La historia del cinematográfico tiroteo que este lunes protagonizó en la zona de Retiro la custodia del fiscal Carlos Stornelli contra una presunta horda de 16 temibles colombianos hace aguas por todas partes: nadie ha podido explicar cuál era el delito que pretendían cometer y que éste fuese tan rentable o arriesgado para justificar el alquiler de tres autos en Pilar, dos motos de alta cilindrada y que requiriera semejante dotación de personal armado solamente con punzones. El modus operandi no responde a un asalto, ni a un secuestro a punta de punzón y menos aún a un robo tipo piraña contra el auto blindado en el que se desplazaba el fiscal y ex ministro de Seguridad bonaerense, que en escasos 54 días de gestión desmanteló por completo la profunda reforma policial llevada a cabo por su antecesor, León Carlos Arslanian.
Es cierto que los antecedentes penales de los siete detenidos –que se entregaron sin oponer resistencia porque quedaron atrapados en el peaje de la autopista Illia y que, según las pruebas de parafina, no dispararon un solo tiro–, deben haber sido decisivos para que resultaran seleccionados o reclutados como extras en este dudoso casting para frustrados émulos de Pablo Escobar, pero, a menos que estuvieran filmando una nueva temporada de la exitosa serie El Patrón del Mal, nunca se necesitaron tantos extras colombiamnos para escenificar el robo de un auto.
Si bien Pablo Escobar Gaviria comenzó su carrera criminal como simple ladrón de autos, el presunto enfrentamiento deja abiertas más intrigas que cualquier telenovela colombiana.
La ex ministra de Seguridad de la Nación y actual embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, quien hasta ahora se había abstenido de opinar sobre temas de seguridad, rompió el silencio que se había impuesto y vía Twitter lanzó una andanada de sospechas por el tiroteo que involucra a la custodia de Stornelli.
Garré tuiteó: “Que la Policía dispare en una zona poblada es un disparate. Menos mal que no hubo víctimas. Stornelli dice que él quedo en la línea de fuego”. Y agregó: “Por qué Stornelli lleva tanta custodia de Policía Federal?”.
La custodia de Stornelli está conformada por miembros de la Policía Federal, que hoy depende del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien en lugar de cuestionar la reacción de esos custodios que dispararon sobre los sospechosos desarmados, en pleno procedimiento reclamó la sanción del nuevo Código Penal, que incluye la polémica deportación para los extranjeros que delincan y sean sorprendidos “in fraganti” en el hecho. Sin embargo, debido a la situación irregular de ingreso al país por parte de los colombianos, la ley actual permite expulsarlos del país.
Berni no fue muy sutil en plantear la necesidad de la reforma y vincularla con lo ocurrido con Stornelli: habló de “infección de extranjeros que delinquen” y expresó: “Empieza la semana y ya hay siete delincuentes extranjeros detenidos”.
El incidente de Stornelli, las capuchas con las siglas PFA sobre las cabezas de los detenidos, los tweets de Nilda Garré, sumado al acuartelamiento policial en Caleta Olivia, ponen en blanco sobre negro el intento de generalizar la contrarreforma de las fuerzas de seguridad, que –con excepción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Metropolitana– han vuelto a autogobernarse. Hasta la Gendarmería ha perdido el respeto del que gozaba hace unos años.
El episodio de los colombianos huelo demasiado a una puesta en escena por parte de las propias fuerzas de seguridad destinada a sobredimensionar a un supuesto enemigo y conseguir carta franca para un combate simulado. Si hay alguien que de esto sabe mucho es el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien hace menos de una semana estuvo en Buenos Aires para asesorar a los candidatos Sergio Massa y Mauricio Macri. Uribe –que posee el legajo número 82 de una de las agencias de inteligencia de EE.UU., lo que le ha valido el mote de “narcopresidente”– fue el inventor de los falsos positivos, una “táctica que consistía en asesinar estudiantes, campesinos y sindicalistas opositores y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. De esta manera, Uribe sobredimensionaba a la guerrilla y las fuerzas de seguridad se llevaban los laureles y los presupuestos de las falsas victorias.
El jueves 23 de octubre, Macri y Massa se reunieron con el genocida Uribe, implicado con la formación de bandas paramilitares y también acusado de espiar a sus opositores en forma ilegal y ordenar crímenes de lesa humanidad durante los ocho años de su gobierno. Por si fuera poco, el presidente venezolano Nicolás Maduro lo acaba de sindicar como autor intelectual del asesinato del legislador chavista Robert Serra.
Es cierto que los antecedentes penales de los siete detenidos –que se entregaron sin oponer resistencia porque quedaron atrapados en el peaje de la autopista Illia y que, según las pruebas de parafina, no dispararon un solo tiro–, deben haber sido decisivos para que resultaran seleccionados o reclutados como extras en este dudoso casting para frustrados émulos de Pablo Escobar, pero, a menos que estuvieran filmando una nueva temporada de la exitosa serie El Patrón del Mal, nunca se necesitaron tantos extras colombiamnos para escenificar el robo de un auto.
Si bien Pablo Escobar Gaviria comenzó su carrera criminal como simple ladrón de autos, el presunto enfrentamiento deja abiertas más intrigas que cualquier telenovela colombiana.
La ex ministra de Seguridad de la Nación y actual embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, quien hasta ahora se había abstenido de opinar sobre temas de seguridad, rompió el silencio que se había impuesto y vía Twitter lanzó una andanada de sospechas por el tiroteo que involucra a la custodia de Stornelli.
Garré tuiteó: “Que la Policía dispare en una zona poblada es un disparate. Menos mal que no hubo víctimas. Stornelli dice que él quedo en la línea de fuego”. Y agregó: “Por qué Stornelli lleva tanta custodia de Policía Federal?”.
La custodia de Stornelli está conformada por miembros de la Policía Federal, que hoy depende del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien en lugar de cuestionar la reacción de esos custodios que dispararon sobre los sospechosos desarmados, en pleno procedimiento reclamó la sanción del nuevo Código Penal, que incluye la polémica deportación para los extranjeros que delincan y sean sorprendidos “in fraganti” en el hecho. Sin embargo, debido a la situación irregular de ingreso al país por parte de los colombianos, la ley actual permite expulsarlos del país.
Berni no fue muy sutil en plantear la necesidad de la reforma y vincularla con lo ocurrido con Stornelli: habló de “infección de extranjeros que delinquen” y expresó: “Empieza la semana y ya hay siete delincuentes extranjeros detenidos”.
El incidente de Stornelli, las capuchas con las siglas PFA sobre las cabezas de los detenidos, los tweets de Nilda Garré, sumado al acuartelamiento policial en Caleta Olivia, ponen en blanco sobre negro el intento de generalizar la contrarreforma de las fuerzas de seguridad, que –con excepción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Metropolitana– han vuelto a autogobernarse. Hasta la Gendarmería ha perdido el respeto del que gozaba hace unos años.
El episodio de los colombianos huelo demasiado a una puesta en escena por parte de las propias fuerzas de seguridad destinada a sobredimensionar a un supuesto enemigo y conseguir carta franca para un combate simulado. Si hay alguien que de esto sabe mucho es el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien hace menos de una semana estuvo en Buenos Aires para asesorar a los candidatos Sergio Massa y Mauricio Macri. Uribe –que posee el legajo número 82 de una de las agencias de inteligencia de EE.UU., lo que le ha valido el mote de “narcopresidente”– fue el inventor de los falsos positivos, una “táctica que consistía en asesinar estudiantes, campesinos y sindicalistas opositores y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. De esta manera, Uribe sobredimensionaba a la guerrilla y las fuerzas de seguridad se llevaban los laureles y los presupuestos de las falsas victorias.
El jueves 23 de octubre, Macri y Massa se reunieron con el genocida Uribe, implicado con la formación de bandas paramilitares y también acusado de espiar a sus opositores en forma ilegal y ordenar crímenes de lesa humanidad durante los ocho años de su gobierno. Por si fuera poco, el presidente venezolano Nicolás Maduro lo acaba de sindicar como autor intelectual del asesinato del legislador chavista Robert Serra.
Macri y Massa presentaron a Uribe como el “campeón” de la lucha contra el narcotráfico. Quizá Massa y Macri no estén enterados, pero tres de los jefes de seguridad de su gobierno están siendo juzgados y uno de ellos, un ex general, fue extraditado a Estados Unidos por sus actividades como narco con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, tristemente conocidas como fuerzas paramilitares.
El propio hermano de Uribe, Santiago, ya fallecido, estaba acusado de formar parte de Los Doce Apóstoles, un grupo paramilitar, y la que fue su pareja también está siendo juzgada en Estados Unidos.
En los archivos de la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, Álvaro Uribe tiene el legajo número 82, que está rotulado como “Confidencial” y está a sólo tres puestos del de Pablo Escobar Gaviria, el extinto capo del Cartel de Medellín, que lleva el número 79.
La ficha 82, fechada el 23 de septiembre de 1991, dice textualmente:
“Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado han atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”, dice la ficha de la DIA.
El propio hermano de Uribe, Santiago, ya fallecido, estaba acusado de formar parte de Los Doce Apóstoles, un grupo paramilitar, y la que fue su pareja también está siendo juzgada en Estados Unidos.
En los archivos de la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, Álvaro Uribe tiene el legajo número 82, que está rotulado como “Confidencial” y está a sólo tres puestos del de Pablo Escobar Gaviria, el extinto capo del Cartel de Medellín, que lleva el número 79.
La ficha 82, fechada el 23 de septiembre de 1991, dice textualmente:
“Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado han atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”, dice la ficha de la DIA.