ECONOMIA › OPINION La lección de enero

Por Alfredo Zaiat

Ante la renovada presión del elenco estable de ortodoxos y heterodoxos conservadores para impulsar una nueva vuelta de devaluación brusca, la padecida a fines de enero es una lección para no tropezar con la misma piedra. El salto cambiario de principios de año acompañado con un alza de la tasa de interés, estrategia exhibida por el entonces presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, como un triunfo personal para domesticar la fiebre especulativa (para ahorrar interpretaciones superficiales sobre la evaluación del ex funcionario se aconseja la lectura de la columna “Táctica y estrategia” publicada por este cronista el 7 de diciembre pasado), no tuvo como resultado ninguno de los supuestos beneficios del ajuste de la paridad y, en cambio, sí absorbió todos los costos asociados a una devaluación: caída del nivel de actividad económica, estancamiento del empleo, shock inflacionario, retroceso inicial del salario real luego compensado en cuotas por aumentos definidos en paritarias. Además no impactó positivamente en las exportaciones por mejora de la competitividad cambiaria: los despachos al exterior disminuyeron 10 por ciento en lo que va del año, y las industriales bajaron 13 por ciento. Acentuó también el comportamiento conservador de productores y del complejo agrario exportador de retener parte de la cosecha de soja y de demorar la liquidación de dólares.

La devaluación de enero fue regresiva en términos económicos y sociales sin registrar ninguno de los factores económicos expansivos prometidos, ni tampoco sirvió para neutralizar maniobras especulativas. Con ese saldo desfavorable en equidad social, quienes reclaman una nueva devaluación deberían precisar cuáles son los intereses que defienden, incluyendo los patrimoniales propios.

Un reciente informe de la consultora Quantum, del secretario del endeudamiento serial argentino Daniel Marx, que circula en el mercado rompiendo el bloqueo de mails, transita el lugar común del análisis desestabilizador de la city: el tipo de cambio se está atrasando porque el aumento de precios internos ya absorbió el ajuste de enero. Esta sentencia que ha comenzado a repetirse con más frecuencia, subiendo el grado de intensidad del mismo modo que a lo largo del año pasado, va moldeando expectativas devaluacionistas de agentes económicos.

La brecha de la cotización oficial con la del denominado dólar blue y la presión sobre las reservas del Banco Central son las variables que utilizan para evaluar como inevitable el ajuste cambiario. Cuando con la nueva conducción del Banco Central esa brecha empieza a reducirse al desbaratarse la presión devaluacionista y se recompone el financiamiento externo con los fondos del swap (intercambio de monedas) con China, pasa a ocupar un lugar central en el análisis cambiario el argumento del atraso por el aumento de precios internos. Detrás de ese planteo alimentado por operadores financieros y grupos exportadores (del agro y de la producción de insumos difundidos) se encuentran los sectores dolarizados que se beneficiarían con la fuerte transferencia de ingresos de una devaluación fuerte. El antecedente reciente de ese comportamiento especulativo es la ganancia contable extraordinaria de casi 10 mil millones de pesos de los bancos sólo por el ajuste cambiario de enero. La construcción de expectativas de devaluación con el objetivo de generar la profecía autocumplida está motorizada por la lógica de la valorización financiera y no por la restricción estructural de la economía real debido a la escasez de divisas.

El argumento reiterado de la devaluación para recuperar competitividad de la producción nacional queda debilitado por la evidencia empírica cercana. No aumentaron las exportaciones por el alza del tipo de cambio. El nivel de la paridad es una variable relevante en la evaluación de la competitividad de una economía, y en ese sentido desde 2003 la política de administración del tipo de cambio está ocupando un lugar destacado de la estrategia económica, pero no es la única. La competitividad no depende sólo del tipo de cambio real, sino también de otros factores estructurales “como el acceso y capacidad de manejo de la tecnología disponible, las escalas de producción, las barreras a la entrada en los diferentes mercados, así como la disponibilidad de materia prima barata y abundante, precio de la energía e infraestructura logística existente”, se detalla en la revista N357 Coyuntura y Desarrollo, de Fide. Otros elementos importantes son líneas de financiamiento a tasas subsidiadas, beneficios impositivos y el costo del transporte. Agrega el informe que “lejos está el tipo de cambio real de ser el único factor macroeconómico que incide en la rentabilidad de los sectores transables: de acuerdo con los contextos y las especificidades de la estructura productiva, lo que ocurra con el nivel de actividad interno o la situación de la demanda internacional representan fuertes determinantes de la competitividad externa”. El actual nivel del tipo de cambio no está atrasado.

La devaluación es una solución ficticia para mejorar la competitividad y tiene corto recorrido porque gatilla inmediatamente un proceso inflacionario, debido a que agudiza la puja distributiva en un contexto de desempleo de un dígito y recomposición del entramado industrial. Entonces impacta negativamente en el nivel de actividad y distribución de la riqueza provocando una transferencia de ingresos desde los sectores de remuneraciones fijas hacia grupos financieros, el complejo agrario exportador y la industria exportadora. El retroceso de la actividad, del empleo y el salario real no fue más intenso por la devaluación de enero gracias a las políticas contracíclicas aplicadas inmediatamente en los frentes de los ingresos (alza de jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y salarios) y de la inversión estatal (expansión del gasto público) con el objetivo de sostener la demanda interna.

En la publicación de Fide se advierte que “en las actuales circunstancias es fundamental no equivocar el diagnóstico: disponer de un análisis actualizado acerca de cuáles son los determinantes estructurales de las exportaciones e importaciones, qué papel juegan en el mismo tanto las firmas trasnacionales como la inserción regional de nuestro país, cuáles son los cuellos de botella en materia de oferta agregada, así como cuál es el rol que desempeñan los distintos eslabones que hacen a la competitividad sistémica”.

La restricción externa, o sea la escasez de divisas, que irrumpe en países con una estructura productiva desequilibrada (agro proveedor de divisas e industria demandante de esos dólares), tiene una intensidad adicional en el actual ciclo político de impulso industrializador debido a la pérdida del autoabastecimiento energético (importación de combustibles) y a la persistente presión sobre las reservas del Banco Central (fuga de capitales en nueve corridas desde el 2007, giro de utilidades al exterior de filiales de multinacionales y desendeudamiento). La falta de dólares tiene esas tres fuentes que no se pueden contrarrestar con una devaluación brusca, que sólo agudizaría esa carencia en un contexto internacional poco amigable. Este exhibe menor dinamismo del comercio internacional, retroceso del precio internacional de la soja, estancamiento de la economía de Brasil, desaceleración del crecimiento de China y continuidad de la crisis en Europa.

La tensión financiera con eje en el tipo de cambio, que también es una manifestación de la disputa política-mediática a la que se sumó este año el lobby desestabilizador de los fondos buitre, constituye un desafío que excede el nivel de la cotización del dólar. Además de la necesidad de presentar una oferta interesante para captar el ahorro en pesos, tarea que el ciclo kirchnerista desatendió, el precio del dólar es la exteriorización de la controversia estructural acerca de qué tipo de sendero de desarrollo se despliega en la economía argentina. La opción es uno basado en el endeudamiento, la lógica financiera con reprimarización de la economía y una industria subordinada en la estructura productiva con una regresiva distribución del ingreso, u otro sostenido con recursos propios, de endeudamiento para financiar infraestructura, de integración de la actividad agropecuaria en el entramado productivo, una industria dinámica y competitiva generadora de empleo de calidad y equidad en el reparto de la riqueza. Quienes insisten con el supuesto atraso cambiario y atemorizan a un auditorio desatento con el peligro de un estallido haciendo referencia a acontecimientos traumáticos del pasado apuestan a la primera opción. Es oportuno saber que para imponerlo despliegan sobre el terreno mediático y político y en los clubes sociales del establishment al elenco estable de economistas que aconsejan abandonar la política de administración del tipo de cambio confundiendo sobre la inevitabilidad y bondades de una devaluación brusca. La experiencia negativa del ajuste cambiario de enero es una lección reciente para construir la resistencia necesaria a una medida regresiva en términos económicos y sociales.

azaiat@pagina12.com.ar

CONTRATAPA Cultura de la libertad, cultura del sometimiento

 Por José Pablo Feinmann

Sería perder el tiempo indagar en Tinelli como persona. No sé cuál fue el año –éste o el anterior– en que abrió su temporada con un rating que conmovió a todos. El número del éxito abrumador rondaba o se acercaba (como resultado de un milagro que nadie había previsto) al 50 por ciento. Se instaló una certeza: la mitad del país miraba a Tinelli. ¿Qué ofrecía? Basura. He analizado programas suyos buscando algo, un más allá de la pavada, de lo guaso, lo soez, lo ridículo o lo pornográfico. Nunca lo encontré. Su aspecto es agradable. Tiene una sonrisa que podría lucir en otro contexto. Pero se empeña en ser –cada vez con mayor convicción– lo que viene siendo desde dos largas décadas. Fruto de la devastación cultural del menemismo, sigue ejerciendo esa estética con las permisividades que los tiempos le abren. Su torpeza como conductor lo lleva al exceso de casi meterse el micrófono cerca de alguna muela y además gritar.

Tinelli entró en la verdadera pornografía cuando acudió a minusválidos para entretener a su insaciable audiencia. Hizo bailar a una enana. A un señor que le faltaba una pierna y usaba una muleta. Disfrazó eso de generosidad. De hacerles sentir que eran iguales, que estaban tan vivos como cualquiera. También usó a un minusválido mental. Desbarrancó de nuevo cuando una de sus chicas hizo tantos malabarismos en su número que la tanga-hilo dental se le salió y les mostró a todos no otra cosa que su vagina. Se le armó un lío bárbaro. Una panelista de no-sé-qué programa dijo: “Lo próximo que vamos a ver es un acto sexual en vivo”. Tiene razón. Tinelli está llegando a un límite peligroso para él. El acto sexual ya se practica, pero sin penetración y aún (salvo en el accidente mencionado) no se ven genitales. Pero toda la gestualidad de los bailarines (algunos son buenos y se han preparado bien) les da a las posiciones sexuales un verismo ultrarrealista.

El centro del problema no reside en Tinelli. Si no es él habrá otro. A esta altura seguramente es su propio productor. Pero el canal que lo contrata, ¿por qué lo hace? Porque a la gente le gusta. Y no: eso es falso. A la gente termina por gustarle eso que todos los días le tiran por la cabeza. Pero si se intentara algo mejor, de a poco los gustos irían cambiando. Eso es precisamente lo que Tinelli y todo lo que gira a su alrededor quieren impedir. Que algo cambie. En tanto tengan atornillados a sus sillones a todos los mira-culos del país, todo irá bien. Su modelo (y el de las corporaciones monopólicas que lo respaldan) es la Italia del Papi Berlusconi.

El Canal Encuentro es un esfuerzo del Estado argentino por mantener una programación digna, tanto de ellos como de los espectadores. Llevo (llevamos, no sólo yo hago el programa) siete temporadas en el aire y estamos en medio de la preparación de la octava. Cuando me entrevisté por primera vez con Daniel Filmus y Tristán Bauer sólo yo confiaba en el proyecto. También –hay que reconocerlo– ellos se la jugaron. ¿Un programa de filosofía por TV? La TV argentina se hizo y se hace para un personaje que no existe: Doña Rosa. Personaje creado por el machismo de Bernardo Neustadt. Doña Rosa era una boba señora de barrio (¡tenía que ser mujer, desde luego!) a la que había que darle basura porque no entendía otra cosa. La mediocridad del personaje justificaba la mediocridad de los programas y la de quienes los hacían. Y así habrá de seguir la pobre mujer (y toda su familia) eternamente hasta que no se le dé algo superior. Porque los que quieren dar basura para que nada cambie, los que adhieren al sistema miserable bajo el que se cobijan y se hacen millonarios sin pensar, sin arriesgar, son los basureros. Doña Rosa no existe. La creó la mediocridad de los mediocres del medio. La gente de la TV se ha dedicado a ganar dinero. Y la TV no debiera ser eso. ¿Por qué los mejores canales de la Argentina (y de muchos otros países) son estatales? ¿Por qué no hay un solo programa cultural en la TV abierta? ¿Por qué los multimedios que dicen luchar por la libertad y la democracia le abren las puertas a Tinelli? Porque Tinelli les es funcional. La finalidad del poder no es educar, no es despertar conciencias, es idiotizarlas.

Uno está harto de ver en films norteamericanos a unos desdichados onanistas que se apoyan en la barra para ver a las bailarinas del caño. Esas bailarinas son prostitutas. El baile del caño con que Tinelli creyó encontrar la clave definitiva del éxito tiene un origen prostibulario. El momento más glorioso es cuando una “bailarina” incrusta su súper-culo en el caño y todo queda claro: el caño es un súper-pene que penetra a un ultra-culo. Pero atención: las chicas se animan porque Tinelli les ha dicho antes que sí, que es posible, que si se atreven, lo hagan. Luego, en las secciones más letrinógenas de Internet, sale el impresionante tevé-culo que, varias veces, introduce todo lo posible el caño en el ojo trasero. Así lo llamaba Francisco de Quevedo y Villegas en su espléndido texto del Siglo de Oro español: “Gracias y desgracias del ojo del culo”. Palabra, esta última, que no es mala ni grosera. Depende del ingenio del que la use. En manos de Francisco de Quevedo es poesía.

El programa de Tinelli no es ni divertido. Está hecho para el espectador mira-culos. Es la apoteosis del culo-idiotizante. De esta forma, es un programa ideológico-político. Es decir, la eliminación de todo atisbo de conciencia crítica, la reducción de los espectadores a la simple condición-cosa de mira-culos. La cosificación de las conciencias por medio de los culos cosificados, de los culos-mercancía. Un culo es ideología. Ideología de dominación. Nadie puede tomar conciencia de su situación en el mundo, ni siquiera del mundo en que vive, si cuando prende la tele se le arrojan todos esos cíber-culos por la cabeza. Tinelli no es un fenómeno nacional. La culocracia está en toda Suramérica. También en la Italia de Berlusconi. En Estados Unidos avanza a pasos agigantados. En 2013, Tinelli no tuvo trabajo. No arregló con ningún canal. No importa. Si no es él será otro. Alguien ha dicho: “Hay dos formas de impedir pensar al ser humano: una, obligarle a trabajar sin descanso, y otra, obligarle a divertirse sin interrupción”. Pero la diversión se centra cada vez más en lo sexual. El ultra-culo es el culo-humillación. El ente antropológico mira-culos es el más profundamente inauténtico de cuantos puedan ser imaginados. Y aunque los ejemplares de la TV crean haberse adueñado de la palabra cosificación vamos a seguir usándola. El ente antropológico –en la filosofía de Sartre, sobre todo en El ser y la nada– es pura posibilidad. De ahí el concepto del hombre en tanto nada. Soy nada porque estoy arrojado al mundo, hacia mis posibles. En este presente sólo soy una sed que se e-yecta sobre el mundo. El hombre no es realidad, es posibilidad. Una piedra es realidad. Una piedra es una cosa porque no tiene la dimensión del futuro. Es lo que es. Está cosificada en su ser. Eso pasa con el mira-culos. Eso busca el ultra-culo. Que el que lo mire se paralice en esa mirada. Se cosifique en esa mirada. Más que el ultra-culo (que es, sí, una cosa en tanto es una mercancía), el cosificado es el pobre tipo mira-culos. El cosificado es el sujeto libre. Lo que se cosifica es su libertad. El ultra-culo es una herramienta del poder para cosificar la libertad de los sujetos. El sujeto sigue bajo el señorío de los otros (gran definición del Heidegger de Ser y tiempo), pero ese señorío se expresa aquí por medio del ultra-culo. El poder busca matar al sujeto. Sabe que ahí reside el verdadero peligro. La infinidad de cíber-culos, ultra-culos, tevé-culos, culos espectá(culo) que germinan por innumerables partes van en busca de eso: de la libertad del sujeto. Todas esas formas de culos convergen y se sintetizan en una: el culo-idiotizante.

Cuando nos cansemos de los culos insistirán con las tetas. Cuando nos cansemos de las tetas insistirán con los culos. Cuando nos cansemos de los culos y las tetas atacarán con los penes. Harán grandes concursos mediáticos. “Si la tiene larga, ¡venga y gánese un cero kilómetro!” Los jurados serán femeninos. También las encargadas de medir los miembros viriles de los concursantes. Cuando nos cansemos de los culos, las tetas y los penes enviarán sus soldados, previo acuerdo con el poder mediático monopólico de cada país. Arrojarán sus misiles. (Acabamos de hacer un festival de cine en Iguazú, bajo el ímpetu y el vértigo de Juan Palomino, para frenar el proyecto de Kathryn Bigelow, que busca demostrar que el terrorismo tiene un gran emplazamiento en esa zona.) Nos quieren idiotas, sumisos, manipulables o muertos. Nosotros amamos la vida, el arte, el amor, la libertad. Ellos no. Sólo aman el poder. Y destruirán el planeta con tal de no perderlo.

Duele decirlo y es imposible no hacerlo: si los socialismos del siglo XX hubieran ganado habrían hecho lo mismo. De otro modo. Pero no otra cosa. Lo central –siempre– es la sumisión, por el embrutecimiento en el trabajo, por la fuerza represiva o por la represión del entretenimiento. ¿Hay alguna esperanza? Por ahora, saberlo, denunciarlo. Y si ayer nos han dado un premio que hoy le dan al representante de esa cultura, devolverlo.

(La mayoría de los textos de esta contratapa pertenecen a mi libro Filosofía política del poder mediático, Planeta, Buenos Aires, 2013, 659 págs. Hace años que me obsesiona esta temática porque vivimos los tiempos de la modernidad informática, los de Internet, los del espionaje globalizado, los de las redes sociales, en las que, lo sabemos, estas reflexiones serán respondidas con insultos, nunca con ideas. Nos apena que sea así. Es penoso que tanta gente, en lugar de ideas, tenga sólo escupitajos cibernéticos.)

EL PAIS › NI LA CONSTITUCION NI LA LEY CONSIENTEN EL MALTRATO A LOS EXTRANJEROS Tolerancia Cero

Por Horacio Verbitsky

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto. La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla. El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. Otra figura central de la bancada oficialista, para quien se hacía difícil consentir semejante retroceso, es el ex ministro Aníbal Fernández, quien intervino en la sanción y promulgación de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004, y en su decreto reglamentario, de 2010. Al contemplar la expulsión por delitos con pena mínima inferior a tres años, el artículo 35 del proyecto modifica sin decirlo esa ley. La posibilidad de expulsión ya estaba legislada, pero sólo para delitos graves y con condena en firme. Ahora se aplicaría a los presuntos autores de delitos de menor gravedad y sin realizar un juicio que establezca su autoría, por la sola definición policial y el consentimiento del imputado para que se suspenda el proceso. El verdadero problema de seguridad es que la principal forma que tiene la policía de desbaratar una banda, integrada por argentinos o por extranjeros, es cruzárselos en la calle, como habría ocurrido con la custodia del fiscal Carlos Stornelli y los colombianos sospechosos.

Inversión de criterios

Según el artículo 17 de la ley vigente la situación irregular sólo puede ser definida por la autoridad política migratoria. Por el artículo 61, si la irregularidad se constata, esa autoridad debe intimar al migrante a que regularice su situación y facilitarle el modo de hacerlo. La Dirección de Migraciones sólo puede declarar la ilegalidad de la permanencia si el migrante no regulariza la situación al ser intimado. En ese caso Migraciones debe pedirle a un juez contencioso administrativo la confirmación del acto de expulsión, cuya validez y razonabilidad se discutirá ante el tribunal. El artículo 29.c considera como límite a la concesión de residencia en el país “haber sido condenado o estar cumpliendo condena (...) o tener antecedentes por tráficos de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”. El decreto reglamentario especificó que condenado es quien tenga una condena firme, y antecedente es “la condena no firme o el procesamiento firme”. La Corte Suprema de Justicia confirmó ese criterio en el Caso Granados Poma, de 2012. ¿Cuál puede ser el sentido de esa inversión, de expulsar a condenados y procesados por delitos graves a correr del país bajo la amenaza de prisión a personas detenidas por la policía por delitos menores? Es ilustrativo repasar qué delitos castiga el Código Penal con penas mínimas inferiores a tres años: participar en una riña en la que intervengan varias personas y no conste quien causó las lesiones o la muerte de la víctima (artículo 95); apoderarse de una cosa mueble ajena (162); usar la violencia para ello (164); despojar a otro de la posesión o tenencia de un inmueble (181); tener o portar armas de fuego sin autorización (189); detener o entorpecer la circulación de un tren (191); tirarle piedras cuando está en marcha (193); impedir o estorbar el normal funcionamiento de cualquier medio de transporte o los servicios públicos de comunicaciones, provisión de agua, electricidad o energía (194); suscitar tumultos o desórdenes (211); emplear la intimidación o la fuerza contra un funcionario público (237); desobedecerle o resistírsele (239); estorbarle el cumplimiento de sus funciones (241); violar los sellos colocados por la autoridad para asegurar la conservación o identidad de una cosa (254); quebrantar una inhabilitación impuesta por un juez (281 bis). Aparte de los robos y hurtos con o sin armas, surge transparente la criminalización del conflicto social y los métodos de lucha usuales: ocupación de tierras y viviendas, en las que participan con asiduidad inmigrantes de países vecinos; corte de rutas y de vías, manifestaciones en la calle, todo tipo de roces con policías, gendarmes y sus jefes, como el coronel Roberto Angel Galeano que exigió a un automovilista que bajara de su auto en la Panamericana y a los uniformados que lo sacaran a palazos.

¿Y por casa?

En todo el mundo los entusiastas de la Tolerancia Cero se inspiran en la tarea del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, pero fuera de Estados Unidos pocos saben que el impulsor del concepto fue William Bratton, su jefe de policía. Bratton asumió el cargo en 1994 y su éxito en la reducción del crimen fue tan notable que Giuliani lo despidió en 1996: la popularidad del cana opacaba al político republicano. Luego de su también exitoso desempeño como jefe de policía de Los Angeles, adonde llegó después de los terribles tumultos raciales de 2002, Bratton recibió el ofrecimiento de hacerse cargo de la policía británica, pero el Parlamento lo vetó por su nacionalidad. No obstante, lo contrataron como asesor.

Hace diez meses, el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo devolvió a su antigua responsabilidad en la Gran Manzana. De Blasio tiene dos hijos adolescentes, Dante y Chiara, que pese a sus nombres clásicos tienen la tez morena como su madre y fueron protagonistas de la espectacular victoria del padre, con casi el 75 por ciento de los votos. El aviso que decidió la elección fue grabado por Dante. Con su peinado afro a lo Angela Davis decía que Bill era el único demócrata con pelotas como para oponerse a las medidas discriminatorias del intendente Michael Bloomberg, por las que la policía puede cachear en busca de armas o drogas a cualquiera que le parezca sospechoso. Y ya se sabe quiénes siempre le parecen sospechosos. Por más que el presidente sea un afroamericano, los prejuicios siguen prevaleciendo y Obama postergó hasta después de las elecciones de pasado mañana el prometido decreto que aliviaría la situación de once millones de inmigrantes ilegales amenazados con la deportación. Las cadenas CBC y CNN informaron la semana pasada sobre el hostigamiento en una escuela del Bronx a dos chicos de 11 y 13 años, cuyos compañeros les gritaron “Ebola” mientras los golpeaban hasta dejarlos de hospital. Venían de Senegal, donde sólo se diagnosticó un caso de la enfermedad. Este es el riesgo de los estereotipos. Es probable que la expulsión de extranjeros no se incorpore al Código Procesal en los términos que anunció Cristina. Pero el mero discurso asociando extranjeros con delincuencia constituye un mensaje que la policía decodifica con entusiasmo y amplía la permisividad para los comportamientos tradicionales que tanto costó desterrar con la Ley de Migraciones. Por otro lado, cada ablandamiento de garantías procesales que se introduce con cualquier pretexto, tiende a generalizarse para cualquier otro uso. Si bien fue sobreseído, ya hubo un periodista de Santiago del Estero acusado por la ley antiterrorista y al mismo tiempo, en Estados Unidos, se descubrió que la ley de seguridad interior (la Patriot Act sancionada para librar la denominada Guerra contra el Terrorismo) se está aplicando con frenesí para otros fines. Esa ley permite a la policía ingresar a una vivienda y revisar todo lo que encuentren, sin notificar de ello a sus habitantes para que no sepan que los están investigando. La Fundación Nueva Frontera Electrónica informó ahora que entre septiembre de 2001 y abril de 2003 hubo 47 de esas incursiones sigilosas; el año pasado fueron 11.129, de las cuales apenas el 0,5 por ciento por sospechas de terrorismo. Radley Balko, autor del libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces escribió que cuando una ley concede nuevos poderes al gobierno “hay que dar por sentado que será interpretada en la forma más vaga, más expansiva y más favorable al gobierno posible. Si no ocurre así, bien. Pero ¿por qué correr el riesgo, por qué dejar esa posibilidad abierta. Lo mejor es escribir las leyes en forma muy cuidadosa, restrictiva y con explícitas garantías contra su abuso”.

¿Fue una contradicción que una vez electo, De Blasio convocara al artífice de la Tolerancia Cero? Para nada. Lo que sus epígonos sudamericanos nunca mencionan es que para Bratton esa inflexibilidad debe comenzar por la propia fuerza policial. Lo hizo durante su primera gestión, lo repitió en Los Angeles y lo está haciendo otra vez ahora. En un discurso ante más de 800 comisarios y oficiales, prometió que apartaría a las manzanas podridas que dan una mala imagen a la policía y los describió como “brutales, corruptos, racistas e incompetentes”, que “no entienden el juramento que prestaron ni están comprometidos a obedecer la ley”, por lo cual “no deberían estar aquí”. En su conferencia, Bratton mostró videos de oficiales que patean a un vendedor callejero y tiran al suelo a una mujer embarazada. Hace dos meses una gran manifestación protestó en Nueva York por la muerte del también afroamericano Eric Garner, quien vendía cigarrillos sin estampilla fiscal. Un policía le hizo una toma de estrangulación y lo asfixió. El presidente de la mutual hispana de policías, el detective Dennis González, aprobó la decisión de Bratton y le sugirió que comenzara por revisar con Asuntos Internos los legajos de los oficiales contra quienes hay quejas, para detectar patrones de abuso. ¿Suena familiar?

Autogobierno y complicidad

Esa depuración de las filas policiales es la misma línea que comenzaron los ex ministros Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires y Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad de la Nación y que abandonaron sus sucesores. Con Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, asistidos por el médico que quisiera ser militar Sergio Berni, la Policía Federal recuperó la autonomía perdida y se orienta según la pauta del autogobierno que practica la Bonaerense. Lo sucedido con Luciano Arruga dista de ser un caso aislado. En 2009 el juez Luis Arias dijo que la policía bonaerense usaba las detenciones de menores por averiguación de antecedentes como método de reclutamiento para delinquir. Cuando los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, lo intimaron a precisar la denuncia, Arias enumeró 23 investigaciones penales de 2008 y 2009 por torturas a chicos, en las que se advierte “la idea de reclutamiento”. Poco después, el propio Stornelli se presentó para denunciar ante la justicia esa práctica perversa. Pero ya estaba de salida y Casal asumió las dos carteras, fusionadas en una hasta el año pasado. No habrá código que valga, mientras los presuntos encargados de brindar seguridad comanden la rapiña y formen parte de grandes redes de ilegalidad, por más fotos con Giuliani o con Alvaro Uribe que se saquen los políticos en campaña.

Esta semana, el Senado bonaerense convirtió en ley la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Arruga estuvo detenido y fue torturado, y la instalación allí de un Espacio para la Memoria que llevará su nombre. Ese destacamento se creó a solicitud de los vecinos que reclamaban mayor seguridad. No es seguro que se hayan sentido defraudados por este nuevo episodio de higiene social, como los que producía en Don Torcuato el policía Beto Hugo Cáceres, porque el objetivo de eliminar a los negritos cuenta con inserción en sectores más acomodados de la sociedad, como se puede verificar en el foro de lectores de La Nación que se congratularon por la muerte de Arruga. En la misma sesión el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la unificación y el aceleramiento del caso contra los funcionarios judiciales que dilataron la investigación y encubrieron a los policías acusados. Así, el juez Gustavo Banco, que rechazó el hábeas corpus presentado por la familia de Arruga en cuanto se produjo la desaparición, deberá responder en el mismo jury de enjuiciamiento que las fiscales Roxana Castelli (quien delegó el sumario a la propia policía que lo extorsionaba) y Celia Cejas (cuya principal disposición investigativa fue espiar a la familia de la víctima). El juez federal de Morón Juan Manuel Salas mantiene el secreto del sumario mientras avanza en la obtención de pruebas, que le permitirían dejar de lado la cómoda hipótesis de un accidente de tránsito y confirmarían lo que la mamá Mónica Alonso y la hermana Vanesa Orieta sostuvieron desde el primer momento, sobre la responsabilidad policial en la muerte de Luciano. El estudiante que conducía el auto que lo atropelló declaró que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. El mismo juez Salas sobreseyó al dirigente sindical Rubén Sobrero por el corte de una autopista con un piquete durante el paro de una central en abril, aduciendo quienes ocupan el espacio público para que las autoridades los escuchen no deben ser sometidos a la acción penal que en ese caso criminalizaría “manifestaciones sociales pacíficas”.

ECONOMIA › EL ROL DE LAS ACOPIADORAS DE CEREALES EN LA RETENCION DE GRANOS Y SU RELACION CON LOS AGROEXPORTADORES Cuevas cambiarias en medio de la Pampa Húmeda

Por Raúl Dellatorre

El acuerdo alcanzado entre las cámaras de exportadores de cereales y el Gobierno, en base al compromiso de liquidar exportaciones por 5700 millones de dólares durante este cuarto trimestre, despejó transitoriamente el riesgo de acogotamiento del país por escasez de divisas. A la vez, supuso una postergación del debate acerca de la conveniencia o factibilidad de crear una agencia nacional de comercialización de granos que recupere en parte las funciones de regulación y de actor testigo que tenía, durante su existencia, la Junta Nacional de Granos. Por debajo de estas decisiones, sin embargo, sigue latente una discusión de fondo sobre las responsabilidades y legitimidad en las operaciones de retención de granos con destino a la exportación, y qué debería hacer el Estado para prevenirlos. Algunas expresiones del sector exportador han insistido en que no son las cerealeras que procesan y venden al exterior las que están en condiciones de retener el producto, ni se beneficiarían con ello. Señalan, en cambio, que es el productor quien “decide” el momento en que pone el grano en disponibilidad del agroexportador, siendo en consecuencia este último un sujeto pasivo en aquella maniobra. Varios testimonios de especialistas ligados estrechamente a la producción –en rol profesional o como dirigentes– dan cuenta, aunque con pedido de reserva de la fuente, de que la clave del negocio debe buscarse en los acopiadores, dado el vínculo comercial con el que condicionan al productor, y dada la relación social que mantienen con las grandes exportadoras, aunque formalmente se presenten como unidades independientes. “Esas son las cuevas donde se define, a través de la retención de granos, la tendencia o las presiones sobre el mercado cambiario”, sostuvo concluyente una de las voces consultadas.

Tanto los profesionales no ligados a las grandes empresas agrícolas como los dirigentes sectoriales más cercanos a los pequeños productores e incluso algunos transportistas del rubro, coinciden en señalar que el peso creciente de las acopiadoras en zonas rurales “cambió el panorama” de la comercialización de granos en los últimos años. “Salvo que el productor esté asociado a una cooperativa, no tiene opción a vender que no sea a través del acopiador de la zona. Usualmente, la venta se hace con precio a fijar en 90 días, es decir, el productor entrega el grano físico al acopiador que lo ensila o lo mete en celdas (galpones cerrados), y el productor puede decidir, según la cotización vigente, el día que resuelve realizar la venta. Si llega el día 91 y no vendió, empieza a pagar el costo de almacenaje, pero el grano ya no le pertenece: se lo asegura el acopiador.”

Sobre este tipo de operaciones debería llevarse un registro, a través de un documento denominado “formulario de depósito de granos”, que es el que le permite al productor hacer valer sus derechos para el posterior cobro. La emisión de estos documentos fue concesionada a favor de la Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores de Cereales, por lo cual el Estado debería tener un seguimiento estricto del stock físico de granos “con precio a fijar” a través de las entidades que presiden, respectivamente, Eduardo Buzzi y Fernando Rivara. Este último hermano del ex diputado y ex secretario de Asuntos Agrarios bonaerense, Raúl Rivara, muy cercano, entonces y ahora, a Felipe Solá.

Al hacer la consulta sobre la vinculación entre las firmas acopiadoras y las principales firmas exportadoras, la referencia es unánime: la cadena de comercialización muestra cada vez mayor integración vertical. “No son eslabones separados. En general, en toda la Pampa Húmeda, son firmas vinculadas a las grandes exportadoras o a una industria procesadora. Trabajan o compran para ellos. Las exportadoras más grandes pueden tener 60 o 70 acopiadoras en el interior, en zona rural, fuera de las zonas de puerto donde se da otra etapa del acopio. Una vez que reciben el grano, aunque el productor demore 90 días en fijar el precio, ya tienen asegurado el producto, ya es en la práctica de ellos. Esto no quiere decir que no exista retención de granos del productor en su propio campo en silobolsa, sin costo de infraestuctura, pero eso lo puede hacer sólo quien tenga suficiente espalda para no vender y esperar. El agricultor real, el que vive en el campo donde produce, va a vender, apenas la levanta, la mitad de la producción, y podrá entregar la otra mitad al acopiador con condición ‘a fijar precio’, pero no puede especular más allá de eso.”

El otro dato que marca un cambio de época en el negocio agrícola es la extensión de las operaciones de las firmas acopiadoras, hacia la comercialización de la semilla y los agroquímicos (en general, “en paquete”) e, incluso, directamente en la producción mediante el alquiler de los campos y el trabajo de “contratistas” con maquinaria propia que hacen la tarea de siembra y cosecha. Dependiendo de a quién se considere el dueño o controlante de la firma acopiadora, se abre la discusión sobre si los exportadores o las industrias procesadoras tienen o no producción propia. Una condición que las exportadoras, cuando se las consulta, niegan poseer.

rosario CIUDAD › NOTA DE TAPA Investigación federal Por José Maggi

La desaparición y muerte del joven Franco Casco, luego de estar detenido en la comisaría 7º, abre nuevos caminos de investigación. Ahora la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) va a intervenir en el caso tras la denuncia de la madre acompañada por el defensor general de Santa Fe Gabriel Ganon

Por José Maggi

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) exigió que la investigación por la desaparición y muerte del joven Franco Casco se desarrolle en la justicia federal, por tratarse de una desaparición forzada de personas. Además, solicitó que se aparte de la causa a la policía santafesina. La Procuraduría a cargo de Abel Córdoba intervino luego de que la madre del joven, Elsa Godoy, realizara una denuncia en la Procuvin acompañada por el defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón.

La denuncia -presentada ante el juzgado Federal de Vera Barros- consigna que la desaparición forzada de personas "configura un fenómeno delictivo de gravedad que exige la definición de criterios de intervención eficaces, asociados al deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas". En ese sentido, se añade que "las formas con que se imprime el ejercicio de la violencia ilegal o arbitraria aplicada por agentes estatales en ejercicio de su función, produce en las víctimas un conjunto de lesiones que importan acumulación de padecimiento, configurando graves violaciones a los derechos humanos que ameritan un abordaje integral".

"En el caso del delito de desaparición forzada, esa ofensa múltiple se configura por la afectación a derechos esenciales e inderogables, individuales y colectivos", continúa Córdoba en el escrito. Además, se sugirieron varias medidas de prueba, entre ellas la realización de una nueva autopsia sobre el cuerpo de Franco hallado en el Río Paraná, y se ofreció como perito de parte a Virginia Creimer, quien también participó en la exhumación y la autopsia del cuerpo de Luciano Arruga.

No fue la primera vez que el titular de la Procuvin pidiera el apartamiento de la policía santafesina de la investigación. Hace sólo tres días en el habeas corpus firmado por Córdoba y el fiscal rosarino Marcelo Degiovanni se solicitaba el apartamiento de la policía santafesina de la investigación, en base a lo previsto por el artículo 194 bis del Código Procesal Penal que dispone esta medida "cuando de las circunstancias de la causa" surja que miembros de las fuerzas de seguridad pudieran estar involucradas "como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha".

Franco Casco había viajado a Rosario para visitar a sus primos por el fin de semana. El martes 7, debía regresar a Retiro, en donde lo esperaba su madre. Esa misma jornada, una tía presentó una denuncia en la comisaría 20º. Al día siguiente, el 8 de octubre, su papá viajó hacia Rosario. Por su aprte, la madre llegó desde Florencio Varela ﷓donde vive la familia﷓ el 12 de octubre para buscar a su hijo; en la seccional 7º logró hablar con el subcomisario Diego Alvarez, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco, se escuchaban murmullos en otra habitación que decían que los sucesos no habrían ocurrido como eran contados.

La aparición del cuerpo de Franco provocó respuestas múltiples.Para el diputado Eduardo Toniolli "las únicas certezas que hay en este mar de dudas y contradicciones en torno a la desaparición y muerte de Franco Casco son tres: que la última vez que se lo vio con vida fue en la comisaría séptima, que estaba ostensiblemente golpeado, y que estuvo varias semanas bajo el agua. Dicho todo esto, decir que 'hay muchas hipótesis', sin poner en el eje de la investigación a la comisaría es una burla". "Párrafo aparte -agregó- merece la operación orquestada por Asuntos Internos, intentado instalar, horas antes de que fuera encontrado el cuerpo de Franco, que se lo había visto deambular tres días antes por la zona de la séptima. Lo que más sorprende es la premura del Secretario de Control de Seguridad Ignacio del Vecchio, por darle aire a esa versión, premura que no mostró ningún funcionario por contener y asistir a los familiares del pibe".

Gabriela Cerruti le ganó un juicio a Jorge Lanata y deberá pagar por injurias iProfesional.com

La Justicia falló a favor de la legisladora porteña Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) en la demanda civil que le había iniciado al periodista Jorge Lanata por daños agravados en el marco de la violencia de género.

El fallo del juez Adrián Del Federico condenó a Lanata a resarcir a la legisladora con un monto de dinero fijado en 15.000 pesos y la lectura de la sentencia en su programa de Radio Mitre, del Grupo Clarín.

En su resolución, el magistrado entendió que las expresiones del periodista se trataban de injurias que "excedieron los límites del derecho a la libertad de expresión y afectaron ilícitamente" a Cerruti, pero no dio lugar al agravamiento por violencia de género.

Por eso, la diputada seguirá insistiendo en el carácter estereotipado de las declaraciones contempladas en la ley de violencia de género.

"Si bien me siento contenta y conforme con que hayan hecho lugar a la demanda por daños, porque me parece que hay que poner algún límite y que el periodismo no puede tener impunidad para andar diciendo cualquier cosa, creo que insistiremos para que se considere la violencia de género. Esto no es ni personal mío ni personal contra Lanata: es básicamente como funcionaria pública, como militante de género y también como periodista", dijo Cerruti.

La demanda contra el periodista había sido presentada el 12 de julio del año pasado, a partir de las declaraciones emitidas en el programa del 9 de octubre de 2012. Al aire de Radio Mitre, Lanata había dicho sobre Cerruti: "Nos decían que conseguía información porque tenía relación cárnica con alguien o con Menem o Ramón Hernández, o Kohan pero tenía buena información".

Tras el fallo, Cerruti dijo a Infojus Noticias dijo que "lo central de la demanda para nosotros tiene que ver con que sea enmarcada en violencia de género". "Y no es que me sienta agraviada en lo personal sino que siento los dichos son parte del discurso violento que se reproduce hacia las mujeres en algunos medios de comunicación. Debemos sacar ese discurso de los medios. No es un tema personal sino de estereotipo de violencia contra todas las mujeres, porque muchas veces la violencia comienza de forma discursiva y termina en otro tipo de agresiones", señaló.

Ahora Lanata además de dedicarle un espacio de su programa radial a la difusión de contenidos que informen sobre la identidad de género -por juzgar la identidad autopercibida de Flor de la V-, deberá ocupar unos minutos para leer la sentencia de la demanda que le hizo Cerruti, ya que el juez así lo dispuso.

En la demanda por daños y perjuicios se contempla que el agravio es a todas las mujeres porque se difundió a través de distintos medios masivos de comunicación y no en una charla entre privados.

Lanata respondió al Juzgado Civil Nacional N 54 a través de su abogado Patricio Carballés, y en octubre de 2013 negó 45 veces la denuncia de Cerruti: negó que las manifestaciones proferidas configuren "injuria agravada por violencia de género", que haya "dañado el buen nombre y honor" de Cerruti, que los mensajes hayan sido "multiplicados de forma indeterminada" y que haya "difundido injurias y calumnias".

Negó que los logros profesionales "hayan sido producto de o consecuencia de las relaciones sexuales", que los dichos "reproduzcan estereotipos de género degradantes", "que se haya ejercido violencia mediática" y cerró negando todo: "En definitiva, niego todos y cada uno de los hechos que afirman que mi mandante ha injuriado o difamado a la actora".

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