En Italia

Desde Roma

Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes y libres en sus respectivos países, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, acusados de la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.

Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.

“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.

Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.

Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.

Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”

Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”

Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.

Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.

13/02/15 Página|12